Como cada final de año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el 19 de diciembre de 2022 los datos de contabilidad regional del año anterior. Los datos son positivos para la Comunidad Autónoma de Canarias, que se situó como la segunda región de España con mayor crecimiento en Producto Interior Bruto (PIB), con un 7,0%. Un crecimiento de PIB que, además, tuvo efecto mayor en el incremento de PIB per capita que fue de un 10,8%, el tercer crecimiento porcentual del país. A pesar de estos datos positivos, Canarias continúa a la cola del desarrollo económico nacional. 

Recopilando los datos de anteriores años, un medio nacional publicó una perspectiva de la contabilidad regional de las dos primeras décadas del siglo XXI. Descontado 2020, el año negro en que irrumpió la pandemia de la COVID-19, el relato de la evolución del PIB per capita de Canarias es una historia de dolor y empobrecimiento. Si el Archipiélago estaba en el año 2000 cerca de la convergencia con la media de riqueza por habitante del país con un 98% de la media de PIB per capita nacional, en 2019 se habían perdido casi 20 puntos porcentuales. Solo en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura la riqueza por habitante era inferior que en nuestras islas. La caída  de riqueza relativa se reflejaba también en la pérdida de peso de la contribución de Canarias al PIB nacional, que había pasado de ser un 4,0% en el año 2000 a representar un 3,8% en 2019.

El contraste entre los resultados económicos de 2021 con los de las dos décadas anteriores es sangrante, más considerando que en 2022 Canarias sigue a la cabeza del crecimiento nacional de PIB, con un interanual de un 5,8%, Mirando al futuro, BBVA Research espera que el PIB del archipiélago crezca en 2023 un 2,0%, aun por encima de la media nacional y solo por detrás de Baleares. En el año 2024, la continuidad de la tendencia para nuestras islas se pronostica más complicada, ya que como avisa el centro de estudios de la entidad financiera, “las comunidades turísticas, una vez normalizada la afluencia, tenderán a experimentar un menor crecimiento”. O lo que es lo mismo, la diversificación de la economía canaria pasa de ser un asunto importante a convertirse en una tarea urgente.

Y es que la falta de diversificación de la economía canaria se puede intuir como una de las causas de la progresiva divergencia de la economía canaria entre 2000 y 2019. Por un lado, a lo largo del periodo se ha mantenido la crónica dependencia del turismo, con el mantenimiento en un 35% del peso del importe a precios de mercado del sector de comercio, transporte y hostelería en el Valor Añadido Bruto. Por otra parte, los indicadores que reflejan el tamaño de una economía basada en conocimiento se desplomaron, con el Gasto I+D en Canarias perdiendo representación en el global nacional, con un descenso desde el 2,1% en el año 2000 al 1,4% en el año 2019. Finalmente, tampoco otros sectores productivos como la economía de los cuidados fue desarrollado con anterioridad a 2019, como prueba el hecho que el Observatorio Nacional de Dependencia preveía entonces que se iba a tardar más de 60 años en resolver las listas de espera de prestación de servicios a personas dependientes.

En cambio, detrás de los datos positivos de evolución del PIB es susceptible de estar la utilización de los fondos del Plan de Recuperación para potenciar la diversificación de la economía. Los ejemplos, de nuevo, son el incremento de fondos autonómicos en esta legislatura  dedicados a la innovación de un 85%  y los destinados a derechos sociales en un 45%. 

Canarias recupera el camino de la convergencia económica, rectificando la ruta hacia el empobrecimiento de las pasadas décadas. Las tendencias económicas, sin embargo, no se producen ni mantienen solas, sino dando continuidad a las políticas públicas que han conducido hacia ese camino. 

El uso de ChatGPT está al alcance de cualquier persona que sea capaz de teclear una frase. Se le puede formular una pregunta (e.g. ¿Está la Luna habitada?) o darle una orden más compleja (e.g. Escribe un artículo de 200 palabras sobre la conquista de la Luna), y la aplicación proporciona una respuesta que puede considerarse, generalmente, ajustada al objetivo perseguido. ChatGPT puede incluso escribir poesía o redactar correos-e, o realizar cualquier actividad de escritura más o menos creativa. Son muchos los que califican a esta aplicación como una evolución de los buscadores de Internet que podría llegar a sustituir al mismo Google.

La sencillez de uso de la aplicación la ha convertido en viral, alcanzando el millón de usuarios en apenas una semana tras su lanzamiento. Tal ha sido su éxito, que por momentos experimenta una sobrecarga de usuarios que ralentizan su funcionamiento. Se llega incluso a la imposibilidad de acceso a ChatGPT durante largos periodos de tiempo. Es posible que les resulte difícil experimentar con ella, así que continuaré con un breve relato de mi experiencia.

Estuve haciendo de conejillo de indias de ChatGPT por unas horas, los resultados son, en general, ciertamente sorprendentes en disertaciones sobre asuntos que afectan globales. Sin embargo, comprobé que, cuando menos, sus creadores necesitan de una dosis de conocimiento de la geografía, política e historia de nuestro Archipiélago. Para empezar, la enumeración de las islas principales del Archipiélago se encuentra anclada en el primer Estatuto de Autonomía, no incluyendo a La Graciosa entre las mismas. La realidad regulatoria de la Comunidad Autónoma tampoco parece ser el fuerte de ChatGPT. Según la aplicación, la reclamación de la ecotasa por parte de Podemos es del todo innecesaria, ya que sus neuronas artificiales viven en la creencia que ya es pagada por los turistas. Finalmente, opté por probar sus conocimientos de historia. Tras ver en algún medio que se cumplía el décimo aniversario del fallecimiento de Antonio Cubillo, pregunte al programa informático por su biografía, en la que no solamente no acertó ni las fechas de nacimiento y muerte, sino que incluso le proclamó al líder independentista primer presidente de la Comunidad Autónoma.

Según el informe “Sociedad Digital en España 2022”, el 68,5% de los internautas españoles reconocen que confían mucho o bastante en la información que encuentran en la red. Algo similar ocurre en muchas partes del mundo.  La confianza ciega en la información obtenida de Internet, hace preocupante una aplicación como ChatGPT aunque OpenAI recalque que se encuentra en una fase experimental. Existe poca información sobre cuáles son las fuentes de conocimiento de las que hace uso la aplicación y cuáles son los algoritmos que utiliza para priorizar unas sobre otras. No solo eso, en las respuestas que proporciona, tampoco ofrece información sobre cuáles de esas referencias ha considerado y cuáles ha rechazado a fin de poder otorgar más o menos credibilidad a los resultados. Y como muestra el caso de los conocimientos sobre Canarias, le queda aún recorrido para poder dar respuesta a las necesidades de comunidades locales.

