Durante la guerra y la posguerra españolas se produjo el mayor  movimiento de obras de arte, de diáspora y desubicación, de nuestra historia. Toda esta problemática se inicia con el golpe de estado militar  que provocó el estallido de la guerra. Tras la explosión revolucionaria,  que supuso la quema de iglesias y la ocupación de palacios, el Gobierno  de la República puso en pie una política de incautación, depósito y de  evacuación de las obras más importantes. Estas últimas -que comprendía, entre otros centenares, más de 500 del Museo del Prado siguió el camino de las diferentes sedes del Gobierno -Valencia,  Barcelona, norte de Cataluña con centro en Figueres-, para, finalmente, y gracias a la intervención internacional, llegar hasta Ginebra, a la sede la SDN. Mientras tanto, miles de obras seguían en España en diversos depósitos repartidos por todo el territorio  republicano.  

La pregunta que surge es qué hizo el franquismo con todas estas piezas artísticas -tanto las sacadas al extranjero como las que permanecieron en España- durante la guerra en los territorios ocupados y en la inmediata posguerra. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, organismo creado en 1938, fue el encargado de las  devoluciones y, lo que es el capítulo que aquí nos ocupa, del del desvío y entregas en depósito, figura que presuponía que dicha entrega no correspondía al propietario legítimo. Habría que hacer constar también los conflictos en las reclamaciones de obras, las dobles o triples solicitudes, los litigios y el desvío de numerosas obras, cuyo paradero hoy día todavía sigue siendo desconocido en muchos casos. 

Todo este trasiego afecta, según la investigación realizada hasta la fecha, a un total de 17.000 obras, de las que 8.710 fueron entregadas en depósito, o sea, más de la mitad. Los beneficiarios fueron los museos (con más 3.700 obras), los organismos públicos (más de 2.300), la Iglesia (más de 2.040) e incluso los particulares (más de  570). Habría que añadir el número de obras desaparecidas, de las que no existe constancia documental de su destino, con un montante de casi 600 piezas. 

Un capítulo muy especial lo constituye el de la confiscación de las colecciones de los republicanos exiliados o que habían muerto durante la contienda. Las leyes represoras del franquismo -como la de  Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, o la de Represión de la masonería y del comunismo, de 1 de marzo de 1940- fueron el  contexto donde se basó esta expropiación de los bienes de muchos responsables republicanos o de obras de origen desconocido. A modo de muestra, se puede citar la confiscación de la colección de 25 obras del alcalde de Madrid, Pedro Rico, de Acción Republicana y que marchó al exilio, que fueron entregadas en depósito al Gobierno Civil de las Palmas (hoy en el Museo Casa Colón), al Museo de Arte Moderno (hoy en el Museo del Prado), al Museo Provincial de Oviedo (hoy de Bellas Artes de Asturias) o al Museo de San Carlos de Valencia. Pero los casos de confiscación y desvío de colecciones son innumerables; de militares republicanos (como el coronel José Sicardo) de masones y judíos (como José Weissbergger), de intelectuales (como Pedro Salinas) y artistas (como José Mª López Mezquita o Alberto Sánchez). 

Pero seguramente el caso más destacado, dada su importancia, fue la incautación de la colección de Ramón de la Sota, donde había piezas de Goya o el Greco, que es la que hoy es noticia. De la Sota Llano fue un importante empresario y naviero, miembro de PNV y defensor de los fueros vascos, que murió en agosto de 1936, pero eso no fue  impedimento, cuando el País Vasco cayó en manos franquistas, para que se le impusiera una multa de 100 millones de pesetas y la confiscación de todos sus bienes, entre los que se encontraba su  importante colección artística. Estas pinturas habían sido evacuadas a Francia, junto a las de los Museos de Arte Moderno y de Bellas Artes de Bilbao y de otras colecciones particulares y de la Iglesia vasca, y “recuperadas” por los franquistas y reintegradas a España en 1939. 

Muchos de sus cuadros pasaron a decorar los despachos de los jerarcas del régimen, como el del “cuñadísimo” Ramón Serrano Súñer, en ese momento ministro de la Gobernación, entre los que se encontraban obras de Carreño de Miranda, del Greco o de Luis de Morales.

Después vendría para la familia De la Sota un proceso constante de reclamación de obras; las primeras devueltas fueron en 1969, gracias a la aplicación de un decreto de indulto; después siguieron litigando con el Estado ya en plena transición democrática y, a pesar del Real Decreto de julio de 1976, que concedía la amnistía total por delitos y faltas de intencionalidad política. Recientemente, han puesto esta reivindicación en manos de los abogados Rafael Mateu de Ros y Patricia Fernández Lorenzo, del bufete Ramón y Cajal de Madrid. Su actuación ha conducido a que la Abogacía General del Estado aceptara la devolución  de dos obras de la colección, que casualmente uno de los herederos localizó en el Parador de Almagro: el Retrato de caballero, atribuida a Frans Pourbus el Joven, y el Retrato de la reina María Cristina de  Borbón, atribuida a Vicente López. 

Como vemos, durante la posguerra se produjo una auténtica diáspora  de todos estos bienes, tanto los confiscados a los represaliados como  los que se desconocía su propietario. Las residencias de Franco fueron  decorados con ellos, así como las 45 obras que fueron entregadas a la  Fundación Francisco Franco. Algo parecido ocurriría con las entregadas  a la Falange, a la que se le dio en depósito un importante lote de  setenta piezas, fundamentalmente muebles de estilo, pero también  nueve pinturas, entre las que destacaba un retrato de Carlos III pintado por Mengs. Después, han pasado los años y estas piezas han  pasado a otros lugares. Habría que desarrollar una auténtica labor  detectivesca para localizar miles de obras en su ubicación actual. 

Con el acto del Museo de Bilbao del próximo 2 de septiembre, de entrega de estas dos obras, se abre un proceso de reconocimiento por parte del Estado de los derechos de los herederos a la reintegración de las obras confiscadas a sus antepasados. Esperemos que se corroboren estos derechos y se establezca la indagación y creación de un  inventario de las obras de arte perdidas o desubicadas por el franquismo. 

En muchos sentidos, la confiscación franquista de obras de arte tiene claros paralelismos con el expolio nazi. Y lo cierto es que en numerosos países que lo sufrieron existe una política de búsqueda de los propietarios y de devolución, tal como se demostró en el reciente coloquio organizado por el museo del Louvre, en el que tuve el placer de participar.