Un modelo que acumula los beneficios en unos pocos y reparte precariedad laboral, pobreza y exclusión social para la mayoría que va dificultando, cada vez más, las condiciones de vida del personal laboral y poblaciones locales, donde los mercados de la vivienda, los alquileres vacacionales y bienes de consumo se van adaptando a los poderes adquisitivos de los visitantes encareciendo todo, desarrollando un proceso de gentrificación que no conocíamos en las islas y un contexto adecuado para la especulación inmobiliaria. 

Esto no puede seguir así. Hay que hablar de modelo de isla que queremos para el futuro, incorporando las lecciones de la crisis sanitaria de la pandemia en un contexto de emergencia climática y después hablamos de turismo y de los otros sectores económicos, de una nueva moratoria turística, de ecotasa, de control de adquisición de viviendas por no residentes, de protección del territorio, de la precariedad laboral y el derecho a la calidad de vida de la población local.

En La Palma tenemos ahora la oportunidad de abordar el desarrollo turístico de otra manera. Tenemos en otras islas el ejemplo claro de lo que no deberíamos hacer, pero, lamentablemente, el actual gobierno insular y el sector empresarial siguen empeñados en reproducir, el modelo turístico que está fracasando en otros lugares.

“Por favor, no conviertan a La Palma en algo de lo que todo el mundo está huyendo”, decía Michael Ben Eli, director del Observatorio de Sostenibilidad de Nueva York, el verano pasado en Los Llanos de Aridane, en el marco de un seminario de formación de Agentes Globales de Sostenibilidad con la colaboración de las universidades canarias. Este americano no necesitó mucho tiempo en La Palma para darse cuenta de que hay mucha sostenibilidad de boquilla, por ejemplo, en el texto del Pacto de turismo, a iniciativa del sector empresarial y autoría intelectual en la consultora Corporación5, firmado por todas las formaciones políticas, en la precampaña de las pasadas elecciones locales del 18 M (2023). Se cita en el texto de dicho pacto unas diez veces el término sostenibilidad y cero referencias a la crisis climática, cuando el Cabildo palmero declaró hace cuatro años la emergencia climática en la isla, nos preguntamos, entonces, ¿a qué sostenibilidad se refiere el Cabildo cuando firma dicho pacto? Pues, ni más ni menos, a la misma sostenibilidad que ellos ven en el campo de golf de Breña Alta, Fuencaliente y el hotel balneario de lujo de Las Manchas. 

En enero de este año se hizo la presentación online del resultado del seminario de formación de sostenibilidad con el informe La Palma Posible - Creando un futuro sostenible para la isla- donde es imposible encajar las infraestructuras turísticas antes citadas y que, con tanto entusiasmo, el Cabildo con la Ley de las Islas Verdes, las han declarado, por unanimidad, de interés insular, dando comienzo a la estrategia de planificación territorial que el profesor palmero de geografía de la universidad de Salamanca, David Ramos, con buen criterio, ha denominado, turistificación. 

Entendemos perfectamente que el turismo debe ser uno de los pilares de la economía de las islas, por lo tanto, lo de las convocatorias de manifestación con el lema CANARIAS TIENE UN LIMITE del 20 de abril no es turismofobia, es el rechazo a un modelo de turismo, turismo de masa, el que se quiere implantar en La Palma, que ha definido muy bien la Fundación Telesforo Bravo:

Y esto es así, porque es lo que está ocurriendo en las zonas turísticas de Canarias, el turismo crece al mismo ritmo que la pobreza y de ahí el creciente movimiento ciudadano de oposición.

En este sentido, para aportar un dato, el servicio de publicaciones del Cabildo de Lanzarote ha editado en el 2023 el libro “Visiones de la historia del turismo en Lanzarote” y en la página 123, encontramos un diagrama de barras donde se refleja la evolución de la población bajo el umbral de la pobreza que se ha duplicado entre los años 2001 y 2018, es decir, en esta isla tenemos un espejo claro donde ver como la pobreza y el turismo crecen a la par y esto no lo queremos para nuestra isla.

¿Y esta es la cara de la locomotora de la economía para el futuro de La Palma de la que habla el presidente de la institución insular?

Lanzarote con una superficie de 745 km2 y una población de 150.000 h. recibió 3 millones de turistas en el 2022, unas veinte veces más que su población residente y se continúa construyendo más hoteles. ¿Se imaginan La Palma con tres millones de turista al año cuando en 2022 recibió 224.355 (ISTAC)?

¿Qué diría César Manrique?

No sabemos qué diría César hoy si levantara la cabeza y viese lo que están haciendo con su isla, pero sí podemos recordar lo que dijo hace unos treinta y dos años en 1992, unos meses antes del desgraciado accidente que acabaría con su vida.

“Todo esto es el resultado de las planificaciones y de los miles de permisos para hacer muchos miles de camas más, hasta llegar a la anulación total del prestigio de nuestra isla, por la enorme cantidad de coches y de un turismo de la más baja calidad, y en donde ya es imposible ir a ninguna parte por estar todo abarrotado…”. Fuente: Lanzarote (1992), Archivo César Manrique, Fundación César Manrique.

