La diputada socialista Alicia Vanoostende ha formulado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la negativa de la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, que preside Nieves Lady Barreto, a facilitarle el listado de beneficiarios de las ayudas económicas a los damnificados por la erupción del Tajogaite en 2021. El TSJC ha emplazado en agosto a los perceptores de estas subvenciones para que, en un plazo de cinco días, puedan intervenir en el procedimiento y defender su derecho a la privacidad.

Resulta altamente esperpéntico que esta parlamentaria haya tenido que recurrir a la justicia, incluso contando con un informe de los servicios jurídicos del Parlamento canario que avala su derecho a conocer esta información: “La decisión gubernamental controvertida, de no dar traslado directo de la información relativa la 11L/SD-3164 a la diputada del GP Socialista Canario Dª Alicia Vnoostende Simili, no parece tener fundamento jurídico suficiente”.

¿Qué razones esconde la consejera y el Gobierno de Canarias para negarse a facilitar el derecho reconocido jurídicamente de conocer todos los expedientes de concesión de las ayudas? Esta cabezonería, preocupante en un estado de derecho democrático, ya estaba judicializada antes del recurso promovido por Vanoostende, ya que la consejera se negó a cumplir una resolución del Comisionado de Transparencia según la cual esta información no puede ser confidencial. Lady Barreto prefirió presentar un recurso judicial antes que cumplir esta resolución. En esta demanda de la consejera me he presentado como demandado, ya que he sido la persona que denunció ante Transparencia la no publicidad de las subvenciones de ayudas por las pérdidas sufridas por el volcán.

El comportamiento de la consejera, y, por ende, de todo el Gobierno Canario puede calificarse de trumpista. El uso y abuso del poder para negarse a cumplir con el derecho y la justicia es algo que estamos observando continuamente con Trump. En el caso del Gobierno de Canarias el hecho es aún peor, porque calla, miente y esconde una práctica de prepotencia y arrogancia que espero que algún día tenga su castigo en los tribunales.

La gestión de la mal llamada “reconstrucción” de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite ha dejado de ser un ejercicio de solidaridad institucional para convertirse en el mayor experimento de ingeniería de la opacidad administrativa en Canarias. La conclusión de los hechos de la reiterada negativa a la publicidad de información me lleva a concluir que, detrás del relato oficial de la recuperación de la zona afectada, se oculta una “caja negra” donde cientos de millones de euros de dinero público se adjudican y distribuyen bajo un manto de secretismo sistemático, silencios administrativos y maniobras legales diseñadas ad hoc para eludir cualquier atisbo de control democrático.

La transparencia no es una concesión graciosa de la Administración, es la principal garantía contra la arbitrariedad. Sin embargo, en La Palma el modelo de gestión parece configurado para blindar los flujos de dinero público frente al escrutinio ciudadano. E incluso el propio escrutinio de la oposición en el Parlamento de Canarias.

¿Qué maniobras se esconden detrás del laberinto del silencio y el bloqueo institucional? La fiscalización ciudadana del dinero público se enfrenta a un muro infranqueable. La Administración ha optado por el bloqueo como estrategia defensiva. Empiezo por contar mi periplo personal exigiendo este derecho.

En octubre de 2024 formulé una reclamación y queja solicitando la modificación de la Orden de 2 de julio de 2024, que regulaba el régimen de subvenciones, mal llamadas compensaciones. Nunca la Consejera ha respondido a dicho escrito ni a los requerimientos formulados. Silencio y mutismo.

Decidí formular una reclamación, el 7 de enero de 2025, a la Intervención General de Canarias para que facilitara el acceso a los informes de fiscalización y auditorías, petición que fue ignorada, forzando la presentación de un recurso potestativo de reposición el 19 de febrero de 2025 y una solicitud de acto presunto el 23 de marzo de ese mismo año.

Después de meses, y dado el silencio también de la Intervención General, en mayo de 2025, formulé la queja al Diputado del Común, expediente que aún está abierto y que lleva más de un año sin resolver. Y recientemente recibo una notificación de respuesta a dicho recurso, un año y seis meses después, donde un oficio informa de la desestimación del derecho que reclamo. Pero lo más sorprendente es que la propia resolución no existe. Por eso aún cabe seguir reiterando qué hay detrás de la caja negra de las ayudas, que ni la Intervención cumple con sus deberes.

La tardanza en la resolución del expediente del Diputado del Común es una evidencia clara de la gravedad de la situación, ya que esta institución ha tenido que emitir sucesivos requerimientos, llegando a cursar un “recordatorio del deber legal de colaborar” ante la desidia de las consejerías implicadas. Un Gobierno canario que ignora sistemáticamente a todos los órganos de control administrativo y fiscal es un gobierno sospechoso.

