Se ha convertido en habitual pasar por las principales calles del centro de Bilbao e incluso de algunos barrios, y contemplar que muchos de los portales tienen el distintivo AT, HT o VT. Son los que muestran que en ese edificio hay una vivienda o apartamento o una habitación de uso turístico, en principio debidamente registrado, y con todos los requisitos exigidos por la normativa urbanística y fiscal.

Sin embargo, en los últimos años, diversas entidades y estudios alertan del aumento exponencial del número de viviendas de uso turístico cuyo funcionamiento se realiza al margen de la ley. Según el Estudio comparativo sobre las viviendas de uso turístico y el alquiler residencial en Euskadi, del Observatorio Vasco de la Vivienda, en junio de 2019, en Bilbao había 366 viviendas de uso turístico registradas como tales, pero sin embargo esa cifra aumentaba hasta las 498 anunciadas en la plataforma Airbnb. Es decir, un 26,5% no estaban dadas de alta en el registro, y por tanto funcionaban al margen de la normativa.

Y la evolución ha ido a más. Según datos aportados por Aparture, la Asociación de Viviendas Turisticas de Euskadi, en Marzo de 2020, el número de viviendas localizadas en los portales web de renting turístico era un 40% superior al número de negocios de este tipo registrados debidamente y con una actividad que se ajusta a la normativa vigente. Solo el 59,6% de la oferta flotante de la villa cumplía las normas. Más de 370 viviendas funcionaban en ese momento al margen de lo estipulado. En un año, se ha disparado por tanto el número de negocios vinculados a la vivienda de carácter turístico que no cumplen no solo con el requisito de constar registrados en Gobierno vasco sino con otros muchos, algunos de ellos de carácter local y recogidos en la normativa tanto urbanística como fiscal de este ayuntamiento.

Pero es que el fraude en las viviendas turísticas- en el caso de esas que no cumplen- tiene consecuencias importantes para las vecinas y vecinos de Bilbao. Consecuencias para quienes tienen una vivienda turística de forma regular y de acuerdo a la normativa y derecho. Porque tras los tramites, tras abonar lo que corresponde en concepto de tasas e impuestos, se encuentran que hay negocios que están operando “bajo cuerda” y que están por tanto accediendo de una forma más ventajosa al mismo mercado. Se encuentran con que quien cumple las normas acude con menos ventaja por hacer las cosas bien que quien no lo hace, y que sus administraciones y su ayuntamiento no hacen nada por remediarlo.

Consecuencias para las vecinas y vecinos de los barrios de Bilbao. Porque este tipo de negocios fuera de la regulación, secuestran parte de la oferta de vivienda para alquiler habitual. Y eso supone una merma de la oferta de vivienda en alquiler para las vecinas y vecinos, supone por tanto un encarecimiento del acceso a la vivienda habitual y supone, en casos concretos y en barrios concretos un impulso de los procesos de gentrificación y turistificación de los mismos.

De hecho, según las conclusiones del propio observatorio vinculado a Gobierno vasco, “si las viviendas turísticas tributaran como corresponde, más de la mitad de las viviendas destinadas al alquiler turístico en Euskadi serían más rentables si se destinan al alquiler residencial. Esa reorientación quitaría presión al mercado de alquiler habitual, aumentando la oferta disponible y rebajando los precios medios de alquiler”.

Dicho en plata: La saturación de viviendas turísticas en ciertas zonas de la ciudad, y sobro todo, aquellas que no cuentan como tales, están directamente diezmando el derecho a acceder a una vivienda en su barrio de centenares de vecinas y vecinos de Bilbao. Los beneficios económicos privados están primando sobre el derecho a acceder a un derecho básico. El precio medio de la vivienda en alquiler en Bilbao fue de 1.103€ mensuales en febrero de 2022 según un portal especializado en la materia. Una persona perceptora del salario mínimo interprofesional tendría que destinar el 110% de sus ingresos para pagarlo.

Y en tercer lugar, estas prácticas fraudulentas y/o elusivas tienen consecuencias para las arcas públicas. Esas viviendas de uso turístico, que no están registradas y que no operan dentro de la normativa local, suponen un enorme coladero de carácter fiscal para la Hacienda foral, pero también para la Hacienda Municipal, ya que en la mayoría de los casos no tributan las tasas e impuestos que les corresponde.

Gran parte de esos 'corsarios de ciudad' operan con las 'patentes de corso' y el paraguas de los fondos de inversión que poseen las viviendas, y de las grandes corporaciones vinculadas al negocio de las viviendas de uso turístico, realizando sus operaciones y por consiguiente pagando sus impuestos en paraísos fiscales como la Isla de Man, o Delaware.

Precisamente por eso, y conscientes de ello, la propia Diputación Foral de Bizkaia ha puesto la lupa sobre las actividades de las viviendas turísticas irregulares en su plan contra el fraude fiscal para este año, anunciando incluso una aplicación para rastrear y cruzar los datos de las diferentes redes sociales y plataformas online de alquiler vacacional con el objetivo de detectar las posibles elusiones tributarias.

Sin embargo, este primer esfuerzo, tímido, choca con la gran pasividad que muestran las administraciones locales de Bilbao y Bizkaia, quienes apenas destinan recursos al control del cumplimiento de la normativa.

No abordamos —aunque podría dar para un debate más profundo— si la normativa que limita su implantación es lo suficientemente restrictiva o si la larga lista de favores fiscales de los que disfrutan ciertas figuras urbanísticas dedicadas a las viviendas y/apartamentos de uso turístico en nuestra ciudad son justos o no. Sencillamente hablamos del control. Del cumplimiento de la normativa.

Una omisión del control que está derivado en consecuencias graves de acceso al derecho a la vivienda, en una negación reiterada del derecho a la ciudad de decenas de miles de vecinas y vecinos que ven como fenómenos con la turistificación de sus barrios o la gentrificación se abren paso, con importantes derivadas de carácter económico, social y cultural. Acrecienta en favor de los primeros, la pugna entre las élites financieras y del urbanismo global frente a las vecinas de clase obrera, personas migrantes y refugiadas, las pensionistas y desahuciadas.

Y es que mientras el gobernador mira para otro lado. La ciudad está siendo entregada a los Corsarios de Ciudad.

Por eso, es necesario, al margen de abordar una regulación más garantista desde el punto de vista urbanístico y de los usos, el establecer mecanismos de refuerzo tanto en los ayuntamientos como en la Diputación para controlar este tipo de establecimiento. En ese sentido planteamos por tanto el refuerzo del personal de la inspección tributaria local o la mejora de los cruces de datos entre administraciones para la detección de las actividades fraudulentas.

Sólo así, podremos garantizar que el modelo turístico no escapa del control público, garantiza el derecho a la ciudad de las vecinas y vecinos e impacta, desde el punto de vista económico, de una forma sostenible tanto en nuestro entorno como en nuestras arcas públicas. Porque los beneficios de la actividad turística solo son positivos si comportan una redistribución justa de la riqueza que genera.