El Ministerio de Sanidad acaba de remitir al Congreso el anteproyecto de ley de equidad sanitaria, que en palabras de la ministra Carolina Darias va a “blindar” la sanidad pública. Sin embargo, y pese a meses de propuestas y negociaciones en el seno del Gobierno, el texto del PSOE no sirve para impedir que se siga privatizando el Sistema Nacional de Salud y que grandes empresas privadas se lucren a su costa.

El principal motivo es que la ley Darias no deroga la ley 15/1997, con la que el Gobierno de Aznar abrió las puertas a que las empresas privadas hagan negocio con la Sanidad, algo que va en detrimento de la calidad de la atención que reciben los pacientes. El texto del PSOE se limita a decir que los servicios sanitarios se gestionarán y se prestarán “preferentemente” de forma pública, pero permite que “en condiciones de excepcionalidad” se externalicen y privaticen.

Es decir, que el proyecto de Darias se queda en un ejercicio de retórica que no va más allá, porque no define ni concreta cuáles son esas “circunstancias excepcionales” en las que se podrá privatizar la asistencia sanitaria. En otras palabras, cualquier supuesto es susceptible de ser considerado “excepcional” y bastará un informe ad hoc, donde un Gobierno autonómico así lo establezca, para que la Sanidad pública se pueda seguir troceando, privatizando y dejando en mano de multinacionales y fondos buitre.

Esta preocupación de Unidas Podemos es la misma que expresó este martes, por ejemplo, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, quien alertó de que la norma que propone el PSOE “no es adecuada” precisamente porque “las excepcionalidades quedan a criterio de cada comunidad autónoma”, por lo que no se lograrán “revertir” las privatizaciones. Lo que es necesario, añadió, es que “todo el dinero que va a los conciertos [con la sanidad privada] se dedique a reforzar el sistema público”.

Como dice Sánchez Bayle, la ley Darias es insuficiente para hacer frente a gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso, que ya han demostrado sobradamente no tener escrúpulos a la hora de entregar los servicios públicos a grandes empresas privadas. Según datos de IDIS –una patronal de la Sanidad privada–, la Comunidad de Madrid gasta más de 902 millones de euros al año en conciertos (dato de 2020) y casi uno de cada diez euros del presupuesto sanitario se van al bolsillo de empresas privadas, un 30% más que en 2008. ¿Alguien duda de que Ayuso encontrará la manera de fabricar los informes necesarios para justificar más privatizaciones, por mucho que Darias recomiende la gestión pública?

Conscientes de este problema, desde Unidas Podemos hemos planteado alternativas para mejorar el texto del PSOE y para que esta norma sea verdaderamente valiente y ambiciosa en defensa de la Sanidad pública. Por ejemplo, hemos sugerido a Darias especificar que en ningún caso podrá privatizarse por completo un área de salud, como sucedió en la Comunitat Valenciana durante los gobiernos del PP, hasta que el Govern del Botànic –con presencia de Unidas Podemos y pese a la presión de los lobbies de la Sanidad privada– revirtió la situación. Lamentablemente, el Ministerio de Sanidad se ha negado a incluir esta y otras muchas propuestas.

Así las cosas, la conclusión es que el texto del PSOE mantiene la esencia de la ley de Aznar y no se revisa a fondo esa norma, como contempla el acuerdo de coalición en su punto 2.2.3. Esta posición de nuestro socio de Gobierno es decepcionante, porque la salud es un derecho constitucional que debe garantizarse mediante un sistema público que tenga como única finalidad el bienestar de los ciudadanos, y no la obtención de beneficios empresariales. Los modelos de gestión privada son ineficientes e implican, básicamente, desviar dinero público a empresas privadas mientras empeora la calidad asistencial.

Unidas Podemos seguirá defendiendo la gestión pública directa de la Sanidad para garantizar su calidad, un derecho que la ciudadanía creía tener asegurado pero que las políticas del PP y el PSOE ponen en peligro, al tiempo que favorecen negocios multimillonarios. Esa misma defensa de la Sanidad pública y de su gestión pública directa es la que nos guiará en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que consideramos que tiene que ser necesariamente modificado para que pueda contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara y con el respaldo de nuestro grupo.