Hay quien cuestionó la necesidad de una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.  Aunque aplicaciones como ChatGPT estén en sus primeros pasos y puedan aceptarse fallos en su funcionamiento, justifican sobradamente que los organismos de control de la IA maduren al mismo tiempo que ellas. Una red internacional de organismos que velen por la transparencia y corrección de la próxima generación de algoritmos, es necesaria para alcanzar una digitalización centrada en las personas. Esta labor de supervisión  es especialmente relevante en las aplicaciones que se utilicen en servicios de información y difusión de conocimiento para audiencias generales, donde nos jugamos la memoria colectiva y disponer de una sociedad informada y formada, y con ello la buena salud de la democracia y las libertades.

La vida cotidiana en las islas tienen un perfil diferenciado de la vida peninsular, sorprendiéndonos en más de una ocasión a los que venimos de la Europa continental. Con mayor o menor frecuencia, los peninsulares que mantenemos lazos continuos con las islas o residimos en ellas hemos tenido algún “momento Nancy”. Muchos de estos momentos son de agradable descubrimiento, otros no lo son tanto.

Uno de los “momentos Nancy” recurrentes surge al contemplar el empeño de algunas fuerzas y actores del archipiélago de llevar a cabo proyectos de atracción del turismo que, cuando menos, son escasamente demandados. No contentos con el macro desarrollo urbanístico de las zonas costeras, los hay que no les parece suficiente atractivo la naturaleza y cultura del archipiélago y lanzan de tanto en cuanto proyectos para supuestamente reforzar el mismo. Ejemplos de ello son esculpir la montaña Tindaya, Dreamland o la construcción de un circuito del motor. Afortunadamente, algunos de esos proyectos innecesarios, que en algún momento alguien considera imprescindibles para reforzar la posición turística de las islas, no llegan a buen puerto, y sin embargo los turistas siguen visitando estas tierras de modo creciente.

Otro “momento Nancy” me surgió al contemplar cómo en Santa Cruz de Tenerife se mantenían en pie vestigios del franquismo superiores en relevancia al de otras ciudades. Asombra ver que en la Plaza de España aún perviva el gigantesco monumento en recuerdo de quienes murieron sometiendo a un pueblo y, más aún, la supervivencia de un conjunto escultórico de considerables dimensiones dedicado a quien usurpó durante cuarenta años la jefatura del estado. Todo ello, además, acompañado de otros detalles menores como placas conmemorativas y nombres de calle que aún recuerdan a unos salvapatrias a los que nunca se pidió que lo fuesen. Uno se siente reconfortado al ver que no está solo en este “momento Nancy”, el domingo pasado el principal diario nacional dedicó un amplio espacio a levantar acta de los monumentos del fascismo aún en pie en la capital tinerfeña.

Estamos cerca de la campaña electoral autonómica y local, y los “momentos Nancy” alrededor de proyectos de nuevas instalaciones de atracción turística amenazan con multiplicarse. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha anunciado un Museo Rodin que a ningún turista se le ocurriría demandar en este rincón del mundo, un territorio con escasa relación con el escultor. Quizás la negativa del mismo Ayuntamiento a retirar los monumentos del franquismo tiene el mismo fin de reforzar el atractivo turístico, pero no ha llegado aún el momento de desvelarnoslo. ¿Nos están preparando para hacer de la capital tinerfeña un Parque Temático del Fascismo? ¿Contratarán también extras a los que equiparán con los trajes grises que antaño vestía la Policía para perseguir porra en mano a los turistas? ¿Realizarán a lo largo del día a horas determinadas desfiles conmemorativos del golpe de estado franquista por las calles? Reconozcamos que todo puede ser parte de una “genial” idea para reforzar la capacidad de atraer turistas de nuestro archipiélago, que supera en concepto al Parque de las Estatuas de Budapest, donde se acumulan los monumentos que glorificaban a la Unión Soviética y fueron retirados de las calles, pero que se encuentran fuera de un entorno real. 

Y todavía nos quedan más de seis meses de “momentos Nancy” …

El Día Internacional de la Niña se ha celebrado en circunstancias muy especiales para el sector tecnológico en esta ocasión. El Boletín Oficial del Estado del día 5 de octubre de 2022, recogía el cese de Roberto Sánchez Sanchez como titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) y su sustitución en el puesto por María González Veracruz. Los medios informaron del relevo sin más, sin destacar el hecho relevante que, por primera vez en este país, la máxima responsabilidad sobre la política tecnológica en España recaiga sobre tres mujeres: Junto con María González, su superior jerárquico y Ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, y su colateral y Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas. Cabría añadir que también son mujeres las personas que dirigen sus respectivos Gabinetes.

El balance de género en el sector digital contrasta de un modo superlativo con la composición que, afortunadamente, tiene hoy la cúpula política tecnológica en España. El hito alcanzado promoverá con referentes las vocaciones de las mujeres en nuestro país para participar en la digitalización, pero es además el momento de impulsar otras actuaciones públicas. Lo obvio, es reclamar desde la administración foros paritarios, que sin duda visibilizan el talento femenino TIC existente, pero hay que ir más allá, asentando medidas estructurales que consoliden y expandan la representación femenina en el sector. 

A mi juicio, un lugar por el que comenzar la promoción de la igualdad de género en el sector TIC son los puestos de carácter tecnológico dentro de la propia Administración. El primer paso es hacer un diagnóstico de situación en el sector público que permita la toma de decisiones adecuada. Quien haya revisado la publicación del servicio de estudios de UGT habrá detectado una carencia de información a este respecto. La realidad es que esos datos no existen, al menos con carácter público. En los informes elaborados periódicamente por la SEDIA sobre Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado, La Administración Electrónica en las Comunidades Autónomas y Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Locales, figuran datos acerca del personal de los especialistas TIC que trabajan para el sector público, pero no su distribución de género. La recopilación y publicación de esta información es quizás la actividad más perentoria y previa para atajar la desigualdad de oportunidades para las mujeres tecnólogas en la administración.

