En la Comunidad de Madrid sabemos por la vía de los hechos y con la práctica diaria que muchas mujeres sufren en sus carnes lo que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quiere que también sea una realidad para aquellas que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo en la comunidad donde el PP gobierna con Vox.

De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha venido a reprocharle que haya dado explicaciones públicas, cuando podía habérselo ahorrado. “¿Qué necesidad había?”, le ha respondido literalmente. En realidad, lo que quería decir la señora Ayuso era: ¿qué necesidad había… cuando lo puedes hacer como yo, sin rueda de prensa y con medidas mucho más efectivas para dejar este derecho transformado en un calvario para las mujeres? 

En Madrid, decidir que tienes que interrumpir tu embarazo de forma voluntaria es para las mujeres el inicio de un calvario ideado y financiado por el gobierno regional del PP. En este sentido, García-Gallardo es un aprendiz de Ayuso.

¿Cómo es posible que en los hospitales públicos de Madrid no haya nadie dispuesto a practicar abortos? Pues porque en Madrid hay una práctica admitida que también vulnera la Ley estatal que es permitir las objeciones de conciencia en bloque firmadas por el jefe del servicio. No hay nada más contradictorio que una conciencia colectiva. La conciencia es individual y fruto de una reflexión interna del profesional. De hecho, la normativa española señala que la objeción es individual, anticipada y por escrito, y se prevé en un futuro crear un Registro de objetores. Ahora bien, si tú permites que los jefes de servicio fijen la postura individual de todo su equipo, jefes de los que depende la carrera profesional e incluso la fijeza en la plantilla de los profesionales, no hace falta ser muy avispado para saber que nadie discrepará, que nadie mostrará su disposición a hacer unas prácticas que están rechazadas por tu superior.

Luego, ya tenemos a la mujer a la que han negado la asistencia sanitaria pública yendo a la oficina de la calle Sagasta para su derivación a un centro privado, con su dolor a cuestas y el reloj avanzando en cuenta atrás. Finalmente, recalan en las clínicas privadas que practican abortos y ahí se encuentran, contraviniendo la ley penal que prohíbe las concentraciones que intentan coaccionar, a asociaciones bien alimentadas por la Comunidad de Madrid que les esperan, les amenazan, les hablan de futuros daños psicológicos y que no tienen reparo alguno en torturar psicológicamente a mujeres que ya llegan frágiles, cansadas, sin dormir y con un estado anímico muy afectado.

El gobierno de la señora Ayuso ha triplicado la partida de ayudas a proyectos de asistencia a mujeres pasando de los 500.000 al millón y medio de euros. Del total, un 54% de ese dinero público, 855.668 euros, ha ido a parar a entidades contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Llama la atención, por ejemplo, cómo la Fundación Madrina, conocida por sus prácticas y técnicas para convencer a las mujeres para que no interrumpan su embarazo, ha pasado de recibir 478.177 euros a 654.146 en subvenciones de un año para otro. 

Esto no es de ahora ni es nuevo. En Madrid, estamos acostumbrados a esta política que se ha implantado sin protocolo por la vía de los hechos. ¿Ya no nos acordamos de las ayudas por el concebido no nacido y los titubeos ante el estupor de todos los que estaban presentes? 

Desde el principio, lo importante siempre ha sido dejar claro que desde la Comunidad de Madrid se haría todo lo posible por ponérselo aún más difícil a todas las mujeres que estuvieran en esta situación. Hablamos, además, de la única comunidad autónoma que no financia métodos anticonceptivos ni la píldora postcoital o del día después.

Su única respuesta ha sido anunciar como nuevo un teléfono para embarazadas cuando en Madrid sabemos que desde 2019 (año de los concebidos no nacidos) ya existe ese teléfono. ¿Dónde está la novedad? No la hay. 

La señora Ayuso debería saber que las mujeres que hemos tenido embarazos y, sobre todo, las que hemos criado a nuestros hijos (muchas solas, absolutamente solas) sabemos lo que es un embarazo desde bien pronto, nadie nos lo tiene que explicar. 

Lo que necesitan las mujeres es un teléfono que dé soluciones y haga más fácil la vida. Desde una buena educación infantil a un apoyo pediátrico de calidad y no tener urgencias cerradas; desde un trabajo digno a que las clases de inglés de los hijos no dependan de las propinas; desde una educación con igualdad de oportunidades a una salud bucodental para todos.

A las mujeres no hay que explicarles nada, sabemos muy bien de qué va esto. Y a usted, se le ha caído la careta, porque el anuncio de su aprendiz en Castilla y León lo llevamos sufriendo en Madrid con hechos consumados desde hace años.

La democracia nunca ha conocido un día de paz y desde sus fórmulas arcaicas hasta el momento presente siempre ha ido sorteando las dificultades y la adulteración de la discusión pública y de la adopción conjunta de decisiones, motivos estos que han propiciado su éxito y la razón de su fortaleza. 

