El 30 de julio de 2023, en torno a las tres de la madrugada, se produce un apagón en toda la isla de La Gomera que estuvo perturbando durante varios días su normal funcionamiento. Según fuentes oficiales, este cero eléctrico se ocasionó debido a un incendio en la sala de servicios auxiliares que dejó inutilizada una gran parte de la flota de grupos generadores de la única central térmica de la isla, la central del Palmar. 

Contrariamente a lo que cabría esperar, en los días y semanas siguientes no se estableció un debate sobre los motivos del incendio, no se discutió el por qué una central tiene ubicados todos sus servicios auxiliares en el mismo sitio, no se habló de por qué no hay sistemas redundantes que, ante la avería de uno, el otro pueda seguir funcionando, ni siquiera se exigió la responsabilidad que Unelco Generación SAU, filial de Endesa‐Enel y propietaria de la planta, debía asumir. El debate se centró en que existe una cantidad importante de grupos con su vida útil regulatoria vencida y se desvió toda la atención hacia las administraciones y una normativa perniciosa que, al parecer, había impedido la renovación de estos grupos. 

Por extensión, la clase política y empresarial del archipiélago descubrió que el resto de las islas está en condiciones similares, a pesar de que esa información era pública y accesible a poco que se buscara y denunciada en multitud de ocasiones por los firmantes de este artículo y otros colegas de profesión desde hace más de 5 años.   

Comenzó entonces una suerte de histeria colectiva, el miedo a que se van a producir apagones frecuentes se extendió y, por tanto, es necesario ponerle un remedio urgente. En esta histeria no solo participan colectivos que en principio podrían desconocer el tema tratado, sino el asunto es avalado por algún ilustre miembro de Colegios de Ingenieros. 

Estando así las cosas, el lunes 2 de octubre de 2023, el Gobierno de Canarias se descuelga con toda una Declaración de Emergencia Energética en la que urge al Gobierno Central a resolver la situación, invocando el precepto regulatorio que establece la Ley 17/2013 tras conocer el informe de Red Eléctrica de España sobre el déficit de cobertura de potencia donde no había nada nuevo que anteriormente no se conociera (sin ir más lejos, en la legislatura anterior). Apenas dos días después, el 4 de octubre, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, publica la convocatoria para presentar las propuestas para la instalación de potencia de generación adicional de emergencia para cubrir las necesidades energéticas. 

Evidentemente, si el inicio de todo este proceso fue el apagón de La Gomera y si la causa fundamental, asimilada de manera general por todos los creadores de opinión, se encuentra en la obsolescencia de los grupos de generación, en esta convocatoria y pensando en buena lógica, se habrá reservado un lugar importante a la instalación de nuevos grupos en la isla colombina. Pues no, contrariamente a lo que se pudiera pensar, hay potencia adicional de emergencia para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura por un montante de 250 MW, pero nada para La Gomera.

La presentación de estas propuestas expiraba el 26 de octubre y hasta hoy no tenemos ninguna noticia de las ofertas presentadas, salvo algunas filtraciones interesadas en la prensa. 

Por otro lado, y según parece, como respuesta a esta declaración de emergencia el Gobierno de la Nación ha sacado en fechas recientes la Propuesta de Resolución por la que se convoca el Procedimiento de Concurrencia Competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares. Esta propuesta, que está publicada para recibir cuantas alegaciones se consideren y que se pueden llevar a cabo hasta el 30 de noviembre próximo, pretende ser el pistoletazo de salida para la renovación de todos los grupos que tienen su vida útil regulatoria vencida en las islas y que teóricamente acabaría con esta situación de precariedad energética. 

En cuanto vimos esta publicación inmediatamente nos enfrascamos en su lectura buscando el apartado de los grupos que se iban a renovar en La Gomera, ya que había sido el detonante de toda esta situación. Pues bien, a pesar de que en La Gomera hay siete grupos con su vida útil regulatoria caducada, lo que suman un total de 7,38 MW, tan solo se pretenden renovar 2,5 MW, por lo que da la impresión de que tan precaria no era ni es la situación en esta isla. 

Existe un célebre pensador de nuestro tiempo que mantiene que cuando quieres llevar a cabo algún proceso que no es del todo aceptado por la sociedad, lo que hay que hacer es crear un problema importante que cause alarma y proporcionar la solución a ese problema, integrando el proceso que no era del todo aceptado. El cuasi monopolista en el archipiélago ha pasado en poco menos de seis meses de negar la necesidad de reconvertir prácticamente todo el parque de generación fósil a convertirlo en un asunto de Estado. No puede negarse esta “habilidad” a la hora de darle la vuelta a la situación. 

