Los magros resultados de la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones europeas han tenido un efecto demoledor en la alianza de partidos aglutinados bajo las siglas de Sumar. Apenas un año después del registro del Movimiento Sumar, su líder, Yolanda Díaz, ha decidido dar un paso al lado para abandonar la dirección de la confluencia dejando a la coalición descabezada. Detrás de las causas se encuentran unas negociaciones que no dieron al representante de Izquierda Unida (IU), Manu Pineda, el lugar que, por el peso de su formación y su demostrada solvencia en su paso por el Parlamento Europeo, hubiera merecido en la lista electoral. 

Pero también podemos añadir como elementos explicativos un acumulado de reveses en las citas electorales previas: las elecciones gallegas, en las que Sumar (y también Podemos) no obtuvieron representación; las elecciones vascas, en las que Sumar sacó un escaño (y Podemos ninguno); o las catalanas, en las que la candidatura de Comuns Sumar perdió dos diputados a pesar de que Podemos no concurrió por separado. No entraremos a valorar los motivos de cada uno de los resultados, pues hay lógicas diferenciadas en ellos, aunque todos dejaron la sensación de que Sumar, y el conjunto de la izquierda a la izquierda del PSOE, se estaba apagando de manera paulatina. 

Sin duda, no se puede eludir que la confrontación abierta entre Sumar y Podemos ha tenido un peso en transmitir una imagen de desunión en la izquierda que algunas personas penalizan en las urnas. Las acusaciones de gestión cesarista del espacio político que se han vertido sobre Yolanda Díaz y su equipo quizás también hayan socavado su imagen entre simpatizantes de la izquierda, provocando antipatías hacia su persona entre sectores que eran potenciales votantes. Díaz, como Irene Montero por motivos distintos, levanta pasiones encontradas. Pero, en el caso de Díaz, nos atrevemos a apuntar que ha operado otro elemento que tiene que ver con la indistinción que muchos votantes han percibido entre lo que representaba su liderazgo y, por extensión, su espacio político, y lo que representa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el que cogobierna. 

Díaz ha tratado de no hacer ruido dentro del Gobierno hasta el punto de haber sido fagocitada por la apisonadora Sánchez, una hábil máquina política que ha apostado en esta legislatura por confrontar a ciertos poderes del Estado mucho más de lo que lo ha hecho visiblemente, hasta ahora, la izquierda de Sumar en el Gobierno. Se dirá que las circunstancias, empezando por la investigación a su esposa, han llevado al presidente a reaccionar de esa manera. Sin embargo, la elección de Óscar Puente como portavoz del PSOE en la fallida sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo ya mandaba un mensaje claro hace meses. Pedro Sánchez decidía no poner la otra mejilla y elevar el tono frente a la derecha y ultraderecha, aunque fuera de manera interpuesta. Finalmente, el crescendo de los ataques, lo han colocado a él en primera línea permitiéndole, de paso, erigirse en el líder de una socialdemocracia que parece en vías de extinción en Europa.  

Pudiéramos afirmar que la izquierda formalmente no socialdemócrata, y otrora transformadora, se encuentra en una crisis de representación y liderazgo en España. Sin embargo, eso sería quedarnos en un análisis superficial de la problemática en la que se halla sumida. Cabe recordar que la propia Yolanda Díaz ha sido, de manera reiterada, una de las políticas más valoradas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero su carisma, o el reconocimiento de su labor como vicepresidenta y ministra de Trabajo, no ha logrado traducirse en un liderazgo capaz de atraer voto de manera amplia para Sumar, superando los límites de su espacio político. Es evidente que los liderazgos son fundamentales en política y pueden ser determinantes. También es lógico que quien comanda un espacio político deba responder por sus decisiones. Pero me temo que erraríamos al creer que la izquierda española tiene que buscar responsabilidades individuales en esta crisis en lugar de realizar un ejercicio de autocrítica colectiva.

En efecto, el problema de la izquierda que se presenta como alternativa al PSOE va mucho más allá de un liderazgo, unas siglas o una debacle electoral coyuntural. Desde mi punto de vista, la clave para entender la crisis en la que se encuentra la izquierda española radica en la ausencia de un claro rumbo estratégico que, en buena medida, está relacionado con su apuesta institucional y las concesiones ideológicas a la transversalidad que ha realizado para lograr lo que ha sido su principal objetivo en los últimos años: ampliar sus posiciones de gobierno en distintos niveles del Estado. Se trata del abrazo recurrente al posibilismo que prefiere incidir en el corto plazo, bajo la premisa que es urgente atajar la ofensiva de la derecha y la ultraderecha, pero que olvida que para que se consolide un proyecto de transformación a largo plazo hace falta construir unas bases que lo sostengan. Y ese pilar pasa por la existencia de una organización de base, sea bajo la fórmula de una clásica militancia política -especie en extinción en este mundo de individualidad y espacios colectivos limitados- o en el respaldo, por parte de los electores, a la defensa de manera sólida a unas ideas que marquen un perfil diferenciado respecto a los contrincantes de otros espacios de la izquierda. La única fuerza que tenía y sigue teniendo ambas cosas en Sumar es la coalición Izquierda Unida y, dentro de ella, el Partido Comunista. De hecho, su decisión de subsumirse dentro de Sumar puede tener los días contados y, con ello, podría conllevar el desmantelamiento de facto de este experimento político. 

Sin embargo, con independencia del destino concreto que puedan tener unas siglas o agrupaciones políticas que son siempre herramientas circunstanciales, surgidas al calor de las necesidades electorales, está la importancia fundamental de las ideas. El reto de reforzar el flanco ideológico de todo proyecto político de transformación que se precie no debe interpretarse como un mero acto de distinción inane sino como un ejercicio estratégico clave en tiempos en que la vacuidad de propuestas antipolíticas puede obtener gran número de votos gracias al desarme ideológico de varias generaciones. 

En esa recuperación de unos nítidos principios ideológicos, sin miedo a pronunciar palabras como marxismo, socialismo, comunismo, anticapitalismo o antifascismo, está la clave para combatir la falta de coordenadas que lleva a ciertos sectores de la clase obrera a votar por sus verdugos, por las marionetas de estos o por quedarse en casa al no sentir que la representación política sea algo útil para mejorar sus vidas. No se trata de usar etiquetas ideológicas de manera hueca, ni de vender humo, sino de construir organización sobre unos principios distinguibles y lograr presentarlos como la guía para la transformación necesaria. Este ejercicio implica asimismo la voluntad de edificar una hegemonía ideológica que debe apostar por el rescate de la memoria, la tradición de luchas y la formación política, sin miedo a ir contracorriente de lo que se interpreta como sentido común dominante. 

Es difícil, sin duda, que una fuerza que está en posiciones de Gobierno pueda hacer un discurso creíble de impugnación del sistema, o apelar a su necesaria transformación, cuando forma parte, de alguna manera, de él. Pero es fundamental que si la izquierda transformadora quiere sobrevivir logre esos márgenes de autonomía, coherencia y, por tanto, credibilidad. Con diferentes niveles de éxito, hay fuerzas políticas que logran cabalgar estos complicados equilibrios. 

Se torna perentorio, por tanto, realizar un análisis crítico de cómo las experiencias de gobierno, y las concesiones sin fin ante una agenda ajena bajo el argumento de arrancar indudables pequeñas-grandes conquistas para la clase trabajadora, han mermado el proyecto de transformación social radical con el que, teóricamente, nació la izquierda socialista y comunista. Lo que sucedió con la izquierda italiana heredera del potente espacio que ocupaba el Partido Comunista puede darnos algunas claves, salvando las distancias. 

Además de todo lo anterior, la izquierda transformadora se arriesga a desaparecer por otro riesgo que no es ya el de no distinguirse de las fuerzas socialdemócratas sino uno más peligroso: creer que copiando el discurso de la ultraderecha en temas sensibles como la migración o la seguridad va a lograr conectar con sus potenciales votantes de clase trabajadora pasto del abstencionismo. El uso de un pseudo obrerismo que instrumentaliza los supuestos problemas de la clase obrera para posicionar ideas que no tienen nada que ver con la histórica tradición de lucha de sus organizaciones referentes no es sólo un fenómeno comandado por sectas minoritarias. 