Para imaginarnos la actitud de César hoy con respecto a dónde ha llegado su isla con el turismo, no tendríamos que hacer muchos esfuerzos, su indignación sería volcánica como su tierra. 

En mayo 2023 el consejo de gobierno del Cabildo de Lanzarote acordó iniciar el expediente para la declaración de Zona Turísticamente Saturada, en base a un estudio de Gaia Consultores Insulares S.L.U. sobre la capacidad de carga de la isla. Hoy, con un nuevo gobierno insular, después de las últimas elecciones locales, este expediente no solo se ha paralizado sino que han aprobado, en el Plan Parcial de Playa Blanca, la construcción de un nuevo hotel de 685 plazas alojativas. 

En La Palma el turismo debe ser uno de los pilares, no el pilar, del desarrollo económico insular, que ya lo es, si tenemos en cuenta que su aportación a la economía palmera es similar a lo que representa el subsector platanero. Un estudio de la cátedra de turismo de la ULL indica que en el 2014 el turismo aportó 115,75 millones de euros y 111 millones el plátano.

Ni la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus ni las sacudidas del volcán Tajogaite, que abrieron fracturas en la corteza terrestre para vomitar fuego que se llevó por delante todo lo que encontraron a su paso, fueron suficientes para agrietar y cuestionar la inercia desarrollista con infraestructuras turísticas de hace más de treinta años y que hoy se nos presenta como la novedad para el futuro económico de la isla, a través de campos  de golf y hoteles balnearios de lujo que ya conocemos como acaba este relato porque lo estamos viendo en Lanzarote y otras zonas turísticas de Canarias. 

¿Qué se ha hecho, qué se está haciendo? – Mirar al pasado. “El Cabildo apoyará a los inversores que vengan a desbloquear los proyectos de hace treinta años porque el sector turístico es el único que puede crecer”, decía el presidente del Cabildo en Los Llanos de Aridane en febrero de 2024, en la apertura de las jornadas La Palma ante su espejo, organizadas por el sector empresarial. Una concepción del desarrollo turístico basado en el aumento permanente del número de visitantes y en la capacidad de la planta alojativa con el binomio “turismo-construcción” como concepto erróneo de progreso turístico. 

En La Palma todo el poder político de las administraciones locales, gobierno y oposición, junto al económico y sindical (Pacto por el turismo), han entendido que la oportunidad de la recuperación de la crisis volcánica había que aprovecharla para, volver a la carga, con los viejos proyectos desarrollistas de hace más de tres décadas, todas ellas de gran impacto territorial y depredadoras de dos recursos naturales escasos como son el suelo y el agua que no tiene la agricultura. 

Curiosamente, en el pasado mes de febrero, con pocos días de diferencia, coincidía en la misma dependencia del Cabildo, la convocatoria de la Mesa de la Sequía, ¡mesa de la sequía en invierno!, con la declaración de infraestructura de interés insular del hotel balneario de lujo de ochenta piscinas en Las Manchas. El proceso de turistificación, el territorio a disposición de los intereses de promotores, fondos de inversión y turoperadores, con el objetivo de ir convirtiendo a La Palma en una isla para el turismo. Sin embargo, si de intereses insulares se trata, en abril de 2023 la comunidad energética Energía Bonita solicitó al Cabildo, por su relevancia social y económica para acelerar la transición energética, tener ese reconocimiento que se le ha dado a infraestructuras turísticas, un año después, seguimos esperando. 

¿Qué proponemos? 

En los medios de comunicación escuchamos, una y otra vez, que el turismo va bien porque cada vez vienen más y, cada año, establece un récord con respecto al anterior, hasta que ese criterio de la cantidad, como única variable para evaluar la situación del sector, pone en evidencia sus limitaciones para analizar otros aspectos de mayor trascendencia como son al impacto social, económico y medioambiental del turismo en unos espacios insulares frágiles y limitados. 

Ese es el problema, que la patronal hotelera y responsables políticos no tienen una perspectiva integral de las consecuencias de su modelo turístico en los ecosistemas insulares. Por eso la única preocupación que expresan, ante la convocatoria del 20 de abril, es en qué medida canarias va a dejar de ser el destino preferido para el turismo. Solo le preocupa la caja que controlan unos pocos. No vale lo de que representa el 34% del PIB canario si lo que reparte es precariedad laboral, empobrecimiento y saqueo de recursos.

En La Palma no tenemos, en estos momentos, con unos 224.000 turistas al año, un sector masificado, pero, al parecer, todo se andará, porque el Cabildo y las entidades del sector están poniendo todos los mimbres necesarios para seguir el modelo turístico que tantos problemas está teniendo en otras islas. 

Se impone una planificación integral del turismo en Canarias, atendiendo a sus consecuencias en los ecosistemas insulares, sector laboral y población residente.

