Participar para que la próxima legislatura responda a quienes más lo necesitan Las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Castilla-La Mancha marcarán decisiones que afectan al acceso a la vivienda, los servicios sociales y las oportunidades de vivir con dignidad. Para que la próxima legislatura reduzca la pobreza, los programas electorales deben construirse con las personas que la viven y traducirse en derechos efectivos, presupuestos suficientes y compromisos que puedan evaluarse.

La pobreza debe estar en el centro del debate público Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 34,0 % de la población de Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto de España. Son más de uno de cada tres ciudadanos. La tasa AROPE reúne tres dimensiones: riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Basta encontrarse en una de ellas para formar parte del indicador; sus porcentajes no se suman.

Detrás de estos datos hay hogares que aplazan una factura para comprar alimentos, personas que no pueden asumir un alquiler y familias para las que aceptar un empleo depende de disponer de transporte o apoyos para los cuidados. Son situaciones que muestran cómo se acumulan las desventajas: la falta de ingresos limita el acceso a una vivienda y la inestabilidad residencial dificulta sostener un empleo o continuar los estudios.

La pobreza no puede explicarse como un fracaso individual, sino como la suma del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, el aumento del coste de la vivienda, la distribución de los cuidados y el acceso desigual a los servicios influyen en las oportunidades. Por eso, la respuesta necesita políticas coordinadas y una financiación capaz de sostenerlas durante toda la legislatura.

Qué se decide en las elecciones municipales y autonómicas de 2027

Las elecciones municipales determinan la composición de los ayuntamientos; las autonómicas, la de las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprueban leyes y presupuestos y eligen a la Presidencia de la Junta. Ambas escalas importan porque las decisiones públicas se concretan en servicios, prioridades de gasto y condiciones de acceso.

En el ámbito municipal, competencias como la atención inmediata ante situaciones de exclusión, la vivienda de protección pública o el transporte urbano conectan con necesidades cotidianas. La capacidad de actuación depende del marco legal y de los recursos de cada municipio. En los pueblos pequeños, la cooperación con las diputaciones y la Junta resulta especialmente relevante.

En el ámbito autonómico se deciden políticas de vivienda, asistencia social y transporte regional, además de actuaciones educativas y sanitarias dentro de su marco competencial. Que un recurso exista en una norma no basta: su financiación, cobertura territorial y accesibilidad condicionan que llegue a quien lo necesita.

Somos conscientes de que ninguna administración puede resolver por sí sola todas las causas de la pobreza.

Los programas deben precisar qué corresponde al ayuntamiento, qué debe impulsar la Junta y qué requiere coordinación con el Estado. Esa claridad permite exigir responsabilidades y evita que las personas recorran distintas ventanillas sin encontrar una respuesta.

Escuchar la experiencia mejora las políticas públicas

Las estadísticas permiten conocer la dimensión de la desigualdad, pero la participación social aporta otro conocimiento imprescindible: por qué una ayuda no llega, qué trámite resulta inaccesible o por qué un servicio no encaja con la vida cotidiana. Una solicitud exclusivamente digital puede dejar fuera a quien carece de conexión; una cita distante puede ser inalcanzable para quien no dispone de transporte.

Incorporar esa experiencia desde el diseño de las medidas ayuda a detectar barreras y a corregir respuestas que, aun bien planteadas, fallan en su aplicación. Las personas en situación de pobreza son titulares de derechos y deben poder intervenir en la definición de los problemas, las prioridades y la evaluación de las soluciones.

La participación efectiva requiere condiciones materiales: información comprensible, accesibilidad, apoyos para el desplazamiento y los cuidados, horarios compatibles y alternativas presenciales. También exige una devolución clara sobre qué propuestas se incorporan y por qué otras no. Sin esa respuesta, la consulta corre el riesgo de convertirse en un trámite.

El XVII Encuentro Regional como espacio para construir propuestas

El XVII Encuentro Regional de Participación de EAPN-CLM, previsto para el 22 de septiembre de 2026 en Albacete, se sitúa en este proceso de reflexión y Participación colectiva. Permitirá trabajar propuestas desde la experiencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, conectándolas con las decisiones de la próxima legislatura.

El horizonte es trasladar esas aportaciones a los partidos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre. Para reforzar su alcance municipal, sería conveniente hacerlas llegar también a las candidaturas locales y concretar cuáles pueden desarrollarse en cada territorio.

El valor del encuentro estará en dar continuidad a ese trabajo: recoger las propuestas, identificar la administración responsable y establecer mecanismos para conocer su recorrido. La participación debe acompañar la elaboración de los programas y continuar durante la ejecución y evaluación de las políticas.