Amplios sectores que vienen del comunismo están validando en distintos países de Europa este repliegue reaccionario que, en tiempos bélicos de agudización de las contradicciones del capitalismo, dinamita las coordenadas ideológicas de la tradición marxista usando el pedigrí de su pasada o presente militancia comunista para legitimar, desde una supuesta izquierda, posiciones que en realidad se enmarcan en la lógica de interpretación de la ultraderecha. El caso de la escisión de Die Linke comandada por Sahra Wagenknecht en Alemania es el ejemplo más paradigmático. Pese a lo indistinguible de su discurso antiinmigración del de la extrema derecha cuenta con defensores en las filas de cierta izquierda, abiertamente reaccionaria, del Estado español.

Volver a retomar el discurso ideológico de una izquierda que surgió para superar el sistema de opresión y explotación capitalista es la única garantía para canalizar un descontento creciente que, si bien toma visos antisistémicos, no acierta a apuntar correctamente a los responsables últimos. Por eso ultraderechistas y oportunistas de todo tipo pueden aparecer como salvadores y conseguir aglutinar bajo sus filas a quienes sienten que el sistema les perjudica. La izquierda transformadora, tanto en el Estado español como en todo el mundo, tiene la tarea histórica, crucial en estos momentos de disyuntiva civilizatoria, de encauzar la lucha contra el sistema económico que provoca esta insatisfacción, no hacia sus víctimas. Para ello hace falta elevar la mirada, huir del tacticismo cortoplacista que prioriza lo institucional y no perder de vista que las acciones de hoy plantan las semillas de la sociedad del futuro. Esta tarea requiere una izquierda presciente y con memoria, pero, sobre todo, sin miedo a ser izquierda. 

Los resultados de este domingo en Catalunya apuntan a la imposibilidad de las distintas fuerzas independentistas para formar un nuevo Gobierno basado en la suma de escaños del bloque soberanista. La victoria del PSC de Salvador Illa supone la pérdida de la hegemonía del nacionalismo catalán. Se dibuja un escenario previsto por casi todas las encuestas y que ha llevado a muchos analistas a augurar una eventual repetición de elecciones, ante las dificultades de realizar acuerdos entre fuerzas políticas que han de combinar la lógica de intereses contrapuestos en clave catalana con una estrategia que se juega también en el tablero de la gobernabilidad española. Se demuestra, una vez más, cómo lo que sucede en Catalunya determina a la política del Estado.

El “problema catalán” ha constituido parte central de la política del Estado español desde principios del siglo XX. Lo que en Ciencia Política se conoce como el clivaje territorial, esto es, la fractura social existente ante un determinado tema susceptible de convertirse en un conflicto político –en este caso la división territorial del Estado–, ha sido una de las líneas divisorias de la política catalana y también española. Este conflicto se agudizó, como todo el mundo sabe, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló parte de la reforma del Estatut de Catalunya elaborada a iniciativa del Gobierno tripartito del PSC, ERC e ICV bajo la presidencia de Pasqual Maragall.

A partir de este momento se produjo un punto de inflexión que llevó a parte de la derecha catalanista, que había sido garantía de la gobernabilidad del Estado, a posiciones independentistas de desafío a ese mismo Estado. Lo hizo movida por la presión de un sector de la sociedad catalana tradicionalmente independentista y por otro que, impactado por la gestión de la crisis económica de 2008, apostó por una ruptura con el Estado español como vía de solución a sus problemas. Inició así un crescendo de conflictividad entre las autoridades catalanas y españolas a la que se sumaron otras fuerzas políticas que siempre habían tenido posiciones soberanistas, como ERC o la izquierda independentista representada por la CUP. Esta decisión de radicalización en clave nacional de un sector de la derecha catalana provocó la implosión del partido de régimen catalán, la hegemónica Convergència i Unió (CiU), la huida de algunos de sus miembros y de sus apoyos en el ámbito económico hacia otras opciones políticas, y el cambio en el sistema de partidos catalán. La moderación dejó de ser una palabra vinculada a una política catalana que tradicionalmente había sido tildada de oasis.

Como todo el mundo también ya sabe, en los últimos doce años el conflicto catalán ha constituido un dolor de cabeza para la política española, monopolizando asimismo el debate político en Catalunya. Esta fase de confrontación cuyo inicio se sitúa en 2012, conocida como procés, ha alcanzado puntos álgidos con el proceso judicial a los líderes independentistas, la intervención del autogobierno catalán a través del artículo 155 de la Constitución española y el exilio de gran parte de los miembros del Govern y otros líderes sociales perseguidos por el nacionalismo jurídico español.

Pedro Sánchez decidió realizar una serie de movimientos para dejar a un lado la estrategia de persecución al independentismo abriendo una etapa de acercamiento y negociación, quizás consciente del nuevo momento político que se abría en España. La necesidad de contar con los nacionalismos periféricos de izquierdas para gobernar el Estado ante el cambio provocado en el sistema de partidos español después de 2014 con el surgimiento de Podemos, su socio de Gobierno de 2020 a 2023, seguramente estuvo detrás de esta decisión. Esta estrategia se ha caracterizado por distintas iniciativas que han respondido a momentos políticos diferenciados: desde sus propuestas de modificar el artículo 2 de la Constitución para incluir la plurinacionalidad de España, los indultos, el establecimiento de una mesa de diálogo con ERC o la propuesta de reforma del delito de sedición, entre otros. El último episodio ha sido la negociación entre el PSOE de Sánchez y el Junts per Catalunya de Puigdemont de un acuerdo de investidura que incluía una ley de amnistía y la posibilidad de realizar comisiones de investigación en el Congreso para dirimir si los líderes independentistas habían sido víctimas de “situaciones comprendidas en el concepto de lawfare”. Los resultados de esta noche pueden ser leídos como un respaldo a la capacidad de Sánchez de neutralizar al independentismo catalán por parte de un sector nada desdeñable del electorado no soberanista.  

La catalanización de la política española es hoy innegable, pero cometeríamos un error si interpretáramos la política catalana sólo en clave española. Sin duda, ambas son interdependientes pero cada una de ellas responde a sus propias lógicas, unas lógicas que, como se ha demostrado en los últimos doce años, pueden ser altamente divergentes. Se puede afirmar que las distintas negociaciones del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas para buscar, en sus palabras, una “pacificación” para Catalunya, han surtido efecto electoral. Si Sánchez se ha movido por un interés partidista o por la razón de Estado, la evolución de los hechos y la historia lo dirá. Sin embargo, es difícil interpretar las distintas posturas existentes en el bloque del independentismo catalán como una mera reacción a las acciones del Estado o a los movimientos de un sector del PSOE, sin una agenda política propia. Esto no significa negar que, tanto el aparentemente inflexible Junts como la más táctica ERC, se han sabido adaptar a los movimientos y necesidades que venían desde el Gobierno central, tratando de redituarlos para su propio beneficio político sin perder de vista sus objetivos independentistas.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado en la política catalana, como demuestran los resultados de este domingo 12 de mayo. Más de diez años de procesismo, de erosión de las fuerzas independentistas por la persecución judicial del Estado, de la división mostrada a la hora de responder ante esta ofensiva o del desgaste gubernamental que implica gestionar las instituciones haciendo difíciles equilibrios entre agendas diversas, han dado lugar a un escenario de desencanto social, apatía política y fragmentación del independentismo. Esto no sólo explica el adelanto electoral sino también las posibilidades de futuros pactos entre las fuerzas independentistas. Lo que antes podía ser una férrea lógica de bloques en clave nacional, bajo la presión de un momento álgido de entusiasmo independentista, puede dar lugar a unos acuerdos que antepongan el eje divisorio izquierda-derecha al eje nacional que caracterizó la etapa del procés. 