1.-Lo primero que tenemos que hacer en La Palma es hablar y consensuar el modelo de isla que queremos para el futuro y, consecuentemente, desarrollar las planificaciones sectoriales que se corresponden a ese modelo. Es intolerable y suicida la apuesta que se está haciendo para convertirla en una isla donde el turismo sea el motor económico, negocio para unos pocos inversores del sector y precariedad, pobreza y pérdida de calidad de vida para la población local.

2.- Con el objetivo de reducir dependencias externas y la extracción permanentes de rentas hacia fuera, proteger y respetar los usos agroforestales del suelo rústico y el agua, recuperando más de la mitad del suelo agrícola abandonado para cambiar el sistema agroalimentario insular con una agricultura para la alimentación y la salud a través de una gestión ecológica de los sistemas agrarios, construyendo soberanía alimentaria local para reducir nuestra dependencia del exterior y acabar en la isla con las importaciones de papas de Egipto, Israel, Reino Unido o de boniatos de Portugal y California. Con un control del ciclo agrario desde el sector primario con precios justos para que quienes trabajan la tierra puedan vivir dignamente.

3.-Dejar de hacer lo mismo para cambiar el rumbo de La Palma incorporando las lecciones de la crisis sanitaria de la pandemia. Mirar al futuro y abordar con valentía el cambio de modelo de isla en un contexto de crisis climática que va en serio. Nos parece imperdonable que se hayan dejado atrapar en el 2024 por la inercia desarrollista de las grandes e insostenibles infraestructuras en una isla con un enorme potencial para armonizar turismo, paisaje, territorio, agricultura, energía, innovación y conocimiento con el territorio y la calidad de vida de la población residente.  

4.- Y una recomendación, la diversificación de lecturas para que, además de los análisis de la consultora Corporación5, echen un vistazo a los siguientes libros e informes por su relación directa con el futuro del sector en la isla.

Ramos Pérez, D. (2023). De la Gran Recesión a la erupción volcánica de 2021: la turistificación como estrategia de desarrollo territorial de La Palma (Canarias). Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, (99). https://doi.org/10.21138/bage.3446.

“Visiones de la historia del turismo en Lanzarote”, del Servicio de publicaciones del Cabildo de Lanzarote. Edición 2023.

El informe La Palma Posible –Creando un futuro sostenible para la isla- citado al principio de este texto que les indica que están equivocados y les ruegan que no sigan en esa dirección. 

Así que, en un espacio geográfico pequeño, frágil y biodiverso como La Palma solo cabe un turismo en armonía con el territorio y su gente que potencie y desarrolle las economías locales, para reducir las dependencias de exterior que nos descapitaliza y nos hace más vulnerables, como se demostró con la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus.

Canarias y La Palma tienen un límite. 20 de abril a la calle, porque otra isla es posible.

Es el de las plantaciones de césped en el suelo agrícola abandonado

En general, el problema es el de una política sectorial que ha abandonado la agricultura para consumo local incrementando la dependencia, creando inseguridad alimentaria, dejando a los agricultores a su suerte y en el olvido todo un patrimonio etnográfico heredado y, con el tiempo y las olas de calor, los entornos de las viviendas de las medianías se cargarán de combustible para los futuros incendios, como hemos visto en el reciente incendio de Tenerife y en los dos últimos de El Paso en agosto de 2021 y julio de este año en Puntagorda y Tijarafe donde se quemaron, en cada uno, más de una docena de edificaciones.

En el caso de la isla de La Palma, donde los suelos naturales cultivables son escasos y el objetivo debería ser la recuperación de la actividad agropecuaria de los suelos cultivables abandonados para recuperar capacidad de autoabastecimiento. En estos momentos, en la rica zona agroganadera de La Pavona, Breña Alta, la prioridad de la institución insular es activar un proyecto de campo de golf de hace más de treinta años, porque dicen que el futuro económico de la isla está en el turismo.

Al calor del plan de recuperación de la crisis volcánica del Tajogaite, el sector empresarial y político ha recuperado las viejas infraestructuras turísticas con el objetivo de convertir a La Palma en una isla para el turismo pero, de repente, se nos cruza por el camino del debate territorial lo del escarabajo de las papas inglesas e introduce otro aspecto, nada nuevo, pero que nos permite establecer una relación entre la dependencia agroalimentaria, suelo agrícola abandonado y campos de golf o cemento y, sobre todo, nos preocupa, la reflexión a la que nos invita el humorista gráfico El Roto en una de sus viñetas: “Si la comida viene de fuera, el hambre también”.

Aprovechamos la visita de hace unos días a la recova de Santa Cruz de Tenerife y observamos un incremento medio en el kilo de papas por encima del 100%, debido al problema de abastecimiento, eso dicen, causado por una plaga del escarabajo de la papa en Reino Unido. Empieza a notarse una cierta preocupación ciudadana por si llegase el momento de no encontrar el preciado tubérculo para el potaje. Fui testigo, también, de como una señora llenaba en un supermercado el carro de la compra, de forma compulsiva, de bolsas de papas.

