Madrid vive una época oscura para la arquitectura. Las administraciones de Madrid abandonan su responsabilidad en la promoción de la arquitectura pública de viviendas y equipamientos. 

El milagro del modelo de “colaboración público-privada” deja en manos de los fondos de inversión, mediante fórmulas de cesión del derecho de superficie o con el pago de cánones del dinero de nuestros impuestos, la construcción y explotación de viviendas públicas o equipamientos como el Campus de la Justicia.

De esta forma la arquitectura pública se convierte en un negocio con criterios puramente económicos en los cuales los arquitectos se transforman en meros instrumentos y lacayos al servicio de la rentabilidad del mercado. Y pierden su condición de independencia de pensamiento y de colaborar en el futuro de nuestras ciudades. 

Las administraciones siempre fueron un vector de innovación y la política de concursos públicos siempre han sido una forma de investigar nuevos modos de vida en arquitectura contemporánea y de imaginar el futuro de un paisaje urbano para el S. XXI. 

Lamentablemente la política actual de “colaboración público-privada” es el mantra de las administraciones gobernadas por el PP. 

En el caso del Campus de la Justicia se enterraron el concurso de ordenación original (ganados por los arquitectos Frechilla & Peláez) y los concursos de arquitectura para la construcción de diversos edificios del Campus (alguno de ellos realizados por encargo “digital” de Esperanza Aguirre a los arquitectos “estrella” como Norman Foster o Zaha Hadid ).

De esta forma la administración no invierte en la construcción sino que son los fondos los que construyen y gestionan... a cambio del “pago de un canon que estará en torno a los 50 millones de euros durante 35 años”. Es decir, recibirán unos 1.750 millones de euros de las arcas públicas, además de los derechos de explotación de todos los locales comerciales que se construyan. A cambio la adjudicataria tendrá que hacer frente a los costes de la obra, valorados en unos 500 millones de euros. 

Adiós a la arquitectura pública, a la calidad, a la innovación, a la posibilidad de que los arquitectos puedan cumplir con garantías su misión, que no es otra que la de realizar proyectos de calidad que defiendan el interés público como figuras independientes de las adjudicatarias y no como meros instrumentos al servicio del capital privado.

Ahora nos encontramos con una nueva sorpresa, que no es otra que el concurso para fondos inmobiliarios para la construcción y explotación en derecho de superficie durante 45 años de 2000 viviendas en alquiler asequible en 25 parcelas municipales. En total 150.000 m² repartidas en 11 distritos de la ciudad con calificación de uso residencial libre. 

En los pliegos del concurso se obliga a que sean destinadas al alquiler con rentas hasta un 25% por debajo del “precio medio” de la zona y como pago no suponga más de un 25% de los ingresos mensuales del núcleo familiar. 

¿Cómo se controlará esto en manos de los fondos de inversión? Nadie lo sabe, pero con la historia pasada sobre el escaso control realizado sobre los alquileres de las viviendas públicas, vendidas por la CAM y el Ayuntamiento (y que todavía siguen en los tribunales, que han obligado a su devolución al patrimonio público) nada bueno puede suceder.

 Un plan gemelo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid que sacó a concurso 5.000 viviendas y fueron adjudicadas a CULMIA y AEDAS, controladas por los fondos OAKTREE y ARES respectivamente. En esta convocatoria quedaron desiertas 1.447 viviendas a las que ningún promotor quiso acudir.

Es decir, se abandona la responsabilidad de las administraciones en influir en los desorbitados precios de los alquileres, mediante un parque público de alquiler y se confía en la buena intención de los grandes fondos inmobiliarios, que son los únicos que se presentan a este tipo de concursos. (España tiene un 2,5 % de vivienda pública, frente al 18 % de en Francia o el 30 % en Dinamarca). 

Y los arquitectos desaparecidos, ninguneados, integrados en los equipos de las promotoras, y sin posibilidad de realizar con independencia proyectos innovadores, otra de las, no nos olvidemos, misiones de la arquitectura pública. 

Y ante esta dejación de responsabilidad, ante el deterioro de la arquitectura pública, ante el ninguneo de la figura del arquitecto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid asiste como palmero de las “colaboraciones público-privadas” que el Partido Popular predica como el mantra para solucionar el futuro de nuestra ciudad y de nuestros problemas como ciudadanos. Ciudadanos convertidos en “clientes”.

El último arquitecto que pueda trabajar con libertad y dignidad en un concurso público que cierre la puerta.