El Parlamento ha desmontado la falsedad de la “protección de la intimidad”. La coartada del Ejecutivo autonómico para negar el acceso a los datos ha sido la supuesta salvaguarda de la intimidad de las víctimas. Pero el mencionado Informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias (11L/SD-3164) ha desmantelado esta tesis. Los letrados de la Cámara dictaminaron que la condición de afectado por el volcán no constituye un dato especialmente protegido que justifique el secreto y que la negativa al acceso vulnera derechos fundamentales y el ius in officium del cargo electo. Cuando el propio Parlamento desautoriza al Gobierno, la opacidad deja de ser una opción legal para convertirse en un desafío institucional.

Para profundizar en el preocupante desafío del Gobierno Canario a la justicia y a los órganos de control administrativo y fiscalizador, nada mejor que desnudar las cifras. Como expondré, los datos que hay de la publicidad de dichas subvenciones se formulan con importes, pero con una columna totalmente en blanco, la identidad de los beneficiarios, salvo en el caso de que sean empresas.

Las pruebas de la arbitrariedad se encuentran analizando dichas cifras y aquellos beneficiarios identificados. El análisis de los datos oficiales, tanto del primero y segundo trimestre de 2026 como de los trimestres previos, confirma la existencia de una gestión discrecional que no puede ampararse en la protección de datos. Mientras se ocultan millones de euros a beneficiarios anónimos, la misma Administración pública con total naturalidad da los nombres de empresas y entidades jurídicas.

Aquí aporto algunas cifras. En el primer trimestre de 2026, los datos de los beneficiarios que sí se publican, mientras otros importes similares permanecen en el anonimato expresan cantidades relevantes. La Sdad. Coop. Ltda. de Ganaderos de La Palma: 1.331.633,16 euros,Sella Edificios y Promociones, S.L.U.: 1.011.676,70 euros, Sosobano, S.L.: 665.813,62 euros, Constructora Taburiente, S.L.: 189.249,13 euros, Los Roquitos Management, S.L.: 139.879,44 euros, Tropifruit, S.L.: 56.118,04 euros o Payan Inversiones, S.L.: 120.719,48 euros.

Entre los beneficiarios identificados hay dos casos de enorme relevancia. La empresa unipersonal El Despertar Agrario S.L aparece de forma duplicada con dos importes, que suman más de medio millón de euros (Orden n.º 467 de 23 de diciembre de 2025).

Al superar los 500.000 euros acumulados, este beneficiario (persona jurídica) y todos los beneficiarios personales, entran de lleno en la obligación de publicidad del Reglamento UE 651/2014. El hecho de que aparezca fraccionado en dos apuntes bajo la misma orden podría interpretarse como un intento de evitar controles automáticos si se analizaran por separado.

Otro caso enigmático es la subvención a la empresa unipersonal Construcciones Marcos Antonio Rodríguez González: con una ayuda superior al millón de euros (Orden n.º 477 de 29 de diciembre de 2025): 1.143.083,90 euros. En este caso, la pérdida se refiere al edificio donde estaba la farmacia de Todoque. Curiosamente, el nombre del beneficiario es obvio y evidente. Entonces, ¿por qué no se da el nombre de una persona física que recibe 2,3 millones, por ejemplo.

En otro boletín, que se publica trimestralmente, aparece la Orden nº 126 del 27 de mayo de 2025, que concede 420.000 euros a Los Roquitos Management S.L. que, casualmente, recibe otra cantidad posteriormente. Además, la empresa Faloca S.L. recibe 612.000 euros. En esa misma orden se oculta a un beneficiario que recibe 1,54 millones de euros y a otro de 619.000.

¿Qué justifica que una sociedad mercantil limitada (SL) tenga menos “intimidad” que un particular que recibe el triple de dinero público? ¿Acaso la protección de datos ampara recibir 1,5 millones de forma opaca?

Siguiendo con el análisis de los datos publicados, hay un hecho sorprendente: la publicación de ayudas en el segundo trimestre de 2025 muestra una exactitud repetitiva de ciertas cifras (ej. 425.318,11 euros repetido siete veces; 399.850,08 euros repetido ocho veces). Esto sugiere la aplicación de un baremo o tope máximo automático. Si el cálculo es objetivo y reglado (1504,08 euros euros por metro cuadrado perdido), decae aún más el argumento de la “intimidad”, pues la cifra no revelaría la situación económica real del afectado, sino el valor catastral del daño tasado.