No es nueva la fragmentación de un independentismo que siempre ha tenido distintas agendas sociales y políticas, incluso en sus tácticas y tiempos para obtener la independencia. Pero la división del voto independentista se ha profundizado en estas elecciones, con la aparición de otras candidaturas como la conservadora Alhora y la ultraderechista Aliança Catalana. La entrada de este partido en el Parlament, de hecho, no sólo habla de que el nacionalismo catalán, como el español, puede crear su propio partido de derecha radical abiertamente supremacista y xenófobo, sino que Catalunya, pese a sus características diferenciadas, tampoco vive aislada de la ola reaccionaria que recorre la política mundial. Los buenos resultados de Vox y del PP, junto a los votos a un Junts que, detrás de sus discursos personalistas sobre liderazgo, recupera el perfil más conservador asumiendo su papel de defensa del programa económico de la patronal catalana, son un ejemplo de la fuerza que el conservadurismo de distinto tipo tiene hoy en la sociedad catalana.

Sin embargo, hay otra Catalunya que propone una agenda económica y política a priori diferenciada de la agenda conservadora, aunque Illa y el PSC lleven tiempo demostrando que en materia económica pueden tener más en común con Junts que con ERC o los Comuns. Se trata de las fuerzas que podrían recuperar un nuevo tripartito para gobernar la Generalitat, si los números y la voluntad política confluyeran. Una decisión que estaría en manos de ERC. Pero, para ello, los republicanos deberían optar por romper, de una vez por todas, con un procesismo que se ha demostrado inútil para obtener a largo plazo su objetivo estratégico independentista. Sin embargo, en su primera intervención después de los resultados, Pere Aragonès ha dejado claro que ERC irá a la oposición y no participará en un gobierno con el PSC. Sin duda, entrar en este momento en un tripartito es una decisión arriesgada para ERC que rompería el bloque nacionalista y que sería difícilmente entendible para gran parte de su electorado.

Pero, por otra parte, hay algunos elementos que podrían llevar a pensar que a ERC le interesa llegar a mayores acuerdos con el PSOE y, por extensión, con el PSC. Como se ha visto en los últimos meses, con la propuesta de Aragonès de realizar un referéndum pactado con el Estado, ERC parece haber entendido que, en las actuales circunstancias, no habrá independencia sin un acuerdo con el Gobierno español. Esto es tanto más cierto cuanto no existe una movilización popular que empuje desde la calle hacia una vía unilateral que prácticamente nadie defiende ya en Catalunya. Llegar a acuerdos de gobierno con el PSC en Catalunya, aunque sea facilitando su investidura, podría tal vez presionar para que Pedro Sánchez diera una nueva sorpresa en su carrera política teniendo un gesto valiente. Aunque parezca quimérico pensar que cualquier Gobierno español acepte un referéndum de independencia vinculante y pactado, como sí han hecho gobiernos de distinto tipo en Canadá o Reino Unido frente a los movimientos independentistas quebequés y escocés, la política española nos ha dado en los últimos años, de la mano de Sánchez, suficientes sucesos inesperados como para no descartar nada.

Es cierto que el Estado español parece irreformable y que nadie que tenga una perspectiva crítica sobre el régimen del 78, erigido después de la Transición, puede albergar esperanzas sobre su autodisolución. Pero a veces los sistemas hacen movimientos tácticos, aunque sólo sea para garantizar su pervivencia. Ahora que Pedro Sánchez y los líderes del independentismo catalán comparten ser víctimas del lawfare, quizás se pueda abrir otra pausa de reflexión que lleve a que los minoritarios sectores del PSOE más permeables a las sensibilidades territoriales no centralistas se convenzan de que el diseño constitucional del tema territorial, producto de un momento histórico muy determinado, necesita de modificaciones sustanciales para adaptarse a los nuevos tiempos. Que estas se queden en un nuevo modelo de financiación, o que amplíen el autogobierno hasta el punto de abrir la puerta a escenarios no atisbados previamente, dependerá de la correlación de fuerzas –electorales, políticas, pero también sociales– de una sociedad catalana que ha demostrado en estos últimos doce años ser mucho más heterogénea y versátil de lo que algunos creían.

Pedro Sánchez ha decidido continuar gobernando en España y mucha gente ha respirado aliviada después de cinco días de incertidumbre. Durante este lapso, han proliferado los análisis elucubrando qué haría el presidente ante este pulso que le ha planteado la derecha y la ultraderecha –perdón por el pleonasmo–política y mediática. Pero también ha regresado con fuerza al debate mediático un término que ya conocemos bastante bien en España, el lawfare o guerra judicial. Una práctica que lleva unos años aplicándose a diferentes fuerzas políticas en nuestro Estado, con especial saña en el independentismo catalán y en el partido Podemos, pero que ha tenido en América Latina su laboratorio privilegiado.

Quizás por ello, varios presidentes latinoamericanos que conocen bien lo que es el lawfare, como Lula da Silva, o que atisban lo que puede suponer, como Gustavo Petro, han denunciado sin ambages lo padecido por el presidente español y se han solidarizado con él. También el Grupo de Puebla, conformado por varios expresidentes progresistas latinoamericanos, emitió un temprano comunicado de respaldo a Sánchez. Como en otros momentos históricos, desde América Latina se ha demostrado una claridad meridiana con lo que estaba sucediendo al otro lado del océano, una reciprocidad de la que no puede presumir el presidente español ni muchos de los líderes políticos de este país. 

Hay en España una izquierda y un progresismo que sigue sin entender la naturaleza de los conflictos políticos recientes en los países gobernados por la izquierda en América Latina. Ignoran qué intereses representan los distintos actores políticos y cómo los poderes económicos operan en estas sociedades para impedir cualquier mínima transformación social que suponga un mejor reparto de la riqueza. Los poderosos intereses de las empresas españolas en América Latina, amenazados, según algunos documentos publicados en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por una ola de “populismos, nacionalismos y soberanismos”, unida a una absurda fidelidad en clave nacional, han provocado que la izquierda española gobernante se haya colocado demasiadas veces en el lado incorrecto de la historia, produciendo, en los últimos años, declaraciones vergonzantes y silencios conniventes. En aras de combatir lo que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe tildaba de “revisionismos que cuestionan el papel de España en la región” se ha optado muchas veces por apoyar a las derechas y ultraderechas latinoamericanas opositoras, en detrimento de los gobiernos que defienden la explotación soberana de sus recursos. 

Lo que es bueno para el Ibex-35, es bueno para España, nos dicen. Detrás planea la idea de concebir a la izquierda gobernante en América Latina como un escollo para los intereses nacionales españoles (no confundir con los intereses de los nacionales españoles, que es algo muy distinto, aunque se pretenda equiparar). Quizás ello explique, en buena medida, la insuficiente atención prestada en España ante la ofensiva en forma de lawfare contra distintos mandatarios latinoamericanos de los últimos años. La falta de contundencia de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, representado por su Ministerio de Asuntos Exteriores, a la hora de denunciar el embate que han padecido, y que siguen padeciendo, las democracias de América Latina cuando están lideradas por presidentes de izquierda y progresistas a los que se busca desestabilizar de una manera muy parecida –e incluso peor– a la que ha experimentado estos días el presidente español, no es un hecho que veamos sólo en el Gobierno de España o en el PSOE. Ciertos medios del progresismo patrio también contribuyen a respaldar indirectamente a las fuerzas de la derecha latinoamericana transmitiendo con frecuencia en los artículos de sus corresponsales en América Latina, o a través de las plumas que ocupan sus tribunas de opinión, la visión de unas clases dominantes poco democráticas y altamente reaccionarias, que son aliadas naturales en España de fuerzas políticas teóricamente antagónicas a la línea editorial de dichos medios. 

