En el contexto de la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, el Gobierno central decidió establecer un impuesto temporal que gravara las grandes fortunas. Este impuesto se concebía como un complemento al impuesto de Patrimonio, allí donde éste estaba en vigor, y un sustitutivo allá donde la derecha lo había neutralizado. Los tres territorios históricos de la CAV pertenecen al primer grupo, por lo que el nuevo impuesto debía adaptarse aquí al de Patrimonio. La necesaria adecuación permitía que las haciendas de la CAV incrementaran la presión fiscal equiparando los tipos de Patrimonio a los del nuevo impuesto de las grandes fortunas. Pero eso no ha sido así.

Primeramente, las tres diputaciones eligieron tramitar esta adecuación en forma de norma foral, lo que retrasó el proceso y provocó, que, a diferencia de Navarra, en la CAV el impuesto de grandes fortunas no afecte al año 2022. Y después, hemos conocido que las tres diputaciones gobernadas por el PNV y el PSE tampoco tienen intención de elevar los tipos para recaudar más. Según su proyecto, el impuesto solo afectará a los patrimonios superiores a los 16 millones de euros, unas 300 personas del total de 17.000 que están sujetos al impuesto de Patrimonio. El resto se quedará como estaba.

Esta decisión, cumpliendo formalmente la ley, deja prácticamente desactivado el potencial del nuevo impuesto. Es por eso que la hemos definido como “un pase foral para ricos”. Urkullu ha criticado la política fiscal de Ayuso, definiéndola acertadamente como dumping fiscal. Ahora su partido practica un micro-dumping fiscal, haciendo que los ricos de la CAV tributen menos que los del resto del Estado. Una vez que EH Bildu ha denunciado esta situación, los responsables forales han replicado con el débil argumento de que el impuesto de Patrimonio recauda más que el de Grandes fortunas. ¡Pues claro! Pero es que no son impuestos excluyentes ya que la situación permitía integrar ambos en un instrumento con mayor capacidad recaudatoria. Posibilidad a la que premeditadamente han renunciado.

El resultado es que con la propuesta del PNV y el PSE se recaudarán apenas algunos millones más, en lugar de decenas de millones más. El PNV y el PSE han preferido que esas decenas de millones permanezcan en el bolsillo de las 17.000 personas más ricas de la CAV, en lugar de servir para reforzar los servicios públicos, el reparto de la riqueza y la promoción de la economía. Toda una declaración de intenciones en la antesala de una reforma fiscal largamente esperada que nos tememos que vaya a estar auspiciada por los mismos criterios regresivos con los que han afrontado la adaptación del Impuesto de las Grandes Fortunas.

En un momento de profundas transformaciones, la cuestión fiscal es uno de los grandes debates políticos globales. La eficacia de las elites neoliberales en la erosión de las capacidades fiscales de los Estados ha debilitado el músculo de las administraciones públicas hasta tal punto que empiezan a proliferar voces insospechadas pidiendo un nuevo enfoque en este terreno. Hay vientos de cambio en el debate fiscal global. Pero lo que no parece cambiar es la fidelidad del PNV a una política fiscal a favor de las élites. En EH Bildu tenemos claro que trabajaremos lograr una profunda reforma fiscal que responda a las necesidades de las personas de este país.

Una crisis económica puede entenderse, desde cierta concepción del papel de la oposición política, como una oportunidad para desgastar al gobierno de turno. Sin embargo, en EH Bildu entendemos que en estas situaciones la prioridad es responder unidas para proteger a la ciudadanía. Desde el inicio de la invasión de Ucrania hemos venido solicitando un amplio diálogo social y político para hacer frente a la aguda crisis que esta guerra está provocando. Un diálogo que diera pie a un plan integral de medidas que, bajo el paradigma de ‘Economía de la Protección’, generara seguridad a la ciudadanía mediante la activación de todos los recursos existentes para minimizar el impacto social de la crisis en curso.

Pero pronto constatamos que el Gobierno vasco estaba una vez más en otra onda. Las semanas pasaban sin diálogo y sin medidas, mientras bajo el marco de ‘Economía de Guerra’ anunciaban tiempos de apretarse el cinturón. Urkullu elegía además un papel subsidiario frente a otras instituciones que desvalorizaba el valor del autogobierno como garante del bienestar de la ciudadanía vasca.

La convocatoria, a instancias de nuestro grupo, de un pleno monográfico en el Parlamento de Gasteiz parecía ofrecer un punto de inflexión que permitiera corregir esa actitud tanto en la forma, asumiendo el diálogo y una gobernanza compartida, como en el fondo, articulando finalmente el amplio plan integral que la situación exigía.

Desgraciadamente, no fue así. En lugar de corregir errores, el Gobierno profundizó en ellos. Urkullu llegó al pleno sin haber desarrollado un diálogo real y con nula voluntad de negociación. Urkullu vino a hacer un monólogo. Traer una propuesta cerrada para presentar más tarde las pequeñas coincidencias parciales como adhesiones a la política del Gobierno es una falta de respeto. El Parlamento no es una sala de prensa. Por eso, desde EH Bildu censuramos tanto el intento del PNV de convertir el Parlamento en un decorado, como la insuficiencia de las medidas presentadas. Porque si es grave presentar un paquete de medidas cerrado y decidido unilateralmente, peor aún es dar la espalda a las necesidades de las personas en estos momentos tan difíciles.

No es aceptable que el Gobierno descalifique la necesidad de adoptar un plan integral, como sí ha hecho el Gobierno de Madrid, diciendo que eso supondría “cambiar de arriba abajo todo lo que se ha hecho hasta ahora”. No es de recibo que en medio de la mayor crisis inflacionaria en décadas el Gobierno vasco se lave las manos ante la trascendental cuestión de las subidas salariales, y menos aún que responda a la petición de actualización de las prestaciones sociales limitándose a la nadería de solicitar que las oficinas de Lanbide sigan atendiendo las solicitudes. Ni que mire hacia otro lado ante la subida de los precios de la energía sin apoyar a la ciudadanía para hacerla frente. Ni que rechace propuestas ambiciosas pero realistas, algunas idénticas a las que se han aprobado en países como Francia o Alemania, calificándolas de “demagogia” o “modelo mágico”.

Y como todo es susceptible de empeorar, a la falta de diálogo político y la insuficiencia de las medidas de respuesta, el PNV añadió la pataleta de tratar de castigar a EH Bildu por sus críticas, rompiendo los limitadísimos acuerdos que se habían logrado. Ni grandes acuerdos, ni medidas efectivas, ni respeto a la crítica. Pobre balance para el Gobierno el de este monográfico, y peor aún, pobres resultados para la gente de este país. A pesar de la oportunidad perdida, vamos a seguir peleando por lograr el clima político y los resultados que la situación requiere: altura de miras y respuestas eficaces. Porque la gente nos demanda protección, respuesta colectiva y soluciones ante la inflación y la inestabilidad económica. Y eso es lo que seguiremos empeñados en lograr: acuerdos reales que den lugar a respuestas acordes a la dimensión del reto colectivo que afrontamos.