Precisamente, una de las dudas razonables se refiere a los procedimientos y los métodos para la tasación de las pérdidas. Por ejemplo, se ha tasado igual la pérdida de una vivienda, cualesquiera que fuera su valor catastral o de mercado anterior a la erupción (1504,08 euros por m2), que un edificio que no fue derribado, como es la Sociedad Velia de La Laguna, que ha recibido una subvención de 822.031,97 euros (Orden N.º 467 de 23 de diciembre de 2025).

Mientras, en el lado de los beneficiarios anónimos llegamos a una inconsistencia flagrante al comparar las entidades anteriores con el agujero negro de los beneficiarios anónimos detectados en órdenes recientes: 2.305.042,96 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 549.220,07 euros (Orden n.º 126, mayo 2025), 1.500.000,00 euros (Orden n.º 239, ago. 2025), 2.305.042,96 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 1.549.220,07 euros (Orden n.º 126, mayo 2025), 1.500.000,00 euros (Orden n.º 239, ago. 2025), 1.197.404,12 euros (Orden n.º 199, julio 2025), 970.483,58 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 934.776,96 euros (Orden n.º 425, dic. 2025), 934.512,60 euros (Orden n.º 427, dic. 2025), 822.264,04 euros (Orden n.º 25, feb. 2025), 818.546,68 euros (Orden n.º 415, dic. 2025), 778.138,00 euros (Orden n.º 226, dic. 2024), 744.569,94 euros (Orden n.º 408, dic. 2025); y así otras veinte beneficiaros más, con cantidades relevantes que superan el medio millón de euros.

Si la ley permite publicar el nombre de una cooperativa o una S.L. que recibe más de un millón de euros, ¿qué justificación legal queda para ocultar a una persona física que recibe más del doble? Esta discriminación selectiva sugiere que la “protección de datos” no es más que una pantalla para evitar la trazabilidad de los fondos públicos.

A esta opacidad se suma un riesgo devastador: la tributación de las ayudas. Es decir, la amenaza de la indefensión fiscal. No existe norma con rango de ley que declare específicamente exentas de tributos las ayudas de la Orden de 2 de julio de 2024. Aunque la Disposición Adicional Quinta de la Ley del IRPF permite la no integración en la base imponible si se acredita la reparación de daños por catástrofe, la omisión de información oficial por parte de la referida Consejería deja a miles de ciudadanos en una situación de indefensión frente a Hacienda. La Administración ingresa cientos de miles de euros y desentiende las consecuencias fiscales de sus actos, arrojando a los damnificados a una posible vorágine de requerimientos y sanciones por desinformación.

Ante este escenario, en mi insistencia por lograr que se informe de la trazabilidad de todas las ayudas, planteo una hoja de ruta ciudadana para forzar la claridad y transparencia. Es necesario presentar una consulta tributaria vinculante ante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, para que informe sobre si estas ayudas no deben tributar como ganancias patrimoniales ordinarias. Además, la exigencia de transparencia ante la consejería lleva a requerir la emisión de una circular informativa y el acceso a los modelos informativos (Modelo 346) remitidos a Hacienda para verificar cómo está catalogando el Gobierno estas ayudas.

El Valle de Aridane ha vivido la mayor catástrofe habida en toda su historia. Ha sido el volcán más devastador jamás conocido en Canarias, junto a la erupción en Timanfaya. Ambos, sin apenas impacto en vidas humanas de forma directa, sepultaron y enterraron para siempre viviendas, fincas y tierras de cultivo, de manera irreversible. El actual Gobierno canario ha optado por una “reconstrucción” a la carta, mediante la entrega de subvenciones directas y personales, y la ejecución de obras y vías interminables sobre las coladas. Nunca podrán decir que lo están haciendo bien. Nunca nadie podrá alardear de que siguen la vía correcta. Todas las personas afectadas tienen derecho a recuperar su vida. Pero la mejor recuperación debe ser comunitaria, transparente y solidaria, Sin embargo, la caja negra esconde probablemente todo lo contrario.

Este artículo refleja una parte del análisis que he hecho de los únicos datos publicados sobre las ayudas personales. Durante meses, mis días y mis noches se han consumido en el escrutinio minucioso de boletines, dictámenes y entramados burocráticos que asfixian la dignidad de nuestro pueblo. Cual Quijote, después de haber hecho mi inmersión en los libros de caballería, descifrando una arquitectura de la opacidad que oculta la verdad, llega un momento en que la contemplación de los agravios ya no basta. Hoy me revisto con una armadura forjada, no con metales, sino con principios de ética, dignidad y justicia. Los gigantes que tenemos enfrente -silencios administrativos, leyes redactadas a medida y sociedades mercantiles que operan en la penumbra- son los molinos que debemos asaltar.