Por eso, resulta paradójico escuchar a Pedro Sánchez denunciar a la ultraderecha patria, a sus prácticas de perversión de la democracia, sus campañas de intoxicación mediática, sus pulsiones golpistas y su deslegitimación de la izquierda en el Gobierno mientras desde las instituciones españolas y los medios públicos y privados se avala, por activa o por pasiva, lo que estas mismas fuerzas han hecho en otras latitudes, con iguales prácticas y propósitos, contra fuerzas de la izquierda que, insistimos, son en teoría sus referentes internacionales por afinidad ideológica.  

Para abordar un problema que, como ha expresado Pedro Sánchez en su entrevista en TVE, no es exclusivo de la democracia española y que atañe a las democracias del mundo, se deberían buscar respuestas colectivas. En ese sentido, quizás haríamos bien en mirar más y mejor a América Latina, no sólo para estar alertas a las prácticas de los poderes fácticos antidemocráticos que irrespetan la voluntad soberana de los pueblos atacando a los liderazgos que han elegido, para poner así fin a proyectos de transformación reformista que en esas latitudes toman visos revolucionarios, sino para aprender asimismo de la intrepidez política que caracteriza a buena parte de la izquierda latinoamericana. 

Más allá del lawfare, los golpes de Estado, la inestabilidad política o la existencia de una ultraderecha dispuesta a todo, en América Latina también hay mandatarios valientes que se han atrevido a tocar las teclas de un poder económico que no está dispuesto a ceder ni un ápice por las buenas. Presidentes y presidentas que representan la esperanza de millones de personas, a los que se les ataca tanto por su capacidad de movilización de esa voluntad popular como por desafiar discursivamente a un poder político internacional que quiere seguir sojuzgando al Sur Global. Aprender de América Latina es entender que esa zona del mundo representa hoy, como ayer, la vanguardia de la lucha política y social por la emancipación de los pueblos, la búsqueda de un camino alternativo entre quienes no se conforman con asumir el destino que otros han decidido para ellos. Nunca es tarde para hacer un punto y aparte en la historia y reconocer que se puede –y se debe– aprender mucho de América Latina. 

La propuesta de revisar el contenido de los museos españoles para superar su posible “marco colonial”, planteada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a soliviantar a quienes consideran que España no debe realizar ningún ejercicio de reflexión sobre su papel en la Conquista y colonización de América. En una entrevista reciente, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, rechazó la idea de Urtasun afirmando que “no tiene ningún sentido” porque España no tuvo colonias sino virreinatos y, además, en los museos españoles no habría objetos extraídos por la fuerza de esos territorios porque “España no expolió”.

Tales aseveraciones demuestran un grave desconocimiento del etnocidio que padecieron los pueblos prehispánicos a causa de la Conquista española, un proceso de control territorial en el que la extracción de riquezas discurrió a la par que la destrucción de los vestigios culturales previos como vía para imponer la nueva cultura y religión foránea. Así desapareció buena parte del acervo cultural de estos pueblos y civilizaciones, entre ellos su memoria plasmada en distintos códices de los cuales se conserva un número irrisorio (y no precisamente en tierras americanas). Ante un saqueo patrimonial incalculable, afirmar que “España no expolió”, midiendo el expolio en el inferior número de piezas procedentes de América que España tendría en sus museos respecto a otros países, cuando la Corona española fue la principal ejecutora de esta empresa imperial, puede sonar a broma de mal gusto, además de poner en evidencia no haber entendido el sentido de la propuesta del actual ministro de Cultura. 

Sin embargo, eludir responsabilidades a través de la comparación con lo que hicieron otros países es un clásico de quienes llevan años respondiendo al grito de “leyenda negra” cualquier cuestionamiento que se haga al papel de España en la Conquista y colonización de América, aunque las críticas procedan de otros españoles. Las declaraciones de Rivera de la Cruz traslucen, sobre todo, la incomodidad con un tema que, en el fondo, cuestiona la actual identidad nacional española, construida durante siglos sobre el orgullo del sometimiento a otros pueblos, como demuestra el simple hecho que la fiesta nacional de España se celebre el 12 de octubre, día en el que Cristóbal Colón habría “descubierto” el “Nuevo Mundo”. Y aquí radica gran parte del drama y los conflictos, también contemporáneos, que arrastra sin resolución no sólo el nacionalismo español sino también el propio Estado erigido sobre una sacrosanta unidad de España impuesta contra la voluntad de algunos de los pueblos que lo habitan. A lo que se suma la incapacidad, que comparten muchos ciudadanos de este país, de verse desde afuera y analizar críticamente los elementos, en este caso bastante problemáticos, que han conformado la identidad española. 

Desgraciadamente, las premisas de las que parte Rivera de la Cruz están muy extendidas. Los intentos de negar el carácter colonial e, incluso, imperialista del dominio español en América no son nuevos y no siempre han estado protagonizados por españoles, de hecho. Aparecieron en el debate historiográfico ya en el siglo XX, también por parte de un sector de historiadores latinoamericanos, mucho más próximo por afinidades culturales o de clase con cierta academia española franquista. Tales historiadores, pertenecientes a una larga tradición de clases dirigentes hispanófilas, mostraban sus simpatías hacia el supuesto papel modernizador de España. Este debate se sigue alimentando en la actualidad con trabajos de dudoso rigor histórico. 

Pero, más allá de los debates historiográficos, parece evidente que el hecho de que la organización de los territorios de ultramar españoles se diera en forma de virreinatos no cambia la naturaleza colonial de la dominación hispana en América. Por tanto, la trampa de negar relaciones de poder dependientes y asimétricas, propias de un orden colonial bajo control imperial, usando otra categoría que supuestamente ponga a esos territorios en términos de una igualdad que no era tal, no deja de ser un ejercicio de funambulismo muy propio de un perfil humano que puede ser englobado bajo la etiqueta del negacionismo colonial. 

Este negacionismo colonial se enmarca en un paraguas más amplio, el de un revisionismo histórico que también reescribe las causas de la Guerra Civil española a la vez que niega o minimiza los crímenes del franquismo

Este negacionismo colonial se enmarca en un paraguas más amplio, el de un revisionismo histórico que también reescribe las causas de la Guerra Civil española a la vez que niega o minimiza los crímenes del franquismo. Se trata de un negacionismo amplio que está calando en una parte de la sociedad española gracias a la ofensiva reaccionaria comandada por intelectuales retrógrados, autores de best sellers pseudo históricos que inundan las estanterías de las grandes cadenas de venta de libros e influencers en las redes sociales al rescate de la hispanidad. Semejantes ideas encuentran asimismo altavoces en un amplio espectro mediático que va desde los canales televisivos referentes de la ultraderecha hasta en los medios hegemónicos, presuntamente plurales pero donde es difícil encontrar voces que cuestionen los pilares identitarios del nacionalismo español, ni se diga su lectura romantizada de la Conquista.

De hecho, la defensa de la hispanidad ha tomado nuevos bríos hoy, a lado y lado del Atlántico, en una alianza que no sólo es intelectual sino también política. Aglutina en América Latina a descendientes de criollos, o de migrantes europeos más recientes, que conforman unas burguesías nacionales que, siglos después, siguen asumiendo y reproduciendo el orden colonial. Y, en España, es reivindicada por unas clases dominantes que pretenden seguir dirigiendo de manera indirecta los designios del continente tutelando sus liderazgos. La fundación FAES presidida por José María Aznar sería una de sus principales herramientas.

En esta tarea, quienes defienden la “gesta civilizatoria” que supuso la Conquista encuentran aliados entre individuos autodenominados de izquierdas –pero con posiciones reaccionarias próximas a la derecha o la ultraderecha–, algunos de los cuales pertenecen a fuerzas que dicen hablar en nombre del comunismo o del marxismo, una ideología emancipadora en las antípodas del etnocentrismo que justifica el colonialismo. Defender el sometimiento de otros pueblos por estar menos “civilizados” no es sólo la antítesis de un pensamiento revolucionario que requiere de una mínima empatía humana sino también una muestra de la falta de comprensión del nefasto impacto del colonialismo y el imperialismo en las poblaciones donde se impone. Parece innecesario afirmar que alabar imperios, cualesquiera sean, difícilmente se puede considerar una postura de izquierdas, pero en tiempos de negacionismo de lo obvio, hay que recordarlo para evitar que algunos reescriban a su antojo las doctrinas ideológicas, además de la Historia. 

