La noche en la que Ruth Eleonora López me compartió que sería reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2024, según la BBC, alzamos nuestras copas y brindamos. Su rostro era como el de alguien que alcanza una victoria en medio de una larga batalla en un país autoritario. Y ella lo sabía. Ese miércoles 20 de noviembre celebramos un reconocimiento esperanzador, un galardón que venía acompañado de la energía requerida para sobrevivir a una dictadura en pleno apogeo. Días más tarde, la foto de Ruth aparecería alrededor del mundo, acompañada de una descripción que resumía la principal razón por la que la BBC incluía a una abogada salvadoreña en esa lista: “Apasionada de las leyes y la justicia. Ruth López es jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, una organización que trabaja por la democracia en Centroamérica”. En unas líneas más abajo, también la describiría como “una voz crítica del gobierno de Nayib Bukele”. 

La BBC no se equivocó cuando dijo que Ruth es una voz incómoda para el régimen autoritario de Bukele. Tanto así que Ruth ahora está presa. Ella fue capturada el domingo 18 de mayo cerca de las 11 de la noche. La Policía, sin una orden de detención, llegó a su casa y le pidió que saliera. No le dieron tiempo ni para cambiarse. Su familia describió que tuvo que desvestirse en la calle, al lado de los agentes que la llegaron a buscar. Ruth fue acusada de peculado, ya que para la Fiscalía General de la República que controla Bukele supuestamente “colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente de Eugenio Chicas –también preso–, un exfuncionario que fungió como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando el partido de izquierda gobernaba el país. 

La detención de Ruth marca un antes y un después en “la dictadura más cool del mundo mundial”, como el mismo Bukele la definió. Esta confirma que ha llegado el momento de arrasar con todo lo que huela a disidencia. Sabe el peso que tiene el nombre de Ruth entre la comunidad internacional, pero poco le importa ya. Y le importa poco porque Bukele movió con rapidez las piezas para tomar control del aparato del Estado, reelegirse aun en contra de la Constitución y reinar sin que haya posibilidad de someterse al escrutinio público. Nadie puede exigirle, porque para eso tiene el régimen de excepción, una medida de seguridad convertida en política punitiva que en tres años ha encarcelado a cerca de 87.000 personas sin pruebas sobre lo que se les acusa y sin posibilidad de que demuestren su inocencia. La fórmula le ha servido y la aplicará contra cualquier voz incómoda. Ahora sabe que, encima, cuenta con respaldo de la administración de Donald Trump, que no sólo ha elogiado su modelo sino que ha negociado que Bukele se convierta en el carcelero de Estados Unidos. 

En menos de una semana, fuimos testigos de cómo Bukele no tolera la crítica, no tolera la libre expresión y menos la pobreza. Días antes de que Ruth fuera detenida, también fueron encarcelados el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez. Su único pecado: haber participado en un plantón en las cercanías a la residencia de Bukele, en el que habitantes de una cooperativa le imploraban que intercediera para que 300 familias no sean desalojadas de sus tierras. El plantón pacífico terminó en represión, con cinco líderes detenidos, entre estos José Ángel, el presidente de la cooperativa. Bukele envió a la Policía Militar a disipar la concentración cuando esta no está facultada para hacerlo. Usó la fuerza contra madres y niños, familias agricultoras, que sólo portaban carteles en sus manos. Imploraban por ayuda aun cuando habían sido rodeados por una tropa de seguridad. “Por favor, ayúdele a mi padre. No tenemos a dónde ir”, repetía un niño frente a las cámaras y de frente a la Policía Militar. Intentaba hacerle llegar el mensaje a ese presidente que mandó a reprimirles.  

El plantón ocurrió en medio de fuertes cuestionamientos por un reportaje del periódico El Faro, que por primera vez describía, de voz de un líder pandillero, los detalles de cómo fueron las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas a cambio de convertirlo en presidente. Esa negociación es la que llevó a la baja significativa de los homicidios. A esto se sumaron críticas en redes sociales por la ineptitud del Ministerio de Obras Públicas en el manejo de una obra sobre una arteria principal que conecta al occidente del país con la capital. El gobierno no tuvo más que cerrar la carretera, provocando una agotadora como insostenible rutina que obligaba a cualquiera a permanecer largas horas en tráfico. 

Pero Bukele tenía que aplacar los comentarios negativos y, para ello, ordenó al gremio de los transportistas que el servicio de buses tenía que ser gratis en todo el país, así el trayecto fuese entre dos pueblos ubicados a 100 kilómetros de la obra colapsada, todas las rutas también debían ser gratis. El caos generado por el improvisado manejo del proyecto terminó con la detención de 14 transportistas que no cumplieron con su orden. Ellos permanecieron cerca de una semana detenidos, acusados de delitos que incluso solo aplican para funcionarios públicos. Horas después de la detención de Ruth, los transportistas fueron liberados. Menos uno, que murió cinco días después de ir preso porque no le hicieron llegar un medicamento. Una muerte más bajo custodia del Estado como ya es común bajo el régimen de excepción. En esa misma semana, y tras la liberación de los transportistas, Bukele aprobó una ley que obliga a las organizaciones a que paguen al Estado un impuesto del 30 % por fondos que reciban del extranjero. Esta fue su respuesta al plantón de la cooperativa, para que las comunidades dejen de ser “manipuladas” por organizaciones de la sociedad civil que “comen de la necesidad de la gente” y “hacen campaña” con ella. Así lo dejó claro en sus redes sociales. 