Mi implicación en la búsqueda de la transparencia y la justicia es una lucha por una reconstrucción comunitaria, genuinamente empática y revalorizable, por encima de los intereses personales espurios. Es hora de salir a la llanura: la palabra, sustentada en la verdad de los datos, es nuestra única lanza.

No me cabe la duda de que algunas personas, solamente con leer el titular de este artículo, me estarán acusando de osado y atrevido, o tal vez sea objeto de calificativos mucho menos amables. Es lo que ocurre cuando quedas expuesto a que tus opiniones sean leídas. Soy partidario del disenso y las opiniones enfrentadas. Al utilizar la expresión “servidumbre de la ciencia institucional” quiero aportar reflexiones para sustentar dicha afirmación. Mi valoración parte del análisis del trabajo de la ciencia, en este caso, institucional, en aspectos que tienen que ver con el post volcán. Instituciones públicas de la ciencia que creo que no están prestando el servicio que debiera a la sociedad. En concreto, a los palmeros y palmeras que aún siguen sufriendo las consecuencias de una catástrofe única en la isla. Y como dije en un anterior artículo, me centraré en la polémica de los “gases” en Puerto Naos y La Bombilla.

La “servidumbre de la ciencia es un tema que siempre ha existido. Con el volcán, que mucho más que un hecho de relevancia científica ha sido y es una catástrofe, existe. Y ello, a pesar de que continuamente nos hablan de que ha sido una gestión ”modélica“, tanto de la ciencia como de la política. Sin embargo, sin pretender exagerar, creo que el volcán hubiese actuado igual sin políticos y científicos. Ambos han trabajado conjuntamente, como establece el reglamento del PEVOLCA, pero muchas veces dejando en el olvido a los palmeros y palmeras del Valle de Aridane. La ciencia institucional fundamentalmente con el post volcán, y sin pretender generalizar, no está prestando los servicios que se merece la sociedad de la isla. Cuando comenzó el volcán Tajogaite llegaron a trasladarse a La Palma más de 500 científicos. Ahora, una gran parte, está analizando información y datos para sus publicaciones y proyectos. Conocimos a científicos que coparon portadas de periódicos y televisiones. Sobre todo, miembros de los organismos representados en el Comité Científico del PEVOLCA. El volcán para geólogos, vulcanólogos y otras áreas de las Ciencias de la Tierra, era además un excelente laboratorio en vivo.

Después de los enjambres de 2017 ya en Cumbre Vieja se constataron señales del volcán. Investigaciones sobre geodesia, deformaciones, gravimetría y emisiones de gases evidenciaban que ya había una intrusión magmática. Los técnicos y científicos de instituciones como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), por ley, tenían que informar a las administraciones. Pero la polémica ya empezó cuando el 19 de septiembre de 2021 el volcán mostró ante el mundo, por el lugar de la erupción, que sería una catástrofe que añadía cada día más incertidumbre y destrucción. No voy a entrar ahora en la polémica de si “ya lo sabían”. Yo no tengo dudas de ello. Si lo comunicaron adecuadamente en tiempo o forma, es otra historia, o bien si las administraciones informadas por la ciencia minimizaron su impacto pensando en que sería otro Teneguía.

La polémica sobre la predicción del lugar y el tiempo de la erupción persiste. Ahí están las polémicas declaraciones de la portavoz científica del PEVOLCA María José Blanco ante la comisión parlamentaria. El Gobierno canario no dudó en desmentirlas, en una absurda e inexplicable nota de prensa. O polémicas más oscuras, que evidencian las “guerras científicas” internas. Ejemplo de esto fue como un alto cargo, seguramente del Gobierno Canario, “mandó callar” al Sr Nemesio Pérez, que lo llevó al ostracismo en los medios. En la erupción de El Hierro sí llegaron a saltar las chispas. La gestión “modélica” que algunas voces pregonan de la erupción de La Palma no es sino una retórica que quiere acallar voces y subyugar opiniones. Y ahora que saltan chispas entre la ciencia (Nemesio Pérez) y la política (Mariano H. Zapata), el volcán y la sociedad palmera queda en el olvido.