¿Quién controla estos precios? Hay un aprovechamiento del rumor de escasez para disparar los precios porque las papas de la fotografía los días anteriores se encontraba el kilo a menos de la mitad de precio. Está claro que a los agricultores no les llega la parte proporcional de ese incremento que por justicia le corresponde. El eterno problema de falta de respeto y consideración a quien trabaja la tierra y luego nos asombra el abandono de la agricultura como actividad profesional.

La consejería de agricultura del gobierno canario saldrá a los medios con un mensaje tranquilizador, no se preocupen no van a faltar las papas, ya la consejería está tomando medidas, … y va a sacar una línea de subvención para reactivar las medianías, además, hemos hecho un estudio sobre la soberanía alimentaria, bla, bla, bla. Pasarán unas semanas y, nada de nada, vuelta la burra al trigo.

El problema no es el escarabajo inglés, es la “plaga local” que lleva décadas incrustada en la política agraria del gobierno autónomo que ha sido incapaz de frenar el proceso de abandono de las tierras de cultivo de las islas, aumentando la dependencia del exterior y la inseguridad alimentaria. Llevamos cuarenta años de gobierno canario, cuatro más si sumamos los del periodo preautonómico (1979- 2023), durante ese tiempo han pasado trece consejeros por el sector y nueve presidentes y, tantas décadas después, el problema de la agricultura para el autoabastecimiento no solo no se ha resuelto sino que empeora cada año. A lo largo del periodo autonómico ha habido consejeros de agricultura de CC, PP y PSOE, el PP ha estado en el área 8,5 años, el PSOE 8 años y CC con 27,5 años los que más tiempo han estado como responsables del sector y, ahora, nuevamente, CC va a estar al frente de la consejería de agricultura, ganadería y pesca en el mandato que comienza 2023-27, a ver que nos van a contar después de casi treinta años que no sepamos, de momento han incorporado el término “soberanía alimentaria” a la denominación del área, esperamos que vayan más allá del cambio semántico.

Por lo tanto, tenemos que hablar de fracaso continuado de la política agraria y las perspectivas no son buenas cuando escuchamos las declaraciones de los grupos de gobierno, recién llegados después de las elecciones del 28M, tanto del cabildo palmero como del gobierno canario cuando dicen..., “lo que hace falta es más turismo para diversificar las economías insulares”..., al mismo tiempo, ya desde el mandato autonómico 2015-19, ante las dificultades para sacar adelante estas infraestructuras turísticas en el planeamiento territorial, por las diferentes figuras de protección del patrimonio natural, observamos las prisas para superar el bloqueo que se había producido en los tribunales con los recursos que le habían ganado el movimiento ecologista. Con la finalidad de seguir adelante con sus insostenibles proyectos se crea la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística (Ley de las islas verdes) para dar cobertura jurídica al encaje en el planeamiento territorial vigente y facilitar, al mismo tiempo, el desarrollo turístico en suelo rústico, quedando claro que la prioridad de la gobernanza no es precisamente resolver el problema de la agricultura, no, lo estamos viendo en el cabildo de La Palma que uno de los primeros acuerdos que ha tomado es, apoyándose en la Ley de las Islas Verdes, la declaración del campo de golf de La Pavona en Breña Alta como infraestructura de interés insular que, además, le va robar el agua que ya es escasa para los cultivos de la zona. El sistema alimentario de La palma no puede seguir importando lo que puede producir en sus tierras y, ahora, si el cabildo ha declarado la emergencia climática en febrero de 2020 y tiene aprobada la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si se respeta lo acordado, los campos de golf no caben en la isla porque en este contexto, todas las políticas de las administraciones públicas deberían ser climáticas, es decir, siguiendo criterios de mitigación y adaptación al cambio climático.

El transporte desde y hacia la isla más el transporte interior producen más de la mitad de la huella de carbono

Convencidos de que la solución al problema de la agricultura de autoabastecimiento no vendrá de los responsables de la política del sector, somos los consumidores y agricultores, que estamos sufriendo las consecuencias de este insostenible sistema alimentario, los que tenemos que establecer una alianza de complicidad y organizarnos de forma autónoma para controlar el ciclo agrario construyendo soberanía alimentaria para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente de su trabajo que no es mucho pedir, donde los mercados del agricultor, como puntos de venta en origen y grupos locales de consumo tengan un mayor protagonismo en el tramo final del ciclo agrario.

Es necesario revisar las viejas infraestructuras que se lleva varias décadas intentando en la isla porque ahora tenemos circunstancias nuevas en el contexto insular que no podemos omitir, circunstancias locales como la crisis volcánica y generales como la pandemia, la guerra en Ucrania, crisis económica y, de forma transversal, una emergencia climática que afecta directamente a nuestras vidas y a todos los sectores económicos. Estamos hablando de supervivencia.