Prioridades sociales para la próxima legislatura

Las propuestas deben abordar problemas relacionados entre sí. Una mejora de ingresos puede perder su efecto si aumenta el alquiler; una oportunidad laboral puede resultar inviable sin cuidados o transporte.

Desde este enfoque integral, la agenda social de 2027 debería incorporar las siguientes prioridades:

De las promesas a los compromisos verificables

Los programas electorales deberían explicar para cada medida qué problema quieren resolver, a quién debe llegar, qué administración la ejecutará, con qué presupuesto y en qué plazo. También necesitan indicadores comprensibles: tiempos de espera, hogares que acceden a una vivienda, solicitudes atendidas o cobertura de servicios en el medio rural.

El seguimiento debe incorporar a las personas afectadas y publicar avances y dificultades. Contar reuniones o ayudas concedidas es insuficiente si no sabemos si mejora la estabilidad de los hogares o disminuyen las barreras de acceso. La rendición de cuentas permite corregir políticas antes de que termine la legislatura.

Desde el enfoque de EAPN-CLM, la participación social es una herramienta de calidad democrática y de lucha contra la exclusión. Las elecciones de 2027 ofrecen una oportunidad para situarla en el origen de las decisiones. Construir una Castilla-La Mancha con menos pobreza exige escuchar a quienes la viven y convertir ese conocimiento en políticas con recursos, continuidad y resultados.

La digitalización de las relaciones se desarrolló plenamente en el confinamiento pandémico, ya que nos vimos obligados a hacer todo de manera telemática, desde hablar con nuestros familiares, solicitar la prestación por desempleo…, hasta buscar empleo. Por ello, tener unas competencias digitales básicas fueron imprescindibles para poder comunicarnos con administraciones o familiares. A raíz de esta realidad, me gustaría hacer una reflexión sobre el despliegue ineficaz del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puede hundir aún más la vida a sus beneficiarios.

El escudo social se pone en marcha a finales de marzo del 2020, este escudo incluye mas de 50 medidas para hacer frente a la emergencia del coronavirus, demostrando ser una buena medida para afrontar situaciones de pobreza sobrevenida, erradicar la pobreza severa y luchar contra la pobreza infantil, una de las medidas estrella que nace unos meses después es la Renta básica nacional (IMV) que suponía un suelo para las 19 rentas básicas regionales existentes hasta entonces.

Esta prestación tiene su nacimiento en junio del 2020 en plena pandemia, cuando por razones de distancia social únicamente se permitía tramitarla de manera telemática, esta prestación con carácter no contributivo trajo mucha esperanza a esas personas que no solo les sacudió la pandemia de la COVID-19 si no también la crisis económica anterior del 2008, pero al ser un trámite que exclusivamente se podía realizar por internet, esta prestación dejo a muchas personas excluidas en esos primeros meses, debido a la brecha digital que es otra carencia común en este perfil de personas.

Mientras nacía esta prestación, nuestra Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha paralizaba el IMS (ingreso mínimo de solidaridad) no permitiendo el acceso a nuevos usuarios.

Todo esto ocurría mientras teníamos a personas a las que el IMV no llegaba por su difícil tramitación y por ser una prestación que tardaba en concederse o denegar más de 180 días, sin dar ningún tipo de explicación, lo que la administración llama “silencio administrativo”. Esta situación provocó largas colas en la Seguridad Social, Puso de manifiesto su incapacidad para resolver su nueva prestación. 

Asimismo, hubo numerosos casos de solicitudes de IMV que tampoco se concedieron por exceso en la renta del 2019, sin tener en cuenta los ingresos del año en el que solicitaba la prestación, en 2020, caracterizado por la desaparición de muchos empleos por el confinamiento y el cese de actividad de muchos negocios. Teníamos entonces lo que llamamos pobreza sobrevenida, unido a la problemática de personas que carecían de internet o competencias digitales suficientes para poder tener acceso al formulario de la solicitud, que además se caracterizaba por un lenguaje muy técnico. 

Llegamos a 2023 sin que la Consejería de Bienestar Social haya reactivado el IMS ni haya dado explicaciones sobre el mejor destino de esos recursos tan necesarios para luchar contra la pobreza severa, que recordemos, alcanza hoy a 240.000 castellanomanchegos. 

Aunque actualmente el IMV alcanza ya a casi 26.000 castellanomanchegos, desde el Grupo de Participación de Personas con Experiencia en Pobreza de EAPN-CLM seguimos detectando en esta prestación los mismos problemas y algunos añadidos que detallamos a continuación:

• El tiempo de tramitación sigue siendo excesivo, un mínimo de 90 días en resolver, llegando a los 180 días habitualmente y dejando a la intemperie personas y familias...

