La inflación climática es un problema que ya sufrimos, y todo apunta a que se mantendrá y, probablemente, se agravará en el futuro. Si bien no somos muy conscientes de su existencia, desde hace un tiempo, una parte de la inflación que tenemos ya se debe precisamente a las consecuencias del cambio climático. De hecho, no podemos obviar que la última escalada de precios, causada por la crisis energética y la subida de los alimentos, no se ha debido sólo a cuestiones geopolíticas sino también a cuestiones ambientales. 

Entre los factores que influyen en la subida de precios por motivos climáticos, estaría el proceso de substitución de los combustibles fósiles por energías renovables, que conlleva grandes inversiones para adaptar las instalaciones existentes o construir nuevas más sostenibles, de modo que los costes de la llamada “transición verde” se terminan repercutiendo inevitablemente en las facturas de los clientes finales. Además, a medida que la producción de combustibles fósiles se vaya reduciendo, también se producirán desajustes en el mercado que empujarán los precios de la energía al alza. 

Otro de los factores serían los propios fenómenos climáticos extremos, como las heladas fuera de tiempo, las inundaciones, la aparición de plagas y, sobre todo, la sequía. Todas las alteraciones del clima tienen un efecto directo e inmediato en la agricultura y la ganadería, afectando a las cosechas y a la producción ganadera. Es evidente que una reducción en la producción de alimentos implica un aumento de los precios por no poder atender la demanda, y también por el sobrecoste de tener que importar esos mismos productos para abastecer el mercado.

Un reciente estudio del Banco Central Europeo (BCE) alerta que el aumento de temperaturas de los próximos años provocará un aumento de la inflación en general y de los precios de los alimentos en particular. También advierte que estos aumentos de precios, provocados por la inflación climática, serán muy distintos según los países, lo cual dificultará la calibración de una política monetaria única. Por consiguiente, si estas predicciones se cumplen, las políticas monetarias del BCE para combatir la inflación no solo deberán tener en cuenta el factor climático sino que, además, su desigual impacto entre los distintos países de la Unión Europea.

España sale malparada en cuanto a inflación climática se refiere. En primer lugar, en materia energética, España siempre ha dependido de las importaciones de gas y petróleo de terceros países. Mientras esto sea así, nuestra balanza comercial estará sometida a las subidas de los precios de la energía de los mercados internacionales, las cuales se trasladan directamente a los precios finales que pagamos los consumidores. 

En cuanto a los fenómenos climáticos, la producción agraria y ganadera en España se está viendo muy afectada por la sequía de los últimos tiempos, así como por otros fenómenos adversos más puntuales pero cada vez más frecuentes. La fuerte subida del precio del aceite; el ERE anunciado por Freixenet ante la drástica reducción del cultivo de uva, o la crisis en la producción del zumo de naranja, serían ejemplos de cómo los efectos del cambio climático en el campo español terminan afectando a la estabilidad de los precios de los alimentos en nuestro país.

Por último, aunque no menos importante, también se vería afectado uno de los principales sectores económicos de España: el turismo. En un país que hace bandera del buen tiempo y de sus playas, es evidente que el cambio climático también es una gran amenaza, obligando a grandes inversiones como, por ejemplo, la continua regeneración del litoral o la construcción de desalinizadoras. Igualmente, se ve afectado por el precio de los carburantes para el transporte o por los nuevos impuestos medioambientales. Todo ello, sin duda, termina repercutiendo y encareciendo la factura de los servicios turísticos.

Si aceptamos que la inflación climática se debe a los efectos del cambio climático, lo lógico para reducirla sería adoptar todas aquellas medidas que sean oportunas para combatir las causas del cambio climático. Más allá de las grandes inversiones que tengan que realizar los países y las empresas para reducir su huella de carbono, nosotros como consumidores también podemos colaborar aplicando la regla de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar. 

En términos de inflación, todo aquello que permita ajustar la oferta y la demanda tendrá un efecto positivo en la estabilidad de los precios. En este sentido, reducir el consumo tiene un efecto directo en la demanda, mientras que reciclar y reutilizar permiten reducir los costes de producción y satisfacer una parte de la demanda a menor precio. No sólo se trata de producir más barato, también de consumir de forma más sostenible.

En todo caso, también tendría que reconocerse el esfuerzo económico de aquellos que están dispuestos a soportar mayores costes por realizar actividades no contaminantes o que favorecen la descarbonización, evitando de este modo que todo el sobrecoste de la inflación por causas climáticas recaiga inevitablemente en los consumidores. Ciertamente, quien más contamine que más pague pero, mientras persistan los efectos del cambio climático en los precios de bienes y servicios, seguiremos pagando todos de una manera u otra.