¿Qué habría que hacer? Abordar una nueva cultura del territorio y sus recursos y que la gobernanza abandone el fraude democrático, cambiando de bando, del de la defensa de los intereses privados a los del interés general y la sustentabilidad de la isla, para adaptar los usos del limitado espacio geográfico insular y los recursos, agua, suelo y energía a las necesidades actuales y abordando el complejo reto de la emergencia climática, de tal manera que la producción de bienes y servicios priorice los servicios esenciales de carácter público, porque esa fue una de las principales lecciones de la pandemia, entre otras, como la revalorización de lo próximo, lo local, lo heredado y aquí encontramos otra de las claves de nuestro no a esas infraestructuras turísticas que destruyen suelo agrícola para un futuro económico incierto, en el sentido de que el uso prioritario del suelo cultivable abandonado en la isla debería ser la producción de alimentos con criterios agroecológicos para reducir la dependencia exterior de un sistema alimentario insular y, de paso, reducir, también, la huella de carbono del transporte que representa más de la mitad del total de los gases de efecto invernadero de la isla.

¿De qué transición energética estamos hablando en Canarias?

El problema principal no está en San Sebastián en la central térmica de El Palmar. El problema es el de una política energética para La Gomera que sigue apostando por la privatización de los recursos colectivos, de dominio público, como el sol y el viento, con expropiaciones forzosas, si fuese necesario. Este modelo de transición va en contra de los intereses generales de los residentes y de la economía insular.

El cero energético de La Gomera producido en la madrugada del pasado domingo 30 de julio, por un incendio en la mayoría de los diez grupos de la central térmica de El Palmar en San Sebastián, pone en evidencia que la electricidad es la sangre que mueve la economía, es el insumo más determinante del sistema de producción de bienes y servicios y no digamos en el ámbito doméstico que está todo electrificado y, ahora, su extensión al transporte con la incorporación de los coches eléctricos. 

Hemos visto como el Consejo Insular de Aguas de la Gomera, los mejores clientes de Endesa en las islas, llama a la restricción en los usos del agua porque no se pueden alimentar los estanques de cabecera del sistema, de la misma manera, que se suspenden servicios sanitarios por la ausencia del fluido eléctrico y, sin olvidar, las pérdidas en los productos alimenticios que se encontraban en las neveras y frigoríficos y, especialmente, el impacto en los sectores de la restauración y hostelería.

Por lo tanto, buena parte de la competitividad del sistema productivo viene determinada por los costes energéticos como quedó confirmado, también, con los incrementos de los precios de la luz y los combustibles por la guerra en Ucrania. Por lo tanto, nos interesaría una transición energética fuera del marco de influencia de las multinacionales del sector que siempre van buscando sus beneficios y no el de los usuarios del servicio eléctrico. 

Hay una corriente de opinión mayoritaria en el relato oficial de la política energética para la transición a las renovables que nos quiere convencer de que solo es posible su propuesta de transición que, casualmente o no tan casual, coincide con la que promueven y desarrollan las eléctricas y fondos de inversión. Dicha propuesta se caracteriza por continuar con los sistemas de generación concentrada frente a los de generación distribuida, con el protagonismo en la oferta, más caros, que los sistemas distribuidos que priorizan la gestión de la demanda y una energía kilómetro cero de mucho menor impacto territorial.  

La restitución plena del servicio después del incendio de los grupos de la central térmica insular y la interconexión submarina Tenerife-La Gomera no resuelven el problema de la transición energética en la isla. Puesto que, desde la ciudadanía y las entidades locales públicas y privadas esperamos que las renovables, que las tenemos aquí en la isla, nos traigan un servicio eléctrico de más calidad, con mucha menos contaminación, un recibo de la luz más barato y con menos pobreza energética.

Es curioso observar como en tiempos de cambio en los modelos energéticos, protagonizados por los recursos renovables, los mismos que tenían el negocio con los combustibles fósiles son los que están ahora, también, en el negocio de las renovables. Por esta razón los problemas del sistema eléctrico

insular gomero no acaban cuando se restituya el servicio al 100%, una vez reparados o sustituidos los grupos averiados, porque una transición energética justa, además de echar de la isla al petróleo, para mitigar el cambio climático, debe beneficiar a los residentes con unos recibos de la luz más económicos y reducción de costes eléctricos en toda la actividad económica.

En el contexto del debate energético, el panorama que tenemos y en el que se ha producido el apagón generalizado en la isla de La Gomera, podríamos describirlo así: un sistema eléctrico insular privatizado, en manos de una multinacional del gobierno italiano que tiene la mayoría de las acciones de Endesa (Enel), es decir, de la presidenta de la república de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, con una dependencia de más del 90% del petróleo, cuya sustitución por energías limpias se está favoreciendo, también, la privatización del sol y el viento que son recursos de dominio público, en detrimento del interés general, comunitario. Es decir, una política energética que desaprovecha la oportunidad de cambiar los modelos, ahora que tenemos los recursos energéticos en la isla para la independencia del petróleo, y convertir la electricidad en un servicio esencial para la gente y que reduzca, de verdad, la pobreza energética y aporte competitividad a la economía insular.

