En la memoria de varias generaciones de latinoamericanos y europeos perduran aún las intervenciones militares de Estados Unidos contra América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. La gravedad y las consecuencias de aquellas operaciones tiñeron de sangre numerosos países, perpetuaron dictaduras dóciles a los intereses de Washington y alimentaron conflictos a lo largo de todo el continente, desde el sur del Río Bravo a la Patagonia. Cuando en los inicios de 2026, vemos repetirse un esquema mediante el cual Estados Unidos, previa intervención de la CIA, secuestra a un jefe de Estado de un país soberano, la memoria colectiva se activa de inmediato.

Nadie con criterio propio cree que Trump ataca Venezuela para luchar contra el narcotráfico. Como tampoco nadie cree que lo hace para defender la democracia. Él, que recibió hace solo unas semanas a Mohammed Bin Salman con honores en la Casa Blanca. Como en el siglo XX, lo que prima es el control de los recursos naturales y la riqueza ajena. Y ahora ni siquiera se disimula: “Nos vamos a ocupar del petróleo”, subrayó abiertamente en su comparecencia.

La línea roja atravesada en Venezuela abre muchos más interrogantes que certezas y dibuja un mundo de anomia en la esfera internacional. Hoy, todos los demócratas deberían criticar con contundencia la violación del derecho internacional. Aunque esa ha sido la tónica de las primeras reacciones entre los principales líderes, la tibieza de algunos Estados y la falta de contundencia de la Unión Europea son un error muy serio, especialmente cuando sobre la mesa hay un plan explícito de injerencias en todo el hemisferio occidental que incluye a los países europeos.

Pero también es necesario hacer una lectura crítica del rol que están jugando los supuestos aliados de Venezuela. La mayoría de los analistas coinciden en no esperar que China y Rusia pasen de la política declarativa de las últimas horas. Como tampoco jugaron ningún rol disuasorio real previamente, priorizado su propia agenda. En el actual contexto de equilibrios geopolíticos, esa inacción ayudó, muy probablemente, a que Trump ordenase un ataque como este.

La incertidumbre reina tras la agresión. Aun siendo pronto para hacer pronósticos a largo plazo, se pueden dibujar algunas consecuencias, tanto en el tablero internacional como en el latinoamericano. En su intervención desde su residencia vacacional, Trump repitió varias veces que Estados Unidos va a liderar Venezuela, lo cual agrava aún más el escenario. Una cosa son las intervenciones en África, Asia Central u Oriente Medio, donde no estaría de más recordar sonoros fracasos, como Iraq o Afganistán. Otra es invocar la guerra en una de las pocas regiones del mundo donde, pese a las múltiples tensiones, había paz.

No es la primera vez que Estados Unidos confía en exceso en su supremacía militar, incuestionable para desplegar operaciones como la que acabamos de ver, pero de dudosa utilidad para aplicar un plan viable el día después. ¿En nombre de quién Estados Unidos está legitimado para gobernar Venezuela? ¿Qué esperan que ocurra si ninguno de los actuales miembros del Gobierno venezolano ni de los mandos de su ejército ceden ante la agresión? Es evidente que, en la mente de Trump y su corte, este escenario no existe y confían en la división de los sectores políticos y militares del actual Gobierno para avanzar en la invasión y posterior expolio del país, lo cual aún está por ver.

El ataque a Venezuela tiene implicaciones que van más allá de sus fronteras y que impactan a nivel regional. La contundencia de la condena hacia lo ocurrido por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, debe ser leída en detalle. Ambos países comparten más de dos mil kilómetros de frontera, lo que hace que la preocupación por la deriva de la situación sea alta en Bogotá, a las puertas de un ciclo electoral clave, que incluye elecciones presidenciales en mayo de este año. Si el ataque contra Venezuela queda impune, ¿qué incentivos tiene Trump para no intervenir después –en la forma que sea– en Colombia, en México o en Brasil? Es un hecho que su capacidad para la inventiva, para fabricar causas y para mentir está intacta. En buena medida, lo que ocurra en las próximas semanas y meses dependerá de la reacción del resto del continente.

En España, algunos líderes de la oposición, siempre tendientes al exabrupto fácil, han salido raudos a celebrar el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Deberían caer en la cuenta de su incoherencia cuando, a la vez, dicen condenar la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Si a partir de ahora impera la ley del más fuerte, no parece que Putin vaya a encontrar demasiadas razones para dejar de atacar Kiev. Si sólo opera la lógica de la fuerza, ¿con qué argumentos puede alguien oponerse a una posible invasión de Taiwán, si China así lo desease? O ¿cómo se neutraliza una hipotética invasión a Groenlandia, sugerida por el propio Trump?

Lo más grave de lo ocurrido contra Venezuela es, en definitiva, el precedente que Trump crea. Hoy la excusa es el narcotráfico y mañana podrá ser cualquier otra que sirva para defender los intereses propios. Si las reglas no se respetan, si los Estados no responden ante el derecho internacional, hemos de asumir que estamos inaugurando un tiempo en el que la barbarie y la violencia justifican cualquier afán imperialista.

La lista Clinton nació en los noventa para aislar económicamente a narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Supuestamente, era en su origen un instrumento de cooperación internacional contra el crimen organizado. Hoy, su uso se ha degradado hasta convertirse en un arma política. La decisión tomada por Donald Trump de incluir en ella a Gustavo Petro, a varios miembros de su familia y a su ministro del Interior marca un punto de inflexión: ya no se sanciona a presuntos delincuentes, sino a adversarios políticos.

