En la segunda quincena de marzo se celebró en Nueva York la 66ª CSW (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas). La CSW ha versado sobre el cambio climático y su impacto de género y, por tanto, de cómo enfrentar la crisis climática desde una perspectiva feminista. Para ello contó con la participación del Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres como representación española.

La ciudadanía unida en la Alianza Energía y Territorio, llevamos más de un año alertando de los impactos en la generación, distribución y consumo que provoca el actual desarrollo de transición energética que abandera el presente gobierno. Han apostado por una transición que se basa únicamente en un insuficiente cambio tecnológico de combustibles fósiles a renovables (como si la tecnología nos fuese a salvar siempre del abuso en el uso de recursos), perpetuando un modelo energético a gran escala, centralizando la generación y el poder frente a un modelo distribuido más justo, democrático y sostenible.

Se mantiene un modelo que refuerza las desigualdades en las relaciones de poder, al tratar la energía como un negocio y no como un bien común que debe beneficiar a las personas y respetar la biodiversidad. Es un modelo energético centralizado y macro que, como todo el sistema capitalista general sobre el que se contextualiza, impacta más en los sectores más vulnerables incluyéndose a la mujer. Agrava la crisis social, las desigualdades y pobreza en general, y la pobreza energética y desigualdad de género en particular.

Curiosamente, estas instalaciones a gran escala se están emplazando de manera prioritaria en los espacios más vulnerables, es decir, en el medio rural que posee menos opciones y servicios, con escasa población (aunque con los mismos derechos que todos y todas), mucha de ella empobrecida y con poca vertebración social. Es una población a la que, por cierto, no se le ha informado ni permitido participar de esta transición que, sin duda, modificará sus vidas.

Especialmente, la actual transición energética incide negativamente en el mundo rural en general y en la mujer rural en particular. Puesto que ALIENTE es una alianza constituida por más de 205 entidades distribuidas por todo la geografía española, se reúnen numerosos ejemplos sobre este impacto.

Se puede mencionar a Antonia, agricultora ecológica en Málaga. Sus tierras quedarán totalmente rodeadas de paneles fotovoltaicos. La amenaza de expropiación en nombre de una supuesta utilidad pública está presente y la ruina de su proyecto de vida, en caso de aprobarse los proyectos, está garantizada. A Ana, en el Campo de Tabernas en Almería, ya le sucede. A las obras de construcción de una macroinstalación de fotovoltaicas fragmentada para eludir responsabilidades administrativas y legales solo le separa la verja de su casa. Se había trasladado hace tres años a ese medio natural ahora tan agredido por prescripción médica. Nadie le había informado de los planes energéticos de la zona.

También se puede recordar a Nieves, que regenta un negocio de turismo rural en un pueblo de 140 habitantes en Teruel. Su comarca está amenazada por casi un centenar de aerogeneradores, 504 MW solo de una empresa promotora. Teme que, de aprobarse el proyecto, se minimizarán el número de clientes como ya ha pasado con el turismo rural en la vecina Terra Alta, inundada de molinos en la anterior oleada de invasión macrorenovable. Ahora los aerogeneradores son más grandes y podrían amenazar también a la salud de quien convive próximo a ellos. 

Ana es de un pueblo de Madrid, madre de tres hijos y profesora de instituto de un pueblo cercano donde vive. Inició la movilización vecinal contra la amenaza fotovoltaica en el Sureste de Madrid, zona anteriormente amenazada por la también dañina gestión centralizada de residuos en macrovertederos, incineradoras, etc. Sabe que si no se organizan y manifiestan su rechazo, habrá más posibilidades de que acabe teniendo largas extensiones de placas fotovoltaicas nada más abrir la puerta de casa. Lamentablemente, apenas tiene tiempo libre para seguir organizando y manifestando su oposición a los proyectos. Como tantas familias, los cuidados de sus hijos siguen recayendo mayoritariamente en ella. 

Lluisa en Girona se está organizando con otras mujeres para movilizar a las cofradías de pescadores contra la eólica marina. Parece que no es suficiente el sobredimensionamiento renovable actual pues ahora también se proyectan aerogeneradores en el mar, algunos en áreas naturales protegidas. El objetivo en España para 2030 es generar 89 GW de energía renovable pero hoy en día ya hay proyectos también en tramitación con una generación que supera ampliamente los 200 GW, muy por encima de los planes del propio gobierno. Y todo ello se hace en nombre de una falsa solución a la crisis climática, como advierte el mundo científico.

