Las restricciones impuestas a la vida social con ocasión de la pandemia han reducido notablemente las cifras de la criminalidad durante los años 2020 y 2021. Euskadi, obviamente, no ha sido en esto una excepción. Y con la salvedad de las infracciones que se puede cometer en o desde el propio domicilio -donde destacan, sobre todo, las que se perpetran a través de la red-, durante este período, todos los tipos delictivos han acusado un descenso en su recuento estadístico. Es lógico; a menos interacción social, menos delitos.

Había expectación, por tanto, por conocer cuál iba a ser el comportamiento de la criminalidad en Euskadi a partir del momento en el que se retomase la normalidad. Las denuncias registradas por la Ertzaintza durante el primer semestre de 2022 denotan que el fin de las restricciones parece venir acompañado de un incremento de la criminalidad, no ya por referencia al bienio de la pandemia -eso se daba por descontado-, sino por relación a 2019, que es el año inmediatamente anterior a su irrupción.

Por el interés social que despierta, en este artículo me gustaría situar el foco en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, donde el panorama es, al mismo tiempo, inquietante y esperanzador. Es inquietante porque la criminalidad registrada en este ámbito ha crecido de manera notable: un 20% con respecto a 2021 y un 50% si lo comparamos con 2019. En el apartado específico de las agresiones sexuales, que son las más graves, el incremento es, respectivamente, del 31% y del 48%. En términos absolutos, el semestre ha anotado 371 delitos contra la libertad sexual, de los que 105 -casi la tercera parte-, constituían agresiones.

Las cifras son francamente elevadas para una sociedad moderna y avanzada que descansa sobre el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la diversidad. Y ponen de manifiesto que, en este concreto ámbito, nuestra convivencia sigue pervertida por unos modelos de comportamiento abyectos, poco permeables a las intensas campañas de concienciación y sensibilización que promovemos desde las instituciones públicas y al poder disuasorio de la normativa penal vigente.

El dato, sin embargo -aunque en un primer momento parezca extraño- puede ser considerado, también, desde un punto de vista esperanzador. Me explico.

Sabíamos que en este tipo de delitos la criminalidad oculta -la que existe, pero no aflora en las cifras oficiales- era muy elevada. Tradicionalmente, en el campo de las infracciones contra la libertad sexual, muchas víctimas se resistían a denunciar el delito padecido. Las razones eran de lo más diversas, pero casi todas estaban relacionadas con el temor a enfrentarse a unas pautas sociales arcaicas e inhumanas, hoy afortunadamente superadas, que tienden a devaluar la gravedad de estos ilícitos, a culpabilizar de su existencia a las propias víctimas o a considerar que estas están poco menos que obligadas a padecerlos sin rechistar.

Hay razones para pensar que una buena parte del incremento registrado en la estadística de estos delitos no obedece tanto al hecho que su número haya crecido, cuanto al hecho de que una mayor concienciación social está haciendo que se denuncien más. Paso a paso, las víctimas están pasando de padecerlos en secreto y amargamente, a denunciarlos abiertamente con el propósito de promover, contra sus autores, y con el máximo rigor posible, la acción de la Justicia. Paulatinamente, vamos saliendo de las tinieblas para dejarnos iluminar por la modernidad y la ilustración.

Lo esperanzador del dato radica, concretamente, en que esta circunstancia nos permite disponer de una fotografía más ajustada a la realidad, lo que siempre es positivo para acertar en los diagnósticos y en las estrategias. En relación con estas últimas, cabe reseñar que, a la vuelta del verano, se aprobará, probablemente, en el Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual que, entre otros muchos objetivos, acentúa sensiblemente la gravedad de la respuesta penal que el ordenamiento jurídico depara hoy en día a las infracciones contra la libertad sexual. Su entrada en vigor podría suponer un nuevo vuelco para las estadísticas criminales relacionadas con este tipo de delitos.

En cualquier caso, el Departamento de Seguridad seguirá revalidando, día a día, su firme compromiso en la lucha contra los delitos de naturaleza sexual.