Michelle Manatt, exfuncionaria demócrata del departamento de Estado y una de las arquitectas del programa original, se pronunció sin rodeos desde Estados Unidos: “en mi país ya no existe el debido proceso; primero tomaron la decisión política de poner su nombre ahí y luego buscaron elementos para justificarlo”. Pocas declaraciones definen mejor la arbitrariedad. Lo que en teoría debería ser un mecanismo jurídico se transforma así en una forma de chantaje ad hominem: un aviso a cualquier dirigente que pretenda desafiar los planteamientos de Trump. 

Ataques políticos como este, no solo no fortalecen la lucha contra el narcotráfico, la erosionan. Si todo el mundo es un narcotraficante, nadie lo es. El resultado es una banalización que deja más espacio a los verdaderos cárteles. “Reemplazar constantemente la verdad por la mentira no hace que las mentiras sean aceptadas como verdad, sino que el sentido de la realidad se destruya” escribió Hannah Arendt. Ese es el punto en el que nos encontramos: un mundo donde la lucha contra el narcotráfico se usa para encubrir maniobras políticas oscuras, y donde la verdad parece depender de quién tenga más capacidad de imponerla.

Pero vamos a los hechos. Los cultivos de hoja de coca en Colombia alcanzaron cotas muy altas en el gobierno del uribista Iván Duque, cuando se destruyó la política de sustitución voluntaria de cultivos que había implantado en su día Juan Manuel Santos. En 2021, bajo el gobierno Duque la tasa de crecimiento de cultivos estaba en el 42%. Hoy, según datos adelantados por el propio presidente colombiano, la tasa de crecimiento de cultivos va en claro declive: 13% en 2022; 9% en 2023; 3% en 2024.

Petro pagó el precio de haber dicho lo que muchos piensan y pocos jefes de estado o de gobierno se atreven a verbalizar con tanta claridad. Denunció los asesinatos extrajudiciales en alta mar, las detenciones de madres y padres migrantes delante de sus hijos, las deportaciones de personas esposadas de pies y manos a sus países de origen y las entregas a terceros países donde se les pierde la pista. Fue de los más contundentes ante el genocidio en Gaza. Pero hizo algo más. Puso sobre la mesa el elemento de fondo que explica que Trump tenga el mayor portaviones del mundo a pocas millas de la costa venezolana: el petróleo.

Y es que la geopolítica puede ayudarnos a entender la situación actual en la región. En su disputa con China por las tierras raras, Trump es consciente de que América Latina concentra en sus entrañas buena parte de estos minerales. No tendrá ningún problema en controlar el litio argentino, mientras Javier Milei continúe al frente del país. Tampoco tendrá mayores obstáculos para abordar un giro en la relación con Bolivia, país enormemente rico en litio y otros minerales, tras la elección de Rodrigo Paz como presidente. El petróleo venezolano gana valor en este contexto de transición energética global. 

En este tablero, falta Brasil. Llama la atención el silencio del presidente Lula da Silva. Al frente de la principal potencia regional, es evidente que su voz tendría capacidad disuasoria sobre aventuras bélicas en la región. La única explicación pasa por asumir que ha optado por la vía del diálogo directo con Trump, con quien se vio esta misma semana en Malasia, en la defensa de su propio interés nacional. Sin embargo, si esa posición se mantiene, el resultado será una América del Sur fragmentada, donde cada gobierno lo supedite todo a su interés nacional concreto. Pero el coste de esa estrategia no será menor y el silencio ante Trump puede tener también derivadas internas. El gobernador bolsonarista que ordenó el pasado martes la incursión en una favela de Río de Janeiro y que se saldó con más de 130 muertos, muchos de ellos jóvenes con tiros en la nuca, hizo suya, precisamente, la justificación de Trump: “todos eran narcotraficantes”.  

El caso Petro demuestra que la defensa de la democracia latinoamericana no pasa por complacer a Trump, sino por recuperar el valor de la política. La democracia no puede depender de la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni de los intereses de turno de una administración. Si los pueblos eligen libremente, ningún buró financiero debería tener la potestad de atentar contra esa voluntad. De lo contrario, lo que se destruye no es solo un gobierno o a un presidente, sino la idea misma de que la política pueda ser algo distinto de una sucursal del poder ajeno.

En 2016, el consultor político Jaime Durán Barba sugirió al entonces candidato presidencial, Mauricio Macri, sentar a un perro en la silla presidencial. Al can lo llamaron Balcarce y, después de ejecutar la hazaña, la difundieron ampliamente en redes sociales. El asesor predilecto de Macri explicó después que el perro le había dado más votos al candidato que cualquier discurso afinado sobre política económica. La historia se repite, pero no siempre al mismo nivel: hoy el candidato Milei ya consulta con su perro, al parecer fallecido, el programa político que necesita la Argentina. No dejaría de ser una anécdota, si no estuviésemos en la antesala de lo que podría ser la repetición evolucionada de experiencias dramáticas como las ya experimentadas, hace no tanto tiempo, en Estados Unidos y América Latina. 

La segunda vuelta electoral enfrenta este domingo al peronista Sergio Massa y al ultraderechista Javier Milei y definirá, para bien o para mal, los designios de la Argentina en los próximos años. Massa es un hombre del sistema, ministro del presidente saliente, Alberto Fernández, y señalado por la oposición como responsable de parte de los problemas económicos que enfrenta hoy el país. No representa a la izquierda, ni tampoco representa a la derecha, pero conecta con ese viejo peronismo hábil, forjado en relaciones sólidas con los sindicatos, vertebrador de políticas sociales y constructor de lo más parecido a un estado del bienestar que pueda haber hoy en el conjunto de la región. Pero Massa es hoy, ante todo, el último instrumento de defensa ante el ultraderechista Milei. 