Se ha presentado en el Congreso de los Diputados la 'proposición de Ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca'. Una iniciativa del Grupo Mixto que, según su exposición de motivos, tiene como objetivo redistribuir los beneficios extraordinarios de la banca para redirigir los recursos públicos a la economía real. 

Lo que de entrada llama más la atención de esta iniciativa legislativa es sin duda el nombre asignado a la propuesta del nuevo gravamen. Hasta ahora, el nombre de los tributos se solía relacionar con su naturaleza o hecho imponible, esto es, la circunstancia o presupuesto de hecho que la ley establece para configurar cada imposición, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, es decir, la razón que conlleva el pago de la misma. 

De este modo, aunque no se tengan conocimientos fiscales, todo el mundo puede comprender qué gravan, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre bienes inmuebles, o la tasa por la recogida de basuras. Todos ellos incluyen en su nombre una breve pero clara definición del objeto de los mismos.

Ávido de conocer cómo sus señorías habrían definido este nuevo impuesto con un nombre tan poco jurídico, resulta que proponen gravar las ganancias de las entidades de crédito derivadas de los intereses y comisiones ingresadas anualmente durante los años 2023, 2024 y 2025, queriendo emular el gravamen temporal a las entidades de crédito del 4,8% aprobado por el Gobierno a finales de 2022 y que ha permitido ingresar a la Hacienda pública más de 1.200 millones en 2023.

Concretamente, quieren establecer un doble gravamen temporal sobre tales ganancias. En primer lugar, un gravamen del 10% a la suma del margen de intereses y comisiones derivados de la actividad que desarrollen las entidades de crédito en España, que duplicaría al ya existente. Y, en segundo lugar, otro gravamen del 75% sobre la suma del margen extraordinario de intereses y comisiones derivados de su actividad que se sitúen por encima del 5% del margen obtenido en 2022, lo que consideran beneficios caídos del cielo.

Está claro que los intereses y comisiones que ingresan los bancos no caen del cielo, sino que provienen de los bolsillos de sus clientes. Y tampoco serían ingresos debidos a una coyuntura económica ajena a las decisiones de los gestores de las entidades bancarias, como podría ser la inflación en el sector comercial o la limitación de precios en el sector energético. No, no se trataría de un windfall profits (que es de donde viene este concepto de ganancias extraordinarias en inglés) sino de beneficios fruto de la decisión de aumentar el cobro de intereses y comisiones, mientras apenas se retribuyen los depósitos de los clientes.

Tales beneficios son lícitos aunque para muchos puedan ser reprobables. Si lo que se quiere es aumentar las contribuciones de las entidades bancarias para que las mayores ganancias de unos pocos reviertan en beneficio de todos mediante impuestos, en lugar de crear un nuevo gravamen ad hoc quizás se podría plantear una reforma del Impuesto de Sociedades que ya grava los beneficios empresariales. Si se ha logrado un tipo impositivo mínimo de sociedades del 15% en los Estados miembros de la UE, por qué no pensar en un impuesto más progresivo que tenga en cuenta los mayores beneficios sin importar el sector de actividad, en vez de ir parcheándolo con bonificaciones, tipos reducidos y gravámenes especiales en función de coyunturas y decisiones reactivas.

El debate entre proporcionalidad y progresividad de los impuestos viene de lejos. Lo cierto es que la progresividad en el Impuesto sobre Sociedades no tiene muchos partidarios ya que se argumenta que las empresas con mayores beneficios no tienen porque ser propiedad de accionistas con una mayor capacidad económica, de modo que en estos casos el impuesto no sería verdaderamente progresivo. No obstante, cada vez que los bancos o grandes empresas anuncian extraordinarios beneficios se genera una ola de indignación y nadie se acuerda del accionariado.

En cualquier caso, el conocido como ‘impuesto a la banca’ ya está en los tribunales y, de aprobarse este nuevo gravamen, con toda seguridad también terminará allí. Esperemos que la justificación y configuración de ambos gravámenes sean finalmente avaladas por los jueces ya que, en caso contrario, todo el dinero recaudado tendrá que volver a las entidades bancarias y no, tampoco será dinero caído del cielo, será dinero que saldrá de los bolsillos de todos los contribuyentes que siempre acabamos pagando las ocurrencias o excesos de nuestros dirigentes políticos. 

