La declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable para el proyecto de Totisa de una planta de gas natural licuado en el Puerto de La Luz y de Las Palmas es, con casi completa seguridad, el fin de una idea que fue demasiado lejos: un proyecto para instalar una central de gas natural licuado a las puertas de un núcleo urbano de primer orden como es la capital de la provincia.

El fracaso de este proyecto genera algunas lecciones, pero también no pocas amenazas para el muy corto plazo que merecen un somero análisis. En primer lugar, se trata de un éxito, consecuencia de una serie de actuaciones inteligentes y comprometidas de distintos participantes, tales como la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, la cual jugó un papel profesional, independiente y valiente frente a presiones políticas y empresariales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria, que finalmente después de ciertos titubeos, se posicionaron contra este proyecto, la plataforma ciudadana en la que participamos tanto en su constitución como en su desarrollo, la cual supo dinamizar a vecinos, expertos, organizaciones ecologistas y sociales de escala nacional e internacional que compartían la preocupación y la evidencia empírica de que era una mala idea que no podía ser ejecutada. Y, modestia aparte, el trabajo de nuestro colectivo que, desde dos años antes de que se movilizaran instituciones y otros movimientos ciudadanos, trasladamos a la opinión pública análisis, criterio y argumentos en contra de este proyecto. Quienes no lo conozcan pueden comprobarlo en la hemeroteca, nuestra web y redes sociales.

La experiencia de Totisa en el Puerto de Las Palmas nos muestra que con la virtuosa alianza de instituciones, grupos ecologistas, funcionarios cumpliendo con su deber y una ciudadanía comprometida se puede lograr frenar proyectos que van en contra de los intereses generales, y lo que es peor, proyectos que dan pasos hacia atrás en el proceso de Descarbonización de nuestras islas, no aportan seguridad del suministro, ni precios estables de la electricidad, ni cumplimiento de las directrices europeas en materia de puertos.

En el lado contrario de todo este proceso ha estado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la cual se puso de perfil, justificando la necesidad de que el Puerto de Las Palmas contara con herramientas como el almacenamiento de GNL para el suministro a buques. Pero fuimos demostrando que en realidad era sólo la excusa pues donde se encontraba el negocio era en una planta de producción eléctrica a las puertas de la ciudad, con todos los efectos adversos de salud ambiental que eso traía consigo. 

Una vez excluida esta planta del proceso de concurrencia competitiva, junto a la proyectada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con los informes desfavorables de varias instancias y, por último, la DIA negativa, la sociedad y las instituciones canarias han tomado conciencia de lo que suponía en realidad este proyecto. Sin embargo, si alguien piensa que la historia acaba aquí se equivoca (y mucho).

Hace unos días la presidenta del Puerto volvía a plantear la necesidad de promover una instalación de almacenamiento de GNL para el suministro de buques. Al mismo tiempo, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, anunció en sede parlamentaria el atraque de forma permanente de una central térmica flotante alimentada por gasoil o GNL. Esta medida se suma a otras que está tomando el Gobierno canario y que desde nuestro punto de vista vuelven a obstaculizar la transición energética de Gran Canaria y el camino hacia la sostenibilidad del puerto de Las Palmas, haciendo caso omiso a las exenciones contempladas en el Reglamento (UE) 2023/1804 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se derogan todas las Directivas anteriores, incluyendo la 2014/94/UE.

Dicho de otra forma: si bien ha caído el proyecto de Totisa, no faltan nuevos intentos de instalación de generación fósil con la excusa de la seguridad del suministro y que el GNL contamina “menos” por kWh generado. Por ello, una idea como la de instalar una central térmica flotante debe ser combatida con la misma dureza que la fallida central de GNL en el Puerto de Las Palmas y con argumentos técnicos similares. 

Gran Canaria avanza hacia el cambio de paradigma energético con la implantación acelerada de instalaciones de renovables, comunidades energéticas y con la joya de la corona que es la central de bombeo reversible Salto de Chira. Al mismo tiempo, el Gobierno central está dando los primeros pasos del proceso de Planificación de la Red de Transporte para el periodo 2026-2030, en la cual se incluye la duplicación de las líneas de alta tensión sur-norte que el Operador del Sistema estableció en su Informe de Cobertura de 2021 como la causa que haría necesaria los grupos de emergencia. 