Javier Milei, por su lado, es la antipolítica. Una construcción artificial, vacía de contenido en muchos aspectos, que algunos sectores ventajistas de la élite económica aspiran a rellenar con sus propios intereses. No es casual que la campaña electoral se haya visto atravesada por sus vaivenes discursivos constantes. Plantear la abolición de todos los subsidios del país y, a la vez, pretender combatir la pobreza; o proponer la supresión del banco central y, a la vez, pretender la estabilización de la economía. Da lo mismo, lo de menos parece ser el fondo de las propuestas: lo importante es llegar, porque la agenda se la dictarán después. La paradoja del momento es que el candidato que se autoproclama como líder anti-casta es el mejor producto de esta. 

Pero al personaje se le ha hecho largo el trayecto hasta la segunda vuelta. Su principal tropiezo tuvo que ver con los derechos humanos y el negacionismo de la dictadura. A pesar de que la derecha tradicional, agrupada en Juntos por el Cambio, lo apoya, amplios sectores moderados, entre los que se encuentra la Unión Cívica Radical del expresidente Alfonsín, han identificado a tiempo las limitaciones y peligros que representa el ultra. Milei es un fenómeno argentino, pero no exclusivo de Argentina. Brasil y el bolsonarismo están demasiado cerca en el tiempo y en el espacio. Más al norte, en Colombia, hace un año y medio, en la segunda vuelta que dio la victoria electoral a Gustavo Petro, vimos como contendiente a un adulto mayor, paradójicamente impulsado por redes sociales que él jamás manejó. Estaban repletas de mini discursos de menos de treinta segundos, con estructuras gramaticales de sujeto-verbo-predicado, orientadas a esbozar promesas imposibles y soluciones aparente fáciles a problemas históricos. Rodolfo Hernández no solo se desinfló tras su derrota, sino que desapareció por completo del panorama político como lo que era: un mero producto del marketing. Salvando todas las distancias de los personajes y de los contextos de ambos países, es fácil identificar semejanzas entre el ultra Milei y el anciano Hernández. No sería extraño que, si Massa se impone, su figura siguiese el mismo camino que la del colombiano. Ahora bien, también hay diferencias y no son menores. Argentina tendrá que revisar y reparar los efectos del huracán. El debate público lleva instalado durante demasiados meses en asuntos que se creían superados y que, sin embargo, se han abierto paso generando odio y extrema polarización en la sociedad.  

Las últimas encuestas muestran un escenario de división máxima, y casi equivalente, entro los dos bloques. Las encuestadoras han mantenido cautela sobre el resultado, posiblemente a modo de penitencia por el fracaso en los pronósticos de la primera vuelta. Uno de los pocos institutos que acertó entonces, Celag, ya advertía del techo de Javier Milei y hoy apunta a una ajustada victoria de Massa por la mínima, con una diferencia de un punto y medio entre ambos candidatos, que obliga a la prudencia.

La comunidad internacional mira con preocupación a la Argentina. Estados Unidos es partidario de evitar experimentos con resultados indeseados y lanzó señales de apoyo a Massa. Contrasta con la desorientación de algunos dirigentes de la derecha española y latinoamericana que, recientemente, apoyaron a Milei. Es comprensible que, en España, Santiago Abascal hiciese propio el inesperado resultado electoral de Milei en la primera vuelta. Pero el movimiento de Alberto Núñez Feijóo, por boca de Mariano Rajoy, apoyando al candidato ultra desde España, en lugar de a un candidato peronista de corte liberal como Massa, solo se puede entender en el marco de la confusión general en la que convive el líder de la derecha española.

Si Massa gana, las tareas son ingentes. La situación económica es extremadamente delicada y no es casual que Milei, con su batería de soluciones a la desesperada, haya encontrado arraigo en determinados sectores especialmente castigados. El discurso basado solamente en la defensa de las instituciones, del sistema o de la democracia es insuficiente. Parece urgente desplegar una agenda política que realmente preste atención y genere soluciones a los problemas de las amplias capas sociales castigadas por la crisis. Si no es así, el riesgo de reaparición de cualquier otro Milei de turno seguirá presente. El expresidente Raúl Alfonsín lo resumió en una frase: “con la democracia, se come, se cura y se educa”. 

La noche electoral fue aciaga en el balcón de la calle Génova. Toda España asistió en directo a una de esas escenas en las que la comunicación verbal y la no verbal iban por caminos muy distintos. Era el intento de aferrarse a una victoria inútil en la que PP y Vox se quedaron a seis diputados de lograr la mayoría absoluta. A bastantes más de ver cumplidas sus propias expectativas y las de quienes les auguraban la victoria casi antes de jugar el partido. Todo esto, además, menos de dos meses después de que el PP obtuviese un resultado objetivamente bueno en las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, la incredulidad entre las filas conservadoras está en máximos.

Pero, en medio, hemos vivido una campaña electoral plagada de escenas extrañas, en las que la gestión de tiempos por parte de Génova fue todo menos audaz. La foto del acuerdo de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana o el esperpento vivido en Extremadura, por no mencionar los acuerdos con los de Abascal en cientos de ayuntamientos de todo el Estado, configuraron un clima de preocupación generalizada que iba mucho más allá de los votantes progresistas.