La transición energética a las renovables y la descarbonización para el 2040 del territorio canario, contenidas en el PTECAN, ahora sufren un giro copernicano. De hacer una planificación sometiendo a todos los desarrollos de renovables y almacenamiento por procedimiento administrativo ordinario en la anterior legislatura y alimentada con 467 millones de euros de asignación directa procedente de los fondos europeos #NextGenEU, a un plan de urgencia que salta algunos pasos fundamentales (hurta la fiscalización por parte de los expertos independientes, impone las localizaciones sin haber hecho las consultas previas al territorio), que pone en desventaja competitiva a la generación renovable y que introduce un combustible costoso, volátil en precios y con infraestructuras de muy largo plazo como es el gas natural.   

El 30 de noviembre, cuando el MITERD reciba las alegaciones al concurso y, después de ellas, se ponga en marcha el proceso de concurrencia competitiva, la transición energética habrá dado un paso atrás muy relevante. Por supuesto que hay un “plan B” que no pase por introducir una nueva fuente de energía fósil: hacer gestionable todo el parque renovable actual acelerando las inversiones en almacenamiento hidráulico y en baterías. Y todo ello garantizando el suministro. Teniendo en cuenta que el proceso de concurrencia no tendrá listas las nuevas centrales hasta dentro de cuatro años, para entonces Canarias podría más que triplicar la potencia instalada de renovables ya gestionables y funcionar en condiciones de firmeza, tensión e inercia similar a las térmicas.

La pregunta es muy sencilla: ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos seis meses para que estemos en emergencia energética? La respuesta es muy breve: prácticamente nada. Los datos y la situación real de los grupos generadores es exactamente la misma que teníamos hace uno, dos, tres… hasta cuatro años antes. El Gobierno nos tendrá que explicar (pero de verdad, no como hasta ahora, no somos alumnos de preescolar) por qué así y de esta manera. 

Punto, juego y set de una manera absolutamente genial. Eso hay que reconocerlo. Pero el partido todavía no ha acabado…

En el campo energético, durante mucho tiempo se pensó que, soluciones en base a combustibles fósiles eran las más adecuadas. Sin entrar en el trasfondo del porque se llego a esta conclusión, que nos llevaría a gastar ríos y ríos de tinta, lo que está claro es que esta decisión nos ha llevado a una consecuencia devastadora, el cambio climático antropogénico, que, sin lugar a duda, es el embate de mayor calado que tiene que afrontar la humanidad como especie, ya que es la causante de todo el desaguisado y la que tiene ante si el reto de ponerle remedio o cuando menos, aminorar sus consecuencias.

Si consideramos los enunciados anteriores como válidos, entonces las voces que abogan por la introducción del gas en Canarias están totalmente fuera de contexto. Y lo están ya no solo por el cambio de paradigma del que deberíamos ser abanderados por el cambio climático, sino porque la tecnología vanguardista, ya apunta a otros derroteros.

A nadie se le esconde que el termino que ahora está en boga es el de “hidrógeno verde”, vector energético que está llamado a convertirse en el paladín que podrá encausar y dinamizar todo el potencial de las energías renovables más extendidas, como son la eólica y la fotovoltaica. Pues bien existen como muestra dos planteamientos, totalmente plausibles que dejan en evidencia los que desean la entrada del gas en nuestras tierras. 

Por un lado, tenemos el convincente trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias para el Gobierno de Canarias, que mediante sus estrategias para elaboración del PTECAN, plantean toda una suerte de soluciones para descarbonizar las islas en el 2040. Concretamente, en la cuestión que nos ocupa, de la posible aplicación del gas natural en las centrales eléctricas y como combustible de barcos, el ITC plantea el hidrógeno verde como combustible para las centrales eléctricas y este mismo vector energético, como componente fundamental para la fabricación de amoniaco, para utilizarlo en los motores de los barcos.

Algunas voces están comentando que, si bien es un buen estudio, es tan solo voluntarista y nada práctico, pero he aquí que a principios de noviembre hemos conocido el megaproyecto de la empresa Maersk, segunda mayor naviera de contenedores del mundo, que pretende invertir en España la friolera cantidad de 10.000 millones de euros para fabricar metanol verde, como biocarburante, para sustituir el gasoil de su flota y así descarbonizarla.

¿Pero que tiene en común el metanol verde de Maersk y el amoniaco planteado por el ITC?, pues sencillamente que para producir ambos compuestos se necesita “hidrógeno verde”, elemento, que recordemos, se obtiene de la electrólisis del agua mediante la aplicación de “energía renovable”.

Por tanto, siguiendo una línea de causalidad, el estado del arte de los planteamientos tecnológicos actuales, van en línea de utilizar el hidrógeno verde como vector energético. Pero para obtener este hidrógeno verde, necesitamos energías renovables, diríamos más, una fuerte penetración de energías renovables, que, debido a su adecuado balance de costes, pueden producir electricidad a precios óptimos para todo el proceso.

En todo momento de cambio existe una pugna entre lo que no termina de irse y lo que no termina de llegar, pero por una vez no pensemos en lo que podemos ganar con una mentalidad cortoplacista, pensemos en lo que podemos perder si los nuevos planteamientos tecnológicos no se imponen.

