En escasos días se cumplen cinco décadas desde que Marruecos invadiera el territorio del Sáhara Occidental.

Aunque oficialmente, desde un punto de vista simbólico, se escogiese el 6 de noviembre para escenificar, o mejor dicho, teatralizar lo que verdaderamente supuso el inicio de la condena al pueblo del Sáhara Occidental; la realidad del pueblo saharaui había empezado a cambiar drásticamente desde aquel 31 de octubre de 1975.

Marruecos invadió, y posteriormente ocupó, el territorio del Sáhara Occidental con el apoyo, la connivencia y la ayuda directa de actores con gran relevancia en el escenario político internacional del momento -y de la actualidad-.

Obviaron, así, el derecho a la autodeterminación e independencia que el pueblo saharaui tenía reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1963. Decidieron, por el contrario, tergiversar el contenido del dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia, y otorgarse por la fuerza aquello que el Derecho jamás les ha reconocido.

Desde ese momento, el destino del pueblo saharaui cambió para siempre. Desde ese momento, se enfrentaría al exilio, la ocupación, las guerras, la obstaculización constante de un proceso de descolonización inconcluso, el expolio de sus recursos naturales, incesantes intentos de imposición sutil o directa de soluciones contrarias a sus derechos y, de manera más acuciada en los últimos tres años, un cambio de posicionamiento por parte de varios países europeos que choca frontalmente con el apoyo incondicional ofrecido al pueblo palestino y sus pretensiones.

Especialmente sorprendente por su condición -todavía- de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental resulta la falta de coherencia evidenciada por parte del Gobierno de España en materia de Derechos Humanos.

Con todo, el pueblo saharaui demostró -y sigue demostrando- una enorme capacidad de resistencia y resiliencia, una unión férrea en torno a su legítimo representante -acentuada muy notablemente en los momentos más delicados-, la construcción de un Estado en el exilio y el escrupuloso respeto al fin último por el que sigue luchando medio siglo después.

Tras la ocupación, el pueblo saharaui enfrentaría la más dura represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vulneraciones sistemáticas de las libertades individuales. Marruecos convirtió así el territorio ocupado del Sáhara Occidental en una cárcel a cielo abierto, en un escenario de impunidad donde negar la existencia del pueblo saharaui mediante todos los medios posibles.

No obstante, a pesar de la ferocidad del régimen de ocupación, la RASD como actor prominente en África, las victorias irrebatibles en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la legitimidad indiscutible del Frente Polisario como único representante, el reconocimiento en el ámbito internacional constituyen pruebas irrefutables de la fortaleza de un pueblo para enfrentar la ocupación hasta la consecución de un Sáhara Occidental libre e independiente.

Por tanto, y pese al contexto internacional cada vez más incierto, la cautela, el convencimiento y la determinación, sin lugar a dudas, serán elementos decisivos en el futuro próximo del Sáhara Occidental.

Así, para el pueblo del Sáhara Occidental, como para el resto de pueblos que luchan por el efectivo ejercicio de sus legítimos derechos, la unión como herramienta para resistir no se erige como una opción sino como una obligación.

Obligación asignada y asumida a partes iguales, que en fechas como las que se aproximan, conviene tener presente. Especialmente, ante las filtraciones de las últimas semanas, y a las cuales habrá que prestar especial atención a su devenir.

Todas ellas apuntaban a un intento de Estados Unidos de imponer la aprobación de una resolución por parte del Consejo de Seguridad que abogase por la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos como la única solución posible al conflicto.

Sea cual fuere, procede recordar que la historia ha demostrado sobradamente que no existe fórmula que pueda resultar impuesta a ninguna nación. Toda nación tiene el derecho y el deber de decidir consecuentemente su futuro. No hay nada más democrático, legal y justo.

Solo de este modo, cualquier solución resultará justa y duradera, porque de ser impuesta por actores externos, únicamente puede tener el mismo destino que el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos aplicable al Sáhara Occidental: el fracaso.

El 10 de diciembre de 2020, Donald Trump publicó un tuit en el que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Dicha publicación fue interpretada en algunos espacios como “el principio del fin” de la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia. 

Casi cuatro años después, en un contexto geopolítico internacional determinado por distintos escenarios bélicos como la guerra de Ucrania o el genocidio de la población palestina, el pueblo del Sáhara Occidental sigue determinado en su camino hacia el efectivo ejercicio de sus legítimos derechos. 