Esos acuerdos cortoplacistas, suscritos en tiempo récord, casi con ansia, han contribuido a dar púlpito a un discurso anticientífico, machista, negacionista, plagado de ataques abiertos a colectivos concretos, de retrocesos de décadas en materia de derechos individuales, que ha logrado movilizar a sectores del electorado lo suficientemente amplios como para pinchar esa burbuja. Es sorprendente ver cómo Alberto Núñez Feijóo, que mantuvo a la ultraderecha fuera de las instituciones gallegas, ha olvidado en Madrid uno de los activos que le hicieron proyectar desde Galicia una imagen de moderación y liderazgo hacia el exterior.

Pero el problema es más profundo de lo que parece entre las filas conservadoras. Engañarse a sí mismos, en un ejercicio de falsa simetría de extremos en el que, si el PSOE puede pactar y gobernar con Unidas Podemos, ellos pueden hacerlo con Vox es una mercancía deteriorada que los electores no han comprado en las urnas. Es más, tampoco han comprado el discurso centralista que es hostil a comprender con generosidad y empatía las lógicas políticas de las periferias.

Vox es un partido que se autoexcluye con su discurso de los estándares mínimos de homologación democrática. Los conservadores alemanes lo entendieron mejor: acusaron de xenófobos a los ultras de Alternativa por Alemania y el líder de la CDU instauró un cordón sanitario excluyéndoles de cualquier posibilidad de negociaciones y acuerdos. Feijóo no ha sabido o no ha querido usar la misma determinación y, por la vía de los hechos, el voto anti-Vox del pasado 23 de julio le ha mostrado que el camino era incorrecto y que el error de cálculo fue mayúsculo. En un país como España, donde los análisis sociológicos indican, uno tras otro, que la ciudadanía se ubica en el centro de la escala ideológica con un sesgo hacia la izquierda más acusado que en el resto de Europa, una derecha estimulada con los psicotrópicos de la ultraderecha no tendrá opciones de gobernabilidad.

La movilización de voto anti-Vox es el factor clave para entender un resultado tan alejado de sus pronósticos. Este es el elemento que va a permitir a Pedro Sánchez lograr un acuerdo de gobernabilidad, en el mejor de los casos, o rearmarse para una repetición electoral en el peor. Si los de Feijóo continúan buscando explicaciones en los terrenos pantanosos por los que se mueve la extrema derecha, tardarán más en encontrar el camino de salida. Igual que si terminan por ver soluciones ficticias en la trampa que amplifican algunos medios conservadores de Madrid y que se personificó en loas a Ayuso durante la noche electoral. Lo grave es que, mientras tanto, continuarán legitimando un discurso de odio contra el que una buena parte de la sociedad española, entre la que a día de hoy no están ellos, ya ha puesto pie en pared.

La semana que termina ha sido una de las de más alta intensidad política de los últimos años. Sin tiempo para análisis sosegados, tras la hecatombe en la que se sumió la izquierda el pasado 28 de mayo, todo está ya configurado para unas elecciones generales que podrían completar el cambio de ciclo político en el conjunto del Estado español. La campaña electoral que tenemos por delante se polarizará sobre las figuras de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con Yolanda Díaz y Santiago Abascal en un segundo y, a la vez, determinante plano de conformación de los futuros escenarios de gobernabilidad. 

En este contexto, el actor que quede tercero en la liza será clave. Por tanto, los incentivos para la generación de candidaturas de unidad son muy obvios en términos de rendimiento electoral. Las pasadas elecciones autonómicas dejaron ejemplos como el de Huesca, paradigma de la ineficiencia por fragmentación de la llamada izquierda alternativa: cuatro candidaturas a la izquierda del PSOE obtuvieron el 18% del voto y ningún representante electo. No es el único ejemplo. En territorios clave como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, Podemos es ya una fuerza extraparlamentaria por no lograr superar las barreras de entrada preestablecidas en cada uno de estos territorios. 

Como es sabido, en las elecciones generales del próximo 23 de julio la circunscripción electoral es la provincia. El sistema D’Hondt es un sistema proporcional que funciona bien en circunscripciones grandes y peor en circunscripciones pequeñas. Y tenemos muchas provincias pequeñas, de por sí sobrerrepresentadas en nuestro sistema electoral. De nuestras 52 circunscripciones, 37 eligen 6 diputados o menos y solo 6, las de mayor población, eligen más de 10 diputados. En fin, demasiados obstáculos si el actor que parte como cuarto en la liza y debe aspirar a ser tercero lo hace, además, dividido: no hay demanda que soporte semejante exceso de oferta. 

El bloque de la derecha ha entendido el mensaje y hay, al menos, tres elementos que lo demuestran. En primer lugar, Ciudadanos ya se ha echado a un lado, para no entorpecer ni provocar pérdidas en los restos electorales, lo que, con una estimación de voto inferior al 2% según las encuestas, resulta racional en términos de rendimiento electoral y beneficiará, casi en exclusiva, al PP, que acaparará, como ya hizo el pasado 28 de mayo, el caudal de voto de ese autodenominado espacio liberal en casi todo el país. En segundo lugar, la ausencia de roces entre Vox y PP y la división de roles desde el punto de vista del mensaje es complementario en términos de comunicación política (qué tiempos aquellos en los que Abascal empezaba y terminaba sus alegatos con aquella coletilla de la “derechita cobarde”). En tercer lugar, hay una casi perfecta coordinación en el reparto del target electoral; haciendo suya la máxima de Lenin, caminan separados para golpear juntos: no se pisan y cada uno tiene claro su público. Si dividiésemos la autoubicación ideológica del electorado de 1 a 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha, Feijóo está orientado al 5, 6 y 7 sociológico (tras su visita de esta semana a Barcelona hay quien diría que, incluso, al 4) y Vox se dedica con especial ahínco al 9 y al 10. Rara vez se tocan, lo asumen y saben que ahí está su máximo potencial de movilización. 