Se ha discutido sobre la esclerotización de los partidos políticos, se ha abogado por completar la fórmula representativa con elementos deliberativos que reforzasen la sensación de relevancia de la ciudadanía, se cuestionan las leyes que determinan el número de escaños obtenidos en función de reglas proporcionales o mayoritarias... Ahora bien, siempre se ha partido de un “a priori” que hacía posible incorporar elementos de perfección y corrección y ese elemento de base era el compartir entre los que vivían y decidían juntos unos mismos datos, unos elementos de realidad, unos síntomas que componían el punto de partida para llegar a conclusiones diversas sobre el diagnóstico y la terapéutica a aplicar. 

Por decirlo de otra forma, si la temperatura del enfermo era de 38,5 grados y presentaba sarpullido, ese punto de arranque era común a todos los que examinaban la cuestión, aunque terminaran unos concluyendo en que era sarampión y otros, intoxicación por setas venenosas. Y este elemento de base, ese compartir las evidencias de la realidad es lo que hemos perdido en estos dos últimos decenios con la proliferación del uso de la desinformación, de los bulos, de las realidades alternativas... De esos nombres más o menos sofisticados y modernos que solo esconden la realidad de la mentira y la agitación.

Es cierto que la propaganda y la desinformación han existido desde siempre; ni siquiera Julio César fue su inventor. Pero también concluirán conmigo en que nunca de esta forma y de manera tan letal. Porque ya no es su proliferación en redes, en plataformas, en sus teléfonos... es que están logrando que gran parte de la población, sobre todo la más joven, se informe exclusivamente a través de Internet. Un informe de la OCDE de mayo de 2021 y otro de la Universidad Carlos III y la Fundación BBVA sostenían que al menos la mitad de los estudiantes no sabía distinguir entre noticias falsas y las verdaderas, reconociendo que no ven telediarios, no oyen radio ni leen periódicos, siendo su vía de contacto con la realidad externa la de las redes sociales.

En este contexto, todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes que lo que está en juego además de nuestras cuentas corrientes o de nuestra salud ante “curas milagrosas” es la propia existencia de la democracia. Si lo que se manipula es la realidad, los números, los datos, ¿cómo vamos a discutir sobre soluciones? Si no compartimos realidad, no hay posibilidad de diálogo. Será, como dicen algunos comentaristas políticos sobre los debates electorales, “monólogos sucesivos”, pero no implicará un contraste de alternativas frente a un suceso que nos afecte a todos. 

Es el momento de poner pie en pared. Es el momento de decir, como el senador estadounidense Moynihan, “usted tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”. Tenemos que actuar en defensa de la democracia y del derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz para que, entre otras cosas, no pueda volver a decirse, como sostuvo Javier Giner, uno de los participantes en el ataque sucedido en Lorca, que sentía “vergüenza ajena” tras la ocurrido y que formó parte del asalto porque estaba “desinformado”. 

El mecanismo y la forma más idónea de reacción sería, tal y como sostiene Esther Paniagua en su magnífico libro “Error 404”, que los países democráticos fuésemos capaces de establecer “una Alianza Democrática por la Gobernanza Digital” que proteja valores y derechos democráticos, preserve la limpieza del comercio, establezca reglas trasparentes para el uso de los datos y se convierta en la guardiana contra la desinformación, las mentiras y el odio. Pero mientras iniciativas globales terminan constituyendo realidades, los socialistas nos comprometimos en nuestro 40 Congreso, celebrado el pasado mes de octubre en Valencia, a combatir este fenómeno y defender el derecho a la información y garantizar una opinión pública libre en España.

Creemos firmemente en la necesidad de promover y adoptar entre todas las fuerzas políticas un Pacto de Estado que garantice la veracidad de las publicaciones, el compromiso del no uso de los bulos para obtener lucro o rédito social o electoral y proscribir los elementos de desinformación y mentiras que promueven el odio o la violencia. Este Pacto debería alcanzar a la promoción de las actividades de la llamada Ilustración Digital que incluya todos los aspectos y desde una perspectiva intergeneracional.

Ya sabemos que sin pensamiento crítico no hay democracia y es el momento de garantizar la limpieza y la veracidad de la red y ayudar a nuestros jóvenes, a las siguientes generaciones, para que su criterio y análisis fortalezcan la democracia. Al fin y al cabo, como señalaba el juez estadounidense Louis Brandeis,“ en una democracia el cargo más importante es el cargo de ciudadano”; hagamos posible el que todos nosotros tengamos herramientas para detectar la mentira y la manipulación.

Es en este contexto en el que se enmarca la Jornada sobre desinformación y “fake news” que ha acogido el Congreso de los Diputados, organizado por la Secretaría de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE en colaboración con nuestro grupo parlamentario en las Cortes. Queríamos conocer de la mano de expertos académicos y profesionales de la Comunicación cómo podemos hacer frente a esta situación y analizar cómo la difusión de bulos y medias verdades están contribuyendo a crear una realidad alternativa, que en algunos casos ha supuesto una verdadera injerencia política en procesos democráticos de terceros países y que altera la pacífica convivencia y el sentimiento de comunidad.