Bukele dirá cualquier cosa para pasar de página. Intentará que en los próximos días nada de lo descrito líneas arriba sea recordado. Puede que siga gastando millones en publicidad o en lobismo en Estados Unidos para posicionar su imagen y si tiene que pedirle a extranjeros que bailen en las plazas del centro histórico de la capital, lo hará. Si tiene que vender un país ilusorio a los salvadoreños en el exterior, especialmente a la diáspora que vive en Estados Unidos, lo hará. La publicidad es su fortaleza.

Tal vez se invente un escenario surrealista con tal de que su imagen de “dictador cool” no caiga, porque él no es Venezuela, Cuba o Nicaragua. La diversión estará garantizada mientras se sacrifica el derecho de expresarse libremente. Bastará con dejar que la gente disfrute de noche siempre y cuando esa gente sea sumisa y no se queje. De lo contrario, ahí está el caso de Ruth, de Alejandro de Ángel y de muchas otras personas que han sufrido amenazas, amedrentamientos y persecución por decir lo que pensaban, por denunciar que no hay medicamentos en los hospitales o que la pobreza bajo la gestión de Bukele ha aumentado. 

Esta es la verdadera dictadura “cool” de Bukele. Es la que hemos vivido desde que llegó al poder. La diferencia es que ya no le importa mostrarle al mundo quién realmente es: el dictador con un lado “cool” que nunca ha dejado de ser autoritario. Lo que cambia es que las críticas sobran y ya no hay nada que ponga frenos a su lado más tirano, el que aprieta y ahoga. Ya presenta una baja en su popularidad, ¿qué más da calibrar de nuevo su peligrosa deriva autoritaria?  

Hay quienes aún creen que es posible vivir en una “bonita dictadura”. La gente lo repite en las redes sociales porque es fácil aplaudir cuando pensamos que “todo está bien mientras no me afecta a mí”. Mientras eso ocurre, hay madres que buscan desesperadas información de sus hijos presos arbitrariamente o gente que no consigue llegar a fin de mes porque el gobierno, a falta de fondos, tuvo que recurrir a despidos masivos. Lo cierto es que aunque las cumbias sigan sonando en el centro histórico de San Salvador o los bitcoin bros continúen comprando las tierras en la Bitcoin Beach de Bukele, en El Salvador habrá cada vez más familias al borde de la hambruna. 

El guion de esta película ya lo conocemos, y lo que se viene sólo puede ser mucho peor. Es de manual. Cuando ya no necesitan ser amados, buscan ser temidos. Sabíamos que este momento llegaría y no hubo forma de evitarlo.

“Me quiero morir”. La noche del martes 16 de agosto recibí ese mensaje en mi celular. Me lo envió alguien que se esconde de la Policía desde hace cinco meses. Se esconde porque vive en un país donde hoy por hoy no hay garantías judiciales para demostrar que es inocente. No existen desde que El Salvador entró bajo Régimen de Excepción el 27 de marzo pasado, luego de un fin de semana en el que hubo más de 70 asesinatos. El Gobierno de Nayib Bukele decidió instaurar un régimen para declararle “la guerra” a las pandillas. Esa guerra, como lo ufanan las autoridades en sus redes sociales, ha logrado la detención de casi 50 mil “terroristas”. 

Tres palabas, un mensaje sucinto como duro. La persona que me envió este mensaje fue acusada en el pasado y aunque fue absuelta de sus cargos, porque nunca hubo pruebas que le incriminaran, ahora le vuelven a perseguir en el marco del régimen de excepción bajo otro delito. Se teme con tal desespero cuando se acaban las opciones, porque someterse a un proceso es asumir que no habrá el respeto debido por el proceso o garantías de un proceso justo. Y esta no es solo mi opinión, lo dice Amnistía Internacional en sus más recientes informes, Human Rights Watch, la Fundación para el Debido Proceso y muchas otras organizaciones sociales salvadoreñas, que a diario se saturan por denuncias que llegan sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen. Estas incluyen una larga lista de abusos, torturas, amenazas y lesiones de parte de agentes de la Policía Nacional Civil como del Ejército. Incluso, se habla ya de posibles crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice estar investigando la muerte de 28 personas dentro de las cárceles, sin embargo, organizaciones sociales contabilizan hasta ahora 63 personas que fueron arrestadas durante el régimen y que han fallecido mientras guardan prisión. Muchas de estas muertes han sido notificadas a sus familiares tiempo después de haber ocurrido, porque esa es otra constante dentro de este contexto: nadie sabe nada sobre la condición de su pariente que guarda prisión. Por más información que soliciten, les es negada. Incluso las autopsias. 