Por último, Gran Canaria se mantiene a la espera del pistoletazo de salida normativo para la instalación de baterías BESS stand alone, con una cantidad destacada de operadores privados con proyectos presentados a la espera de su instalación. Estas baterías, junto a los compensadores síncronos y los volantes de inercia, constituyen un perfecto sustituto de actuaciones netamente contaminantes como este barco que se pretende atracar en el Puerto de Las Palmas. 

Con estas alternativas, la gran mayoría de ellas en fase de aplicación práctica o a punto de ser realidad en un plazo no lejano, ¿por qué hay que insistir en soluciones contaminantes que requieren sí o sí de retribución regulada (que pagamos todos en el recibo de la luz) y un negocio de compraventa de gas absolutamente innecesario? 

Tenemos muchas dudas de que la actual presidencia del Puerto de Las Palmas sea la persona adecuada para afrontar una revolución en el plan energético que traiga la descarbonización del Puerto vía energías y gases renovables. Dudamos, al mismo tiempo, que el consejero de Transición Ecológica esté dándose cuenta de que su planteamiento sigue siendo erróneo si sigue creyendo que los grupos de emergencia y el próximo proceso de concurrencia competitiva, todo ello con combustible contaminante, es la solución al problema energético de Canarias.

La prioridad absoluta y casi dogmática de evitar cualquier apagón no puede convertirse en un obstáculo que bloquee la descarbonización. Y para ello existe margen de actuación, siempre que se elimine la restricción de los 25 años, que nos conduce a un carbon lock-in injustificado y contrario a los objetivos climáticos

En muchas de nuestras casas tenemos batidoras Osterizer que llevan más de 35 años funcionando, y que como mucho han necesitado un recambio del vaso. Si alguien nos propusiera retirarla a los 25 años y sustituirla por una nueva, consideraríamos esa decisión poco razonable, siempre que el uso y el mantenimiento hayan sido adecuados.

Con los grupos térmicos en Canarias ocurre algo similar. Muchos superan con creces los 25 años y, con el uso y las revisiones apropiadas, siguen cumpliendo perfectamente su función. De hecho, en un reportaje de finales de noviembre de 2024, UNELCO informaba de una revisión completa de un grupo de 80 MW de 1995 —con 30 años entonces— con la previsión de operar al menos 8 años más, que es cuando corresponde su siguiente revisión integral.

Sin embargo, el Real Decreto 738/2015, que regula el sistema eléctrico canario, establece en su artículo 25 una medida que no va precisamente en esa línea: fija en 25 años la vida útil regulatoria de estos grupos. Esta cifra es especialmente relevante porque es el límite para obtener la retribución adicional que hace rentable instalarlos en Canarias. Además, es el valor que ha utilizado el operador del sistema para calcular la potencia nueva que debe instalarse. La consecuencia: las cifras tan abultadas de nueva potencia previstas en el Proceso de Concurrencia Competitiva.

Ese límite de 25 años, fijado en un decreto de 2015, podría haber tenido cierta lógica en su momento (aunque ya entonces se pasaron por alto elementos importantes del contexto). La razón principal era limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los grupos más antiguos. Pero las políticas no son estáticas: igual que en informática los estándares quedan obsoletos con la evolución tecnológica, en el ámbito energético el contexto ha cambiado profundamente.

En 2019, con los datos disponibles de aquel momento Canarias emitió una declaración de emergencia climática, que el tiempo ha demostrado que fue oportuna, y si no recuerden la apertura prevista de Refugios climáticos por el actual gobierno canario, en esta declaración Canarias fijó su objetivo de descarbonización para el 2040, desde ese momento establecer la vida útil regulatoria en 25 años tal como preveeía el decreto 738/2015 quedaba obsoleto. La Península también ha recortado plazos, y plantea una penetración de renovables del 90% para 2030. En este contexto, el objetivo ya no debe ser reducir las emisiones de los grupos térmico existentes, sino sustituirlos progresivamente por renovables, tanto no gestionables (eólica y fotovoltaica) como gestionables (bombeos y baterías). Hoy estas tecnologías son seguras, están maduras y están disponibles para una transición energética rápida. 

Conviene poner otro aspecto sobre la mesa: la prioridad absoluta y casi dogmática de evitar cualquier apagón no puede convertirse en un obstáculo que bloquee la descarbonización. Probablemente este énfasis en la continuidad total del suministro nace menos de la preocupación por los daños personales —que, aunque críticos, son comparativamente bajos en episodios aislados— y más del impacto económico que generan los cortes prolongados. Si realmente la prioridad fueran los daños humanos, la hoja de ruta sería distinta: deberíamos considerar las muertes, enfermedades e incluso la migración forzada que está provocando el cambio climático. En ese caso, y asumiendo que los fallos puntuales de suministro pueden gestionarse con planificación, la estrategia sería sustituir los grupos térmicos por renovables, no renovarlos para seguir quemando combustibles fósiles.