Avanzando en la línea cronológica, el 18 de marzo de 2022 se hizo pública la carta enviada por el presidente del Gobierno de España al rey de Marruecos en la cual reconocía la propuesta marroquí sobre el Sahara Occidental como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. 

Sin embargo, según las declaraciones efectuadas hace unas semanas por el Enviado Especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, dicho posicionamiento se trató más bien de un salto al vacío, un acto totalmente desinformado, puesto que esa “base más” todo Naciones Unidas no la considera explicada a día de hoy, es decir, casi tres años después de la carta enviada por el presidente del Gobierno a Marruecos.

Por otra parte, son muchos los motivos por los que la crítica a la mencionada misiva fue mucho mayor de la ocasionada al tuit de Trump (y sería mucho mayor que la provocada a las realizadas por el presidente francés).

Lo anterior se explica, en primer lugar, por el hecho de que España sigue siendo la potencia administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental. Otro de los elementos justificativos es el hecho de que el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui más amplio es el articulado en el Estado español; lo cual evidencia que los lazos entre la sociedad española y la saharaui son indiscutibles, notorios y muy sólidos (a título ilustrativo, el programa “Vacaciones en Paz”). 

Asimismo, el territorio español, –por razones históricas evidentes–, ha sido (y continúa siendo) el destino por el que opta la población saharaui que se ha visto abocada, por unos motivos u otros, a un doble exilio. Elección explicada en gran medida también por la red de solidaridad existente y la gran acogida que el conjunto de la sociedad siempre ha brindado al pueblo saharaui. 

Por ello, el posicionamiento trasladado a Marruecos –totalmente incongruente con el sentir de la ciudadanía– fue vivido desde un punto de vista emocional por muchas personas como la “segunda traición de España a los saharauis”. 

No obstante –más allá de los sentimientos–, no hay tuit, carta o declaración que pueda alterar la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental. 

El Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y como tal, todos los actores del escenario político internacional tienen la obligación de contribuir a una República Árabe Saharaui Democrática libre e independiente (o al menos no obstaculizar su consecución). 

Un momento oportuno, procedente y justo hubiese sido el reconocimiento del Estado saharaui por parte de España el pasado mes de mayo, cuando reconoció al Estado de Palestina. 

Sin embargo, su Gobierno se decantó por seguir relegando los derechos del pueblo saharaui, entre otras excusas, a una supuesta “excelente relación de vecindad”. 

En lo que respecta al caso francés, las declaraciones formales supusieron la confirmación de un secreto a voces, habida cuenta del apoyo político, económico y militar de Francia a Marruecos en sus pretensiones e iniciativas relacionadas con el Sáhara Occidental. Unas declaraciones hostiles al pueblo saharaui, que fueron escenificadas mediante la visita de Macron a Marruecos y ratificadas ante el Parlamento marroquí. 

En este contexto, la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea a nivel individual, así como la Unión Europea en su conjunto, mantienen un posicionamiento alineado con el Derecho Internacional, insistiendo en el hecho –público y notorio, por cierto–, de que es en el seno de Naciones Unidas, mediante un referéndum, la vía por la cual debe decidirse el futuro del Sáhara Occidental. 

Lo anterior no es de extrañar tomando en consideración las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 4 de octubre, en las cuales, entre otras cuestiones, se incide en la distinción evidente entre el Sáhara Occidental y Marruecos así como en la soberanía del pueblo del Sahara Occidental sobre los recursos naturales del territorio. 

El Tribunal, con base en los anteriores argumentos, anuló los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos al considerarlos concluidos, vulnerando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el efecto relativo de los tratados. Asimismo, reconoció, una vez más, la capacidad procesal del Frente Polisario para actuar, ante el Tribunal de la Unión Europea, en defensa de los intereses del pueblo del Sáhara Occidental. 

Sin embargo, ante las declaraciones formuladas por varias instituciones de la Unión Europea, tras la contundente victoria del Frente Polisario, esperemos que la Unión Europea opte por acatar las decisiones de su más alta instancia judicial y no por recurrir a obras de ingeniería jurídica para huir de lo evidente. 

En este contexto, por tanto, se puede afirmar que Marruecos fracasa estrepitosamente (y cada vez de manera más evidente) –aunque destine muchos esfuerzos en aparentar lo contrario–, en convencer de sus aspiraciones, generalmente, mediante promesas económicas. 