Las grandes infraestructuras energéticas no cambian el modelo más bien lo perpetúan, constituyen la estructura física del sistema que es imprescindible para conservar el mercado, ahora con renovables de generación concentrada, porque sin mercado mayorista no hay negocio. Lo que estamos observando es como los grandes parques eólicos y fotovoltaicos llevan una ventaja considerable en la ocupación territorial, sobre el desarrollo de los aspectos distribuidos que configuran sistemas eléctricos descentralizados, priorizando la gestión de la demanda que es el camino para cambiar el modelo energético e ir más allá de la sustitución tecnológica. No es una casualidad los problemas que están teniendo las comunidades energéticas locales como resultado del ejercicio de posición de dominio de Endesa/Enel que, como dueña de la red de distribución, está haciendo para obstaculizar el acceso ciudadano a la gestión directa de su demanda energética. 

Las administraciones presentes en el acto de inauguración, insular y autonómica, contentas por que se han conseguido el 70% de los objetivos de la estrategia “La Gomera 100% sostenible”, con los gomeros/as fuera, pero sostenible. ¿Dónde está la participación ciudadana y de las entidades públicas y privadas locales en esos parques eólicos? La gomera tiene el tamaño adecuado para que se hubiese constituido una Comunidad Energética Insular, como la tiene la isla de La Palma, que canalizara la participación comunitaria, las pequeñas y medianas empresas y los ayuntamientos, construyendo soberanía energética desde el ámbito local y democratizando su gestión.

La inauguración de los parques eólicos de Ecoener de 12 MW de potencia, cuando los picos de demanda insular están por debajo de los 10MW, confirma el proceso privatizador del recurso eólico de La Gomera del que los usuarios de este servicio esencial en la isla son los perdedores. Se pierde así la ocasión de convertir el aprovechamiento de los recursos energéticos gomeros en una oportunidad para diversificar su economía creando riqueza y empleo local. 

La interconexión submarina con Tenerife obedece a la misma lógica de mercado y que es imprescindible para la viabilidad económica de los parques eólicos gomeros de Ecoener, y que nadie pone en duda la estabilidad que dicha infraestructura aportaría al sistema insular gomero, pero a qué precio? ¿Es esta la mejor solución para La Gomera, los intereses de los usuarios y la economía insular?

Existen ya todo un conjunto de nuevas tecnologías de almacenamiento que combinadas con las TIC, la inteligencia artificial y la digitalización de las redes eléctricas de transporte y distribución cambia sustancialmente la concepción convencional del traslado de la electricidad y distribución, poniendo en el debate de la transición energética otras alternativas que nos permiten una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las energías renovables, sobre todo desde el almacenamiento distribuido para una gestión automática de los excedentes de los diferentes perfiles del autoconsumo. 

Frente a un presupuesto de 110 millones de € para la conexión eléctrica submarina entre Tenerife y La Gomera, preguntamos si se ha hecho un estudio de oportunidad de coste de esta infraestructura que contemple otras alternativas para sistemas insulares pequeños como el de La Gomera. 

En este sentido, hay que prestar atención al modelo de transición energética que se está desarrollando en las islas puesto que se está quedando en una sustitución tecnológica y, al mismo tiempo, bloqueando la gestión pública de los recursos renovables y la democratización de los sistemas insulares. 

Por lo tanto, una vez subsanadas las averías de la central de El Palmar, normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico de La Gomera y atendidas cada una de las indemnizaciones por los daños ocasionados, nos queda pendiente resolver el problema de una transición energética insular que se está desarrollando de espaldas a los usuarios y las economías locales, porque la política energética ha optado por la actitud de colaborador necesario para el éxito de la mudanza, de las eléctricas y fondos de inversión, del negocio de los combustibles fósiles al de las renovables.

Y terminamos esta reflexión con el mismo interrogante que la iniciamos, ¿de qué transición energética estamos hablando en La Gomera, en Canarias?

¿Así entendemos la recuperación económica después del volcán?

Lo que nos faltaba. Parece ser que por ahí van las intenciones. No se trata de rumores infundados porque en Gran Canaria esta multinacional, disfrazada de verde para desarrollar su negocio en la transición energética, ya tiene la autorización para la exploración geotérmica en Gran Canaria otorgada por la Dirección General de Industria de la Consejería de Turismo y Comercio del Gobierno de Canarias Boletín Oficial del Estado.  N.º 305 de 22 de diciembre de 2021. Y se encuentra tramitando la misma autorización para la isla de La Palma.

Antes del volcán, los últimos estudios geofísicos MT realizados por INVOLCAN localizaron a 2km de profundidad reservorios geotérmicos a ambos lados de la dorsal Cumbre Vieja.