Y para ello existe margen de actuación, siempre que se elimine la restricción de los 25 años, que nos conduce a un carbon lock-in injustificado y contrario a los objetivos climáticos.

En resumen: el Proceso de Concurrencia Competitiva en Canarias, tal como está planteado, se ha convertido en un mecanismo anacrónico e inoportuno. A la espera de que desde la Administración central alguien lúcido y valiente lo reconduzca, este proceso está poniendo en riesgo la transición ecológica en lugar de apuntalarla.

La transición energética en Canarias ya no es una opción de futuro: es una necesidad urgente, estratégica y ética. Ante una realidad insular marcada por la dependencia de combustibles fósiles, unos costes energéticos desproporcionados y una exposición creciente a los impactos del cambio climático, no hay excusas para posponer decisiones que son vitales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Canarias posee uno de los mayores potenciales renovables de Europa: sol abundante, viento constante, recursos geotérmicos aún sin explotar y un entorno marino favorable a tecnologías emergentes. Y sin embargo, nuestras islas siguen operando sistemas eléctricos anclados en lógicas del siglo pasado. La falta de almacenamiento energético, las rigideces del despacho, los vertidos de renovables por ausencia de planificación o la señal de precio desconectada de la realidad insular son síntomas de un modelo que ya no se sostiene.

Desde Salto a la Transición Ecológica, hemos presentado nuestras aportaciones a la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y lo hemos hecho con una convicción firme: Canarias no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades. Necesitamos cambios normativos, institucionales y operativos profundos. Necesitamos que el almacenamiento energético sea tratado como lo que es: una infraestructura estratégica para la estabilidad, la eficiencia y la descarbonización del sistema.

Proponemos avanzar hacia un modelo mixto de almacenamiento, que combine grandes infraestructuras hidráulicas allí donde sean viables ambiental y socialmente, baterías estacionarias en redes de distribución, soluciones térmicas e industriales, y tecnologías incipientes como el hidrógeno verde. Todo ello debe estar integrado en una planificación energética insular, vinculante y participativa.

También creemos que ha llegado el momento de replantear cómo se retribuye la energía renovable en Canarias. No podemos seguir dependiendo de un precio peninsular que no refleja ni nuestros costes reales ni nuestros objetivos climáticos. Proponemos una señal de precio basada en el coste evitado de generación fósil, con bonificaciones por valor sistémico (almacenamiento, servicios de red, reducción de emisiones) y penalizaciones por vertidos evitables.

Pero más allá de la ingeniería o la regulación, esta transición necesita visión de conjunto y decisión política. Requiere la creación de una autoridad energética regional que coordine, impulse y supervise el cambio; planes específicos para las islas no capitalinas, muchas veces marginadas; una integración real del binomio agua-energía; y sobre todo, una ciudadanía informada, protagonista y partícipe del nuevo modelo.

Esta no es solo una cuestión técnica. Es una oportunidad histórica para democratizar la energía, reducir desigualdades, proteger nuestros ecosistemas y construir un futuro más justo. Y no puede seguir postergándose. La emergencia climática no espera.

Desde nuestra organización, hacemos un llamamiento a todas las administraciones, instituciones y agentes sociales para que den un paso al frente. El tiempo del diagnóstico ya pasó. Ahora es el momento de actuar con coherencia, ambición y responsabilidad.

Como tema estrella sigue destacando el que se le ha entregado en monopolio a REE los bombeos de las islas. Esto no es así, pero si lo fuera, sería el menor de los problemas. REE es lo más parecido a una empresa estatal en el sector eléctrico que se da hoy en día en España.

Pero la realidad es que los bombeos canarios no quedan en manos del operador del sistema, salvo aquellos que están destinados a unos fines especiales. Concretamente la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en su artículo 5, apartado 1 dice: “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares las instalaciones de bombeo tendrán como finalidad principal la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. En estos casos, la titularidad de las instalaciones de bombeo deberá corresponder al operador del sistema”.

Pero además en el apartado siguiente deja claro: “En otros supuestos distintos a los contemplados en el apartado anterior, la titularidad de las instalaciones de bombeo corresponderá al que resulte adjudicatario de un procedimiento de concurrencia competitiva convocado en los términos que reglamentariamente se determinen por real decreto del Consejo de Ministros”.