La “servidumbre” que menciono, sin embargo, queda más explícita en la gestión política y científica de los “gases” en Puerto Naos y La Bombilla. ¿La ciencia institucional oculta datos y/o solo atiende a los intereses de la gestión política? La prohibición, no solo de habitar en Puerto Naos y La Bombilla, sino de acceder a las viviendas y negocios no cuadra con lo que está sucediendo con la información científica. Todo lo resumen en la manida expresión de que hay “gases incompatibles con la vida”.

Once meses después de la erupción, el ya denominado volcán Tajogaite, es objeto de decenas de comunicaciones científicas. Hoy en día, mediante el uso de Google Scholar, la etiqueta “Cumbre Vieja” nos permite descubrir que existen más de 370 publicaciones desde enero de 2021 hasta la actualidad. De ellas, más de un centenar solo en este año 2022. Más del 40% incluyen investigaciones referidas a la emisión de gases. Solo hay una publicación relacionada con los gases en Puerto Naos y La Bombilla titulada Evaluación de la peligrosidad del gas en las zonas habitadas de Puerto Naos y La Bombilla, volcán Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias, firmada por diez personas, ocho de ellas, de INVOLCAN. Fue presentada en Congreso de EGU (Unión Europea de Geociencias) celebrado entre los días 23 y 27 de mayo en Viena, donde se presentaron más de 40 comunicaciones sobre el volcán Tajogaite.

Analizando el resumen de la comunicación sobre los gases de Puerto Naos hay suficientes motivos para preocuparse por el trabajo de la ciencia. Digo resumen, porque el acceso libre a toda la comunicación completa no es posible. Dicho resumen es poco clarificador y ambiguo. Contrasta con lo que se dice a los medios. La información del resumen en sí mismo es muy relevante. Para empezar, la ambigüedad en el lenguaje: “… la base del acantilado donde se encuentra el barrio de la bombilla (…) parecen representar vías de fuga por donde circula el CO₂ …” En ciencia, una afirmación así no es aceptable sin referencia a datos, que no sé si los aporta. Al hablar de animales muertos, tampoco hay concreciones. No es lo mismo una cucaracha que un perro, por ejemplo.

Dicha comunicación añade, que para evaluar la peligrosidad se hizo un muestreo en 97 puntos homogéneos. Entiendo que se refiera a las trampas alcalinas, de las cuales ahora mismo no hay datos públicos y ya ni se habla, y de las balizas. Muestran datos en esa comunicación, como relevantes, los obtenidos en un sótano de Puerto Naos y en tres puntos de monitoreo. Si además se afirma que “lo valores de emisión difusa de CO ₂ medidos en el área de Puerto Naos fueron relativamente bajos (entre no detectados y 24 gm ^-2 d ^-1”, debemos entender que no hay problema de gases en zonas abiertas. Aunque cuando se refiere a “numerosos puntos del casco urbano de Puerto Naos”, indica que “los valores de concentración de CO ₂ en el aire medidos tanto en la calle a una altura de unos 40 cm como en la parte baja de varias puertas de garaje se situaron en general por encima del 1-2% en volumen. Para añadir luego que en La Bombilla se alcanzaron valores superiores a 7 kg m ^-2 d ^-1 (kilogramos por cada m² y diarios). ¿Esta cantidad asusta? Para que nos hagamos una idea, una persona adulta normal expira aproximadamente 1 kg de CO₂ diariamente. O en los gases de combustión de un coche de gasolina, donde hay un porcentaje de CO₂ superior al 12%, suponen 2,2 kg por cada litro consumido. Esto es parte del CO₂ biogénico y ambiental.

Un factor importante que habría que preguntarles a los autores de dicha comunicación es sobre los datos del fraccionamiento isotópico del Carbono-13 (¹³C). Este dato es muy relevante para saber si el CO₂ es de origen biogénico, magmático o incluso del aire. En la comunicación refieren de “origen hidrotermal”. Sin embargo, el dato que dan, δ13C-CO2 (que es la expresión que se usa) oscila entre -19,2 y -1,7‰ frente a VPDB (el valor base de referencia). Ese origen hidrotermal no está suficientemente explicado. Y si es así, ya habrían hecho análisis del único pozo que existe en la costa de Puerto Naos y contrastado con los análisis de la Fuente Santa.