Los precios de los carburantes vuelven a dispararse y situarse en máximos no vistos desde la crisis energética. Este fuerte repunte se explica no sólo por el veto de Estados Unidos y Europa a las importaciones de crudo procedentes de Rusia, sino también por la reciente decisión de Arabia Saudí de mantener el recorte de su producción, junto a la actual debilidad del euro frente al dólar, formando todo ello una tormenta perfecta que no parece que vaya a escampar a corto o medio plazo.

Ya se escuchan voces que piden la intervención del Gobierno para que vuelva a aplicar ayudas directas para los conductores no profesionales, tal y como hizo de marzo a diciembre de 2022, cuando la gasolina superó los 2 euros el litro y se aprobó un descuento de 20 céntimos por litro. No obstante, en pleno proceso de investidura, ya veremos si el Gobierno en funciones decide intervenir de nuevo y con qué medida. 

También están en el punto de mira el IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos que gravan la gasolina y el diésel de los coches de combustión, los cuales suponen alrededor del 40% del precio que pagamos cada vez que repostamos. Sin embargo, y a pesar de los altos precios de los carburantes, no podemos olvidar la importante función de los llamados impuestos medioambientales en plena crisis climática mundial.

Llegados a este punto, no se comprenden los motivos por los que el carburante que utilizan los aviones apenas está sujeto a tributación en Europa y España. En nuestro país sólo se aplica un IVA reducido del 10% al combustible y a los billetes de los pasajeros de los vuelos nacionales, mientras que los vuelos internacionales y transoceánicos no pagan ningún impuesto, ni por el combustible, ni por los billetes, ni tampoco por sus emisiones contaminantes.

Según un informe de este pasado verano de la ONG Transport & Environment, la Unión Europea dejaría de ingresar más de 34.220 millones de euros por la falta de impuestos sobre el sector aéreo, siendo en el caso de España nada menos que 4.610 millones de euros. Por una parte, por las exenciones sobre los carburantes usados por las compañías aéreas y los billetes comprados por los usuarios. Y por otra, por la falta de gravámenes medioambientales sobre las emisiones contaminantes de los aviones.

Y todo ello en aplicación de una directiva europea de 2003 que continúa declarando exentos de IVA a los carburantes usados en la navegación aérea distinta de la navegación aérea de recreo privada, es decir, que dejaría fuera de tributación a la navegación comercial y de transporte de mercancías. Y también de otra directiva de 2006 que permite la exención del IVA al transporte internacional de viajeros por vía aérea. Ambas exenciones oportunamente recogidas en nuestra normativa nacional del impuesto.

Lo cierto es que la Comisión Europea propuso en 2021 una nueva directiva para reestructurar el régimen impositivo de los productos energéticos en la UE, entre cuyas medidas destaca la propuesta de poner fin precisamente a las actuales exenciones que se aplican a la navegación aérea comercial dentro de la UE. No obstante, no se pondrían fin a las exenciones para el transporte aéreo de mercancías, ni tampoco para los vuelos fuera de la UE. Dicha propuesta, cuyo horizonte se sitúa en 2030, de momento sigue su tramitación y está siendo objeto de debate por parte de los miembros del Consejo.

No parece razonable que el sector aéreo, responsable del 5% de las emisiones de CO2 dentro de la UE según la Agencia Europea de Medio Ambiente, no contribuya a las arcas públicas como el resto de las industrias contaminantes y de los ciudadanos, ni directamente por sus emisiones contaminantes, ni indirectamente por el consumo de combustibles fósiles y la prestación del servicio de transporte. 

Si el objetivo es dar respuesta a los desafíos relacionados con el medio ambiente y lograr los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, así como disminuir la contaminación atmosférica, no se puede aceptar que llenar el tanque de un avión no devengue ningún impuesto frente a llenar el depósito de un coche, como si viajar en avión resultase menos perjudicial para el medio ambiente que usar el automóvil.

Ni tampoco es admisible que, frente a la acuciante necesidad de recursos para hacer frente a los retos del cambio climático, un sector económico con un importante impacto medioambiental quede exento de su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la conservación del medio ambiente, eludiendo los principios tributarios de capacidad económica y progresividad.

Obviamente, todas estas medidas incrementarán los costes del servicio y algunos terminarán repercutiendo en el bolsillo de los pasajeros, pero sin alternativas energéticas realmente limpias, es necesario mantener el principio de “quien contamina, paga” y hacerlo extensivo también al transporte aéreo, en caso contrario, que los carburantes estén por las nubes no tendrá sólo un sentido figurado.

