Cada comienzo del mes de febrero desde hace ocho años el tejido asociativo se reúne en Ceuta para la marcha del Tarajal. Con este acto se pretende, por un lado, no olvidar la muerte de al menos 15 personas en la playa del Tarajal, y, por otro lado, seguir reclamando justicia para las personas que fueron asesinadas ese día. Llevamos años gritando que las fronteras matan, que las políticas migratorias de la Unión Europea matan a personas, que se necesitan vías legales y seguras. Sin embargo, todo este discurso ha sido estéril y la rabia nos quema al saber que el 24 de junio de 2022 se ha repetido, esta vez con más crudeza, otro Tarajal. Eso sí, con la salvedad de que los muertos esta vez están al otro lado de la valla. 

Los acontecimientos no pueden analizarse desde una narrativa gubernamental en la que miles de subsaharianos cargados con piedras y palos atacaron a la gendarmería y guardia civil generando una avalancha en la que murieron 33 de ellos. Esta narrativa es simplista y mal intencionada. En primer lugar, no se hace referencia a personas sino a subsaharianos, con un interés claro de despersonificación y de otredad -son ellos no nosotros-. En segundo lugar la criminalización de las personas en tránsito migrante, puesto que se hace hincapié en el hecho de que iban provistos de piedras y palos. Atención con este punto porque reproduce todo a una narrativa bélica y estigmatizada acerca de la migración con la que se justifica una violencia extrema y desproporcionada por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En tercer lugar, el resultado es producto de la acción de las personas en tránsito migrante ya que son ellas quienes han forzado la situación generando una avalancha. 

Bajo el amparo de esta narrativa es fácil de comprender que el presidente del Gobierno de España defienda y justifique la actuación de la gendarmería marroquí afirmando “que estaba bien resulto” e insistiendo que fue en respuesta a un “asalto violento”, expresión que reitera en varias ocasiones. En conclusión, la responsabilidad es de las personas en tránsito migrante y que Marruecos lo hizo y lo esta haciendo todo bien. Desde la Fundación porCausa llevamos años reclamando la necesidad de una nueva narrativa migratoria.

La realidad dista bastante del discurso de Pedro Sánchez. Por un lado, la tolerancia del presidente del Gobierno responde a los acuerdos “secretos” firmados entre España-Marruecos que supusieron el fin de la tensión diplomática entre ambos países. Con la salvedad de que por el camino España cambió su postura respecto al Sáhara Occidental, alteró la dinámica de la gestión fronteriza del Tarajal y Beni Ensar, supuso el fin de porteo, y, la anulación de la ratificación del Acuerdo Schengen por el que la población de Nador y Tetuán podían entrar a Melilla y Ceuta -respectivamente- sin necesidad de visado. Todas estas actuaciones de dudosa legalidad son las que han transcendido, sin embargo, seguro que existen muchas más a las que la ciudadanía no ha tenido conocimiento. 

Por otro lado, un salto tan numeroso a la valla no se produce de la forma que aconteció el 24 de junio. Son múltiples los factores que así lo demuestran, como el hecho de que las personas en tránsito migrante iban sin los materiales habituales para el salto de valla como son los garfios, es decir, no iban equipados. Y, sobre todo, porque responde a una estrategia por parte de la gendarmería marroquí de extorsión a las personas en tránsito migrante. En los últimos días la gendarmería intensificó la quema de los campamentos de las personas migrantes dejándoles sin comida -es por ello que muchos estaban muy débiles en el momento del salto a la valla- y quitándoles el poco dinero del que disponían, “desde la semana pasada había mucha represión y boumla -quema de campamentos-” señala un migrante camerunés afincado en Nador. Dicho de otro modo, existían una intencionalidad programada por las autoridades marroquíes para forzar una situación extrema con las personas en tránsito migrante. Población que, además, lleva en ocasiones años residiendo en Marruecos. 

Al principio, esto se interpretó con un paso más hacia la verticalización de la frontera como ocurrió en el verano del 2018 en Tánger, donde las redadas policiales y la quema de campamentos originó un desplazamiento hacia el sur de Marruecos de la población migrante. En este caso ha sido diferente puesto que ha ocasionado una desesperación que ha precipitado un salto numeroso de personas famélicas y sin equipamiento para el salto. 

A lo que hay que sumar, que si bien la población de Sudán y de Chad llevaban en campamentos en las inmediaciones de Nador desde 2020, ha habido un incremento en las últimas semanas de personas procedentes de la ruta migratoria central y oriental que pasa por Argelia. Son muchas las voces que afirman que Argelia ha habilitado pasos fronterizos con Marruecos a causa del recrudecimiento de la situación del Sáhara Occidental. 

Estos sucesos evidencian realidades conocidas como son: a) que la externalización de fronteras de la Unión Europea deja la gestión migratoria en manos de los vaivenes geopolíticos de países que no son garantes de los derechos humanos como Marruecos, Argelia o Libia; b) que las personas en tránsito migrantes son monedas de cambios de intereses económicos y / o políticos; c) que la industria del control migratorio es la verdadera “mafia” de las migraciones donde los países garantes del control migratorio europeo -Níger, Marruecos, Libia, Ghana etc.- utilizan el armamento “regalado” por la UE para un uso indiscriminado y desproporcionado contra personas nacionales y migrantes; d) la mayoría de las personas heridos y muertas de los sucesos del 24 de junio podrían haber solicitado el asilo, sin embargo, es prácticamente imposible para las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, pedir el asilo en las oficinas de del Tarajal y Beni Ensar. 

Ante la amenaza de que ocurra como el 6 de febrero de 2014 en el Tarajal, hay que reivindicar que se investiguen los hechos y que España asuma responsabilidades en la muerte de, al menos, 33 personas. Marruecos quiere cerrar el caso con la mayor brevedad posible sin identificar a las personas muertas ni realizarles la autopsia. De hecho, tienen previsto enterrar los cuerpos en la mayor brevedad posible puesto que las fosas están cavadas.