Como viene siendo costumbre en el consistorio murciano, su principal normativa de regulación viene aprobándose con cierta ‘atemporalidad’. En lugar de en el último trimestre del año anterior, como preceptúa la Ley de Haciendas Locales, se hace una vez transcurrido la primera mitad o los dos tercios del año en curso, lo que dificulta su ejecutividad. Sin entrar en la aspereza de los detalles ni perdernos en las cifras, los autores hemos querido comentar alguna de sus líneas gruesas.

Nos encontramos ante un presupuesto aparentemente expansivo: el incremento de gasto es aproximadamente 26 millones de euros superior al anterior; pero se sustenta en dos factores: por un lado, un incremento del endeudamiento en 5 millones de euros más y por otro, en una sobreestimación de los ingresos. Calificamos de poco realista el incremento de licencias de obras en dos millones de euros, por citar solo un ejemplo.

A la vez el presupuesto va a introducir ciertas variables preocupantes como es el incremento de los gastos financieros en un 13 por ciento, asunto que estimamos irá evolucionando a peor en función de la resolución de los fallidos convenios urbanísticos, celebrados en la época de las mayorías absolutas del Partido Popular, y que están introduciendo deuda en cantidades importantes y a cámara lenta en nuestra ciudad.

Siguiendo con la parte de gastos: las transferencias corrientes a empresas siguen creciendo en sentido inverso a las transferencias a familias, que deberían ser las principales destinatarias de este capítulo. Concretamente, un 66 por ciento de esta partida va a parar a mercantiles (tres puntos porcentuales más que el presupuesto anterior) frente a un exiguo 14 por ciento destinado a las familias.

Por otro lado, las inversiones reales, auténtico motor del crecimiento económico, y pese a estar hablando de un año electoral (el análisis de las series históricas nos ha demostrado la existencia de ciclos políticos presupuestarios en este municipio), se encuentran constreñidas a un 8 por ciento del presupuesto, consecuencia del enorme volumen de externalizaciones a que el PP nos sometió durante sus mayorías.

No solo nos preocupa que el presupuesto real para inversiones sea tan bajo sino la escasa efectividad a la hora de ejecutarlas, en el castigo llevemos la penitencia –si nos permiten–: la aprobación del presupuesto tan tarde lastra todos los procesos de licitaciones siguientes. Como ejemplo, un dato: para el ejercicio 2021, en el tercer trimestre, solo se había ejecutado un 8,94 por ciento del total del capítulo de inversiones.

Cerramos estos apuntes llamando la atención la baja cifra destinada a pedanías. Menos de 39 millones de euros (en donde estarían incluidos los gastos de funcionarios y los gastos corrientes, suministros, mantenimiento de edificios públicos…). La apuesta de mejorar la autonomía y competencias de las Juntas Municipales cae, un año más, en saco roto y de nuevo, nos tocará esperar a un proyecto municipal que apueste por los espacios de descentralización y participación ciudadana con hechos y no meras promesas que nunca llegan a cumplirse. Nuestro municipio necesita mejorar en democracia y las cuentas municipales en este aspecto quedan del todo cortas, se mire por donde se mire.

Las partidas para empleo también han quedado ridiculizadas. Afrontar unas políticas activas, en las cuales la formación en digitalización se asuma ya con total naturalidad, requieren de algo más que los 4,4 millones de euros que se han escrito con demasiada timidez en los presupuestos.