También la administración puede ser ejemplo de fórmulas para combatir la brecha digital de género en el ámbito del uso. Las aplicaciones digitales de la administración son la puerta de acceso a múltiples servicios, ayudas y subvenciones. La brecha de género en el uso de la administración digital (70,5% vs 66,95 a nivel estatal), parece reducida, pero la realidad es que ha ido aumentando en los dos últimos años (en 2019, la brecha se estimaba solo en 0,7%). La introducción obligada de un análisis de perspectiva de género en el desarrollo de las aplicaciones y servicios digitales de la administración debería estar en la agenda de la cúpula de las políticas digitales de nuestro país. Un análisis de perspectiva de género que va a ser aún más necesario en los próximos años con la introducción masiva de la Inteligencia Artificial, evitando la presencia de sesgos de género en datos y algoritmos.

La administración pública puede igualmente influir de modo transversal en equilibrar la presencia de la mujer en el sector TIC mediante la palanca de la compra pública tecnológica, estimada en más de 5.000 millones de euros anuales. La Ley de Contratos del Sector Público habilita a la introducción de criterios de adjudicación de proyectos que fomenten la contratación femenina y la igualdad entre hombres y mujeres siempre que estén vinculados a una mejora del objeto del contrato. La representación femenina en la ejecución de los contratos públicos tecnológicos supone una mejora de sus resultados, ya que, como destaca la OECD, “las invenciones que surgen de equipos mixtos, o grupos solo de mujeres, parecen tener una amplitud tecnológica más amplia (y, por lo tanto, pueden ser más valiosas económicamente) y un mayor impacto desde un punto de vista tecnológico que aquellas en las que solo participan hombres”. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, como máximo responsable de la compra pública, no dispone de una guía publicada sobre la aplicación de estos criterios de valoración. Para tomar modelos y referentes de aplicación de estos criterios por parte de las instituciones públicas, es necesario hacer arqueología web sobre los casos de contratos previos, como la licitación reciente de una infraestructura de conectividad submarina por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y que demuestran la posibilidad de valorar la aportación femenina en todo ámbito tecnológico, incluso más allá del desarrollo de aplicaciones software.

La administración pública supone el 5% del gasto tecnológico del país. Mediante la promoción interna de la igualdad de género en los puestos de trabajos tecnológicos del sector público y la demanda de la participación de las mujeres en los contratos públicos TIC, se introduce transversalmente la aplicación de la perspectiva de género en una parte sustancial de los bienes y servicios tecnológicos que producimos. El hecho que la máxima responsabilidad en políticas digitales sea hoy ostentada por mujeres, presenta la ocasión de activar todas las herramientas para que la administración sea ejemplo y motor para avanzar en el equilibrio de representación femenina en la transformación digital en nuestro país.

Quizás porque los nómadas digitales permitieron llenar el vacío que dejaron los turistas vacacionales en el comienzo del fin del confinamiento, las autoridades de los destinos turísticos se lanzaron a tratar de captar la estancia de este grupo de personas. El Gobierno de Canarias fue un corredor temprano en esa carrera, anunciando ya en junio de 2020 una estrategia para alcanzar el objetivo de atraer 30.000 teletrabajadores en una década. Recientemente, la Consejería de Turismo celebraba haber superado las expectativas iniciales,  señalando que, de acuerdo con datos proporcionados por el portal Nomad List, al menos 47.000 nómadas digitales aterrizaron en las islas en el año 2021 con un gasto medio de 3.171 euros por persona y viaje, casi tres veces por encima del desembolso que hace el turista vacacional, que es de 1.206 euros.

Con estos datos en la mano, me preguntaba un colega profesional si se podía considerar un éxito la política de atracción de nómadas digitales del Gobierno Canario. Mi respuesta fue que no tenía respuesta. Ni tenía elementos de juicio para evaluar los datos conocidos y, al mismo tiempo, carecía de los datos de impacto económico que son necesarios para juzgar la bondad de una política pública.

¿Por qué no podía evaluar los datos facilitados por la Consejería? Es una pregunta equivalente a preguntarse quién es  Nomad List y cómo obtiene sus datos. Se trata de una plataforma digital establecida en Colombia que se define como una comunidad global de teletrabajadores que vive y viaja por el mundo. Los datos los obtiene de la información aportada por los miembros de ésta comunidad de modo voluntario, que abonan 199,98 $ por pertenecer a la misma. Se desconoce el total de los miembros de la comunidad, tan solo se indica en su web que son decenas de miles. Tampoco se conoce la metodología de recogida y depurado de datos que utiliza la plataforma. Pueden ser los únicos datos posibles, pero, con este contexto, distan de poder ser considerados evidencias concluyentes de cumplimiento de objetivos.

Pero, además, carecemos de datos de impacto económico suficientes para poder juzgar el éxito de la política de atracción de nómadas digitales. ¿Ha tenido impacto la presencia de nómadas digitales sobre el precio de la vivienda en las zonas dónde se han asentado? ¿Qué coste han tenido los teletrabajadores sobre los servicios de bienestar? ¿Han contribuido impositivamente como residentes aquellos que han residido en Canarias más de 183 días? Aún considerando excelentes los datos disponibles facilitados por Nomad List, son preguntas sin respuesta por falta de información al respecto.

La falta de datos para valorar las políticas de atracción de los nómadas digitales sobre la sociedad y la economía no es un problema exclusivo de Canarias. Otros destinos que pugnan por captar estancias de este nuevo tipo de trabajadores se enfrentan al mismo reto, que además se complementa con la necesidad de proporcionar seguridad jurídica tanto a los nómadas digitales como a sus empleadores. Las necesidades de registro de los nómadas digitales de las autoridades públicas es confluyente con facilitarles un asentamiento dentro de la legalidad. En países como Estonia o Barbados se está ya experimentando estos instrumentos, acompañados de ventanillas únicas para facilitarles el establecimiento para evitar las reticencias al registro de los nómadas. Sin embargo, sería quizás más adecuado establecer marcos de una territorialidad más extensa, por ejemplo, estableciendo dentro de la Unión Europea o la OCDE un estatuto global de derechos y deberes de un teletrabajador transfronterizo como recomiendan algunos expertos.