¿Qué valor le damos a esa comunicación si ya hace tiempo que no dicen nada de los datos de las trampas alcalinas y las balizas? De las trampas, no encontramos ninguna dato de actualidad en las páginas web del Cabildo y de INVOLCAN. Y al pretender conocer los valores de las balizas, sean 9, 12 o 15, que colocaron en marzo, por parte de diferentes instituciones, curiosamente llevan bastante tiempo sin ofrecer datos en la web que habilitó el Cabildo de La Palma. Además, el apartado avisos dice, “en este momento no hay ningún aviso”. Es decir, que ni siquiera se justifica el aviso amarillo. Aunque, en la información de las balizas de la DGSE del Gobierno canario aparecen unos incoherentes e irreales datos. Lamentablemente, la ciencia institucional (IGN, INVOLCAN y universidades) no dan explicaciones a esta ausencia de información. Y quienes más tendrían que responder a este vacío son las administraciones, aunque, como ya comenté, sufren “temblores” de miedo.

Habría que preguntarse, además, qué credibilidad tienen estos datos, hechos durante varios meses, para que ahora el IGN nos sorprenda con diez sensores nuevos (12-08-2022). Una “nueva instrumentación”, según dicen, diseñada por el propio Instituto, que comunica en tiempo real datos a través de la nueva tecnología LoRa, anacrónico que viene a significar tecnología de largo alcance, usando el llamado campo del Internet de las Cosas IoT. Muy novedosa no puede ser cuando el propio IGN las había instalado en el Teide en 2019, en este caso, para monitorizar la temperatura del suelo. Sorprendentemente, a todos los técnicos se les ve trabajando a cara descubierta.

Pocos días después, el 16 de agosto, nos sorprende la décima visita del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, para anunciar, entre otras cosas, una inversión de tres millones de euros para “la instalación de una red de vigilancia, medida y control de gases”. Así, sin más información, como una gran noticia. Y no sabemos si hay que descontar de esos millones los diez sensores del IGN. Y para enfadar más a los palmeros, anuncia que el nuevo Centro Vulcanológico Nacional se instalará “donde digan los técnicos”. Aquí, la ciencia institucional geológica ya ha se ha pronunciado en cierto modo, dando la espalda a La Palma y priorizando intereses propios y políticos.

En medio de este caos de balizas, trampas alcalinas y sensores, el director general de Salud Pública ha emitido dos informes. El último, el 28 de junio, era más bien una réplica al artículo del Dr. Aldo G. Brito. Un informe que no aporta sino datos tomados de un artículo científico, que al menos cita. Es ambiguo, generalista y sin evidencias reales, que reconoce, textualmente, la “inviabilidad de recomendar límites considerados seguros”. ¿Y qué son límites seguros? Dada la ausencia de información científica e informes confiables, me he limitado a indagar qué ocurre en otros lugares del mundo con emisiones difusas de CO₂, siendo zonas habitables.

En un estudio detallado de Furnas, un pequeño pueblo de las Azores construido dentro del cráter de un volcán activo, se encontraron concentraciones de CO ₂ de 10-15% vol. en espacios cerrados. En algunas zanjas excavadas en el exterior se encontraban hasta un 50% en volumen de CO₂. Furnas tiene una población de 1.500 habitantes. El volcán Furnas entró en erupción por última vez en 1630, y como dice una página turística, “puedes sentir, ver y oler la actividad geotérmica a tu alrededor en forma de humeantes fumarolas, piscinas termales y manantiales minerales naturales en cada esquina”. En una investigación de las emisiones publicada en 2016, los datos de emisiones difusas mostraron que alrededor del 30% de la variación del CO₂ en interiores se explicaba por variables ambientales, como la presión barométrica, el contenido en agua del suelo y la velocidad del viento.

Existen áreas geotérmicas alrededor de Roma, a 30 km, como Cava dei Selci, donde está el complejo volcánico Colli Albani, cuya última erupción fue hace 36.000 años. A pesar de que se han dado muertes relacionadas con el alto volumen de CO₂, sobre todo animales, no ha dejado de seguir habitado; gracias a que durante treinta años se está realizando un monitoreo. También, en la isla italiana de Pantelleria, de origen volcánico, actualmente en estado de reposo, se han medido una emisión de CO₂ de unos 12 kg s-1 (kilogramos por segundo). Es una isla de 84 km², con 8.000 habitantes y numerosos residentes en verano.

Existen muchos más lugares del mundo habitado, con emisiones difusas de CO₂. No quisiera dejar de mencionar Rotorua, en Nueva Zelanda. Una ciudad de 64.000 habitantes, importante destino turístico por el porcentaje alto de maoríes. La ciudad está construida sobre un campo geotérmico activo dentro de una caldera. Los edificios construidos en la zona geotérmica principal contienen conductos de ventilación interiores que emitían más del 10% en volumen de CO₂. Incluso, se han llegado a medir en filtraciones en grietas y tuberías hasta un 15% y 60% en volumen, respectivamente, que se dispersó en el aire. Es lo que ocurre con el CO₂; que se dispersa. Por eso, existe el calentamiento global, por ejemplo.