Sin embargo, en el campo de la izquierda las cosas no están tan claras. En primer lugar, Podemos y Sumar siguen negociando y no terminan de despejar la incógnita de una candidatura de unidad que, en realidad, todos dan por hecha por exigencias del guion. Más bien su principal reto radicará, cuando la rubriquen, en ser creíbles, ilusionantes y, en consecuencia, tener capacidad para sacar de la apatía en su electorado. Un electorado que, a estas alturas, sabe ya que la cosa va de listas, nombres y equipos: quienes vinieron a hacer política “de otra manera”, quienes dieron ejemplo renunciando a ciertas prebendas asociadas a la representación institucional, quienes hablaron de los cargos revocables, conviene que no fracasen ahora justo en eso. En segundo lugar, hay ruido en cuanto a los mensajes y la atribución de los méritos y deméritos del gobierno de coalición. Y, en tercer lugar, hay síntomas de descoordinación en cuanto al target: si el PSOE aspira al voto útil, virará su discurso hacia la izquierda, intentando pescar más allá del 3 sociológico. Eso tiene dos riesgos: el más serio, el achicamiento del espacio natural de Yolanda Díaz y su consecuente caída en términos de rendimiento electoral en muchas de esas circunscripciones que, como hemos dicho, son pequeñas y están muy competidas. Como efecto colateral, existe la posibilidad de que un perfil de votante volátil, más minoritario pero relevante, ubicado en torno al 5 sociológico, pase a manos de un Feijóo que se esforzará por seducirles. 

Tras el 28 de mayo, es comprensible que haya cierto shock postraumático en el bloque progresista. Es lícito que todos sus integrantes piensen en el 23 de julio y también en el día después. Pero conviene que lo hagan por ese orden. De lo contrario el electorado, siempre sabio, puede tener la tentación de pensar que su papel es secundario. Y, si algo se comprobó el pasado 28 de mayo, fueron los contundentes efectos de la desmovilización. 

Hace poco menos de un año, las elecciones autonómicas de Andalucía dieron un aviso muy serio al conjunto de la izquierda que ninguno de sus dirigentes quiso leer en clave nacional entonces y que, hoy, once meses después, ha golpeado sin piedad sobre sus espaldas. Los resultados de aquella noche del 19 de junio de 2022 fueron implacables. Dieron la mayoría absoluta a Moreno Bonilla y demostraron lo que ocurría cuando la izquierda navegaba entre la apatía y la desmovilización, con una oferta política basada en más incertidumbres que certezas y excesos de bronca, ruido y desunión.

La recomposición de los espacios políticos tras el 28 de mayo se hará alrededor del PP en todas las comunidades autónomas que se enfrentaban a elecciones, a excepción de Asturias y Castilla La Mancha, por la mínima. No es mejor el resultado en las principales ciudades, con una concentración de poder municipal histórico en manos del PP. 

Inevitablemente, la lectura de estos comicios ha de hacerse en clave nacional. La campaña electoral fue enfocada así desde el principio. No hubo espacio para las propuestas concretas a nivel de barrio, de ciudad o de comunidad autónoma. El PP impuso el marco bajo el cual todos los demás terminaron articulando sus discursos. Ayuso habló de ETA y todos le respondieron sobre ETA. Aznar habló de presos y Zapatero contestó sobre presos. Ayuso habló de ocupación y todos terminaron hablando de ello. 

Las derechas han hecho suya en estas elecciones la unidad de acción. El viejo “caminar separados, golpear juntos” ha sido adoptado con maestría por Feijóo, Ayuso y Abascal. No se estorbaron, conscientes de que cada uno debía hacer su papel y de que ambos partidos se necesitaban, como se va a comprobar en las numerosas alianzas que tejerán en las próximas semanas. Sin embargo, es previsible que Feijóo y los suyos tracen una estrategia orientada a modular de cara a las generales la que también es su principal debilidad: este 28M ha consumado su dependencia de Vox en casi todas las plazas relevantes. 

Por otro lado, será necesario un diagnóstico adecuado tras la hecatombe que representan estas elecciones para la izquierda. De lo contrario, el aroma a fin de ciclo que dejan puede ser demoledor en las generales. Por lo pronto, PSOE y Unidas Podemos tienen ante sí el reto, en un contexto de máxima dificultad, de volver a presentarse como un gobierno de coalición y no como una suma de conveniencia. Unidas Podemos debe elegir si ser gobierno u oposición. Hacer las dos cosas al mismo tiempo ya no parece una alternativa creíble: en un sentido u otro, la coherencia cotiza al alza. Los de Belarra (e Iglesias) pareciera que llevan algún tiempo dando por amortizado este ciclo político; están en modo trincheras, como si estuviesen convencidos de que la victoria electoral de la derecha y la extrema derecha en diciembre es más bien una certeza que una posibilidad y que, por tanto, lo que toca es volver a los cuarteles de invierno a preparar la travesía en el desierto. 

Eso deja en dificultades la estrategia de Yolanda Díaz como candidata a las generales, que tiene ya poco tiempo y demasiado trabajo si quiere jugar un papel relevante en diciembre. Los cálculos tácticos y los ejercicios de equilibrismo en un contexto de ruido y bronca han opacado hasta la fecha sus intentos de construir una alternativa por la izquierda al PSOE. El resultado en plazas tan relevantes como Barcelona o Valencia, con serios reveses para Ada Colau y Joan Ribó, no ayudan. Está por ver si la reflexión en torno al 28M propicia la unidad de la izquierda alternativa en torno a su figura o, más bien, profundiza en la desunión. 