Aún hoy las mujeres están menos liberadas de cuidados que asumen solamente ellas, hay más tierras y contratos de propiedades susceptibles de ser ocupadas con renovables a nombre de hombres que de mujeres; son más los hombres que dirigen en público y mujeres las que trabajan y organizan en silencio,… Son de manera mayoritaria y abrumadora las mujeres las que están dirigiendo y trabajando en todas las plataformas locales y estatales en la lucha desigual contra las macrorenovables. Las mujeres son imprescindibles para la cohesión social y natural de los territorios y resulta esencial que se permanezcan y regresen al mundo rural para evitar la despoblación y mantener el mundo rural vivo y digno puesto que sostienen la vida y la lucha por el bien común.

Lo cierto es que en la actual transición energética hay una clara relación desigual entre el oligopolio energético, que ve favorecido su negocio en cuanto a tramitación, financiación y beneficios, en contraposición con las desinformadas gentes de los territorios del mundo rural, donde el oligopolio instala sus macroproyectos. Son personas que tienen que sacar tiempo y dinero que no tienen, además de formación a marchas forzadas, para familiarizarse con el lenguaje jurídico, presentar alegaciones y resistencia a los macroproyectos de renovables que amenazan su calidad de vida.

Al mundo rural, acostumbrado tradicionalmente a la autosuficiencia, se le impone sin preguntarles un desarrollo de generación colonialista de renovables a gran escala que se lleva la energía lejos. Este desarrollo destruye empleo, tejido productivo y, por tanto, arruina el futuro de la población del medio rural donde se ubican las macroinstalaciones de generación de energía para aportar beneficios donde se consume dicha energía: en las ciudades e incluso en otros países, perdiéndose gran parte de ella en el transporte, más de un 35%. Otra vez se socializan los impactos, pero sin apenas participación en los beneficios.

Ante la protesta de la población rural afectada se le acusa de insolidaridad pero en realidad es otro ejemplo más de colonialismo y extractivismo de recursos, el energético en este caso. Desafortunadamente, en la transición a las renovables se están desaprovechando todas las virtudes que ellas mismas ofrecen, tanto por su carácter distribuido como modular, que facilita la generación de energía en el lugar donde se consume por aquella persona que la utiliza y ajustada a la demanda. Esto es ahorro y eficiencia energética. Democratizando la energía e independizándonos de la voluntad del oligopolio energético, lucharíamos contra la pobreza energética que ahora castiga a los colectivos más vulnerables. Citaremos como ejemplo que entre las ayudas por pobreza energética que se dieron en Barcelona en 2015, más del 70% fueron solicitadas por mujeres, evidenciando la feminización de la pobreza, que impacta especialmente en este colectivo. Quienes más lo necesitan, sin recursos suficientes y sin acceso a subvenciones para instalaciones de autoconsumo ni adecuación de sus viviendas para hacerlas más eficientes a tener serias dificultades para pagar el recibo de la luz, sujeto a la voluntad del oligopolio energético. Sin embargo, aquellos colectivos más desfavorecidos podrían afrontar un consumo de energía menor si se favoreciera la eficiencia energética de sus viviendas con las que se puede ahorrar hasta un 67% del consumo. La eficiencia energética es en sí misma una fuente de energía.

No olvidemos que tener acceso a la energía, fundamental para mantener una vida digna, es un derecho.

La población representada en la alianza estatal y de carácter voluntario ALIENTE, reclama un modelo distribuido de renovables que acerque los centros de producción a los de consumo, que incluya la participación ciudadana, la ordenación territorial y que se base en la capacidad de ahorro en el consumo adecuándolo a necesidades reales sin despilfarro, a la aplicación del principio de eficiencia energética, al autoconsumo y las comunidades energéticas como formas de democratización de la energía. Se trata de cumplir compromisos europeos, como el relativo a la participación en la CWW pero también a las directivas del Paquete de Invierno aún no transpuestas. Se exige poner el foco de la transición energética en vez de en la generación y el dinero, en la vida y en el bien común.

Es momento de romper con los privilegios de las grandes empresas del sector energético y de que se respete y atienda a quienes defienden el bien común, que redistribuya equitativamente oportunidades para alcanzar la necesaria transición energética ecofeminista y justa con las personas y la vida en los territorios. Es hora de favorecer la comunicación entre las administraciones, la ciudadanía y el entorno científico, para alcanzar un desarrollo armónico de las energías renovables, con planificación, con respeto a los territorios, a las economías locales y a la biodiversidad.

Es tiempo de aprovechar las deliberadamente ignoradas virtudes de las renovables, para avanzar hacia un modelo energético que nos permita revertir las injustas relaciones de poder con las personas y la naturaleza como el patriarcado y el colonialismo. Es momento de cambiar, no solo la tecnología en la transición energética, sino la forma de relacionarnos entre nosotras, nosotros y el planeta, hacia la cooperación y la valoración de la vida y bien común