Cuando todavía tenemos en carne viva la tragedia humana y económica de la erupción del Tajogaite, las coladas calientes y los gases que no permiten a una parte importante de los evacuados regresar a Puerto Nao y la Bombilla, ya una multinacional petrolera, Repsol, la de las prospecciones en el 2014 frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, está interesada en la explotación del recurso geotérmico de la dorsal Cumbre Vieja. Mal empezamos con el plan de recuperación económica y social de la isla después del volcán. 

La soberanía energética es el rumbo de la transición. – Son cuatro minihidráulicas, Electrón (1893-1947), Argual (1933-68), Tazacorte (1933-72) y Salto de Mulato (1955-2004) las que funcionaron, en diferentes momentos, entre 1893 y la década de los sesenta del pasado siglo, las que representaron la soberanía energética correspondiente al primer capítulo de la historia de la electricidad en La Palma. Después comenzaría el periodo de la dependencia del petróleo hasta la fecha y, ahora nos encontramos en la transición del petróleo a las renovables para cambiar el modelo eléctrico insular y afrontar la emergencia climática.

Como en el nuevo modelo energético la demanda se va a cubrir con los recursos renovables que están en la isla, tenemos la oportunidad de que su desarrollo potencie y diversifique la economía insular reduciendo la extracción de rentas hacia el exterior.  En la Palma ya tenemos un proceso de transición energética con un rumbo establecido en el Manifiesto del Electrón. Documento aprobado por todas las administraciones locales de la isla (ayuntamientos y Cabildo), cuyo contenido fue el resultado de un proceso participativo insular denominado “Ruta por la soberanía energética”, en el marco de un cambio del sistema energético insular para ir sustituyendo la generación contaminante y cara de la central térmica de Los Guinchos por recursos renovables que tenemos en la isla, entre otros, el geotérmico. Por lo tanto, si la base del rumbo que hemos decidido para el cambio de modelo en la isla es la soberanía energética, entonces debe haber control público del aprovechamiento y desarrollo de los recursos renovables que van a dar cobertura a la demanda, donde la participación privada tendrá su espacio, pero no el control de un sector estratégico como el energético y un servicio esencial como el eléctrico. Algo hemos aprendido de la pandemia.

Repsol, del negocio de las petroleras al de las renovables a través de una transición que no va más allá de una sustitución tecnológica

El modelo que tenemos en La Palma tiene una dependencia del petróleo del 90% y está controlado por una multinacional del gobierno italiano, Enel, que es la accionista mayoritaria de Endesa y que está produciendo una permanente descapitalización de la isla, ahora que la transición energética se basa en el desarrollo de los recursos renovables que tenemos en la isla, como la geotermia, para ir construyendo soberanía energética, reduciendo la dependencia del petróleo y, al mismo tiempo, vinculando dicha transición a la economía para su diversificación, creando riqueza y empleo local, ¿vamos a repetir el mismo guión, entregar los recursos propios a otra multinacional?. ¿No hemos aprendido nada?

En estos días y, especialmente, a partir de la tormenta Filomena en enero del año pasado, se ha producido un incremento disparatado de los precios de la electricidad en el mercado mayorista que, junto a las consecuencias de la crisis sanitaria de la pandemia, ha puesto patas arriba toda la economía, desde la doméstica hasta la de todo el sistema de producción de bienes y servicios y cuando parecía que era imposible una crisis mayor, se produce la invasión de Ucrania por Rusia y se cumple aquello de que una situación grave es susceptible de empeorar. La guerra de Ucrania ha visibilizado, también, nuestra vulnerabilidad agroalimentaria al descubrir la dependencia de los cereales cultivados en ese país para la alimentación de la cabaña ganadera, para el gofio y el pan, cuando tenemos en la isla más de la mitad del suelo agrícola abandonado.

Hacemos esta contextualización, en el marco de la transición energética insular, para reflexionar acerca del papel de la electricidad y los combustibles en un proceso de incremento permanente de la electrificación de la economía a todos sus niveles y, por lo tanto, entender que nuestro cambio de modelo energético debe seguir el rumbo de la autonomía, de la no dependencia del exterior para que la economía insular reduzca vulnerabilidad y sea más circular, social y solidaria.  

¿Quiénes son los damnificados?.- Cuando nos encontramos definiendo un plan de recuperación económica y social para hacer frente, por si ya era poco lo que teníamos, a la mayor crisis que ha tenido La Palma en su historia, al mismo tiempo, que estamos invitando a la participación de los afectados y a toda la isla en ese amplio y complejo proceso, le estamos abriendo la puerta, al margen de ese proceso participativo, a una multinacional petrolera para que haga negocio con el recurso geotérmico, que de ser viable técnica y económicamente, a quienes corresponden beneficiarse es a los afectados, a la isla en su conjunto, para ayudar a compensar tantas pérdidas por el último volcán.