Finalmente, el PSOE tendrá que afrontar con honestidad la gestión del final del ciclo iniciado por Sánchez en 2019. Porque, entre otras cosas, es también esto lo que representan unos resultados tan adversos. Ante una pérdida de poder municipal y autonómico sin precedentes en democracia se hace necesaria una revisión integral de la estrategia de los socialistas de cara a las generales de diciembre para tratar de invertir la tendencia del 28 de mayo. En política nunca es tarde, pero un correcto diagnóstico de lo que ocurrió hace ahora un año en Andalucía hubiese dado tiempo y hubiese evitado aciagas sorpresas. 

El pasado domingo, un jarro de agua fría cayó sobre buena parte de la sociedad chilena. La misma que, hace apenas dos años, aupó al poder a toda una generación de jóvenes dirigentes fraguados al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y consolidados tras el estallido social de 2019, que representa bien el presidente Gabriel Boric.

Una mirada rápida a los números de la elección del Consejo Constitucional del pasado domingo nos aporta algunos datos relevantes, más allá de los gélidos titulares. Las opciones de derecha y extrema derecha suman un contundente 48,6% de los votos frente al 30% de las opciones de la izquierda. Pero la abstención y el voto nulo suman un 21,5% y más de 2,6 millones de votos (en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, donde, como ahora, el sufragio también era obligatorio, el voto nulo y blanco se quedó en un 2%). Probablemente, un amplio sector de la sociedad chilena no supo ver en el ejercicio del domingo un instrumento útil para mejorar su realidad. No en vano, los mensajes de algunos dirigentes, como el alcalde de Valparaíso, el izquierdista Jorge Sharp, llegaron a calificar la cita de “intrascendente”. 

Resulta obvio que, como ocurre en este tipo de procesos, no solo hemos asistido a una votación sobre los dirigentes llamados a definir el modelo constitucional de Chile. De hecho, la victoria del domingo se personifica en la figura del líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, que impugnó el proceso desde el principio y es firme partidario de la continuidad de la Constitución pinochetista. En consecuencia, ni él ni ninguno de sus portavoces habló demasiado de propuestas constitucionales. Pese a la paradoja que representa que hayan logrado la mayoría de un organismo en el que no creen, siempre han sido coherentes en todo lo demás. No han tenido complejos en plantear un programa reaccionario que les ha permitido mantener a sus bases cohesionadas e intentar penetrar en otros segmentos a través de un trabajado discurso populista. El apoyo de algunos sectores de las élites, que se han sumado a su barco tras el declive en el que entró la derecha tradicional, hizo el resto.  

El presidente Boric y su Ejecutivo, por el contrario, están experimentando las dificultades y contradicciones que implica ejercer la acción de Gobierno, a la vez que lidian con la desunión en el campo de la izquierda y se enfrentan a la ferocidad de una oposición que no está dispuesta a hacer la más mínima concesión. Por eso, quizás, uno de los elementos que merecieran una revisión tiene que ver con la capacidad para construir una agenda política propia que incluya un programa ilusionante para los amplios sectores de la población que le dieron su confianza en 2021. En lugar de eso, en varias ocasiones hemos visto al presidente Boric teniendo que bajar a debatir en los embarrados terrenos preparados por la extrema derecha, que trabajó cuidadosamente para que dos de sus temas estrella, la seguridad ciudadana y la inmigración, fuesen los asuntos principales de la agenda pública chilena de los últimos meses. 

En un contexto de polarización máxima, el intento desde la izquierda por competir ahí es infructuoso. Tratar de ganar o desmovilizar a segmentos de la sociedad, supuestamente moderados, con un discurso relativamente duro en materia de seguridad o de inmigración ha resultado inútil para Boric. En esos ámbitos, poco tiene que ganar quien ha construido su capital político en base a una agenda social cuya implementación está aún pendiente. 

En comunicación política hay una vieja máxima que dice que, cuando un adversario se adentra en la ruta equivocada que le has preparado, es bueno no distraerle. Mejor que avance y que el taxímetro siga subiendo. Cuando se dé cuenta de su error ya será muy difícil volver atrás y el efecto es doble: en primer lugar, refuerza un marco discursivo ajeno; en segundo lugar, desmoviliza a su propia base. Kast y los suyos han seguido a la perfección el manual y hay que reconocerles que han logrado imponer su propia agenda a todo un país. 

Finalmente, tras el ejercicio del pasado domingo, algunos analistas se han apresurado a plantear que Boric debe hacer un ejercicio de moderación aún mayor. Pero el problema, en realidad, pocas veces son las formas: el presidente chileno es un joven dirigente de modos pausados y formas exquisitas. La clave está en el fondo, y pareciera que, a priori, la necesidad más urgente para el Gobierno chileno es volver a reconectar con su propia base, ofreciendo un programa claro de futuro que reordene prioridades y profundice su propia agenda, sin mirar en exceso por el retrovisor a las largas sombras del pasado.

Señor Presidente: una breve aproximación a su biografía nos permite saber que usted conoce bien Europa y, particularmente, España. Eso, a buen seguro, le está permitiendo interpretar con audacia nuestra particular situación política tras su llegada a nuestro país. De no ser así, sería bien comprensible que el contexto que está rodeando su primera visita oficial como presidente de la República pudiera generarle cierto estupor.