Por tanto, queda claro que, si la finalidad del bombeo son los tres supuestos antes especificados, el titular será REE. En caso de que no, el titular podrá ser cualquiera.

Todo lo comentado queda plasmado de forma patente en el proyecto que el Cabildo está desarrollando de un hidrobombeo de agua salada en norte de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa con una inversión de 171 millones de euros y una producción de 70 megavatios, que avanza en una propuesta innovadora para el almacenamiento de energía en la Isla.

El grave problema de los que argumentan equivocadamente estas cuestiones es que no terminan de comprender cual es la realidad del sistema eléctrico en España en general y en Canarias en particular.

Todos los países europeos sufrieron un afán privatizador de las empresas del sector que hizo perder control del estado sobre una actividad que es vital y estratégica para los intereses patrios. Pero todos se guardaron un “as” en la manga para que esa perdida de control no fuera total. Ese “as” se llama Eon en Alemania, Enel en Italia, EDF en Francia y por supuesto REE en España. Efectivamente, REE esta controlada totalmente por el estado (20% de las acciones por la SEPI y el resto de accionistas no pueden superar el 5% y la prohibición expresa de no poder sindicar las acciones), tanto es así, que cada vez que hay cambio de color en el gobierno se cambia al presidente de esta compañía por alguien afín. REE tiene el monopolio de las cuestiones estratégicas del sistema eléctrico español, como son el transporte de la energía eléctrica y la operación del sistema. Por todo esto considerar que REE intenta expoliar a un territorio o que está controlado por determinados fondos o por intereses extranjeros, es estar muy lejos de la realidad. En buena lógica y por todo lo comentado, decir que REE intenta esquilmar los recursos de Gran Canaria es equivalente a decir que el estado español intenta esquilmar esos recursos.

El Salto de Chira no será una central de bombeo al uso, en la que se bombea en horas valle mas baratas y se turbina en horas punta más caras, será un bombeo con otras finalidades más importantes que el simple lucro económico y por todo ello su retribución se llevara a cabo mediante una orden ministerial específica, en la que se tienen en cuenta una serie de parámetros más relacionados con la estabilidad del sistema y la penetración de renovables que por otras cuestiones. Por todo ello, el legislador ha considerado, con toda la lógica del mundo, que si esto va a ser así, lo lógico es que su titular sea alguien que considere otra serie de cuestiones aparte del beneficio económico. Entre las compañías intervinientes en el sector eléctrico español, es muy difícil encontrar otra compañía como REE que pueda cumplir estas condiciones. 

De esta forma comienza el Anexo 1 del PTCan que tanta controversia ha causado y bajo nuestro modesto punto de vista, sin justificación alguna, por la sencilla razón de que este estudió no determina, de ninguna de las maneras, zonas concretas de ubicación de determinadas instalaciones de renovables, solo da, de una manera orientativa, indicaciones de cuáles son las zonas que, a priori, pudieran ser más proclives para su instalación, quedando en manos de las administraciones competentes la aprobación o no de los proyectos concretos.

El mismo Anexo 1 explica el motivo de llevar a cabo esta zonificación orientativa: “La principal razón por la que se lleva a cabo este análisis es para asegurar que los objetivos de potencia establecidos en la planificación son viables desde el punto de vista territorial, sirviendo esta información para que los Cabildos Insulares puedan adaptar sus determinaciones ante el reto de descarbonización de Canarias en el año 2040”.

A la hora de proyectar una instalación de renovables hay que tener en cuenta muchas consideraciones, pero hay tres que son capitales:

Cualquiera que quisiera instalar una infraestructura de renovables en cualquier territorio tendría que llevar a cabo una investigación exhaustiva de todo el territorio para ver cuál es el lugar propicio para ello. El PTCan trata de agilizar ese proceso indicando ya determinadas zonas que a priori podrían servir, a falta de llevar a cabo un ajuste fino con las administraciones locales y grupos de interés.

Por otro lado, el PTCan no pone en riesgo el que se instalen aerogeneradores en el 10% del territorio de Lanzarote, ni huertos solares en el 23%, este estudio tasa de una manera concreta la ocupación de eólicos, en la opción mas extendida, de 33,5 kilómetros cuadrados lo que supone un 4% del territorio, eso sí, de un área DISPONIBLE de 89,3 kilómetros cuadrados, que nadie esta diciendo que se vayan a utilizar en su totalidad. Con respecto a la fotovoltaica la desproporción de cifras es abismal. Frente a un área disponible de 196 kilómetros cuadrados, tan solo se usarán 1,80 kilómetros cuadrados, lo que viene a suponer el 0,2% del territorio.