En Puerto Naos y La Bombilla deberían proceder ya, sin miedos, a permitir habitar y vivir. Ya que hay tres millones de euros, bien pudieran emplearse en dar sensores de CO₂ a los residentes, zonificar y señalizar adecuadamente las zonas con emisiones más altas, con avisos de advertencia. Al contrario. ¿Cómo podemos juzgar esta actitud tan cerrada y ocultista durante más de once meses (realmente, ocho meses, después de apagado el volcán)? Dejo las respuestas abiertas.

Para terminar, quiero mencionar tres científicos, Stavros Meletlidis, Nemesio Pérez y Carmen López. Los tres son miembros del IAVCEI. IAVCEI es la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra. Es una asociación relevante en la investigación en vulcanología, centrada en desarrollar esfuerzos para mitigar los desastres volcánicos y en investigar en disciplinas estrechamente relacionadas, como la geoquímica, petrología de rocas ígneas, la geocronología, los depósitos minerales y la física de la generación y ascenso de magmas en el manto superior y la corteza. Se gestó en 1922 y recibió el nombre actual en 1971 en Moscú.

Yo les preguntaría a los tres científicos si piensan asistir a la Asamblea de Rotorua, en Nueva Zelanda, el próximo mes de enero. Precisamente, en Rotorua, donde hay tanta emisión de gases. Así nos podrán informar mejor de cómo se puede vivir y hacer turismo en una ciudad que tiene unos niveles de emisiones difusos de gases significativos.

La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana. También las Ciencias de la Tierra. Queremos comprender mejor el funcionamiento de los volcanes, no solo por conocimiento, sino por el bienestar de la sociedad. Nacimos y vivimos sobre islas volcánicas. Y seguiremos. Los individuos, palmeros y palmeras, tenemos derecho a tener información directa, abierta y comprensible. Es necesario para que las decisiones las tomemos de manera comunitaria, para la mejora de nuestras vidas y nuestros trabajos. Los gobiernos, en este caso, el Cabildo palmero y los ayuntamientos del Valle, no pueden adoptar decisiones políticas entendiendo que la ciencia tiene que estar a su servicio. Por ello, quizás se haga cada vez más necesario que la política también adopte el método científico como cauce para la toma de decisiones.

*Francisco J. Rodríguez Pulido es profesor jubilado de Física y Química y licenciado en Química y en Pedagogía

Lo que está sucediendo en Puerto Naos, fundamentalmente desde que el volcán Tajogaite se apagó, está creando muchos temblores. Y no me refiero a ningún dato alarmante de sismicidad. Son temblores que afectan sobre todo a la ciudadanía más directamente vinculada con Puerto Naos, como residentes o personas con negocios; pero en general, a toda esa ciudadanía que este verano no puede disfrutar de la playa y el ambiente del principal destino turístico de La Palma. Pero estos temblores a quien más les deben preocupar son a las administraciones del Cabildo de La Palma y Los Llanos de Aridane. Porque aquí quiero usar metafóricamente el término ‘temblores’, sin olvidar que también existe el temblor como enfermedad.

Los temblores que, en mayor o menor grado, pueden afectar a la ciudadanía, son causados por la ansiedad, la angustia y los nervios, ora por no poder habitar su casa o su vivienda de vacaciones, ora porque están perdiendo constantemente ingresos debido a que sus negocios se hayan cerrados ya casi once meses. Pero los temblores que ‘sufren’ las administraciones, más ocultos, disimulados o enmascarados por un halo de hipocresía, son de tipo distónico.

El temblor distónico afecta a personas con distonía, enfermedad real, que produce un trastorno del movimiento que causa contracciones musculares involuntarias, lo que produce movimientos retorcidos y repetitivos, y que pude afectar a cualquier músculo del cuerpo. Pero la distonía que tienen el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, o la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia Leal, o muchos otros consejeros del Cabildo, y seguramente, algún miembro del Gobierno canario, como el Sr. Valbuena, es debido al pavor y al miedo que tienen por si permitieran acceder a la zona de Puerto Naos y La Bombilla. Ese temor se convierte en prohibición, y lo trasladan a la ciudadanía, lo que les lleva a cerrar el acceso, desde hace ya casi once meses, aún contraviniendo principios y derechos fundamentales de las personas. Pueden parecer así que están más serenos y tranquilos, porque evitan situaciones ‘graves de salud’. Pero realmente es falso, porque saben perfectamente que no existen criterios objetivos de salud que impidan que Puerto Naos y La Bombilla tengan una vida normal.