Como es lógico, va a pasar buena parte de su agenda en Madrid. Esta ciudad, en condiciones normales, es una burbuja sociológica y políticamente compleja, con una cierta vocación centrípeta. Así como hay quien confunde Bogotá con Colombia y quienes, peor aún, creen que todo empieza y acaba entre la calle 82 y la calle 100, en España hay quienes analizan todo en función de lo que ocurre dentro de la M30. Ahora sucede que, además, estamos en precampaña electoral. Si al aterrizar vio a alguna presidenta autonómica bloqueando el paso a algún ministro, no se preocupe, entiéndalo en su contexto. Después de las elecciones, seguro se les pasa. 

Coincidiendo con su llegada, algunas tertulias de algunos medios alertaban del éxito del populismo (no percibirá usted mucha originalidad en ciertos análisis). Paradójicamente, no lo decían por la anécdota del ya manido acto del 2 de mayo en Madrid. Lo decían por América Latina. Y tiene gracia que expresasen su preocupación por la deriva política latinoamericana precisamente el lunes, pocas horas después de que la derecha ganase, una vez más, en Paraguay. Pero, señor presidente, discúlpenos, en este país a veces no se nos dan del todo bien los análisis profundos. Por tanto, si escucha en algún lugar que es usted un populista, tampoco se lo tenga muy en cuenta, probablemente muchos serían incapaces de definir lo que quieren decir con el término. Y es seguro que lo dirán sin saber demasiado de sus prioridades políticas, sin saber que tomó posesión solo hace unos meses, que está desplegando una amplia agenda de reformas (sanidad, fiscalidad, pensiones…) orientadas a desarrollar y consolidar el estado del bienestar en Colombia; lo dirán sin saber quién compone su gobierno, sin saber que, por ejemplo, tiene un canciller que proviene del partido conservador. O que su programa político pasaría el test de cualquier socialdemocracia europea. O que su gobierno, incluso a pesar de la reciente crisis, es uno de los ejercicios de integración más interesantes de la historia latinoamericana reciente.

Este martes usted fue al Congreso de los Diputados. Quien fue parlamentario durante más de 20 años sabe bien lo que es un Parlamento. Hubo 52 señores que decidieron ausentarse cuando usted tomó la palabra. Ya sabe que, en este Madrid enrarecido, todos quieren su minuto de gloria. Son los mismos que tienen una idea de España que empieza y acaba con ellos mismos y donde no cabe casi nadie más. Seguramente tengan bastante que ver con esos sectores que, también en Colombia, siguen hoy queriendo negar derechos a las minorías. La riqueza de la diversidad, a la que usted aludió en su discurso, les queda demasiado lejos. 

Probablemente muchos de los aludidos desconocen la historia reciente de Colombia. El éxito abrumador de un país que pudo y supo poner fin a más de 50 años de violencia. Probablemente, desconocen también que Colombia es hoy el ejemplo más tangible de justicia transicional, con la centralidad de las víctimas como eje vertebrador. Cuántas cosas que aprender desde este lado del océano. Ojalá, señor presidente, su habitual retórica pedagógica sirva para trasladar a sus interlocutores el mérito de una sociedad que ha sabido encontrar su camino a la paz. Que busca eso que se llama la “Paz Total”. Que entiende que la desigualdad no puede estar ausente cuando se habla de economía. 

El clima político en España está enrarecido. Afortunadamente, en su agenda hay encuentros con la sociedad civil, con sectores empresariales y académicos. No es casual el interés que ha despertado su visita entre los empresarios, ni tampoco es casual que muchos estén dirigiendo sus inversiones a Colombia gracias, en parte, a un clima político y económico que, tras los acuerdos de Paz, es propicio a la inversión en uno de los mercados más interesante de la región. En la academia, donde las cosas se analizan con dosis de rigor más elevadas de las que está demostrando el enrarecido clima político madrileño, estudiar el caso de éxito de Colombia es un estímulo en sí mismo desde todos los ángulos. 

Gracias, señor Presidente, porque su discurso ayuda a identificar cuáles son las prioridades de cambio que se dibujan para Colombia. Pero también, seguramente sin usted pretenderlo, nos ayuda a retratar con la máxima definición a buena parte de nuestro propio ecosistema político. 

En los aledaños de la calle 122 con la carrera 15, en el acomodado Norte de Bogotá, hay una pintada sobre uno de los bajos de los edificios de estrato seis que componen el barrio: “Cualquiera menos Petro”. Esta frase, que se ha convertido en consigna entre un sector de la élite colombiana, refleja también su estado de ánimo de cara a los comicios presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar mañana.

La inevitable asociación del candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, que se hace llamar “Fico”, con el uribismo -esa especie de poder en la sombra que desde hace tantos años funciona en Colombia- no le ha ayudado en un contexto de polarización máxima, donde las recetas populistas del expresidente Uribe muestran síntomas de agotamiento. Por varias razones, aunque, sin duda, entre ellas está el cambio sociológico que ha vivido el país en estos años de transformación y proceso de paz.

Antes de Fico, vivimos los intentos de posicionar a un desconocido Alejandro Gaviria e, incluso, de experimentar si podía funcionar como candidata Ingrid Betancourt. En ambos casos se demostró rápido que no era buena idea. Ahora, tarde ya, hay incluso quienes empiezan a ver con buenos ojos al liberal Sergio Fajardo, que ya tuvo su oportunidad hace 4 años y no supo, o no quiso, o no le dejaron prestar atención al momento de cambio que se empezaba a vislumbrar.