• Los formularios siguen teniendo un léxico complejo, requiriendo datos que la ciudadanía suele desconocer.

• La Seguridad Social sigue sin dar citas presenciales.

• Las entidades sociales siguen saturadas con la tramitación del IMV.

Además, la novedad que el IMV trae para 2023 son los llamados “ingresos indebidos”. Os preguntareis qué es esto, pues resulta que el IMV funciona con relación a la declaración de la Renta, es decir, la prestación que se cobra este año toma los datos de los ingresos declarados en la renta 2021.

Es por ello por lo que a muchas personas perceptoras de IMV les está llegando una carta en las que la Seguridad Social les informa que tienen una deuda con la Seguridad Social, ya que al verificar los ingresos de rentas de trabajo y ganancias patrimoniales (bono térmico, ayuda de 200€ de hacienda etc.) se pasaban del límite estipulado según la renta familiar.

Están llegando personas perceptoras del IMV con notificaciones de ingresos indebidos por un valor medio de 3000€. Como no puede ser de otra manera, esta devolución afecta mayormente a personas en situación de pobreza, y aunque se pueda llegar a pensar, que al haber habido exceso de ingreso se debería devolver, la realidad es que son personas con empleos precarios o que, debido a su situación, viven al día y tendrán gran dificultad en devolverlo, si lo tienen que hacer de una sola vez.

La prestación IMV debería evolucionar para no causar efectos perniciosos sobre la ciudadanía a la que pretende ayudar, muy frágil tras las crisis que viene soportando en los últimos años:

• La prestación IMV debe paralizarse en tanto dura la actividad laboral, ajustando cuantías para fomentar la activación para el empleo, tal y como ya se hace con los subsidios por desempleo.

• Avanzar en un formulario en formato de lectura fácil y sin solicitar datos de nivel de renta y patrimonio ya que la administración cuenta con ellos.

• Incrementar el personal en la Seguridad Social para que las resoluciones sean agiles.

• Campañas publicitarias sobre el IMV en centros sociales, centros de salud, SEPES etc

• Eliminar el silencio administrativo y dar una respuesta tanto si es positiva como negativa para mitigar la ansiedad de la ciudadanía solicitante.

Sin duda, aplaudimos la puesta en marcha del IMV, prestación reivindicada por EAPN desde hace años, pero esta prestación, que debe ser complementada por las rentas regionales como el desaparecido IMS, aún tiene margen de mejora para ser realmente una prestación segura y motivadora para las personas más vulnerables.

“La cifra de refugiados por la invasión de Ucrania supera ya el millón”. Este titular me viene resonando en los últimos días como un ‘deja vu’. En sólo 15 días ha estallado una guerra en el corazón de una Europa que parecía haber cicatrizado ya las heridas del pasado.

Esta sensación me traslada ipso facto a las inmediaciones del campo de concentración nazi de Auschwitz, donde se podía leer una frase que enmudecía a todos los presentes allí: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”.

Han transcurrido más de 70 años de la mayor sacudida a los derechos humanos en la Europa contemporánea y parece que hubiera quedado desactivada en la memoria colectiva.

Justo esta semana también pude leer “casi un millar de subsaharianos saltan la valla de Melilla en 24 horas”. Un titular que, en los últimos días, ha pasado sin pena ni gloria ante nuestros ojos. 13 palabras que hemos normalizado y que llevan años inundado páginas de periódicos.

Son muchas personas y líderes políticos que han cambiado su “no vamos a dejar que nadie entre” a “estamos dejando que todos entren”. Y es que, parece que cuando hablamos de un refugiado sirio y un refugiado europeo, existen diferencias insalvables.

Un refugio que a muchos no se les concede por el pasado y origen que traen a cuestas

Como su propio nombre indica, un refugiado “es una persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país'. Un refugio que a muchos no se les concede por el pasado y origen que traen a cuestas.

Desde hace años, en EAPN-CLM venimos sensibilizando sobre la aporofobia, un concepto aún todavía desconocido para muchos y que viene a poner sobre la mesa la discriminación que se ejerce a las personas por su estatus de pobreza.

Un tipo de discriminación que pasa de manera invisible e inconsciente ante nosotros y que se nutre principalmente de estereotipos y prejuicios que almacenamos en nuestra memoria para poder seleccionar, así, a quien queremos cerca y a quien no.

Normalizando estos últimos titulares, puedo ver como la aporofobia se cuela discretamente en la sociedad sin que hagamos nada para combatirla, sembrando pequeños sentimientos de rechazo listos para brotar ante el primer discurso de odio bien vendido. Parece que olvidamos la historia pasada y, como decía Antoine de Saint-Exupéry, que “lo esencial es invisible a los ojos”.