Canarias tiene las condiciones naturales para atraer nómadas digitales. El diseño de una política pública efectiva y beneficiosa para la sociedad al respecto ha de ir más allá de campañas de comunicación de estas condiciones, se debe también establecer los instrumentos que permitan acoger a este nuevo tipo de trabajadores con todas las certidumbres legales pero además contribuyendo al bienestar común. Más allá de una política turística, es también una política laboral, que además requiere un consenso internacional. La confluencia de la Conferencia de Ministros Digitales de la OECD en Canarias y la próxima Presidencia española de la Unión Europea, brinda al Gobierno Canario dos escenarios sobre los que influir, a través del Gobierno del Estado, para impulsar avances en la agenda política global sobre los nómadas digitales.

El mercado de los servicios de centros de datos tomó impulso con los confinamientos y sigue en crecimiento. Nuestras aplicaciones de teletrabajo, los juegos en línea de nuestras hijas e hijos o las películas y series que cada noche nos sirven las plataformas digitales en nuestro salón de estar se almacenan y facilitan desde centros de datos. Unas cifras pueden dar idea de este crecimiento. El mercado global de servicios de centros de datos se valoró en 48,9 billones de dólares en 2020 y se especula que para 2026 esta cifra aumentará hasta los 105,6 billones. Y España está en el mapa de este crecimiento, aunque no aún Canarias. En junio, medios económicos publicaron una previsión de inversiones en Madrid y Barcelona de quintuplicar la capacidad de los centros de datos de estas ciudades, pasando de una capacidad de 120 MW a 735 MW (si, la capacidad de los centros de datos se evalúa en su energía instalada).

Como en tantas otras facetas de la actividad económica, el contexto actual está trastocando las previsiones del sector de los centros de datos. En particular, dos de los efectos de la multifacética crisis en que nos encontramos empiezan a enfriar las previsiones de inversión en nuevos centros de datos y cuestionar futuros emplazamientos: la sequía que atraviesa Europa y la incertidumbre del suministro de energía. El excesivo consumo de agua de un centro de datos en Holanda, cuatro veces superior a lo previsto, ha levantado preocupaciones entre los habitantes del lugar e incertidumbres sobre su futuro. La amenaza de las restricciones de uso de energía en Irlanda han paralizado proyectos de desarrollo o ampliación de centros de datos en el entorno de Dublín. El futuro son los centros de datos sostenibles.

Un futuro de disponibilidad de agua y suministro de energía garantizado que da certidumbre a las inversiones en centros de datos sostenibles es una realidad que explotar desde las instituciones Canarias. Más allá de prototipos, el uso de desaladoras para obtener el agua para la refrigeración y la alimentación energética por renovables en un centro de datos de casi un MW de potencia, es una realidad en Canarias, complementados con proyectos destinados a abaratar la desalación de agua marina. ¿Puede sonar a ciencia-ficción un centro de datos basado en energía renovable y agua de refrigeración proveniente de desaladoras? No tanto, ya hay quien planea en España centros datos con energía renovable y un lago artificial para refrigeración con 70 MW de capacidad.

Hay otros atractivos de la alternativa canaria para centros de datos sostenibles. El especial régimen económico y fiscal, su alta conectividad física por rutas aéreas, la accesibilidad digital de alta capacidad por una red de conectividad submarina en crecimiento, la disponibilidad de espacio por explotar en ciertas áreas y, contrariamente a lo que algunos piensan, un riesgo sísmico inferior a otras zonas en España (como la costa levantina y sur del Mediterráneo), de acuerdo con la información del IGN.

La apuesta por el sector de los centros de datos sostenible no sólo es posible en Canarias, sino conveniente para el archipiélago por la capacidad de actuar como elemento tractor de su digitalización. Son las grandes empresas tecnológicas americanas, desde Google a Amazon pasando por Microsoft y Facebook los principales animadores de las inversiones en centros de datos, algunas de ellas extendiendo también infraestructuras de conectividad submarina por la cercana costa africana. No es tan solo casualidad que los principales destinos de inversión de los centros de datos de estas grandes tecnológicas en la Unión Europea (estados nórdicos, Irlanda, Países Bajos) sean los Estados miembros que encabezan el índice de digitalización de sociedad y economía.

La crisis presenta oportunidades a Canarias para modificar su matriz productiva más allá del sol y playa. Los centros de datos sostenibles son una apuesta en la que el archipiélago puede ofrecer ejemplos prácticos reales, aunque haya de exprimirse aún la reducción de impacto global en medioambiente. Además del beneficio directo de esta apuesta, actuaría de elemento catalizador de la digitalización, con la consecuente capacidad de incidencia de modo transversal sobre toda actividad. Si Madrid y Barcelona están acogiendo inversiones de nuevos centros de datos quintuplicando capacidad y otras Comunidades Autónomas como Valencia están impulsando otros con ayudas públicas, quizás es el momento de situar a Canarias en el mapa de las inversiones del sector con centros de datos sostenibles.

Las barreras para alcanzar los ODS no es un fenómeno que sólo afecte a nuestras islas. La ambición, complejidad y transversalidad de los mismos está demandando de los gobiernos amplias dosis de innovación para realizar la localización de los mismos a la realidad concreta de cada territorio y extender su apropiación a ciudadanía y empresas. Los procesos participativos para el diseño de las agendas locales o el mantenimiento de plataformas para desarrollar su implementación, son prácticas extendidas y que, de hecho, han sido puestas en marcha en Canarias. Sin embargo, nuevos instrumentos son concebidos y necesarios de aplicar para acelerar el proceso de despliegue de los ODS. Utilizar aquellos aplicables en cada territorio no es opcional.

Dentro del ámbito de las actuaciones para mejorar la Gobernanza, la ACDS plantea hacer uso del margen de actuación que confiere Régimen Económico y Fiscal (REF) para propiciar el desarrollo sostenible. Es más, existe un reconocimiento de la fiscalidad como elemento clave y transversal al servicio de la ACDS, identificando instrumentos como la fiscalidad verde o incentivos para desarrollo de proyectos alineados con la sostenibilidad. Estas herramientas son aplicables a grandes proyectos como el Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria, subvenciones a la adopción de instalaciones de energía renovable o tributaciones por usos desmedidos de recursos naturales, pero no proporcionan un marco tributario transversal que impulse un avance colectivo sostenido hacia los ODS.