Enfrente, en cabeza en todas las encuestas, se erige Gustavo Petro, liderando un bloque amplio que agrupa a toda la izquierda y, por primera vez de forma clara, a sectores del liberalismo, dividido frente a la elección del domingo. Tiene a su favor que no es un líder improvisado, sino un histórico dirigente de la izquierda; algo que ayer podría restar pero que, hoy, le aporta un barniz de solidez frente a sus competidores. Es también un candidato con demostrada capacidad de resiliencia, con bases ideológicas marcadas pero también muy moduladas para esta contienda, a la que llega con las heridas de las múltiples derrotas acumuladas en su medio siglo de experiencia política, labrada más en los fracasos que en las victorias. ¿Por qué ahora ha llegado su momento? ¿Por qué un tipo como él en un país como Colombia?

A continuación, desgranamos cinco ideas -seguramente no son las únicas- que pueden ayudarnos a entender el momento que atraviesa el país.

Petro hoy es un candidato presidenciable e integrador

Lo cual quiere decir también que no siempre lo fue. Pero llega a estas elecciones tras haber hecho importantes renuncias y haber practicado un esfuerzo relevante para sumar y tejer alianzas. Supo leer bien que su candidata vicepresidencial debía ser la líder afrodescendiente Francia Márquez -que destacó por méritos propios en la consulta interna celebrada hace unos meses-, una elección reconocida como uno de sus principales aciertos en esta campaña. Integró, además, a figuras históricas del progresismo colombiano como Clara López y, a la vez, a liderazgos con futuro, como el del joven dirigente verde Camilo Romero. Y, sobre todo, construyó un programa y un discurso de base socialdemócrata que, a pesar de lo que digan sus adversarios, no escandalizaría a ningún partido de corte liberal en Europa.

El sector más audaz de la élite económica ya se ha hecho “petrista”

Existe en ellos la percepción de que es necesario liberar presión de la olla y que un parche continuista, lejos de ser una solución, podría agravar el problema. La polarización que vivió Colombia en los últimos años, cuyo punto álgido fueron las protestas de 2021, donde cientos de miles de jóvenes mostraron su descontento en las calles, sigue hoy presente en el clima político. La contradicción que tendrá que cabalgar Petro en sus primeros años de gobierno, en caso de que llegue al Palacio de Nariño, será precisamente esta: convivir con las aspiraciones de quienes, sobre la base de la movilización, le llevarán al poder porque le ven como un instrumento del cambio social que necesita el país, y hacerlas, al mismo tiempo, compatibles con los intereses de una élite que, sobre la base del mal menor, solo ve en él un instrumento coyuntural para desactivar el clima de tensión social existente.

No hay una alternativa sólida

Fico Gutiérrez no despierta demasiadas simpatías, ni siquiera entre sus partidarios. No ha sabido construir un discurso claro que compita con el de Petro, por ejemplo, en materia de políticas sociales. Prueba de su debilidad es también el crecimiento del tercero en la liza, el empresario Rodolfo Hernández. Además, no han hecho una buena campaña: no supieron reaccionar a hitos que se convirtieron en virales, aunque implicase distanciarse del radicalismo de un sector de sus bases. Así ocurrió ante los gravísimos ataques racistas contra Francia Márquez que, solo con su presencia, irritó a un sector, minoritario pero real, que cree que las mujeres afrodescendientes no pueden ser candidatas a nada (lo creen en pleno siglo XXI) ante la impávida presencia como espectadores de los dos hombres blancos, Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara, de la candidatura alternativa.

La razón sociológica

Las nuevas generaciones de votantes ya no compran un discurso que, en un país con tan elevadas tasas de inequidad, ha desatendido sistemáticamente su agenda social para basarlo todo en soluciones militares ligadas a la seguridad, ancladas en el marco de la guerra. Esa nueva generación se hace preguntas distintas a las que se hacían sus padres o sus abuelos. Las Farc ya no existen y, con su necesaria desaparición, dejaron entrever más claramente el resto de las causas que originan la violencia. Colombia hoy es un país que vive uno de los procesos de paz más difíciles (más de 50 líderes sociales asesinados solo en el primer trimestre de 2022), pero también más irreversible de cuantos conocemos. Ni siquiera el presidente saliente, Iván Duque, discípulo de Uribe y crítico con el proceso de paz, fue capaz de poner en riesgo el proceso en sus cuatro años de mandato, más allá de puntuales intentos de desestabilización contra la Jurisdicción Especial para la Paz u otros organismos del sistema institucional vinculados al proceso de paz.

El contexto geopolítico y el fin del “castrochavismo”

En Colombia esa palabra es usada recurrentemente, como sustantivo y como adjetivo, para estrellársela a cualquiera que ose defender los más elementales postulados del estado del bienestar. Pero no parece muy original que, con Castro y Chávez ya fallecidos hace años, o mientras Biden manda a sus hombres a Caracas a negociar petróleo con Maduro, en Bogotá haya sectores políticos que sigan basando una campaña en el miedo. Especialmente, cuando enfrente existe una apuesta por alentar el sentimiento de esperanza, quizás uno de los mayores antídotos frente al miedo en comunicación política. Por otro lado, Colombia siempre se mantuvo al margen de las corrientes políticas del continente a causa de la guerra. Las Farc eran un anacronismo que distorsionaba enormemente el debate público. Sin embargo, hoy, en un contexto diferente, con las peculiaridades que queramos considerar, podríamos asistir al acoplamiento de Colombia a una corriente que llevó a Boric al poder en Chile hace unos meses y que, parece, hará lo mismo con Lula en octubre. Al fin y al cabo, pese a sus peculiaridades, superado el anacronismo de la guerra, Colombia no tiene problemas muy distintos de los que tiene el resto de los países del continente. Y, salvando la cuestión generacional, Petro, en la práctica, no parece muy distinto de Boric.