En su día no se dijo que esto era prioritario y que debería estar instalado en un plazo de un año para solucionar provisionalmente la famosa “emergencia energética”, debido a que la integridad de los sistemas eléctricos de Canarias corría serio peligro. 

Pues bien, ya ha pasado cerca de un año, y no solo no están instalados los famosos grupos de emergencia, sino que ni siquiera hay la más mínima información acerca de las empresas elegidas, las características de estos grupos o las ubicaciones de estos y por supuesto ni un solo síntoma de que haya que preocuparse por la eficacia de los sistemas eléctricos, más allá de lo consabido acerca de ser altamente contaminante, altamente costoso y altamente dependiente del exterior.

Por otro lado, los interesados en la materia, hemos podido seguir las vicisitudes de una empresa, Totisa Holding, que desde mucho antes de hablarse de estas cuestiones, ya planteaba una infraestructura para el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a los barcos y una central eléctrica, en pleno muelle de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. 

Pero no solo planteaba en estos términos su propuesta, sino que había conseguido la autorización de la Autoridad Portuaria y había realizado los trámites con la presentación de su proyecto y del estudio de impacto ambiental, en un alarde de oportunismo empresarial sin precedentes, dadas todas las regulaciones del sector.

En su día ya hubieron dos organismos que se opusieron frontalmente a la parte de la central eléctrica, por un lado, el Cabildo de Gran Canaria, y por otro, la Consejería de Sanidad, que argumentando todos los problemas medioambientales que acarrearía para la ciudad de Las Palmas, había solicitado que el estudio de impacto ambiental fuera el ordinario y no el simplificado que se había presentado.

Recientemente hemos recibido informaciones de que Totisa ha vuelto a retomar su proyecto inicial, esta vez con la connivencia del gobierno autonómico y estaría en la fase de limar asperezas con los dos organismos opositores. 

Ante todo lo expuesto no cabe sino preguntarse si la decisión del Gobierno de Canarias sobre los grupos de emergencia no se estará demorando lo justo para que Totisa llegue a tiempo para presentar su candidatura a la invitación cursada.

Creemos que cualquier ciudadano de Gran Canaria en general y de Las Palmas en particular podrá comprender fácilmente que una central eléctrica, con sus respectivos motores quemando gas natural, no produce sino perjuicios para sus habitantes y contradice totalmente el modelo de descarbonización por el que apuesta el Cabildo de Gran Canaria y dice apostar el Gobierno autonómico.

El 24 de febrero, veintidós días después, comienzan las acciones bélicas de Rusia en Ucrania. 

A partir de entonces la posición de la Comisión europea frente a las energías renovables cambia rápidamente, y esto ocurre obviamente por la constatación de que depender del combustible fósil de un país, en este caso gas ruso, no es una buena idea. 

Como muestran las declaraciones de dos de sus máximos representantes:

Úrsula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea declara el 7 de marzo: “Hoy tenemos una cierta proporción de energías renovables, pero una gran proporción de gas, petróleo y carbón. Esto cambiará. Con una inversión masiva en energías renovables, veremos una participación más amplia y creciente de energías renovables”.

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, es aún más radical y declara el mismo día: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”.

Pero parece que estos nuevos aires frescos desde Bruselas no han llegado a Canarias. Veamos:

En noviembre del 2021, varios meses antes de la guerra de Ucrania, el Gobierno de España redacta una propuesta de orden ministerial donde plantea la entrada del gas fósil en las islas, exclusivamente para el suministro de las centrales térmicas.

Si la decisión de introducir este combustible fósil en las centrales térmicas de las islas resultaba un despropósito en esa fecha, cuando ya nos encontrábamos inmersos en un importante proceso de transición energética, basado en nuestras potencialidades en el campo de las renovables, qué decir ahora, cuando la guerra de Ucrania nos ha hecho conscientes de lo peligroso que resulta planificar nuestro sistema energético con la dependencia de otro combustible fósil durante al menos 25 años más, pues no es otra cosa lo que trae consigo esa Orden Ministerial.

El 29 de marzo el Gobierno de España propone, incomprensiblemente, liberalizar las regasificadoras en las islas, tal como se recoge en la Disposición final cuarta del Decreto 6/2022, y lo hace ahora que toda Europa se echa las manos a la cabeza al constatar  las consecuencias que puede traer depender de un combustible fósil como el gas fósil, escaso y sujeto a las tensiones políticas y económicas globales.

En resumen, no es una buena idea centrar nuestros esfuerzos en crear una compleja y costosa infraestructura y pasar a depender durante 25 años más del gas, para sustituir a otros combustibles fósiles, y alargar el proceso de descarbonización de las islas. Nuestros recursos naturales nos permiten dar el salto directamente a las renovables sin pasar por el gas.

Exigimos la retirada completa de esta Disposición final cuarta y centrar los esfuerzos en transitar rápidamente a las renovables, que es justo lo que plantean ahora mismo los dirigentes europeos.

*Los firmantes forman parte del recientemente conformado Frente Canario contra el Gas.