Estudiar el margen de reforma del REF en el marco de la ACDS debería ser una de las prioridades iniciales del recién creado Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Una reforma del REF con el desarrollo sostenible como referencia tendría sus dificultades, sin duda, pero también sería más beneficioso en el largo plazo para todas las canarias y canarios que otras acordadas de modo reciente. Un caso de particular interés en este ámbito por su cercanía geográfica y similar régimen político-económico es “El modelo de Vizcaya” (The Biscay model), desarrollado para la Diputación de Vizcaya por el Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL ( University College London). Este modelo conceptual muestra la viabilidad de profundizar en los incentivos fiscales hacia la sostenibilidad desde los marcos tributarios regionales.

El instituto, liderado por Marina Mazzucato, ha desarrollado un modelo marco de incentivos fiscales transversales para empresas ligado al avance en los ODS en función de las tres prioridades políticas de la Diputación vizcaína. La aproximación es inclusiva, con el foco en poder recompensar los esfuerzos realizados por las PYMEs para contribuir a la sostenibilidad, impulsando de este modo la concienciación y un cambio de comportamiento transversal a la sociedad por la capilaridad de este tipo de empresas. La recompensa fiscal no se basa sólo en alcanzar unos objetivos, sino en el esfuerzo de andar todo el camino para alcanzarlos, con un esquema simple para incentivar todas las fases de contribución al desarrollo sostenible: Planeamiento de acciones, autoevaluación del cumplimiento y logro del cambio.

El marco de incentivos definido en Vizcaya no sólo es extrapolable al caso canario, su transposición sería extremadamente viable por la existencia de ACDS. Mientras que en el modelo Vizcaya fue necesaria una asociación de cada prioridad política con un grupo de ODS, y a partir de ahí establecer objetivos para las empresas; la existencia de la ACDS permite una ligazón directa ODS a ODS y con el detalle para cada uno de ellos de las denominadas “metas canarias de desarrollo sostenible”, que permitirá, una vez definidos sus indicadores por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a lo largo de 2022, establecer los objetivos para las empresas.

El éxito para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países y territorios depende en gran medida de la capacidad de extender su propiedad a toda la población y tejido económico. Los incentivos fiscales a las pymes tomando ventaja del REF, con reforma si fuera preciso, es un instrumento que no debería ser desechado por el Gobierno Canario y su estudio tendría que estar entre los primeros cometidos del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. En la recta final hacia el año 2030, Canarias dispone de los instrumentos y marco para acometer un impulso fiscal hacia la sostenibilidad: ACDS, REF y el Consejo de Desarrollo Sostenible. No deberían desperdiciarse.

El derecho de acceso por medios electrónicos a la Administración es ejercido de modo intensivo por las canarias y canarios. En el último año, el 70,2% de las personas entre 16 y 74 años que viven en la Comunidad Autónoma ejercieron este derecho, un porcentaje que sólo es mayor en el Estado español en las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es un derecho que facilita la igualdad de quienes vivimos en territorios insulares frente a la Administración, pero que también se enfrenta a desafíos para su ejercicio efectivo por todas y todos.

En primer lugar, el derecho de acceso digital a la Administración depende para su ejercicio de las grandes tecnológicas. El 15 de junio de 2022, la empresa Microsoft anunció la finalización del soporte de la herramienta Internet Explorer. Las eventuales vulnerabilidades futuras de seguridad del navegador ya no serán resueltas, cuestionando la plena garantía jurídica de las transacciones administrativas que se hagan con el mismo a partir de ahora. Aunque la dependencia de este navegador se ha reducido desde el 93% de cuota de mercado que alcanzó, en 2019 PYMEs y autónomos aún estimaban que el 70% de los trámites de la Administración dejarían de funcionar sin ese navegador. Lo sucedido con Internet Explorer es un acicate para que la Administración aplique el principio de neutralidad tecnológica en el desarrollo de las aplicaciones con que se relaciona con la ciudadanía. 

En segundo lugar, nos encontramos con la brecha digital como dique para la extensión universal real del derecho de acceso digital a la Administración. El informe anual sobre exclusión y desarrollo que realiza FOESSA, identifica que el 30,4% de los hogares de Canarias tiene alguna condición que le sitúa dentro de la brecha digital, que se eleva hasta el 45,8% entre los hogares en exclusión, los que más necesitan acceder a la Administración en necesidad de apoyo. El resultado de esta situación es un 9% de hogares canarios (hasta un 20,5% en el caso de hogares en exclusión) que reconocen haber perdido oportunidades por no haber podido hacer uso de medios electrónicos para acceder, entre otros servicios, a la Administración digital.

En tercer lugar, se necesita que las aplicaciones de la Administración se desarrollen desde el principio de accesibilidad universal, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.  El  Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, establece las condiciones para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a la Administración digital. El último informe de Administración Electrónica de las Comunidades Autónomas señala que sólo el 34% de sus webs cumplen con todas las garantías de accesibilidad. No existen resultados desagregados por cada uno de los gobiernos autonómicos, pero por las declaraciones de accesibilidad del Gobierno canario en su portal principal como de su sede electrónica sabemos que en las mismas existen carencias de accesibilidad de distinto grado. Más preocupante es la ausencia de declaración de accesibilidad en las webs de algunas empresas de su sector público autonómico.

Finalmente, también existe el riesgo de apertura de una brecha de género. Si bien no existe brecha de uso de Internet entre mujeres y hombres ni en España ni Canarias (el mismo porcentaje de hombres y mujeres declaran su utilización), si se aprecia una brecha de género en el uso de la Administración digital (70,5% vs 66,95 a nivel estatal, sin datos desagregados por CCAA), que, aunque reducida, ha ido aumentando en los dos últimos años (en 2019, la brecha se estimaba solo en 0,7%). Es pronto para poder concluir si la ampliación de la brecha de género es circunstancial, aunque existe un riesgo cierto de crecer impulsada por la carencia estructural de la falta de perspectiva de género existente en el altamente masculinizado sector tecnológico, una amenaza sólo reducible mediante la creación de equipos mixtos para el desarrollo de aplicaciones públicas.