Quizás este fenómeno no debería extrañarnos si tomamos en consideración que la visión institucional que se tiene y se proyecta de América Latina desde los distintos organismos del Estado español sigue permeada de cierto paternalismo, de un mal disimulado sentido de superioridad y de una voluntad de reconquista empresarial. No hay más que acudir a los documentos y declaraciones emanados del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como a los discursos del rey, quien tiene por mandato constitucional una simbólica representación del Estado en “las naciones de su comunidad histórica”, es decir, en América Latina y el Caribe. De hecho, el anacronismo de enviar a un representante de la misma institución que sojuzgó durante siglos a pueblos que se sienten ya liberados ha provocado algún altercado diplomático en los últimos años. Sirva también recordar la respuesta que, en 2019, el Gobierno de España dio al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuando requirió al Vaticano y a la Corona española que pidieran perdón a los pueblos originarios “por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”: “La llegada (…) de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”.

Parece evidente que el actual Estado español no entiende que deba asumir ninguna responsabilidad con el papel histórico ejercido por las instituciones que le antecedieron. A diferencia de la realidad de muchos países de nuestro entorno, y más allá, donde se han puesto en marcha procesos de revisión colectiva del pasado colonial, y de sus impactos en las poblaciones colonizadas y en la metrópoli colonizadora, España sigue inmune, de momento, a esta oleada decolonial. Por supuesto, se puede argumentar que este proceso tan en boga afuera puede convertirse en un lavado de cara para resarcir agravios del pasado mientras se cometen abusos en el presente. El caso de Canadá, uno de los países donde la sensibilidad institucional con el tema decolonial es más acusada, podría ser paradigmático: mientras se recuerda en cada clase universitaria o en cada sesión de cine que se está en tierras de pueblos originarios, las mineras canadienses, con la aquiescencia tácita de su Estado, no tienen problema en ir a aprovecharse de las riquezas de otros pueblos originarios al sur del continente.   

Pero estas contradicciones no deben impedir reconocer que, si bien el ejercicio de reparación de estas acciones pueda ser más simbólico que real, sin embargo, tiene un impacto positivo en las sociedades porque establece que determinadas ideas o prácticas, previamente asumidas acríticamente, ya no se pueden normalizar. Este deber con la memoria genera conciencia sobre el daño que provoca todo ejercicio de un poder imperial y todo colonialismo. Que esta labor se inicie desde los museos no parece una idea descabellada. Por mucho que algunos quieran presentar estos debates como un innecesario ejercicio de reescritura del pasado con ojos del presente, estamos más bien ante temas plenamente vigentes pues su legado condiciona la política y la sociedad actuales. Es más, en tanto el colonialismo y el imperialismo, sean del pasado o del presente, se sigan queriendo ocultar, ponerles nombre y denunciar sus crímenes se vuelve un compromiso ineludible para el conjunto de la humanidad. 

El campo de la izquierda a la izquierda del PSOE con posibilidades electorales vive estos días agitado. La convocatoria avanzada de elecciones ha acelerado los tiempos y lo que se pensaba hacer con más cálculo y calma se ha visto afectado por la imperiosa necesidad de alcanzar algún acuerdo que rompa con la imagen de desunión existente. Conseguirlo no es sólo una cuestión estética sino también una necesidad para que dicha izquierda siga siendo determinante en la política del Estado tras el 23 de julio, apuntan algunas encuestas.

La cascada de opiniones a favor y en contra de la unidad entre el Movimiento Sumar, Podemos y otros socios como Compromís, Más País o Els Comuns está generando un ruido ensordecedor que no parece ayudar mucho a la prudencia necesaria para una negociación que precisa de delicados equilibrios y altas sensibilidades. Seguramente, esta columna pueda ser considerada un elemento más que se suma al exceso de voces, pero la intención de quien escribe estas líneas no es valorar los posibles pactos, ni entrar a discutir la conveniencia de la unión ante las urnas, sino provocar una reflexión colectiva sobre qué se está jugando de verdad la izquierda transformadora. Una perspectiva en la que el éxito no se mide en unos determinados resultados electorales que se acaban evaporando con cada nueva coyuntura.

La obsesión de estos días por las sumatorias electorales está dejando por el camino desafíos de fondo que son incluso más acuciantes para una izquierda que no se conforme con gobernar como muleta del PSOE, sino que pretenda que sus ideas sean hegemónicas algún día para poder transformar la sociedad más allá de lograr concesiones puntuales de este sistema. Una izquierda que debería ser muy distinta y, por tanto, estar muy distante del posibilismo en el que se ha asentado, desde hace mucho tiempo, la izquierda transformadora. Un derrotismo que, ante la imposibilidad de cambiar este sistema, aspira a gestionar mejor sus contradicciones.

Es una gran paradoja constatar que cuanto más demuestra el capitalismo ser un escollo para el avance de la humanidad hacia una sociedad auténticamente justa desde el punto de vista económico y social, amén de ser incompatible con la preservación del planeta, las fuerzas que deberían representar una alternativa a este modelo de destrucción se conformen con actuar, e incluso debatir, en los preestablecidos marcos de posibilidad de quienes se oponen a solucionar estos graves problemas civilizatorios. 

Hace tiempo que la izquierda transformadora española ha asumido que lo único que puede ofrecer ante la actual correlación de fuerzas es una serie de cambios mínimos, desde las estructuras institucionales. Lejos quedan los tiempos en los que se proponía transformar las estructuras económicas y políticas existentes. El posibilismo fue la apuesta clara de Unidas Podemos cuando decidió entrar al primer gobierno de coalición post-Transición. Esos mínimos cambios estaban vinculados a las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, o de la sociedad en su conjunto y se presentaron como un avance respecto a las políticas neoliberales precedentes. Cierto. Tan cierto como que no se puede aspirar a transformar de raíz las condiciones de vida de la clase trabajadora sin apostar por cambiar de modelo productivo, salvo que nuestro horizonte político sea conformarnos con gestionar esa parte del excedente que quienes mandan deciden que puede ser repartida, siempre en función de nuestra correlación de debilidades. 

Estar en el gobierno aparece imprescindible “para solucionar los problemas de la gente”, en palabras de esta izquierda. El precio que se ha pagado para conseguir pequeños logros que, sin duda, marcan una diferencia grande en el día a día de quienes se benefician de ellos, ha sido asumir parte de la agenda socialdemócrata, en el mejor de los casos, cuando no del socialliberalismo. Una decisión de alto impacto político no exenta de resultados negativos.

Cabe no olvidar que llegar a posiciones de gobierno para posteriormente desplegar una agenda tecnócrata o conservadora, como ha sucedido en varios países europeos en los últimos años, ha tenido consecuencias devastadoras para la izquierda alternativa. Basta observar la situación actual de la izquierda italiana, alemana o griega, y contrastarla con la fuerza de los partidos conservadores y de ultraderecha, para darse una leve idea. Pero el caso español apunta a otro desafío: la paradoja de asumir posiciones de gobierno, llevar adelante políticas de marcado carácter social -si bien siempre insuficientes, pero indudablemente más positivas que las precedentes- y, a pesar de ello, no recibir en las urnas el respaldo esperado por parte de quienes deberían ser tus potenciales votantes.