Con todo, de lo que no cabe albergar duda alguna es que, contra todo pronóstico y pese a los numerosos intentos, el pueblo saharaui sigue decidido a luchar con plena convicción y determinación por ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e independencia. 

Bujari Ahmed (q.e.p.d), gran diplomático saharaui, sintetizaba dicha conclusión así: “Aquellos que crean que los saharauis van a ser víctimas del paso del tiempo, no conocen la naturaleza del desierto. Podemos morir, otros continuarán”.

Mientras en España se vivía con incertidumbre el cada vez más inminente final de la época franquista y todo lo que ello conllevaría, los movimientos sociales y políticos se tornaban cada vez más organizados y reivindicativos y la sociedad en su conjunto miraba con mayor encandilamiento a los países del entorno; mientras, el Sahara Occidental anhelaba ser libre e independiente.

Con todo, con esas mismas ansias de libertad, en 1973, concretamente el 10 de mayo, se fundaba el Frente Popular para la Liberación de Saguia El-Hamra y Río de Oro, el Frente Polisario. 

Muy probablemente si en ese momento hubiésemos realizado una encuesta en la que se interrogase a las personas participantes acerca de la “perdurabilidad del Frente Polisario”, hubiese arrojado un resultado desalentador para el representante del pueblo saharaui.

Lo anterior es de las pocas cosas que no han cambiado con el paso del tiempo, dado que aún en nuestros días hay quienes continúan viviendo con fascinación, incluso con cierto escepticismo, la existencia del Frente Polisario. 

A ello se suma que a lo largo de estas cinco décadas han sido innumerables las acusaciones que ha recibido este Movimiento de Liberación Nacional. Desde movimiento terrorista financiado por regímenes sin excesivo apego a los valores democráticos a organización dedicada al desvío de ayuda humanitaria pasando por entidad vulneradora de Derechos Humanos, sin olvidar la de grupo armado instrumental de países del entorno.  

Es bien conocida la estrategia e interés de determinados sectores que dirigen de forma infame e infundada las mencionadas acusaciones con el único objetivo de socavar la base del apoyo social con la que cuenta esta organización a nivel nacional e internacional. Buscando así desalentar, atemorizar y deslegitimar al amplio movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui.

No obstante, afortunadamente, sus objetivos han encallado ante un movimiento solidario que ha demostrado su incondicionalidad más absoluta independientemente de sus adscripciones políticas e ideológicas y ha mostrado de manera inequívoca su infranqueable apoyo a la legítima lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia, -a diferencia de lo defendido por una parte del Gobierno de España-.

La citada estrategia, y partiendo desde la buena fe de quien escribe, podemos achacarla al desconocimiento generalizado de la razón de ser de un movimiento de liberación nacional. La misma no es nada más -y nada menos- que la organización a la que se le reconoce por parte del derecho internacional personalidad jurídica y capacidad de acción en la defensa del ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de un pueblo que estuvo sometido a dominación por parte de una potencia extranjera -sea cual sea la fórmula de injerencia-. 

Un derecho a la autodeterminación que engloba cuatro grandes elementos: unidad nacional, soberanía sobre los recursos naturales, integridad territorial e instituciones políticas. 

Es en virtud de su condición de movimiento de liberación nacional -reconocido por Naciones Unidas, órganos jurisdiccionales, Estados, Organizaciones Internacionales y  supranacionales- por lo que, entre otras prerrogativas propias de su categoría, tiene reconocido el derecho al recurso a la vía armada para poder alcanzar sus aspiraciones. 

En uso del mismo y como consecuencia de la agresión cometida por parte de Marruecos, desde el 13 de noviembre de 2020 se libra una guerra abierta en el Sahara Occidental tras 29 años de escrupuloso respeto a los acuerdos de Alto al fuego. 

Cincuenta años pueden parecer muchos años, pero, ¿qué son en términos relativos para la lucha de todo un pueblo por el ejercicio de su derecho a la autodeterminación e independencia?