Los derechos digitales dan continuidad a nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos en la transición a la sociedad y economía digital. El reconocimiento en España del derecho de acceso por medios digitales a los servicios públicos fue pionero en Europa en 2007, y vanguardia del conjunto de derechos digitales de nuestro marco legal. La aprobación hace un año por el Gobierno de España de la Carta de Derechos Digitales, fue la antesala de la adopción en enero de 2022 de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales. Merece la pena celebrar que desde hace quince años nuestro país haya sido y hoy siga siendo punta de lanza en el ámbito de los derechos digitales en la comunidad internacional, pero recordando su fragilidad. Su refuerzo pasa por la reducción de la dependencia de las grandes tecnológicas, extender la digitalización a toda la sociedad, embeber la accesibilidad en el diseño de aplicaciones y atajar el riesgo de aparición de una brecha de género.

La atracción de los actores relevantes de la economía digital es una competición global en progreso en la que actúan de imán las infraestructuras de telecomunicaciones, la energía y el talento. El trabajo institucional de los últimos cuatro años, desde el cambio de ciclo político de 2018, está facilitando la introducción de la Comunidad Autónoma de Canarias entre los territorios con un entorno favorable al desarrollo tecnológico y creando las condiciones para la atracción de sus actores. 

Lo más obvio es quizás la labor desarrollada en el pilar fundacional de la economía digital, las redes e infraestructuras digitales. Según los datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la cobertura poblacional en Canarias de redes con velocidades de acceso a 30 Mbps ha crecido entre 2018 y 2020 del 77% al 92%, y en las redes con velocidad de acceso de 100 Mbps se ha incrementado del 75% al 85%. Esta extensión de las redes de banda ancha, particularmente en las más zonas remotas y rurales del archipiélago, ha sido en buena parte fruto de ayudas públicas nacionales y autonómicas (el último ejemplo, facilitar la conectividad de La Graciosa), y, en el caso de 30 Mbps, de exigir a los operadores cumplir las obligaciones ligadas a las licencias de telefonía móvil.

El refuerzo de la conectividad global de las islas, imprescindible para atraer el establecimiento de grandes tecnológicas, también avanza. En mi última contribución a este medio, hablaba del consenso registrado en el Parlamento de Canarias, a iniciativa de Sí Podemos, para promover el impulso gubernamental de proyectos que fortalezcan la conectividad submarina del archipiélago. Pues bien, el acto parlamentario sin duda influyó que tan solo unos días más tarde el Gobierno de Canarias publicara una solicitud de información al mercado sobre proyectos para fortalecer la conectividad de El Hierro con Tenerife y entre las islas capitalinas. También es importante que una empresa pública canaria participe en el desarrollo del enlace de las islas con iniciativas globales como el cable África.

Pero no sólo es importante el desarrollo de la conectividad para impulsar la sociedad digital, la transición verde no es llamada sin razón la política pública gemela de la transformación digital. Más redes y dispositivos conectados requieren de energía infinita a precios razonables. La perspectiva de estabilidad energética en fuentes y precio atrae a los actores relevantes de la economía digital. Tras un pasado errático, Canarias da pasos para hacer realidad la predicción que realizó Jeremy Rifkin en 2009, calificando las islas como la Arabia Saudí de las renovables. Otro de los columnistas de este medio recordaba recientemente que, en los últimos tres años, Canarias ha conseguido generar más megavatios con energía verde que en los ocho anteriores. El objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de descarbonizar la economía canaria en 2040 marca una senda estable de trabajo institucional que favorecerá el desarrollo de la generación de energía basada en fuentes renovables, y con ello la economía digital.

Pero el desarrollo de la sociedad y la economía digital necesita de ecosistemas, conformados por actores de diversos tamaños. Los actores relevantes y de gran tamaño necesitan de talento local que complemente sus fortalezas, un tejido de pequeñas y medianas empresas en que apoyarse. La apuesta por exprimir la potencialidad de la Zona Especial Canaria (ZEC) anunciada hace unos días en el South Summit es por ello importante. Rebajar los requisitos de inversión para el establecimiento en la ZEC a las pequeñas empresas, entre otras a las que desarrollan su actividad en el sector de la tecnología digital, lo que reforzará la capacidad del ecosistema digital canario. Es especialmente de celebrar la introducción, a cambio, del requisito de creación de empleo.

Así llegamos al último, pero más importante, de los factores necesarios para atraer operadores de la economía digital, la disponibilidad de talento digital, de personas capacitadas para los puestos de trabajo que se creen. Es, quizás, el eslabón más débil. Hace unos días, Cáritas señaló como en el informe anual sobre exclusión y desarrollo que realiza FOESSA se identifica que la brecha digital en los hogares de Canarias es algo menor que en el resto de España, un 30,4% frente a un 35,2%. Sin embargo, los datos del INE nos muestran como existen más personas entre la población canaria que carece  o tiene pocas habilidades digitales que en el resto de España, 35,3% frente a 33%. Es decir, en cualquier caso, aún más de un tercio de la población insular está en riesgo de quedarse atrás en el desarrollo de la economía digital, estando aún lejos nuestras instituciones de haber creado ese entorno en el que, retomando las palabras de Acemoglu, la mayoría de la ciudadanía pueda desarrollar su talento.

Aunque algunos tratan de acorralarlas en el rincón de la tecnocracia, las políticas públicas para desarrollo de la economía y sociedad digital también tienen y reflejan ideología. Como en cualquier otro ámbito sectorial, la labor de las instituciones es clave para el éxito de los territorios y los pueblos. Desde el cambio de ciclo político de 2018, Canarias está emergiendo como un territorio con el potencial de atraer a actores digitales relevantes que sean capaces de contribuir a desarrollar las capacidades acumuladas. El impulso final y necesario pasa por desarrollar el talento digital de las personas, que las mismas no sean sólo fuente de riqueza para las plataformas con el uso de sus servicios, sino parte activa de su desarrollo obteniendo rédito y beneficios del crecimiento de sociedad y economía digital.