Sin entrar a valorar otros aspectos de un problema harto complejo, en el que no deben olvidarse la inducida desafección política en los barrios de clase trabajadora, la percibida insuficiencia de estas medidas o el desgaste que siempre implica la acción de gobierno para una izquierda transformadora, cabe reflexionar también sobre cuál debería ser la función de unas fuerzas políticas que nacieron todas ellas para impugnar el orden de cosas existente, en mayor o menor medida. No obstante su importancia, esta reflexión es un elemento difuminado, cuando no ausente, en los análisis actuales donde lo único que parece nítido en un panorama de negociaciones electorales es el reforzamiento del posibilismo como horizonte. Sea cual sea el resultado -y pronto lo sabremos- la izquierda que resulte, unida o dividida, seguirá siendo una izquierda que ha apostado prácticamente todo a la representación institucional, olvidando debates impostergables para garantizar su supervivencia como opción política diferenciada a largo plazo. 

En los últimos meses, años dirán algunos, hemos asistido a lo que podría tildarse, tal vez, de suicidio político colectivo. Bajo la justificación de decisiones tácticas electorales, la izquierda a la izquierda del PSOE ha acabado realizando, quizás sin darse cuenta o sin que le importase siquiera, concesiones estratégicas en el ámbito de los principios, esa guía ideológica que debería marcar las coordenadas de toda izquierda que se precie. El problema parece obvio. Si la apuesta de la izquierda transformadora es mimetizarse, en formas y discursos, con el progresismo existente, representado en España principalmente por el PSOE, la izquierda que debería ser rupturista pierde su razón de ser y se arriesga a ser barrida por la marca original. Sorprende, en este sentido, la apuesta del Partido Comunista de España (PCE) y de Izquierda Unida (IU) por abrazar de manera tan entusiasta este nuevo experimento para la transversalidad de la izquierda donde sus ideas se diluyen, todavía más, que en el marco de Unidas Podemos. 

Quizás pueda sonar anacrónico hablar de comunismo para quienes han descartado a estas alturas históricas incluir estas ideas en el debate público -no así las derechas que siguen haciendo política en la lógica de combatir el comunismo, al que ven por encima de sus posibilidades-, pero renunciar a defender abiertamente una postura de confrontación con el capital parece un error que puede pagarse caro. Máxime en el marco de un proyecto que parece abominar de la misma palabra comunismo, lo que contribuye a difuminar las coordenadas ideológicas imprescindibles para que mucha gente no se pierda en estos tiempos de confusión rojiparda en los que, además, referentes de la ultraderecha se permiten citar a Anguita sin ningún rubor. 

Aunque no es la primera vez que el PCE se ha escudado en otras siglas y coaliciones, la apuesta actual por Sumar supone renunciar incluso a las mínimas referencias ideológicas necesarias para distinguirse de otras opciones políticas. Esto no es una buena noticia para aquellas personas que se siguen identificando con las ideas comunistas y que consideran que esta denostada ideología es clave para construir una sociedad futura alternativa al capitalismo. Personas que no se contentan, pese a la tendencia al sectarismo tan arraigada en la tradición comunista, con la existencia de múltiples partidos o grupúsculos que dicen representar las esencias marxistas, sino que aspiran a encontrar un proyecto político no sectario que se proponga traspasar las barreras de la marginalidad sin ceder en los principios. Una fuerza que plante cara al sistema, tenga la palabra comunista o no en el nombre.

Se dirá que quienes optan por esta vía son sectores minoritarios, no determinantes desde el punto de vista de los votos y, por tanto, no haría falta diseñar un partido político que incluyera sus anhelos de trascender el modelo económico existente pues sería dividir aún más el voto. Pero la cabida de estas ideas, y su defensa sin ambages en una fuerza política que se pretende a la izquierda de lo establecido, es sin duda fundamental si realmente se apunta a construir un mundo que no se rija en exclusiva por los intereses de una minoría egoísta que está profundizando las desigualdades y abocándonos a un colapso medioambiental. Salvo que, directamente, este no sea el propósito y de lo que se trate es de seguir ocupando espacios institucionales para la supervivencia orgánica de siglas. Mirando de nuevo a Europa, tenemos ejemplos de fuerzas políticas de izquierda alternativa que, sin abrazar abiertamente el comunismo, pero tampoco renunciando a un discurso anticapitalista, han logrado buenos resultados electorales, como la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. 

Por último, el peligro de la llegada al gobierno del Estado de una coalición entre el PP y Vox que reforzaría la ola reaccionaria que ya recorre otros países se utiliza como excusa para cerrar filas y pedir, incluso, apoyos acríticos a bloques de una izquierda amplia. Pero si lo que se pretende es parar de verdad a la ultraderecha, la izquierda que viene de una tradición antifascista, ecologista, de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre todos los seres humanos, con independencia de su color de piel o nacionalidad, y que, sobre todo, aspira a acabar con las diferencias de clase que genera el capitalismo, no puede contentarse con copar las instituciones para evitar que aquella gobierne. 

De nada servirá poner freno desde posiciones gubernamentales -siempre relativas porque el verdadero poder tiene su propia lógica de funcionamiento fuera del escrutinio electoral- a ese neofascismo si no hay una mayoría social que apoye las tímidas transformaciones institucionales con la claridad ideológica que hace falta para ser consciente de lo que implican los cambios históricos y que empuje desde abajo cuando las políticas de cambio de la izquierda gobernante sean cuestionadas por la derecha y su apisonadora mediática. 

A fin de parar el auge de una ultraderecha que no deja de ser funcional para que el capital canalice el conflicto social en términos reaccionarios y no transformadores, hace falta reforzar los valores antagónicos de una izquierda sin complejos y sin miedo a seguir el hilo rojo de su propia historia. Una izquierda que se atreva a ir contracorriente, incluso a costa de generar los ataques mediáticos que concitan siempre las fuerzas que confrontan directamente con los poderes establecidos cuando estos las perciben como una amenaza a sus intereses. 

Esta vía quizás no dará tantos votos en el corto plazo ni garantizará posibilidades de gobierno, pero es mucho más importante para sentar las bases de una alternativa política que proporcione a los sectores marginados de la sociedad una explicación distinta al funcionamiento de este sistema y la esperanza en sus posibilidades de transformación. Una izquierda que no sólo escuche enunciativamente a quienes ya están politizados, sino que esté dispuesta a involucrar políticamente, más allá de movilizar su voto y ofrecer posibilismo, a quienes hoy se sienten al margen del sistema. Esto pasa, indefectiblemente, por apostar por otro tipo de política que vuelva a las tradiciones de organización de base, que construye desde los cimientos antes que empezar la casa por el tejado. No olvidar esta misión histórica es crucial en un presente y un futuro que no da pie a ningún tipo de optimismo que no sea el de la voluntad. 

La Cumbre de la OTAN en Madrid ha dejado un reguero de declaraciones, análisis y opiniones. Desde la obviedad de calificar de “histórica” la Cumbre, pasando por las palabras del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España parangonando la importancia del encuentro con la caída del Muro de Berlín hasta quienes repiten que la guerra de Ucrania es el desencadenante del nuevo concepto estratégico de la OTAN o, incluso, de un cambio en el orden mundial.  

Sin duda, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania está teniendo un impacto en la economía mundial agudizando los problemas estructurales ya existentes y añadiendo nuevos desafíos a la agenda global. También marca cambios con claras implicaciones geopolíticas pues no es Estados Unidos de América (EEUU), sino uno de sus principales retadores hegemónicos, quien inicia una guerra de agresión contra otro territorio ubicado, además, en la misma Europa. Pero sólo desde la miopía o el desconocimiento absoluto se puede afirmar que el sistema internacional ha cambiado por la guerra de Ucrania o que la OTAN actualiza su concepto estratégico debido a la agresión rusa. Afirmarlo es confundir consecuencias con causas, sacando del análisis los movimientos que se han estado produciendo en los últimos años en la geopolítica mundial. 

