Cada día toneladas de residuos hospitalarios que se podrían reciclar acaban en el contenedor. La pandemia de la COVID-19 ha duplicado los desechos plásticos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los residuos peligrosos, como mascarillas, guantes, agujas o pruebas PCR, se han multiplicado por 10 y se espera que la campaña de vacunación masiva se traducirá en la generación de unas 144.000 toneladas de residuos en forma de viales, jeringas y envoltorios en todo el mundo.

En los hospitales se producen muchos tipos de residuos. La mitad son muy similares a los que se generan en casa: envases, material de oficina o restos y envoltorios de comida. Solo el 10% se consideran residuos peligrosos, según la Agència de Salut Pública de Catalunya. Entre los no peligrosos, normalmente se reciclan los que provienen de las cafeterías, administración y máquinas expendedoras. 

No se separan, sin embargo, la mayoría de desechos provenientes de las consultas, como los plásticos que contienen jeringas o los viales. “Se podrían reciclar perfectamente, pero no se consideran envases porque no están sujetos a la tasa del punto verde”, señala Jordi Pujadas, técnico de Medio Ambiente del Institut Català de la Salut (ICS), haciendo referencia al impuesto incluido en el precio de los envases para financiar su reciclaje. 

Actualmente no hay ninguna norma estatal específica para productos sanitarios. Además, los envoltorios de productos sanitarios quedarán exentos del nuevo impuesto especial para plásticos de un solo uso creado por la nueva ley de residuos. Por otro lado, la obligación de instalar fuentes con agua potable para fomentar los envases reutilizables en todos los edificios públicos tampoco afectará a los hospitales, que podrán continuar vendiendo envases de un solo uso.

Aunque los residuos sanitarios son competencia autonómica, a día de hoy algunas comunidades ni siquiera tienen una normativa específica para regular su gestión, y solo cinco de ellas se rigen por textos posteriores al año 2000. La mayoría son de los años noventa, cuando el reciclaje aún no aparecía en ninguna ley estatal de residuos y las tasas de recogida selectiva eran muy inferiores a las actuales: entre 1997 y 2020, el reciclaje de residuos municipales creció más de un 250%, según datos de la Comisión Europea. 

Tampoco existe normativa europea específica para este asunto, más allá de las directrices sobre residuos generales que promueven, en este orden de preferencia, la prevención, la reutilización y el reciclaje. También en la guía de la OMS, el apartado sobre residuos sanitarios no peligrosos, los más frecuentes pero los menos atendidos, se limita a dar recomendaciones sobre cómo minimizar residuos y reusar material que no conlleve riesgo de infección.

Los datos sobre la generación de residuos sanitarios no peligrosos que aporta la Comisión Europea presentan diferencias inverosímiles. Por ejemplo, el Reino Unido reportó haber generado 200.200 toneladas de residuos, mientras que Italia, que tiene una población ligeramente inferior, reportó 4.000 toneladas. En el otro extremo está Noruega, con solo 6 toneladas. La media europea de recuperación de residuos sanitarios es, según el Eurostat, del 62%.

En España, el número que aparece es un 2%, aunque faltan datos y es probable que la cifra sea muy diferente: en esta base de datos, la única que existe sobre la materia, España únicamente aporta cifras de los residuos sanitarios no peligrosos que se incineran para generar energía, pero no sobre los que se reciclan. Estas incoherencias se deben, en parte, a la falta de una unificación de criterios, ya que cada país clasifica de forma distinta sus residuos sanitarios.

María José Mora, responsable de la unidad de Innovación e Investigación del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (València), también apunta a los envoltorios de material sanitario como el principal problema en la gestión de residuos de los hospitales. “No hay una normativa, ni nacional, ni regional, ni europea”, explica Mora, quien señala a los cuerpos legislativos: “El problema ya no es nuestro, viene de más arriba”.

Sin sanciones por incumplir la norma

Separar correctamente la basura para su reciclaje es obligatorio para toda la ciudadanía, empresas e instituciones. Sin embargo, aunque la norma considera multas de hasta 60.000 euros, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha confirmado a Verificat que nunca ha sancionado a ninguna empresa o institución por incumplir la obligación de reciclar. Alega que en lo relacionado a los residuos municipales, la competencia recae en los ayuntamientos. El de Barcelona contempla sanciones de hasta 3.000 euros. A la hora de publicar este reportaje, el consistorio no había confirmado a Verificat si alguna vez ha sancionado a algún centro sanitario por este motivo.

En Catalunya, el ICS define los planes de gestión de residuos de los Centros de Atención Primaria (CAP) y de ocho hospitales públicos. En el resto de hospitales, la responsabilidad recae en cada centro y la debe asumir con su presupuesto. “Nuestra capacidad de reciclaje es muy limitada”, explica Gerard Pereda, responsable de residuos sanitarios del Hospital Clínic, en Barcelona, que no forma parte de la red del ICS. “Reciclar implica tener espacios y contenedores adecuados y el hospital tiene el espacio que tiene”, lamenta. 