Es cierto que existe una Directiva, concretamente la 2014/94/UE, que literalmente dice en su artículo 6: “Los Estados miembros dispondrán lo necesario, a través de sus marcos de acción nacionales, para que exista un número adecuado de puntos de repostaje de GNL en los puertos marítimos, a fin de que las embarcaciones de GNL de navegación interior o marítimas puedan circular a través de la red básica de la RTE-T el 31 de diciembre de 2025 a más tardar”. Pero no es menos cierto que en el mismo artículo se añade el siguiente literal: “Los Estados miembros designarán en sus marcos de acción nacionales los puertos marítimos e interiores que deban ofrecer acceso a los puntos de repostaje de GNL a los que se refieren los apartados 1 y 2, teniendo también en cuenta las necesidades reales del mercado”.

Además, en la parte de considerandos de la misma Directiva se expone lo siguiente: “La decisión sobre la ubicación de los puntos de repostaje de GNL en los puertos debe basarse en un análisis coste-beneficio que incluya un examen de los beneficios medioambientales. Deben tenerse también en cuenta las disposiciones aplicables en materia de seguridad. La implantación de una infraestructura para el GNL contemplada en la presente Directiva no debe frenar el desarrollo de otros combustibles alternativos energéticamente eficientes que puedan aparecer”. 

Analizar el articulado completo y extractado en los párrafos anteriores aclara perfectamente el equívoco al que nos quieren llevar, ya que el legislador europeo, con muy buen criterio, vincula la normativa a “las necesidades reales del mercado” y, actualmente, esas necesidades son testimoniales y con una perspectiva reducida de que sean suficientemente importantes en los próximos años en Canarias.  En la actualidad hay 221 barcos en operación propulsados por GNL, mientras que en el 2018 la flota mundial de buques mercantes estaba compuesta por 58.329 unidades. En otras palabras, considerando datos del 2018 la proporción de barcos que usan GNL es del 0,4%. 

Incluso, teniendo en cuenta que en los próximos años la tasa de crecimiento de los barcos propulsados por GNL estará entre el 15% y el 20% anual acumulativa y el número de barcos totales en operación apenas suba, la proporción de barcos con GNL apenas ascendería al 2%. Por tanto, no se reúnen las condiciones ni la perspectiva de mercado para realizar un despliegue de este combustible en los puertos de una manera que sea económica y socialmente aceptable. No parece que los proyectos puedan soportar un adecuado análisis coste-beneficio y mucho menos desde el punto de vista medioambiental. Además, un combustible como el amoniaco, tan bien considerado en las estrategias del ITC para el Gobierno de Canarias, sufriría un varapalo importante en su desarrollo.

¿Entonces estamos ante un proyecto empresarial sin fundamento económico? Para nada. La auténtica rentabilidad de los proyectos radica en la planta de generación eléctrica, que contrariamente a lo que se dice, con toda probabilidad, se conectará a la red eléctrica de cada isla, funcionando a su potencia nominal de los 70 MW, durante todo el tiempo, con los consiguientes ingresos que ello acarrea mediante una retribución regulada cuya cuantía está siendo sometida a consulta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en medio de la confusión en torno a los decretos-ley que introdujeron la posibilidad de abastecer Canarias de gas natural. 

De hecho, la propia CNMC cae en el error de asegurar que no existe alternativa a los grupos térmicos que no sea el gas natural, rechazando por ejemplo la sustitución gradual por biocombustibles y la aceleración de la penetración de renovables a través de almacenamientos masivos y comunidades energéticas industriales que eviten el enorme desperdicio actual de energía renovable que se pierde por falta de integración en la red.

Teniendo en cuenta el último giro que han tomado las altas instancias europeas, en el sentido de considerar al gas y a las nucleares como energía verdes a efectos de financiación, estas instalaciones se podrán beneficiar de fondos europeos y no descartamos que se esté barajando la posibilidad de que puedan acceder al “Régimen Económico de las Energía Renovables”, con lo que los ingresos se dispararían, al poder acceder a retribuciones por inversión, por mantenimiento y operación, aparte de por la venta de energía.

Y en este sentido, se puede generar un efecto crowding-out entre gas natural y energías renovables. Dada la competencia por la captación de recursos financieros (por mucho que parezca una cifra grande los 144.000 millones del #NextGenEU), la financiación que se destine al gas se detraerá de los fondos disponibles para la instalación e integración de renovables.

Una vez más constatamos cómo algunos empresarios y administraciones ponen por delante un beneficio económico de corto plazo a las necesidades medioambientales, económicas y sociales de medio-largo plazo, y una vez más constatamos cómo una norma europea que nace con la idea de reducir la contaminación y favorecer los combustibles alternativos, es retorcida torticeramente para mantener por más tiempo el statu quo de los combustibles fósiles.

Javier Santacruz Cano (economista) y Antonio Hernández Rodríguez (abogado)

Miembros ambos de Salto a la Transición Ecológica