Han vuelto los impuestos a protagonizar el debate político, si es que alguna vez dejaron de hacerlo, con la eterna discusión de si estos deben bajar o subir, especialmente en períodos de crisis económicas. Nada que objetar a las distintas y lícitas propuestas de bajadas y subidas de impuestos, siempre y cuando se explique con detalle (¡y números!) a qué sujetos y partidas de gasto público afectarán. No debemos olvidar que los presupuestos públicos están obligados a buscar la estabilidad entre los ingresos y los gastos, de modo que cualquier variación de los primeros tiene un impacto directo en los segundos. 

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que es mucho mejor contar con servicios públicos preparados para hacer frente a problemas y situaciones que pueden afectar al conjunto de los ciudadanos, sin importar dónde residen o cuál es su capacidad económica. Pero la gestión y prestación de los servicios públicos precisan de recursos suficientes y, hoy por hoy, la mayor parte de los mismos proceden de los impuestos y de la deuda pública.

Ahora bien, sin fuentes de ingresos alternativas, no podemos aspirar a pagar los mismos impuestos que en Andorra y a la vez disfrutar de los servicios públicos que tienen en Finlandia o Dinamarca. Sin duda, nuestro estado de bienestar pasa necesariamente por sufragar servicios públicos adecuados acorde con la riqueza de nuestro país en términos de Producto Interior Bruto. 

Pero los ingresos y gastos públicos no solo sirven para tener y mantener los servicios públicos, también permiten redistribuir la riqueza, especialmente mediante la progresividad de los impuestos (quién más tiene más contribuye) y la concesión de ayudas directas a determinados colectivos (para reducir las brechas sociales). De modo que la política fiscal formaría parte indisociable de la política social que realizan los gobiernos.

Asimismo, y más allá de las bajadas y subidas de impuestos, también sería necesario, en el apartado de los ingresos, poner el foco (¡y recursos!) en perseguir a aquellos que cometen fraude fiscal y operan con total impunidad en la economía sumergida. Mientras que, en el apartado de los gastos, resulta imprescindible terminar con la corrupción y mejorar la eficiencia del gasto público y, sobre todo, evaluar de una vez por todas el impacto de las políticas públicas (asignatura pendiente en España). Sin un sistema tributario justo no es posible construir una sociedad sin conflictos ni desigualdades.

En este debate, querer sustentar las propuestas de rebajas fiscales con el argumento de que es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que en el de los de Hacienda, nos llevaría, de ser cierto, a la conclusión de que lo mejor sería que no existiera ningún impuesto y que cada individuo pudiera destinar todas sus rentas como mejor le parezca. Demasiadas guerras y revoluciones ha sufrido la humanidad como para volver a plantear una sociedad basada en las desigualdades sociales de la ley del más fuerte (o del que más tiene) y del sálvese quien pueda (en una suerte de individualismo extremo).  

Tampoco la posición contraria, la de dejar todo en manos del Estado, sería la mejor opción, de lo cual también tenemos suficientes evidencias en la reciente historia de Europa. No parece que las recetas del neoliberalismo o del neocomunismo sean la mejor solución para el actual escenario, y mucho menos si estos son autoritarios.

En el ámbito tributario es necesario encontrar puntos de equilibrio y llegar a consensos para que todo el mundo contribuya al gasto público teniendo en cuenta su verdadera capacidad económica, ni más ni menos, y para que el Estado social y de derecho que proclama la Constitución no sean palabras irrealizables. Necesitamos un sistema tributario que garantice todo eso y, puestos a pedir, con suficiente seguridad jurídica para no tener que acudir continuamente a los tribunales. En esto tendrían que andar nuestros políticos, en lugar de seguir con el griterío y desencuentro permanente al que ya nos tienen acostumbrados.

Alguien dijo que no hay que terminar con los ricos, sino terminar con los pobres. Yo me conformaría con terminar con la corrupción y el fraude fiscal y, por supuesto, con la continua bronca política sin contenido que se ha apoderado del discurso público. Entre un país sin impuestos y otro libre de corrupción, fraude y propuestas vacías, sin duda me quedo con el segundo.

Aunque pueda sonar a chiste, es la seria propuesta que están estudiando en Nueva Zelanda para atajar una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero que afecta al país. Con una población de 5 millones de habitantes, pero con más de 10 millones de vacas y de 26 millones de ovejas, resulta que casi la mitad de las emisiones de dichos gases en aquel país provienen de los estómagos de los animales, principalmente en forma de metano, que son expulsados mayormente vía eructos.