Pero ese es El Salvador de hoy: quien alce su voz deberá atenerse a ser acribillado en redes sociales por toda la maquinaria oficialista, acompañada de un ejército de trolls, dispuesta a desprestigiar, desvirtuar y mentir impunemente

Desde que comenzó el Régimen de Excepción se han denunciado detenciones arbitrarias de personas que han sido capturadas cuando van camino al trabajo o en la calle o en sus viviendas, tal como señalan medios locales en un sinfín de historias que han podido documentar. Cientos de estos arrestos han ocurrido por tener antecedentes penales, haber llevado un proceso judicial -aunque exista una clara absolución de los cargos- o porque para la autoridad basta “con aparentar” ser pandillero. No solo se trata de si se tiene tatuaje o no alusivo a pandillas para que alguien pueda ser acusado de ser criminal, sino que los criterios utilizados caen en el absurdo como que una persona “por nerviosismo” ya puede ser catalogada como pandillera. Así lo reportó el periódico El Faro, luego de analizar cientos de folios de expedientes sobre cómo las autoridades han generado estas capturas, con lo que no hay dudas de que lo que menos hay detrás son investigaciones sólidas de parte de la Fiscalía General de la República. Para el Ministerio Público, controlado por el Bukelismo, solo basta con la ficha policial, que se levanta a la hora de la detención, para acusar ante un juez que una persona es criminal.

En Régimen de Excepción no solo no hay garantías de una defensa efectiva, tomando en cuenta que los casos de defensa se concentran en una Procuraduría General de la República que colapsa a diario y le es humanamente imposible defender, sino que si una persona es arrestada es posible que pase como mínimo seis meses en prisión mientras dura la fase de instrucción y la Fiscalía presenta pruebas incriminatorias. Aun cuando no las presente, se ha configurado un sistema judicial dispuesto a resolver a favor del Estado. Esto pasa porque la Asamblea Legislativa de Bukele reformó la ley para jubilar a un tercio de los jueces y juezas y así poder imponer a los suyos. Por eso pocas son las voces que se pronuncian dentro del sistema de justicia, porque el que lo haga corre el riesgo de ser removido. 

Pero ese es El Salvador de hoy: quien alce su voz deberá atenerse a ser acribillado en redes sociales por toda la maquinaria oficialista, acompañada de un ejército de trolls, dispuesta a desprestigiar, desvirtuar y mentir impunemente. Hay que estar en el poder para sentirse intocable. Si viviéramos en un mundo paralelo, muchos funcionarios y funcionarias deberían estar siendo procesados por difamación. ¿Para qué guardarse los ataques cuando saben que no habrá sistema que les juzgue? Por eso, ciudadanas como Josselyn fueron condenadas al exilio por protestar contra el régimen, por exigir la libertad de su pariente. Ella marchó a mediados de julio en la primera protesta masiva contra el Régimen de Excepción. Ella exigió la libertad de su hermano, pero también alzó su voz en contra de la represión. Su rostro se viralizó y no tardó mucho tiempo para que llegaran los ataques en su contra. Fue acusada de pandillera por una fotografía en la que aparece haciendo una señal representativa dentro de los grupos de rock (el de la mano cornuta). Sin embargo, para la autoridad, ella estaba replicando una señal con la que se identifican los grupos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Hay que ser lo suficientemente ignorante o vil como para hacer tal comparación. Pero el propósito se logró y la condena fue brutal. Ella huyó del país por miedo. 

Pero las protestas continúan. Las miles de detenciones han llevado al nacimiento del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), conformado por parientes de personas detenidas. La última protesta fue la tarde del 16 de agosto, el mismo día en que recibí el mensaje de texto. El Movimiento protestó frente a la Asamblea Legislativa para evitar que se aprobara por quinta vez una prórroga más del régimen. Pero no lo lograron. La Asamblea amplió por 30 días más lo que comienza a sonar más a un nuevo sistema de justicia salvadoreño. Aunque el “primero capturo y luego investigo” es todo menos nuevo en este país, porque desde siempre la Policía ha actuado de esa manera a la hora de detener en redadas masivas a las personas, ahora el hecho es que tienen las herramientas legales para hacerlo. No hay nada que les impida detener a una persona y acusarla de agrupaciones ilícitas o de colaborar con pandillas. 

 Aquí no se trata de que las autoridades no combatan el crimen, por algo han tenido más de USD $400 millones para un Plan Control Territorial, un presupuesto financiado a través de préstamos y del que poco o nada se sabe de su ejecución. Aquí de lo que se habla es de que encierran a personas sin tener pruebas suficientes y las someten a un proceso sin garantías en lugar de ir por los cabecillas de las pandillas. En vez de hacer su trabajo, facilitan salidas del país de líderes de la MS-13, como lo reveló El Faro.

Mientras tanto, hay personas que deciden esconderse de un sistema retorcido, que se pudre cada vez más, que no garantiza la protección de derechos de ningún ciudadano o ciudadana. Cuando una persona se queda sin opciones y sin un país que le proteja, no le queda sino más que mandar un grito desesperado a través de un mensaje de texto.