Después del silencio es un informe que se inscribe en la necesidad urgente de promover un debate riguroso y profundo sobre las violencias sexuales, desde una mirada crítica y feminista que reconozca el testimonio no solo como un relato individual, sino como una herramienta de investigación social capaz de revelar estructuras y dinámicas de poder ampliamente extendidas.

Por ello, resulta especialmente preocupante la reapropiación mediática que, desde su presentación, han hecho algunos medios de comunicación, donde se banalizan las violencias sexuales, convirtiéndolas en espectáculo, vaciando el análisis de contenido y de reflexión política, y reduciendo el enfoque a una mirada simplista, misógina y, sobre todo, patriarcal, que afianza el terror sexual como práctica.

Las violencias sexuales en el cine no son hechos aislados ni excepcionales, sino estructuras sistemáticas de poder y control machista

Frente a esta lógica del morbo, Después del silencio, el informe elaborado por CIMA, marca un antes y un después. No solo por la potencia de los testimonios recogidos, sino por el marco político que los sitúa: las violencias sexuales en el cine no son hechos aislados ni excepcionales, sino estructuras sistemáticas de poder y control machista. Los testimonios no se limitan a narrar vivencias individuales; son herramientas que permiten identificar patrones, desmontar relatos negacionistas de las violencias y conceptualizar políticamente la violencia sexual como una práctica estructural.

Después del silencio nos habla, con precisión, de esa estructuralidad: una violencia que atraviesa la industria en todos sus niveles y que se perpetúa gracias al silencio, la impunidad y la desigualdad normalizada. Este informe no es una acumulación de relatos morbosos. Es una herramienta política. Reproducir frases impactantes o titulares llamativos sin contexto no solo despolitiza los relatos, sino que contribuye a reproducir las mismas lógicas de poder patriarcales que sostienen las violencias sexuales.

Por ello, es una cuestión de responsabilidad —y también de reparación, para no revictimizar— hacerse cargo del contexto y ubicar el análisis en las condiciones y dinámicas laborales que posibilitan el ejercicio de las violencias sexuales, el miedo a hablar y la impunidad que garantiza el silencio. Solo desde ese enfoque es posible comprender el testimonio como una herramienta crítica para desvelar estructuras de poder y transformar colectivamente la industria.

Después del silencio revela una violencia sexual profundamente normalizada en todos los niveles de la industria del cine y audiovisual. Desde las escuelas de cine hasta los castings, desde las escenas de intimidad hasta las fiestas de cierre: las escuelas de interpretación legitiman dinámicas que diluyen los límites del consentimiento bajo el pretexto de la “formación artística”. Las reuniones de trabajo se convierten en espacios de exclusión y control. En las escenas de intimidad, la ausencia de protocolos permite agresiones que luego son grabadas y convertidas en producto audiovisual. Incluso los propios relatos y guiones reproducen las lógicas patriarcales, y las guionistas que intentan cuestionarlas son silenciadas o penalizadas.

Las escuelas de interpretación legitiman dinámicas que diluyen los límites del consentimiento bajo el pretexto de la “formación artística”. Las reuniones de trabajo se convierten en espacios de exclusión y control. En las escenas de intimidad, la ausencia de protocolos permite agresiones que luego son grabadas y convertidas en producto audiovisual

Las agresiones no son casos aislados: forman parte de un sistema de jerarquías, silencios, cosificación y dependencia laboral que condiciona tanto el acceso como la permanencia de las mujeres en el sector, donde las mujeres jóvenes están doblemente expuestas. La violencia funciona también como un mecanismo de castigo para quienes desafían las reglas implícitas de la industria, enfrentando el menosprecio, la infantilización o, directamente, la exclusión.

Otro hallazgo esencial del informe es que la llamada “cultura de la cancelación” no recae sobre los agresores, sino sobre las mujeres que denuncian. Ellas son quienes pierden trabajos, quienes se enfrentan al descrédito, quienes deben reinventarse constantemente. A las agresiones sexuales se suma una violencia social que impide denunciar, que cuestiona a las víctimas y que naturaliza su exclusión.

Una de las evidencias más sangrantes de todos estos hallazgos es comprobar lo profundamente hipócrita y contradictorio que resulta celebrar la creación artística o el valor simbólico de la cultura mientras se esconde y se invisibiliza la violencia sexual que atraviesa todas sus estructuras. Incoherencia que ni mucho menos es menor, pues demuestra la complicidad histórica institucional y del propio sector, que llamativamente sigue en silencio, incluso, dos semanas después de que este informe se haya hecho público.

