La mejor política social es el empleo. Es un mantra que estamos acostumbrados a escuchar de nuestros responsables políticos, especialmente cuando están a punto de someterse a la elección popular. Desde la experiencia de las entidades del tercer sector sabemos que, efectivamente, el empleo es una de las palancas fundamentales para la inclusión social. Del mismo modo, sabemos que por desgracia hay diferentes colectivos que se encuentran en una situación de mayor dificultad para conseguirlo debido a una diversidad de factores (personales, sociales, educativos, entre otros) que suelen estar interrelacionados entre sí.

Existe desde hace 16 años una herramienta eficaz que desarrollamos las entidades sin ánimo de lucro: los programas de integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad para personas en situación de exclusión social. Dichos programas son un recurso especializado y único en nuestra región que consiguen mejorar las posibilidades de que sus participantes se inserten en el mercado de trabajo a través de itinerarios personalizados.

El punto de partida arranca cuando cada participante recibe una acogida individualizada por parte de un equipo de profesionales conformado por orientadores laborales, trabajadores y educadores sociales, que escuchamos a cada persona para identificar sus necesidades y le asesoramos para consensuar con ella un conjunto de acciones, que plasmamos en su itinerario, y que van encaminadas a empoderarla y lograr la deseada inserción sociolaboral.

Desde ese momento, se inicia un camino con cada persona que comprende una amplia batería de acciones que incluyen desde las tutorías de orientación y de atención social integral hasta la participación en talleres grupales para el desarrollo de competencias personales, sociales y prelaborales, las competencias digitales, sobre igualdad de género, la formación en competencias profesionales, etc. Cada persona dispone de un itinerario adaptado y cuenta con el acompañamiento que le ofrecen los profesionales para ir desarrollando esas acciones.

Por otro lado, los programas también contemplan el trabajo de prospección e intermediación laboral que permite hacer una labor de sensibilización con el tejido empresarial de la zona y captar tanto ofertas de empleo como prácticas profesionales que puedan encajar con los perfiles de participantes que son atendidos. Asimismo, se realiza una labor de seguimiento en el empleo de aquellas personas que logran incorporarse a un puesto de trabajo.

Nos encontramos, por tanto, con una intervención integral, que trata de abordar los distintos aspectos que favorecen la empleabilidad de una persona desde una perspectiva holística y que, en buena parte de los casos, requiere de una apuesta a medio y largo plazo para conseguir un cambio real en la persona y que ésta pueda acceder de manera autónoma a una inserción laboral de forma satisfactoria, estable y de calidad. Se trata de una meta ambiciosa, pero la experiencia de todos estos años nos ha demostrado que es un camino que da sus frutos.

El éxito es posible gracias a que las entidades sociales que desarrollamos estos programas nos encontramos arraigadas en el territorio en el que actuamos y que nuestra experiencia ha estado siempre vinculada con la atención a los colectivos más vulnerables. Al mismo tiempo, contamos con un bagaje de relaciones y alianzas con los agentes presentes en nuestros municipios y comarcas. Este hecho nos permite movilizar e interconectar los distintos recursos existentes que pueden dar respuesta a las necesidades de cada participante: desde los servicios públicos de empleo, servicios sociales, sistema sanitario, centros de formación, empresas, etc.

Estos programas se llevan a cabo a través de unas subvenciones a las que concurrimos todos los años entidades sin ánimo de lucro y que proceden principalmente del Fondo Social Europeo (FSE) a través de la gestión del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), perteneciente a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia de la Comunidad Autónoma.

En estos momentos nos encontramos desarrollando una prórroga con unos remanentes del Programa Operativo Regional del FSE 2014-2020, cuyas actuaciones están delimitadas entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, a la espera de la aprobación del nuevo Programa Operativo Regional. Sin embargo, fue este pasado mes de mayo cuando el IMAS nos comunicó el importe disponible para cada proyecto, lo que ha caído como un jarro de agua fría para todas las entidades, por la importante reducción de los fondos y por el momento en el que ha llegado. Esta noticia, a cuatro meses para la finalización de los proyectos ya en marcha, ha traído consigo un duro recorte que ha afectado incluso a la estructura básica que hace posible estos programas, sin dejar de atender a las personas y de mantener los objetivos propuestos con ellas.

Cuando aún todavía estamos encajando el duro golpe de este año, las entidades ahora tenemos que afrontar un escenario aún peor ya que, a partir del 1 de octubre, la continuidad de los programas no está asegurada, según nos transmiten desde el IMAS y la propia Consejería. A las puertas del verano, técnicos y responsables de las entidades vemos el 30 de septiembre acercarse como una espada de Damocles que traería consigo graves consecuencias.

Si la situación no varía, las cerca de 3.500 personas que participan cada año en estos programas en nuestra región quedarán desatendidas y sus itinerarios de inserción, en algunos casos iniciados hace años, se verán interrumpidos. Además, los equipos de profesionales que se encuentran detrás de estos programas verán desaparecer los fondos que mantienen sus nóminas. Esto supone un impacto de enorme magnitud para las entidades del tercer sector, que nos veremos abocadas a perder a estos equipos multidisciplinares y especializados en la empleabilidad que han conseguido empatizar, entablar un vínculo de confianza con los participantes de los programas a los que han estado acompañando en su proceso de inserción. En muchos casos, son los técnicos que mayor trayectoria y experiencia acumulan en la entidad, con contratos indefinidos y cuya marcha supondría un grave daño económico a la vez que una descapitalización del recurso más importante en nuestras entidades, el humano.

El panorama descrito no puede ser más desolador y quizás no haya sido contemplado en toda su extensión y gravedad por quienes son responsables de tomar las decisiones que pueden cambiarlo. Por este motivo, las entidades que formamos parte de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) hemos pedido una reunión con Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, que esperamos tener a la mayor brevedad, en la que poder plantear nuestras inquietudes y sirva para encontrar una vía que permita la necesaria continuidad y suficiencia de recursos para estos programas.

La esperanza va en el ADN de las entidades sociales y por eso confiamos en que los peores presagios no se verán finalmente cumplidos, aunque el tiempo juega en contra. Esta es una oportunidad perfecta para demostrar que las frases de campaña electoral pueden tener también su concreción práctica en la 'gestión del arte de lo posible', y reconocer que los programas de mejora de la empleabilidad son instrumentos por los que seguir apostando para favorecer el acceso al empleo de todas las personas.