El metano es un gas más potente y dañino para el calentamiento global que el dióxido de carbono que emiten los vehículos de combustión y, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de Naciones Unidas, solo el ganado de granja es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, estimando por ejemplo que cada vaca puede llegar a eructar hasta 500 litros de metano al día. Sin embargo, hasta el momento, las emisiones de estos gases no se han incluido en el sistema de comercio de derechos de emisión.

El ministro neozelandés para el cambio climático planea gravar las emisiones de gases de los animales de granja a partir de 2025 mediante un sistema de fijación de precios de las emisiones contaminantes procedentes de la ganadería similar al existente para las industrias. De este modo, se establecerán límites de emisión a las explotaciones ganaderas que recibirán derechos de emisión a cambio del pago del gravamen, los cuales, posteriormente, podrán comercializar entre ellas en función de los excedentes o necesidades de derechos que tuvieran al final de cada año. Con ello se persigue incentivar la reducción de dichas emisiones.

El plan contempla diferentes actuaciones para lograr la reducción de los gases emitidos a la atmósfera, como el uso de algas u otros aditivos alimentarios en la comida de los animales o la plantación de árboles en los terrenos de las granjas para compensar el impacto de la contaminación. Incluso se estudia la posibilidad de usar máscaras faciales para el ganado que atrapen los gases y los filtren antes de que se exhalen al exterior. En cualquier caso, la existencia de alternativas para poder reducir los efectos contaminantes de la actividad ganadera y, por consiguiente, poder reducir la carga fiscal introducida por este nuevo impuesto, permite hablar de fiscalidad medioambiental o de cómo los tributos pueden ayudar a la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, demasiadas veces, y en nuestro país tenemos sobrados ejemplos, se llama fiscalidad medioambiental a una serie de impuestos que penalizan actividades perjudiciales para el medio ambiente, pero sin que existan opciones reales para los obligados al pago, o las que existen son demasiado caras, las cuales les permitan cambiar de hábitos para dejar de contaminar. El hecho de aumentar los costes (y precios) de productos y servicios contaminantes vía impuestos cuando los consumidores no pueden optar a otros, termina generando la percepción de que la fiscalidad medioambiental no está pensada realmente para ayudar a la lucha contra el cambio climático sino simplemente como una nueva vía para aumentar la recaudación de ingresos públicos.

Pero, además de no lograr los objetivos para los que fueron creados, muchos de estos impuestos llamados verdes o medioambientales resultan regresivos, dado que refuerzan la idea de que no se paga por contaminar sino que se puede contaminar si se paga, de modo que aquellos que se lo pueden permitir pueden seguir contaminando. Si los ganaderos tienen que hacer frente a nuevos costes debido al gravamen por la emisión de gases contaminantes de sus animales y no se les ofrecieran alternativas para poder reducirlas y evitar su pago, el objetivo bienintencionado (y publicitado) de combatir los efectos negativos del cambio climático serían pura retórica. En cambio, si a la vez que se crea el impuesto, se implantan y ofrecen alternativas para reducir las actividades contaminantes y, por consiguiente, también la factura impositiva, entonces el objetivo de la fiscalidad medioambiental de incentivar el cambio en el comportamiento de los ciudadanos adquiere todo su sentido.

Aplicar un impuesto a los eructos de las vacas podría parecer una estrafalaria ocurrencia para conseguir recursos públicos, pero atendiendo a los planes del gobierno neozelandés puede resultar una herramienta francamente útil para lograr su objetivo de reducir la contaminación de la actividad ganadera en aquel país, a la vista de las alternativas que ofrecen a los ganaderos. En cambio, cuando en nuestro país se propone aumentar las tasas por el uso de aviones y barcos sin que existan otras opciones de transporte menos contaminantes pero igual de eficaces, o se decide incrementar la fiscalidad de los vehículos de combustión privados y de los combustibles fósiles cuando los coches eléctricos cuestan el doble o no se dispone de un transporte público alternativo adecuado, o se planea gravar la congestión en la grandes ciudades o el uso de las vías rápidas sin ofrecer alternativas de movilidad planificadas, aunque todo ello no nos haga ninguna gracia, desde el punto de vista de la fiscalidad medioambiental se trataría de una broma, pero no en la acepción del término que significa diversión, sino en la de cosa cara o molesta.