La guerra en Ucrania seguramente explica por qué la OTAN ha pasado de la “muerte cerebral”, como dijo el presidente francés Emmanuel Macron en 2019, a una ampliación territorial acompañada de un revitalizado protagonismo político donde todos los países integrantes parecen asumir, sin fisuras ni atisbos de crítica, los intereses geoestratégicos de EEUU. Pero la guerra no explica cómo se ha llegado a la conformación de bloques antagónicos justificados bajo discursos propagandísticos sobre valores que recuerdan a los tiempos de polarización ideológica de la Guerra Fría, aunque no exista una contraposición tan clara de modelos económicos como entonces. Es la confrontación entre potencias, expresada sin ambages en el Concepto Estratégico OTAN 2022 emanado de la cumbre, la que lleva a la creación de bloques geopolíticos antagónicos. Sin este antagonismo, que responde a intereses de expansión económica y política a priori incompatibles, no se pueden entender las guerras existentes y las que -seguramente de manera inevitable- están por venir. 

La mención en esta cumbre de China como un país que plantea “desafíos sistémicos”, pese a ser un actor que se encuentra fuera del alcance territorial de una alianza creada para la defensa del Atlántico norte, da pistas sobre esos movimientos geopolíticos que están configurando un nuevo orden. A la vez, demuestra cómo la OTAN es en realidad una alianza al servicio de los intereses geoestratégicos de EEUU. La idea de China como amenaza está presente en todas las Estrategias Nacionales de Defensa de las últimas administraciones estadounidenses, también en el adelanto de la todavía inédita de 2022, que caracterizan a China como “competidor estratégico” al que hay que “disuadir”. Añadiéndolo en el nuevo concepto estratégico la OTAN deja en evidencia qué está en juego en este orden mundial en transición geopolítica. Se trata de la pugna entre EEUU y China por la hegemonía en el sistema internacional. EEUU se resiste a que China pueda convertirse en la superpotencia que lo desplace de su papel de hegemón, lo que trastocaría por completo el orden internacional emanado de la Segunda Guerra Mundial. La propia Agenda 2030 de la OTAN en 2021 apuntaba cómo el ascenso de China estaba cambiando radicalmente el equilibrio de poder. La OTAN, es decir, EEUU, lleva tiempo acusando a China de “socavar el orden internacional basado en normas” e ir “contra nuestros valores e intereses”. Como bien sabemos que ni EEUU ni la OTAN han respetado las normas cuando se trataba de defender sus intereses geoestratégicos en Yugoslavia, Irak, Afganistán o Libia, por poner sólo algunos ejemplos recientes, seguramente el problema de EEUU (y ahora también de la OTAN) con China radique en los intereses desplazados por el dominio chino en el 5G, la infraestructura crítica, los materiales estratégicos o las cadenas de suministro. 

No sabemos cómo será el reparto de poder en el sistema mundial del futuro, pero sí sabemos que EEUU no se resistirá fácilmente a perder su dominio. De hecho, detrás de muchos conflictos, invasiones y golpes de Estado de los últimos tiempos encontramos el rechazo de EEUU a aceptar un orden multipolar donde tenga que compartir poder de verdad con otras potencias emergentes con proyección económica, comercial, militar o demográfica. Un nuevo orden que se expresa en el desplazamiento del poder mundial a la región de Asia Pacífico, la Nueva Ruta de la Seda impulsada por China, la existencia de los BRICS, la creación de mecanismos de concertación regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que ejercen de contrapeso geopolítico a los organismos estadounidenses, o la multiplicación de alianzas Sur-Sur. Pero que también se observa en la negativa de la mayoría de los países del Sur Global a plegarse a la visión del mundo y los intereses de EEUU en el marco de instituciones multilaterales como Naciones Unidas. No es casual que uno de los puntos destacados de la Agenda 2030 que la OTAN presentó en 2021 fuera profundizar y ampliar los mecanismos de consulta política entre sus miembros para llegar con posiciones comunes a la Asamblea de Naciones Unidas o al G-20. Se trata de construir un perfil de la OTAN cada vez más político que sirva para aglutinar visiones entre sus miembros y actuar como bloque en el marco de otras organizaciones. 

El uso de la OTAN que hemos visto estos días para reforzar un bloque geopolítico atlantista deja pocas esperanzas a quienes anhelaban una Europa que pudiera tener un papel protagonista, como bloque geopolítico independiente, en el proceso de transición geopolítica en el que nos encontramos. Los países miembros, y la Unión Europea (UE) en su conjunto, parece haber abandonado, si alguna vez la tuvo, la idea de la autonomía estratégica. Ya nadie recuerda a Charles de Gaulle sacando a Francia de la OTAN en 1966, ni las propuestas posteriores para defender la soberanía del continente, como las de Francia o Alemania, que abogaban hasta hace poco por construir en paralelo a la pertenencia a la OTAN una arquitectura de seguridad y defensa propia, bajo la lógica de los intereses europeos. Lejos queda también la doctrina Sinatra que proponía Josep Borrell en 2020, con la apuesta por una Europa que no acabara “aprisionada en la relación conflictiva entre EEUU y China” lo que pasaba por aumentar la autonomía estratégica de la UE, de la mano de EEUU, eso sí, pues asumía el concepto de rival sistémico para designar a China a pesar de calificarlo de socio estratégico. Una disociación digna de estudio. 

Hoy la mayoría de los países de la UE pertenecen a la OTAN y, después de esta última cumbre, se han posicionado claramente en el choque de titanes sino-estadounidense para respaldar sin matices la estrategia de competición estratégica con China que lidera la administración Biden. Con ello han mandado un mensaje poco diplomático a su principal socio comercial, China, al que se trata en esencia como a un rival sistémico, olvidando que es un socio estratégico con el que hay que negociar. No parece una jugada muy inteligente si tomamos en consideración que una de las premisas del comercio son las buenas relaciones entre las partes. Y parece todavía menos inteligente que lo haga una Europa debilitada económicamente y sin soberanía energética, como está dejando en evidencia la guerra en Ucrania. El “chantaje” ruso no es el único culpable de la crisis de abastecimiento energético que enfrentan países como Alemania pues cabe recordar que EEUU lleva años presionando para evitar que este país pudiera ser abastecido desde Rusia a través del gasoducto Nord Stream II, algo que Alemania finalmente ha aceptado, a costa de sus intereses. Una expresión elocuente de cómo asumir la agenda estadounidense no necesariamente implica beneficios para los países europeos. 

Ahora que la Cumbre de la OTAN en Madrid ha dejado claro que las alianzas en el sistema internacional seguirán cada vez más una lógica binaria que retrotrae a conductas vistas en época de Guerra Fría, conviene recordar algunas ideas de uno de los padres de la doctrina de la contención contra la Unión Soviética, George Kennan, sobre la importancia de saber identificar con precisión al adversario. Kennan alertaba de cómo EEUU se equivocó al atribuir a los líderes soviéticos objetivos e intenciones que no tenían, provocando hostilidades que acabaron siendo profecías autocumplidas. Sería bueno que los líderes de la Alianza Atlántica tomaran nota de las reflexiones de Kennan y se miraran en el espejo. Quizás así se darían cuenta de que para la mayoría de la población mundial la amenaza no es China sino el dominio occidental, en el que los europeos están demostrando no ser más que una comparsa.

En estos días en que la guerra en Ucrania ha vuelto a poner de moda la palabra 'geopolítica' en los medios de comunicación, conviene detenerse a reflexionar sobre cómo esta disciplina nos puede ayudar a entender los conflictos bélicos.

La geopolítica clásica nació bajo acusaciones de servir para la justificación de las acciones imperiales y gozó de muy mala prensa durante décadas por su vinculación al pensamiento militar. Sin embargo, es una herramienta que permite identificar los elementos estructurales que condicionan el comportamiento político de los actores internacionales. En tanto estudio del pensamiento estratégico que está detrás de la toma de decisiones del poder político relacionadas con el territorio, el espacio y los recursos, la geopolítica se concentró en la acción de los Estados.