No es justo que la isla se queda con los daños de la erupción volcánica y que hablemos de resiliencia en el plan de recuperación, al mismo tiempo, que le vamos preparando los papeles para que el aprovechamiento de la geotermia lo haga una multinacional que el año pasado tuvo unos beneficios de 2.450 millones de € y, por lo tanto, su objetivo no entra en el ámbito de las donaciones a los afectados, más bien todo en el otro sentido, buscando un flujo de rentas en sentido contrario. No debemos olvidar quienes son los afectados a los que hay que ayudar en el plan de recuperación. Repsol se recupera solo, 6,8 millones de € de beneficio cada uno de los días del año pasado.

De los taladros de las prospecciones a los de la geotermia. -Ellos tendrán el conocimiento y los taladros de las prospecciones petroleras para, llegado el momento, hacer las perforaciones geotérmicas pertinentes y recibirán el pago correspondiente por los trabajos realizados, pero esto no es un yacimiento de petróleo de un país lejano, es un recurso renovable que tenemos en la isla y si llegase a producir riqueza es lógico y de justicia que se quede en la isla compensando a las pérdidas de los damnificados y de la economía insular. Ya conocemos bien lo que ocurre cuando el sistema de generación eléctrica y el mercado están controlados por las multinacionales del sector. Lo estamos sufriendo estos meses con unos precios en el recibo de la luz que escapan al control del propio gobierno y que parecen más una estafa que los costes del servicio eléctrico que recibimos.

Voluntad política para que el cambio sea posible. - En La Palma queremos una transición energética que cambie el modelo actual, con una independencia del petróleo y del monopolio. Necesitamos una voluntad política democrática que respete los intereses colectivos porque esa es la responsabilidad de los grupos de gobierno de las administraciones locales insulares. Cuando ya tenemos un rumbo para cambiar el modelo energético en la isla, las decisiones que tienen que ver con la forma de gestión de los recursos energéticos no pueden quedar al margen del proceso participativo que está en marcha para dar forma al plan de recuperación después del volcán.

Ahora, si queremos que la respuesta a la crisis volcánica sea una oportunidad para el futuro de la isla, para una economía circular que vaya adquiriendo una mayor sostenibilidad social y medioambiental de acuerdo con la agenda 2030 de los ODS, los responsables de las administraciones locales deben estar a la altura del momento y asumir la defensa del interés colectivo a través de la gestión de los recursos energéticos del territorio para que la riqueza que generen se quede en La Palma. 

En Gran Canaria, con respecto a la participación de REPSOL en la futura gestión del recurso geotérmico, de ser viable desde el punto de vista técnico y económico, el coordinador técnico de Soberanía Energética del Cabildo ha manifestado que la voluntad de la institución insular es de una gestión pública o pública con participación privada. Creemos oportuno que las administraciones locales de La Palma tomen nota de esta declaración de intenciones cuando en esta isla no hay damnificados ni pérdidas económicas que recuperar, porque en las últimas erupciones de Gran Canaria la isla estaba deshabitada y, por lo tanto, no hubo daños económicos ni destrucción de infraestructuras.

Tenemos varios ejemplos de situaciones reales, en las islas y fuera de ellas, de espacios insulares con un control público de los recursos energéticos, fuera de Canarias, en las Azores donde la empresa pública “EDA Renováveis S.A. del grupo EDA gestiona sus recursos renovables, entre ellos el geotérmico, con una potencia instalada de 28MW en las islas de San Miguel y Terceira. En Canarias, el Cabildo de EL Hierro como un buen ejemplo de defensa de los intereses insulares que, en su momento, gracias a la tenacidad y constancia de Tomás Padrón, presidente de la institución insular, se puso en su sitio con respecto a la titularidad de la central hidroeólica de bombeo Gorona del Viento con la mayoría de las acciones de la entidad (65,82%) ”Gorona del Viento El Hierro S.A.“ frente a Endesa.

 Y, también, en La Palma tenemos ejemplos, en la primera etapa de la electricidad en la isla, de cómo el cabildo desde 1947 hasta 1971 asumió la gestión del “Electrón S.A.” de la primera central hidroeléctrica de Canarias, creando la empresa “Riegos y Fuerzas de La Palma S.A.” que construye el Salto de Mulato (1955-2004) y, además, inicia la electrificación de La Gomera, El Hierro y Fuerteventura.

Por lo tanto, demandamos de las administraciones locales, por responsabilidad democrática, que asuman el control de los recursos energéticos que tenemos en la isla, porque es la única manera de ayudar a los damnificados y a la economía insular para compensar parte de los daños causados por el Tajogaite. A esa voluntad tiene que acompañarle un cambio de actitud para dejar de hacer lo mismo a partir de un consenso insular, construido desde la diversidad, planificar la gestión del territorio y sus recursos pensando en el interés colectivo.

Por último, el plan de recuperación económica y social de la isla después del Tajogaite, debe abordar la terminación y actualización de los estudios geofísicos y geoquímicos realizados por INVOLCAN, previos a las perforaciones que han de aportar la información necesaria para determinar la viabilidad técnica, económica y medioambiental del recurso geotérmico de Cumbre Vieja para la obtención de electricidad, así como de otros posibles aprovechamientos.