Estos señores y señoras que nos gobiernan, o desgobiernan, saben perfectamente que si en alguna parte de la población existiera la firme decisión de demandarlos, sin duda la ciudadanía ganaría la demanda. Solo basta recordar cómo el Constitucional declaró ilegal la declaración del estado de alarma y todas las multas impuestas a los que se saltaron el confinamiento. De hecho, la segunda sentencia abría la posibilidad a que las personas pudiesen acudir a la vía legal para reclamar los daños y perjuicios que les hubieran podido ocasionar las medidas restrictivas de derechos fundamentales por parte de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en el famoso conocido sistema de ‘cogobernanza’.

El volcán en La Palma ha cambiado mucho la vida, fundamentalmente del Valle de Aridane. Y sin duda, bastante más a aquellos que perdieron patrimonio, hogar, raíces e identidad. Y ochos meses después de apagado Tajogaite, sigue y seguirá sin haber normalidad en el Valle de Aridane, para una inmensa parte de la población. Lo más grave de esto es que las autoridades, desde la Presidencia del Gobierno de España, Gobierno Canario, Cabildo de La Palma y ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, saben perfectamente que desde el minuto cero (que no es el 19 de septiembre de 2021) hasta hoy en día, hay muchísimas lagunas en la gestión de la emergencia como en la recuperación. Un refrán español anónimo dice: ‘Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios’. Esto, en conclusión, viene a decir que nunca se ha oído a las administraciones pedir perdón o hacer autocrítica por los errores que han cometido y siguen cometiendo. Siempre hablan de logros, de millones, de viviendas. Y de que no ha habido ningún muerto. ¿En serio? Julio fue encontrado, según he oído, sentado en la cocina de su vivienda al ir solo a retirar cenizas en Las Manchas, y a fecha de hoy nadie ha explicado por qué murió. Y en esto casi once meses después, han fallecido muchas personas, con relación a la crisis del volcán. Y otras muchas viven aún en un estado penoso de salud mental. Y a nadie en las administraciones les he oído ni una sola autocrítica o reflexión sobre esto.

Hay temblores en Puerto Naos que alcanzan a las administraciones públicas, y que serán mucho más fuertes cuando se desenmascaren todo ese halo de mala e interesada gestión en los ‘gases’ de Puerto Naos. Esto lo explicaré en otro artículo con más detalle. Pero ahora no estaría mal recordar algunas declaraciones. En este sentido, quiero respaldar el artículo que el médico palmero D.  Aldo González Brito publicó (‘Los gases, la mala gestión política y el futuro incierto de Puerto Naos’).

El problema de los gases en Puerto Naos no es tal, pues es un problema de un solo gas, el dióxido de carbono, CO₂, que no se usa como indicador de la calidad del aire ni es letal. La información y comunicación científica de las mediciones es nefasta y sesgada científicamente, e incluso actualmente no está actualizada. La información que deberían dar es el volumen de oxígeno que hay en el aire, cuyo factor mínimo limitante es del 19,5% (en condiciones normales hay un 21%). Nunca dan este dato, y cuando lo hacen, nunca justifican el mismo. Por ejemplo, dos días después del artículo del Dr. González Brito, un comunicado penoso de Involcan (sin que lo firmara ningún nombre propio) se atrevía a decir que se ‘ha llegado a registrar en algún punto en concreto de la zona valores de 13-14% de oxígeno’. La ciencia, cuando quiere, es interesada y parcial. Por ejemplo, si yo digo que el aire que expiramos, al salir por nuestra boca y/o nariz, que es aproximadamente 11.000 litros diarios, contiene un 5,5% de CO₂ (55.000 ppm) y 15% de O₂. Un ambiente con este aire sería incompatible con la vida, y sin embargo es aire que expiramos.

Todo esto, a nivel científico, lo explicaré en otro artículo. Pero, sin duda, ha habido temblores en Puerto Naos y aún tendremos más temblores. Esta vez, los temblores serán más evidentes en el seno de las administraciones. Los temblores persistentes, en forma de enjambre, fueron los preludios evidentes del inicio de la erupción del volcán Tajogaite. Los ‘otros temblores’ nos darán indicios de que la nueva erupción sacará a la superficie toda esa hipocresía y autocomplacencia de las administraciones por la gestión de la crisis y el postvolcán.

*Francisco José Rodríguez Pulido es profesor jubilado, licenciado en Ciencias Químicas y Pedagogía