Otro hallazgo esencial del informe es que la llamada “cultura de la cancelación” no recae sobre los agresores, sino sobre las mujeres que denuncian

Después del silencio da, además, un paso importante. Sus demoledores resultados se traducen en recomendaciones urgentes, que exhortan al Estado, a las instituciones públicas y a la propia industria audiovisual a cumplir de manera inmediata sus obligaciones de prevención, protección y garantía de derechos para todas las profesionales del cine y el audiovisual. Porque cuando la inacción institucional y el propio sector fallan en proteger, en reparar integralmente o en sancionar a responsables de sobra conocidos —tal y como demuestran las 200 páginas de este informe—, la institución y la industria pasan a formar parte de la propia violencia.

Por eso es importante recordar a todas las instituciones públicas y a las personas responsables del sector que su obligación y responsabilidad son ineludibles y no están sujetas a negociación: deben poner todos los medios necesarios para hacer cumplir las leyes y garantizar, de manera efectiva y material, todos los derechos de las víctimas de violencia sexual. Mientras las instituciones sigan omitiendo la implementación de la ley 10/2022 (Ley del “solo sí es sí”) no solo se estarán vulnerando los derechos de las víctimas, sino que se perpetuará un sistema en el que las mujeres seguirán siendo empujadas a un escenario de desprotección, revictimización y silencio impuesto.

Como ha quedado demostrado en este informe la deliberada inacción institucional, la falta de protocolos eficientes, la desigual implementación de los recursos de atención especializados para las víctimas (los Centros de Crisis 24/7), o la negación de la violencia sexual dentro del sector como un riesgo laboral, refuerza así el entramado que constituye la propia cultura de la violación, al trasmitir a las mujeres y de manera particular a las profesionales de la industria, un mensaje claro y devastador: “No os creemos”.

Frente a esa violencia, el informe demuestra que las mujeres del sector han generado sus propias estrategias de resistencia. Han tejido redes, han tratado de crear espacios seguros y han producido memoria colectiva. Las compañeras se cuidan entre sí, se alertan, se acompañan y construyen saberes colectivos. Y este es el único protocolo activo que realmente funciona.

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Nerea Barjola y Bárbara Tardón son las autoras del informe Después del silencio, publicado por la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA).

Alarma social y confusión son dos términos que están sirviendo para sintetizar, enunciar y significar la práctica de los pinchazos y de la sumisión química. En mi opinión, el debate está, precisamente, en despejar esta ecuación, renombrar sus variables y clarificar sus funciones. Esta acción es una cuestión tan matemática como orgánica –en términos de cuerpo social– que permite reflejar la salubridad del ejercicio, afianzamiento y protección de las violencias sexuales dentro del conjunto social.

Para empezar es relevante situar la práctica de la sumisión química como uno de los formatos que adquiere el ejercicio de las violencias sexuales, es decir, lo innovador es, quizás, el formato pero no el contenido ni la intencionalidad. El hábito de engañar, de embaucar, de emborrachar para disminuir las capacidades de reacción o comprensión con la idea de agredir sexualmente son formas de sumisión generalizadas y, además, consensuadas socialmente. He aquí la primera cuestión importante; el proceso de asentar consensos implica naturalizar el método y la naturalización es el paso previo necesario para banalizar la violencia sexual y vaciarla de contenido político. Esta idea nos sitúa directamente en las consecuencias de englobar los pinchazos dentro de conceptos como alarma social y confusión. Desde una perspectiva feminista no hay confusión –está todo muy claro– y la alarma social no deja de ser un mecanismo que la sociedad activa para impedir (re)pensar en términos políticos qué hay detrás de los pinchazos. Dicho de otra manera, la confusión y la alarma social cumplen coordinadamente con una función: ejecutar el sistema de control, castigo y vigilancia que se instaura sobre la vida y el cuerpo de las mujeres y proteger el libre ejercicio de las violencias sexuales. ¿Es la confusión la que deriva en alarma social o la alarma social la que genera la confusión? 

El (des)orden –orden en términos patriarcales– en el debate produce falta de claridad, miedo, dificultad para saber qué pensar, qué hacer, y esta confusión es el estadio perfecto para aferrarse a aquello que sí conocemos y practicamos; el machismo y las violencias sexuales. Inevitablemente, en la confusión, aparece la alarma social vinculada, única y exclusivamente, al miedo. Esta alarma sin debate crítico no transforma, si construimos alarma social estamos protegiendo de manera estructural la violencia sexual. Y este es uno de los debates que debemos implementar.