Otra de las cuestiones controversiales que se han puesto en la palestra es el hecho de que si la central de Punta Grande tiene una potencia instalada de 232,26 MW, cómo es que se dimensionan parques eólicos por valor de 500 MW y parques fotovoltaicos por valor de 180 MW para el 2040. En primer lugar, hay que decir que en un sistema eléctrico la potencia instalada indica lo máximo que podría dar la central en un momento dado, pero hay otro dato que es fundamental y es la energía producida en un año. En el caso de Lanzarote, la energía producida en el año 2021 fue de 721.251 MWh. Como quiera que un eólico no puede producir cuando no hay viento y disminuye su producción al disminuir este, existe lo que se denomina factor de capacidad que en el caso de los eólicos es del 20%. Este factor hace que una instalación de 500 MW que debería producir 4.380.000 MWh, tan solo nos pueda producir 876.000 MWh. Aun así, con esto y la fotovoltaica, que también tiene un 20% de factor de capacidad, los números superan lo que se necesita desde el punto de vista de la demanda eléctrica. La explicación viene porque el PTECan no se contenta con descarbonizar el sistema eléctrico, sino que va más allá e intenta planificar una descarbonización de la economía en general. Para ello utiliza un vector energético como es el hidrógeno para lo cual se plantea que Lanzarote deberá producir mediante electrolizadores 13.577 toneladas de hidrógeno verde a partir de una potencia de 74,6 MW de electrolizadores instalados. Este hidrógeno verde no solo será utilizado en el sistema eléctrico, sino en el transporte pesado por carretera, en la fabricación de amoniaco como combustible para los barcos o en la fabricación de queroseno sintético como combustible de la aviación.

Después de estos pequeños retazos no podemos sino apesadumbrarnos ante la nefasta acogida que ha tenido en determinados sectores un estudio tan completo y beneficioso para las islas, que marca un antes y un después en las planificaciones de la descarbonización de sistemas eléctricos aislados.

Creemos que ese rechazo es debido a una falta de comprensión de todo lo que se indica en el PTECan y a un desconocimiento en la materia que se está tratando y como muestra un botón. ¿Cómo se puede plantear “el derecho a decidir el modelo energético que se  quiere y acordar cómo se va a desarrollar cada territorio” dentro de un marco normativo y competencial como en el que estamos en este país?

Para aquellos que no lo sepan, el PTCAN emana de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias que en su artículo 18, punto 1 se puede leer: “El Plan de Transición Energética de Canarias contendrá el conjunto de acciones dirigidas a la consecución en plazo de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este conjunto de acciones deberá ser desarrollo de las directrices que, al efecto, haya establecido la Estrategia Canaria de Acción Climática…….”.

Evidentemente este Plan no nace de la mente calenturienta de un político espabilado que en una buena noche de verano comienza a inventarse cifras y datos, vomitándolos de manera arbitraria. Este plan nace de un estudio concienzudo por parte del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y que fue plasmado en las estrategias que sirven de base al propósito final, y que deberían ser un orgullo para todos que una empresa publica canaria sea capaz de un trabajo tan completo de tan alta calidad . Estas estrategias, ocho en total, de apoyo al PTECan se desglosan de la siguiente manera: 

Conviene decir que el PTECan fija un horizonte hasta el 2030, sin embargo, las estrategias cierran el círculo de la descarbonización total en el 2040.

Estas estrategias hacen un barrido pormenorizado de las necesidades energéticas de Canarias, pero no solo en el sector eléctrico sino también en sectores como la movilidad terrestre, marina y aérea o las necesidades de frio industrial.

Por poner algunos ejemplos del nivel de detalle con que se trabaja para el caso de la isla de Fuerteventura en el 2040, veamos algunos datos:

Y en lo que se refiere a las necesidades de renovables para 2040 se observa también el nivel de detalle

Estos han sido algunos ejemplos de datos que se pueden obtener en estas estrategias que, una vez leídas, dejan a las claras el ingente esfuerzo realizado por el ITC que dudamos mucho que se pueda encontrar parangón en ningún otro estudio energético sobre sistemas aislados del mundo.

Todos sabemos el injusto sambenito que nos han colgado a los canarios por nuestro supuesto  aplatanamiento, pero si alguien tiene alguna duda le recomendamos que dedique algunas  horas, a la lectura  de este valioso estudio elaborado por los ingenieros de esta empresa pública canaria que es el ITC.