Por todo ello, bienvenida sea la fiscalidad medioambiental, siempre y cuando sirva verdaderamente para luchar contra el cambio climático, pero llamemos directamente fiscalidad para contaminar al resto ya que, mientras los contribuyentes no tengan alternativas que les permitan cambiar de forma fácil y rápida sus actividades contaminantes, sus efectos no se notarán en el medioambiente, sino mayormente en sus bolsillos y los de Hacienda, claro. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una pareja de hecho es la unión de dos personas que conviven como un matrimonio sin serlo. En cambio, si buscamos su definición legal, resulta que puede haber hasta diecisiete al no ser una materia de ámbito estatal sino regulada directamente por las comunidades autónomas, de modo que puede variar en función del territorio. No obstante, casi todas coinciden en definirla como la unión entre dos personas de forma libre, estable y pública, dándole publicidad mediante su inscripción en el correspondiente registro autonómico. En la práctica, este registro es el que permite a este tipo de parejas acceder a las prestaciones públicas como medio de prueba de su convivencia, provocando un sinfín de recursos por trato discriminatorio de las parejas no registradas que siempre terminaban desestimados. 

Sin embargo, hace justo un año, el Tribunal Supremo sorprendió con una novedosa sentencia que otorgaba el derecho a percibir la pensión de viudedad al sobreviviente de una pareja de hecho no registrada, al admitir la posibilidad de demostrar la unión de la pareja mediante un certificado de empadronamiento. De este modo, cuestionó el criterio legal aplicado hasta entonces de que solamente las parejas de hecho inscritas en un registro oficial podían ser reconocidas oficialmente como tales a los efectos de obtener las pertinentes prestaciones establecidas por la ley, y declaró por primera vez admisible cualquier medio de prueba válido en Derecho que permitiera acreditar la convivencia de la pareja de hecho de manera inequívoca.

Por su parte, hace un par de meses, el Tribunal Constitucional también rechazó que la única vía para acreditar la convivencia de una pareja de hecho fuera la inscripción en el correspondiente registro autonómico, y aceptó que la pareja de hecho pudiera acceder a un determinado beneficio fiscal al acreditar su convivencia mediante su inscripción en un registro municipal. En opinión del alto tribunal, si no se aceptase, la Administración trataría de forma desigual a situaciones material y jurídicamente iguales, lo cual sería contrario a la Constitución y, concretamente, al art. 14 que establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

Aclaraba esta segunda sentencia que no se cuestionaba la exigencia legal de inscripción registral de las parejas de hecho, requisito que en su momento ya se declaró conforme a la Constitución por perseguir una legítima finalidad de seguridad jurídica y evitación de fraude. Pero el Tribunal Constitucional sí consideraba oportuno destacar que, la ausencia de una regulación estatal uniforme sobre esta cuestión no podía ir en detrimento de los ciudadanos, hasta el punto de que la falta de reconocimiento de las inscripciones por razón del lugar del registro pudiera llegar a causar una posible discriminación cuando los requisitos materiales para inscribirse fuesen idénticos.

Cuando más parecía que los tribunales estaban dando un giro de ciento ochenta grados sobre esta cuestión, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, y que además fija doctrina, deshace el camino andado y vuelve a declarar que solamente las parejas de hecho inscritas oficialmente en un registro autonómico o municipal pueden acceder a las prestaciones públicas legalmente establecidas, negando la posibilidad de demostrar su convivencia mediante cualquier otro medio. De nada ha servido que los miembros de la pareja de hecho en cuestión hubieran vivido juntos desde 1965, tuvieran cuatro hijos en común y fueran copropietarios del domicilio familiar, al no ser éstos los medios establecidos por la ley para acreditar la unión de hecho.

El Tribunal Supremo reconoce ahora que la sentencia de hace un año era sobre un caso límite y atendía a las circunstancias tan particulares del mismo, de modo que se trataría de una excepción y no de la norma, la cual deja bien claro que la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del derecho a la pensión de viudedad mediante la inscripción en un registro específico autonómico o local del lugar de residencia y que debe ser anterior, al menos en dos años, al fallecimiento del causante. 

Por todo ello, se cierra la puerta (parece que de forma definitiva) a que las parejas de hecho no inscritas en un registro oficial puedan aspirar a los mismos beneficios establecidos para las parejas efectivamente registradas, recordándoles que no es lo mismo cumplir este requisito que no cumplirlo y, aunque las personas puedan convivir como si de un matrimonio se tratase sin pasar por el altar ni el registro civil, es imprescindible su inscripción si quieren hacer valer ante la Administración su condición de pareja, de lo contrario serán un pareja de hecho… pero sin derechos.