El Clínic, igual que hace el hospital de La Paz de Madrid, subcontrata parte de la gestión de residuos, aunque solo los equiparables a los domésticos que pagan la tasa de reciclaje. En el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, por su lado, aseguran que lo reciclan “todo”, según relata a Verificat Yolanda Fernández, responsable de hotelería del centro. Así, todos los plásticos generados en el hospital, incluyendo los envoltorios de productos sanitarios, se separan aunque no paguen la tasa, explica.

“Hay muchos hospitales que no lo hacen correctamente, que hacen recogidas parciales, en una parte del hospital o solo una fracción”, explica Pujadas, del ICS. “Un hospital es un ente muy complejo y cuesta mucho, pero es obligatorio [reciclar]”. Josep Simó, director del Área de Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC), apunta en la misma dirección: “Todos estamos obligados a hacer una segregación y recogida selectiva de residuos”.

Tasas de reciclaje muy distintas entre centros

En los centros de atención primaria, la situación es muy desigual. En los datos del ICS aparecen centros que reciclan grandes cantidades de basura y otros que apenas lo hacen. Los más avanzados, el CAP Miami (Tarragona) y el consultorio de Juncosa (Lleida), recuperaron 238 y 232 kilos de envases por cada trabajador, respectivamente. En el otro extremo, 19 de los 84 centros analizados no pasaron de los 5 kilos. 

Esta diferencia se explica, en parte, por el método de contar deshechos, explica Jordi Pujadas. “Todo depende de si el personal de limpieza cuenta y notifica todos los residuos recogidos, y no todos lo hacen”, señala. Además, la cifra se calcula asumiendo que cada bolsa de basura recogida pesa 1,5 kilos, en el caso de los envases, y 2, en el del papel.

Con este entramado legal llegó la pandemia de la COVID-19, que trajo toneladas y toneladas de desechos potencialmente contaminados por el virus. Esto causó “un desbordamiento general”, explica María José Mora. “Sabíamos que estábamos generando estos residuos, pero nadie tenía tiempo de pararse a cuantificarlos”, apunta. 

La prioridad era acondicionar los hospitales para gestionar la pandemia a nivel sanitario, hasta el punto de que el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó la incineración en cementeras de los residuos que habían estado en contacto con el virus del SARS-CoV-2, considerados como “infecciosos” por el Gobierno.

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El alumnado que aprende en barracones en Catalunya no ha dejado de crecer en los últimos años. Un total de 23.349 alumnos estudiaron el curso pasado en 95 escuelas e institutos públicos construidos íntegramente con módulos prefabricados. Son casi 10.000 estudiantes (9.700) más que en el curso 2008-2009, lo que supone un aumento del 70%, según datos obtenidos por Verificat a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). Hay 31 centros de la comunidad que llevan más de una década funcionando en barracones.

Las promesas para eliminar los barracones han sido recurrentes por parte de los distintos responsables de Educación. Josep Gonzàlez-Cambray, actual conseller de Educación y exdirector general de Centros Públicos, aseguró en abril de 2019 que el Govern eliminaría un centenar de barracones en cuatro años. Por aquel entonces había 1.015 módulos, contando los centros formados íntegramente por barracones y los que los usaban de forma complementaria. Tres años más tarde, la cifra de barracones solo se ha reducido en nuevo y siguen empleándose como aulas 1.006 módulos, según datos facilitados por el departamento.

La conselleria remarca que está trabajando para revocar una tendencia que no ha hecho más que aumentar. El director general de Centros Públicos, Jean Marc Segarra, ha indicado a Verificat a través de un correo electrónico que antes de la pandemia se puso en marcha un plan de construcciones con el objetivo de reducir hasta un 70% los módulos en escuelas e institutos. Segarra no ha facilitado datos sobre el estado de las obras, pero el Govern anunció en abril de 2019 que los trabajos afectarían a 27 centros educativos, que se sumarían a los 37 que ya estaban en construcción.

El departamento ha declinado concretar el total de alumnos que estudian en centros donde los barracones conviven con edificaciones e instalaciones permanentes alegando que, en estos casos, los módulos se usan para actividades complementarias y que la situación del alumnado es distinta de la de aquellos que realizan todas las clases en aulas prefabricadas. Tampoco ha compartido datos sobre alumnos en barracones relativos a cursos anteriores al 2008-2009.

El único dato anterior al 2008 es el del número de escuelas que funcionan íntegramente por barracones, que ha pasado de 41 el curso 2004-2005 a 95, el 2020-2021. El número de módulos prefabricados también ha aumentado de 202 a 499 durante el mismo periodo, unos años en los que los estudiantes matriculados en la educación pública catalana han pasado de 752.731 a 828.253, lo que supone un incremento del 10%.

De los 95 centros que impartían todas sus clases en aulas prefabricadas en el curso 2020-2021, 71 llevaban al menos cuatro cursos en esta situación y 31 ya funcionaban así en el curso 2008-2009. Es decir, casi una tercera parte de los centros que estaban solo en barracones el curso pasado conviven con esta realidad desde hace al menos 12 años. Esta realidad se aleja de la función de “solución provisional” que deberían tener este tipo de módulos, según asegura la administración catalana desde hace años.