Por lo tanto, batería de preguntas con sus respuestas: ¿a qué está respondiendo la alarma social? A proteger el statu quo sexual y sus privilegios. ¿Qué nos sorprende o escandaliza exactamente de los pinchazos? Que la violencia sexual se materialice en una praxis que viola el pacto de lo asumible, de lo aceptable, de lo que ya ha sido naturalizado y que como sociedad permitimos, construimos y cobijamos todos los días. A este respecto, la alarma social transparenta de manera precisa la legislación simbólica que impera en el conjunto social, esto es, nos inquieta el acto del pinchazo por impreciso, por desconocido y porque la violencia sexual se puede ejecutar, únicamente, dentro de parámetros de naturalización, de lo contrario deja al descubierto el contrato sexual patriarcal y su existencia. De ahí las expresiones “¿A dónde vamos a llegar?”. Ya hemos llegado, hace tiempo. Actos igual de graves suceden de manera continuada pero totalmente aceptados. 

Por otro lado, la confusión y la alarma social se están alimentando de dinámicas que reproducen todos los mecanismos de las violencias sexuales. Así por ejemplo, una parte importante de las noticias publicadas tiene una perspectiva, básicamente, criminalística. Los discursos en torno al “proceder” de los pinchazos, la droga que contienen o los posibles efectos que generan son una forma de restar importancia al debate de fondo y (re)instaurar una voz que más allá de ser crítica es reaccionaria. Dar la voz a “expertos” que, además, reconocen abiertamente no saber cuál puede ser la droga que se está inoculando establece la duda y cuestiona las experiencias y los síntomas de aquellas que lo han vivido. Y, más grave aún, despolitiza nuestro debate ubicándonos en la deriva discursiva del machismo. 

La sumisión química por medio del pinchazo, independientemente de cuál sea su intencionalidad o fin último, es una dinámica a partir de la cual ejercer control, sumisión y violencia sexual. Este binomio control-sumisión tiene múltiples formas de materializarse, una de las más importantes –y también la más sutil– es la incorporación del terror sexual que en la práctica se traduce en una constante reducción de las libertades más fundamentales para las mujeres. Los discursos que se han construido en torno al tema lanzan un mensaje aleccionador que refuerza la disciplina de castigo, vigilancia, alerta, autocontrol y terror sexual en las mujeres (sumisión); y consolidan la posición de poder y privilegios de los hombres (control). 

Por todo ello, es imprescindible girar el foco, no continuar produciendo noticias y discursos que afiancen la violencia sexual sino que la deconstruyan y problematicen desde la teoría crítica feminista. Cuando hablo de girar el foco, hablo de situar la mirada y la responsabilidad en las actitudes de los que agreden y no en las de quienes son agredidas, hablo de situar el debate en sus justos términos. Planteemos la cuestión a partir de cuatro enunciados: “A las 22 en casa porque igual violas”, “Voy a buscarte porque a partir de determinada hora violas en grupo”, “Es mejor que no salgas esta noche porque va a haber mucha gente e igual violas”, “No transites solo por zonas donde creas que puedes violar”. Estas expresiones apelan directamente a la reducción de derechos y libertades de los hombres. Sería impensable plantear este escenario en el que, hipotéticamente, el espacio público, las actitudes, la libertad de movimiento y el ejercicio libre de la sexualidad es restringido para ellos, simplemente plantearlo puede generar una reacción violenta por su parte. Sin embargo, en la vida de las mujeres está absolutamente naturalizado, asumido y consensuado. El 'no todos los hombres' –pero sí a todas las mujeres– no puede seguir siendo un argumento, es una falacia perversa a partir de la cual justificarse. 

Tomemos “los pinchazos” como puerta de entrada para una reflexión más profunda con planteamientos y perspectiva feminista que posibiliten reflexionar sobre los privilegios y el prestigio social de la masculinidad hegemónica, la cultura de la violación y el pacto social que la protege. Viremos la mirada, responsabilicemos de las agresiones a quienes agreden, exijamos que el NO lo pronuncien ellos, a sí mismos y a sus iguales, y que el control social se enfoque hacia sus actitudes. En este contexto de debate, ¿qué cobertura tendrían los pinchazos? 

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