A pesar de nuestra dependencia crítica de la conectividad digital submarina, no existe un registro oficial de los cables submarinos que nos enlazan con la Europa continental y con el mundo, como bien se destacaba en la Proposición no de Ley aprobada. Los gobiernos central y autonómico han de recurrir a realizar recopilaciones ad-hoc para los informes de análisis que elaboran, ya que el marco legal no obliga a operadores económicos a un registro de los puntos de atraque de los cables submarinos, su capacidad y propiedad societaria. Tan sólo se requiere los permisos relativos al cumplimiento de las normas medioambientales relativas a la protección del fondo marino. Será un paso adelante la próxima aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incluye la obligación por parte de los operadores de notificar nuevos cables y los existente al órgano competente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Del mismo modo que es subvencionado el transporte aéreo y marítimo a los residentes en las islas, habrían de encontrarse fórmulas para apoyar el despliegue de cables submarinos, tanto entre las islas como de éstas con el continente. Y no es algo que pueda dejarse para mañana, la vida media de un cable submarino son 25 años y su construcción requiere de tres o cuatro años. En el informe de banda ancha en Canarias publicado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI) el 13 de mayo de 2022, se señalaba que once de los catorce cables submarinos interinsulares habrán superado los 25 años de funcionamiento en diez años. Es más, cinco de estos cables ya la han superado a día de hoy y todos los que conectan las islas no capitalinas orientales la habrán superado en dos años.

Algo similar sucede en la conectividad entre las Islas y la Europa continental. Son cinco los sistemas de cable submarinos que unen alguna de las islas capitalinas con el continente, tres de los cuales habrán sobrepasado la vida media de 25 años dentro de un lustro. Una alternativa para su renovación es la conexión con las infraestructuras de telecomunicaciones que están tendiéndose alrededor del continente africano. La colaboración pública para acelerar el atraque en el archipiélago de la conexión con el nuevo cable submarino 2Africa, promovido por Facebook, e incluso impulsar alguna extensión hacia las islas del sistema Equiano, desarrollado por Google, se configuran como las opciones más viables. 

Pero para poder apoyar el despliegue de cables submarinos se necesita un marco legal adecuado. Si bien las últimas revisiones de la legislación de ayudas de estado de la Unión Europea facilitan el camino de la intervención pública en el ámbito de la conectividad submarina, quizás debieran establecerse avenidas más amplias por las que transitasen las Regiones Ultraperiféricas. Por ejemplo, eliminando la necesidad de presentación previa de los proyectos a convocatorias de programas europeos o permitiendo apoyar despliegues dónde ya existiesen dos alternativas dado el carácter vital de la conectividad en las regiones más alejadas de la Unión. La próxima Presidencia de España de la Unión Europea, que sucederá de modo paralelo a la Presidencia de Canarias de las Regiones Ultraperiféricas, puede ser una palanca adecuada para promover reformas que permitan un uso más intenso y ágil de la financiación pública, en particular, la obtenida a través del mecanismo de recuperación y resiliencia y FEDER.

La experiencia de los confinamientos tras la irrupción de la COVID-19 han puesto de manifiesto el valor de las redes e infraestructuras digitales como bien común. En el caso de las Islas Canarias, los cables submarinos de telecomunicaciones fueron el cordón umbilical que evitó que a la dificultad de hacer frente a la crisis desde la distancia se sumará la necesidad de hacerlo desde un aislamiento más extremo. Pero no es solo en las situaciones de crisis, nuestro día a día en la lejanía insular, las posibilidades de acceder recursos educativos remotos, la disponibilidad de servicios de salud o las oportunidades laborales en teletrabajo dependen de la conectividad. Ese es el valor y la buena noticia de la existencia de un consenso de toda el arco político canario alrededor de impulsar el desarrollo de un sistema resiliente de conectividad submarina insular.

Adicionalmente al papel que la extensión del uso del comercio electrónico tiene como elemento tractor del proceso de digitalización, aporta otros beneficios en el avance hacia sociedades y economías más resilientes y sostenibles. Así, por ejemplo, el Banco de España en su informe anual de 2018 subrayaba sus efectos beneficiosos para controlar la inflación, tan importante de mantener bajo control en el actual escenario geopolítico. También se considera que el impacto del comercio electrónico sobre el medio ambiente es globalmente positivo por reducir las emisiones de CO₂, aunque la irrupción de la COVID-19 haya hecho emerger comportamientos en el uso del mismo sobre los que se ha detectado la necesidad de introducir políticas de corrección (e.g. sobre empaquetado de productos, abuso de las opciones de entrega rápida, …).

La tendencia que señalan los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en los hogares, publicadas en noviembre de 2021, es un frenazo en la extensión del uso del comercio electrónico en las Islas Canarias. Mientras que en el periodo 2019-2021 Canarias ha continuado el proceso de convergencia hacia la media nacional en el uso de Internet, con una reducción del diferencial en medio punto porcentual, la variación del uso del comercio electrónico ha tenido un comportamiento muy diferente. No solo se ha producido casi un estancamiento en el porcentaje de aquellos que realizan compras online desde las islas entre 2019 y 2021 (35,2% vs. 36,5%), sino que este dato contrasta fuertemente con la evolución muy positiva del porcentaje nacional de usuarios del comercio electrónico en el mismo periodo (crecimiento desde 46,9% a 55,2%).

Existe un consenso entre los expertos en el carácter catalizador que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre el proceso de digitalización, acelerando las cuotas de todo tipo de uso de los servicios digitales. Cualquier desviación sobre esta tendencia global, especialmente en un indicador relevante como el uso del comercio electrónico, debería ser una señal de alarma para instituciones, gobiernos y fuerzas sociales de cualquier tipo. Si con el estancamiento del uso del comercio electrónico se estuviera ralentizando el proceso de transformación digital de Canarias, ello supondría en el medio plazo dificultades transversales en el desarrollo económico de las islas y un aumento de las posibilidades de exclusión social de un porcentaje relevante de la población.

De un modo práctico, todo residente canario que es a la vez usuario del comercio electrónico intuye, al menos, una de las razones que están detrás de los datos publicados por el INE. Realizar una compra electrónica desde las islas a comercios digitales establecidos en la Europa continental supone enfrentarse a un sin fin de trabas burocráticas derivadas de nuestro régimen aduanero. Existen pocas alternativas. De un modo simplificado, o se facilita la entrada de los bienes y productos adquiridos por los ciudadanos canarios en otros territorios por medios electrónicos más allá del límite de 150 euros, o se allana el terreno para la implantación en el archipiélago de centros logísticos y de distribución de los gigantes del comercio electrónico, probablemente con algún régimen arancelario especial para que el establecimiento sea eficaz. Cualquiera de las dos soluciones, o las dos a un mismo tiempo, parecen llamar a afrontar una tarea compleja: la actualización a la realidad digital del régimen económico y financiero específico de Canarias manteniendo el equilibrio de ingresos fiscales.