Centros y comarcas más afectados

De los 23.349 alumnos que estudiaban en centros formados íntegramente por barracones en el curso 2020-2021, 12.996 cursaban infantil y primaria, mientras que 9.481 estaban inscritos en institutos y 872 en centros que ofrecen primaria y secundaria. Por comarcas, las cifras del curso anterior sitúan la comarca del Barcelonès, con 4.262 alumnos; el Gironès, con 3.107 y el Vallès Occidental, con 2.579, como las zonas que concentran el mayor número de alumnado estudiando en barracones.

Los datos son similares a los de cuatro años atrás, cuando el Gironès encabezaba la clasificación, con el Barcelonès y el Vallès Occidental en segunda y tercera posición. Esta realidad, en el caso del Barcelonès y del Vallès Occidental, se corresponde con el hecho de que son las comarcas más pobladas de Catalunya, pero no encaja en el caso del Gironès, que ocupa la novena posición.

Proporcionalmente a su población, las comarcas más afectadas son el Gironès, el Alt Empordà y la Cerdanya, donde hay 16, 10 y 10 alumnos por cada mil habitantes que estudian en centros íntegramente formados por barracones.

Más de una década en barracones

El instituto de Vilafant, en la comarca del Alt Empordà (Girona), es un buen ejemplo de esta provisionalidad perpetuada que padecen algunos centros educativos. “Empezamos a funcionar con barracones en septiembre de 2008 y hoy, a fecha de 2022, seguimos exactamente igual”, explica Jordi Montero, director de este instituto, donde actualmente 530 alumnos estudian en 12 módulos prefabricados.

Los barracones implican trabajar en “espacios muy reducidos y mal aislados” y tener que prescindir de otras instalaciones, denuncia Montsero. El instituto de Vilafant no tiene, por ejemplo, aula de plástica ni de música y tampoco cuenta con un salón de actos porque no cabe en un barracón. “Hace diez años que reclamamos, de la mano del Ayuntamiento, que se inicie el proyecto de construcción del edificio, pero siempre falta un papel”, lamenta el director. En su última solicitud, Educación pidió al Ayuntamiento un estudio geotécnico de los terrenos donde se pretende ubicar el edificio, que están a unos 200 metros del espacio que ahora ocupan los barracones.

Lo mismo pasa en el Institut de Cervelló, en el Baix Llobregat (Barcelona), que también nació en barracones en 2007 para responder a la demanda de plazas educativas de la zona y que así sigue funcionando quince años después. “El profesorado no tiene salas, no tenemos espacios grandes para reunirnos, no hay gimnasio y el patio es demasiado pequeño para poder hacer educación física”, expone Núria Celma, jefa de estudios del instituto. Ninguno de los dos centros aparece en la lista pública de obras presupuestadas por la Generalitat para revertir la situación.

Demografía y descenso de matriculaciones

La portavoz del sindicato mayoritario de la educación pública USTEC-STEs, Iolanda Segura, valora que los barracones son “la respuesta a un aumento de alumnado en ciertas etapas de la enseñanza y territorios”, aunque recalca que buena parte de las necesidades educativas y de infraestructuras “se pueden prever con los datos demográficos”.

La evolución general del alumnado de la pública ha sido negativa en los últimos años debido, en parte, al descenso del número de matrículas en las primeras etapas. Así, mientras que la cifra de inscripciones en la educación pública se redujo casi un 5% entre 2016-2017 y 2020-2021 hasta las 828.253 matriculaciones, durante el periodo inmediatamente anterior, del curso 2012-2013 al 2016-2017, la evolución fue positiva, con un crecimiento cercano al 2%.

“La tendencia al aumento del alumnado se está revirtiendo, ya que en los últimos años se han reducido las matrículas en P3 [primer curso de educación infantil]”, afirma Segura. En 2021 había 3.241 alumnos menos en este nivel educativo respecto al curso anterior, según datos de Educación. Un escenario futuro, dice la portavoz de USTEC-STEs, “que debería encaminarse a la reducción de ratios y no para dejar de construir los equipamientos ahora que hacen falta”.

La líder sindical explica además que la presión sobre el espacio por el aumento de alumnado que antes estaba en primaria y comportaba la construcción de barracones ahora se está trasladando a secundaria. Por su lado, el director general de Centros Públicos circunscribe el actual volumen de barracones al hecho de que en 2008 hubo “un incremento importante de alumnado a causa del aumento de nacimientos [una tendencia que ahora ha virado]” y al “incremento de la población recién llegada a Catalunya, tanto a los núcleos más poblados de las grandes ciudades como en otras poblaciones de todo el territorio”.

A esta realidad se le debe sumar, agrega Segarra, el encarecimiento del suelo, que ha generado el éxodo de una parte de la población hacia municipios más pequeños de la periferia, lo que a su vez ha comportado el aumento la población escolar en estos pueblos y la necesidad de disponer de nuevas construcciones escolares.

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