Estos siguen siendo los principales actores implicados en una estructura de poder jerarquizada, determinada por el desarrollo económico y la evolución histórica de las relaciones entre ellos. Mediante las instituciones y normas internacionales de mutuo reconocimiento, los Estados buscan un equilibrio en el sistema internacional para evitar la anarquía, caos y competición que, para las escuelas teóricas realistas o marxistas, es característica central del orden internacional. Cuando no se logra el equilibrio o se rompen los acuerdos, aparece la guerra. La guerra puede verse como una excepción o como una tendencia inevitable del sistema. Depende de qué englobemos en su definición y en qué parte del mundo nos situemos, tendremos diferentes respuestas. 

El caso de la guerra en Ucrania nos permite comprobar cómo, en función de dónde pongamos el foco, la explicación del origen del conflicto será distinta. Así, mientras que para la mayoría de la gente que se informa en los principales medios de comunicación este ha estallado con la invasión rusa de 2022, para muchos ucranianos el estado de guerra se remonta a 2014.

La guerra en Ucrania nos lleva, asimismo, a debates geopolíticos de otros tiempos. Los pactos verbales entre los Estados Unidos de América (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que acompañaron el fin de la Guerra Fría se han quebrado con la paulatina ampliación de la OTAN hacia el Este.

El resultado final, alertado por diversos especialistas de las relaciones internacionales, ha sido la ruptura del difícil equilibrio de seguridad existente. La reacción desaforada de la Federación de Rusia ante la posibilidad de la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica ha acabado siendo la “profecía autocumplida” que compromete, sin duda, la imagen rusa ante la opinión pública occidental mientras favorece los intereses de EEUU. Pero ¿cómo puede beneficiar una guerra en Europa a EEUU? La respuesta está en la pugna geopolítica y en los intereses geoeconómicos que acompañan la expansión de los Estados y sus empresas, sea por la vía territorial o por la vía de los negocios. 

Aunque no sea la única, la búsqueda de la preeminencia económica a través del control de los recursos o neutralizando bloques comerciales antagónicos es una de las claves geopolíticas detrás de todo conflicto.

En esta lógica se encuentra el uso de la economía como arma de guerra. Sin embargo, se habla poco de este tema. Los documentos estratégicos de EEUU llevan años visualizando a Rusia como una amenaza. La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Obama, publicada en 2015, establecía la “capacidad única” de EEUU para “movilizar y liderar a la comunidad internacional” ante desafíos crecientes, entre los que estaba la “agresión de Rusia”, al mismo nivel que la seguridad cibernética, el cambio climático y el brote de enfermedades infecciosas. 

Uno de los problemas destacados con Rusia, segundo exportador de petróleo y gas del mundo, era la “dependencia europea del gas natural ruso y la voluntad de Rusia de utilizar la energía con fines políticos”. A la vez, EEUU celebraba su propio liderazgo como principal productor de gas y petróleo en el mercado energético mundial y la reducción de su dependencia del petróleo extranjero. La producción estadounidense, a diferencia de la rusa, era presentada como algo positivo para “mantener los mercados bien abastecidos y los precios propicios para el crecimiento económico”. 

La dependencia energética de Europa respecto de Rusia era vista como un problema de seguridad que llevaba a EEUU a “promover la diversificación de combustibles y rutas de energía”, aun a costa de sacrificar el interés económico de sus aliados europeos. Por eso, en 2019, bajo la presidencia de Donald Trump, EEUU promulgó una Ley de Protección de la Seguridad Energética Europea que sancionaba a empresas y particulares involucrados en la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2, que conectaba a Rusia con Alemania. 

En julio de 2021 el Gobierno de Biden acordó con Alemania que uniría esfuerzos con EEUU para la contención de Rusia en apoyo a Ucrania y a la soberanía energética europea, incluyendo sanciones al sector energético ruso “para limitar las capacidades de exportación rusas a Europa en el sector energético”. Con el estallido de la guerra, EEUU ha logrado superar las reticencias previas de algunos Estados de la UE y que la Comisión Europea acuerde la “acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible” (REPowerEU). Uno de los resultados de la guerra en Ucrania es que varios países de Europa van a dejar ahora de comprar gas ruso para comprar gas a Estados Unidos a un precio más caro. 

No obstante, desde que empezó la guerra, líderes europeos y estadounidenses como Joe Biden, Josep Borrell, Ursula Von der Leyen o Jens Stoltenberg, seguidos por gran parte de los opinólogos mediáticos, han planteado la necesidad de que Europa combata a Rusia en Ucrania como una lucha entre “autócratas” y “demócratas”. 

Esto no es más que la construcción de un relato que sirve para presentar, como en otras guerras, un mundo binario donde el “bien” se enfrenta al “mal” pero que omite los elementos geopolíticos y geoeconómicos que guían el comportamiento de los actores políticos. Se busca el respaldo social yendo a lo simple y emocional porque pedirle a la población que apoye esfuerzos bélicos para contener geopolíticamente a Rusia, máxime si hay que hacerlo a costa de sacrificios económicos y vidas humanas, es más difícil.

Pero, como alerta la empresa estadounidense de inteligencia Stratfor –poco sospechosa de ser prorrusa–, este discurso no logra ocultar que muchos de los aliados de EEUU y la UE no son democracias y se necesita negociar con ellos. El contraste genera preguntas incómodas cuando se demuestra que las afinidades o enfrentamientos geopolíticos no están fundamentados en elevados valores éticos sino en simples y puros intereses. Que le pregunten, por cierto, a Nicolás Maduro qué valores ha tenido que cambiar para que EEUU se siente con él a negociar la venta del petróleo venezolano después de años de proscripción y acoso a la Revolución bolivariana. Sacar del mercado a las empresas energéticas rusas ha hecho que EEUU y la UE se olviden de Juan Guaidó y la “lucha por la democracia” en Venezuela. Cosas de la geopolítica.

Tratar de explicar las disputas geopolíticas detrás de los conflictos actuales pasa por desnudar las cuestionables acciones que todo Estado imperial realiza para imponer su dominio en un sistema internacional que se encuentra en transición. El paso a un nuevo orden liderado por China, el principal “competidor estratégico” de EEUU, cuya contención es prioritaria en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2022, no se prevé pacífico. Pronto escucharemos sobre el peligro que supone la Nueva Ruta de la Seda china para la seguridad mundial. Podremos entonces creer que el problema para EEUU es el ataque a los valores que dieron lugar al orden institucional posterior a la Segunda Guerra Mundial y su sustitución por un nuevo orden liderado por autocracias o “democracias iliberales”. O podremos creer que el problema es que Estados como China o Rusia tienen proyectos geopolíticos propios que socavan el liderazgo global de EEUU. De hecho, pudiéramos creer en las preocupaciones éticas estadounidenses ante los crímenes de otros países si no fuera porque su clase dirigente no tiene inconveniente en que otros surtidores energéticos, como su aliada Arabia Saudí, mantengan una posición preeminente en el mercado mundial petrolero a la vez que bombardean población civil de terceros países como Yemen o asesinan con impunidad a algunos de sus propios periodistas críticos.

Aunque cueste verlo desde Europa, desde hace mucho tiempo EEUU ha perdido el liderazgo moral entre la mayoría de países del Sur Global. Un Sur Global que ha comprobado que no hay igualdad efectiva en el sistema internacional pues el poder se dirime, en última instancia, a través del uso de la fuerza y el derecho internacional es papel mojado desde el momento en que la soberanía de sus Estados es vulnerada si sus pueblos no eligen a mandatarios dóciles a los intereses hegemónicos. Ahora que la invasión de Ucrania nos ha sensibilizado a todos con las dramáticas consecuencias de las guerras en las poblaciones civiles y los peligros de violar la legalidad internacional, es urgente recordar que el respeto al derecho internacional no debería ser un acto enunciativo y parcializado sino una exigencia a todos los actores internacionales, con independencia de su peso. Mientras esto no se realice y las víctimas de unas guerras sean más importantes que otras en función de quiénes son nuestros aliados y nuestros intereses en los conflictos, o unos crímenes deban ser más perseguidos porque los realizan nuestros enemigos geopolíticos, la credibilidad de nuestros líderes políticos, periodistas o analistas continuará en entredicho.