Pueden existir otras opciones para promover el uso del comercio electrónico basadas en impulsar las alternativas locales. No debe ser una opción descartable, según datos del INE un porcentaje mayor de empresas establecidas en las Islas Canarias realizan la recepción de pedidos o reservas online que la media nacional (24,39% frente a 19,52%). No obstante, este mismo hecho apunta a que los mercados de venta por medios digitales insulares no satisfacen al usuario de la Comunidad Autónoma, a pesar de la excepcional implantación de aplicaciones de comercio electrónico por las empresas canarias. Pueden influir en ello aspectos como la diferente experiencia de usuario o el menor rango y variedad de productos al respecto de los gigantes del comercio electrónico.

El desarrollo pleno del comercio electrónico ha actuado como motor del progreso tecnológico en los países y regiones. Las señales de agotamiento en el incremento del uso de las compras online desde Canarias respecto al conjunto de España conlleva el riesgo de la apertura de una nueva brecha digital entre nuestra Comunidad Autónoma y el resto del Estado, que tarde o temprano podría hacer metástasis en todo el tejido económico. Pero es solo un síntoma, el diagnóstico preciso requeriría un análisis más amplio de lo que permite este espacio. Tampoco la fase preelectoral a la que nos encaminamos, tanto en el Estado como la Comunidad Autónoma, aconseja una actuación inmediata. Por el contrario, es el momento de identificar modelos y alternativas de solución para superar este posible escollo para el crecimiento sostenible de las islas y su transición digital. Es el momento de incluir el comercio electrónico en la agenda política canaria.

Algunos de los análisis que se realizan parten, a mi juicio, de un error de base, considerar que la comprar de Twitter es un fin en sí mismo y que permanecerá eternamente con la misma filosofía de servicio: una red social de intercambio de mensajes en abierto, a medio camino entre una barra de bar y un sesudo foro de debate, con una inmensa gama de variantes intermedias. Los cambios meramente técnicos sobre la plataforma que Elon Musk desgrana a través del propio Twitter (e.g. mensajes más largos, capacidades de edición, acabar con los bots, encriptado de los DM…) refuerzan en algunos la visión de un plutócrata dedicado en sus horas libres a modelar un servicio de acuerdo con sus ideas felices. Sin embargo, es difícil pensar, viniendo de un tiburón de los negocios como Musk, que todo ello no sea más que una cortina de humo de una estrategia de más largo alcance.

En mi opinión, la compra de Twitter es el primer paso en una senda destinada a fortalecer su posición en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), área por la que de modo recurrente ha expresado preocupación por su modelo de desarrollo y, en particular, por sus proyectos relacionados con el modelado del pensamiento humano, como Neuralink. Kai-Fu Lee, expresidente de Google en China, en Superpotencias de la Inteligencia Artificial describe cómo las empresas chinas apalancan el desarrollo de la IA sobre grandes lagos de datos, sin innovaciones tecnológicas concretas pero perfeccionando los algoritmos al disponer de la materia prima de la información en abundancia. Twitter proporciona a Musk un lago de datos del que no disponía, 500 millones de tweets que reflejan política, modelos de consumo, sentimientos y costumbres, y todo tipo de grados de pensamiento humano aprovechables en Neuralink. Sin embargo, Twitter tiene una debilidad, su bajo número de usuarios comparado con otras plataformas tecnológicas. Necesita más usuarios, y para eso ha de cambiarla radicalmente.

Musk se ha referido a esta red social como un servicio que no ha sabido desarrollar su potencial. Pero no está pensando, probablemente, en fortalecerlo como plataforma de debate, sino en un servicio muy diferente del que es ahora, según sus palabras, que “deje de ser un servicio de nicho”. Como ha recordado Jeff Bezos, el empresario sudafricano tiene estrechas relaciones con China y en el cerebro de Musk debe flotar la historia de Tencent, con quien tiene vínculos por poseer desde 2017 un 5% de Tesla. Volviendo a Kai-Fu Lee, en su libro describe también el modelo de navaja suiza de los servicios digitales del país asiático, del que Tencent es el paradigma máximo: desde un servicio de mensajería ha evolucionado a un juggernaut que abarca e-commerce, banca on-line, juegos y así hasta el infinito. La similitud del servicio origen de Tencent con lo que hoy es Twitter puede estar siendo la inspiración de Musk, la emulación de una historia de éxito para el crecimiento del número de usuarios con un servicio atrapalotodo.

Para alcanzar el éxito en hacer de twitter el servicio digital atrapalotodo más usado del mundo, Musk ha colocado otra piedra previa: desarrollar un servicio de acceso a Internet de ámbito global con el cual empaquetarlo, Starlink. La idea no es nueva, Facebook, con los drones del Proyecto Aquila, y Google, con los globos del Proyecto Loon, trataron de conectar las zonas desconectadas del tercer mundo con el objetivo de extender allí el uso de sus aplicaciones. Donde tropezaron Google y Facebook, Musk está al borde de alcanzar el éxito. Con sus más de 2.000 satélites ya en órbita funcionando, Starlink ha pasado en los últimos seis meses de 90.000 a 250.000 usuarios, un incremento nada desdeñable al que se sumará en breve los usuarios de sus primeros contratos con aerolíneas para facilitar servicio de Internet a bordo. Un nuevo Twitter convertido en un servicio digital para todo aspecto de la vida, combinado con un servicio global de acceso a banda ancha, parece una receta segura para seguir incrementando el número de usuarios, y, además, en zonas donde competidores aún no han entrado.

El empresario sudafricano es, ante todo, un empresario, y las motivaciones finales de todas sus acciones pasadas han estado más cerca de la economía, de hacer crecer sus productos en áreas no explotadas por otros y con ello su fortuna, que de razones meramente políticas, como defender la libertad de expresión y potenciar el debate público.

La adquisición de Twitter le permite fortalecer, ya de inicio, su posición hasta ahora secundaria en la IA. Pero es más, con la conversión de Twitter en una plataforma digital multiservicio, más cercana al modelo chino que al modelo estadounidense, que se alimentaría para su expansión en círculo virtuoso con un servicio de acceso a internet ubicuo basado en satélites como Starlink, obtendría una fuente ilimitada de la materia prima que le podría convertir en líder global y dominante de la IA y su interfaz con el pensamiento humano: datos de sentimientos y conversaciones.