Cincuenta años en los que el pueblo saharaui se ha visto obligado a hacer frente a innumerables retos: ocupación, guerras, refugio, diáspora, construcción de un Estado en el exilio, constantes vulneraciones de Derechos Humanos por parte de Marruecos, procesos de negociación, promesas de un referéndum desde hace más de tres décadas…

Merece la ocasión recordar que el Frente Polisario nació con la intención principal de luchar por la independencia nacional, tal y como consta en su acta fundacional y estatutos. Bajo esa premisa seguimos trabajando cinco decenios después con la misma determinación y convicción. Medio siglo por el derecho a la autodeterminación e independencia del Sahara Occidental. 

Un período en el que ha quedado sobradamente probada la inexorabilidad de un Estado saharaui independiente como garantía de estabilidad regional. Del mismo modo que no puede pasar inadvertida la extraordinaria e inaudita capacidad de resistencia del pueblo saharaui, pese a todos los intentos encaminados a menoscabar su unidad y pleno convencimiento en la libertad del Sahara Occidental.

Durante estas cinco décadas han sido muchas y muy profundas las transformaciones sociales que ha vivido la sociedad española. Sin embargo, -y a pesar de los múltiples intentos de extraer la cuestión del marco de la descolonización-, España como potencia administradora del territorio que es, sigue teniendo pendiente asumir las obligaciones que le impone el derecho internacional. 

Una responsabilidad que debe ejercer de manera eficaz, puesto que en esta mitad de siglo ha quedado constatada que la propia razón de ser, de existir del Frente Polisario son las y los saharauis que generación tras generación siguen renovando el pacto que un grupo de estudiantes y jóvenes realizaron tal día como hoy en Zuerat en 1973. Y así, mientras exista un saharaui, existirá el Frente Polisario.

Al escuchar las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, con mucho esfuerzo en vano, intentado explicar la postura de España sobre el Sáhara Occidental, se entiende perfectamente el motivo por el que Exteriores busca expertos para conseguir “una mayor empatía con España” a través de las redes sociales. Ocurre que la empatía no es un producto de marketing, es la consecuencia de las cosas bien hechas.

Si la política exterior española plantea que su vector es el respeto de los derechos humanos, debería defenderlo con hechos, por igual, en todos los rincones del mundo. Igualmente, si se opone a las guerras y las invasiones, ha de ser una postura tradicional en todos los lugares y sitios del planeta y no en función de quién es el agresor y el agredido, como, por ejemplo, lo que sucede con el Sáhara Occidental. La empatía no consiste solo en promover la defensa y promoción de la imagen y la reputación de España en el ámbito digital para incrementar la notoriedad de España a nivel internacional.

Se trata, en definitiva, de poner a disposición de los community manager encargados de diseñar contenidos y publicarlos, argumentos coherentes y respetuosos con el derecho internacional y la legalidad internacional y así poder interactuar con la comunidad de seguidores que necesitan que las palabras se conviertan en hechos palpables.

Decir con respecto al Sáhara Occidental que la postura de España queda reflejada en la declaración mixta con Marruecos, carente de cualquier fundamento jurídico y que, el rey de ese país haya elogiado de manera envenenada, es la mejor prueba de que España se ha desmarcado del Derecho Internacional para acto seguido, decir que España busca una solución en el marco de la ONU. Eso es intentar decir mucho para no decir absolutamente nada.

En este sentido, Borrell intenta echar un cable a España aclarando la postura de la UE que contempla la celebración de una consulta para que el pueblo saharaui decida su futuro, insinuando que es la misma que tiene España. Seguidamente Albares intenta matizar y enreda aún más el asunto.

Todo este barullo sucede en un momento clave en las relaciones entre Argelia y Francia, vital para la zona de Sahel y el Magreb Árabe, hecho que ha provocado la ira del ministro de Exteriores de Marruecos que, sin tapujos, ha deplorado las declaraciones de Borrell al referirse a las posturas de España y la UE. Para más inri, ha cancelado una reunión prevista para septiembre con el responsable de la política exterior de la UE.

No satisfecho con este panorama, arremete contra Túnez, país que acoge la cumbre TICAD-VIII, Japón-Unión Africana, por la presencia de la RASD que es un país miembro fundador.

Muy difícil lo van a tener los expertos encargados de “vender” una imagen de España que apuesta por un país invasor como Marruecos en detrimento del pueblo saharaui, con el que España tiene unas responsabilidades históricas y jurídicas fehacientemente documentadas. Igualmente, les resultará difícil interactuar con perfiles del movimiento solidario con el pueblo saharaui que vive y conoce como propia la situación del pueblo saharaui y que no necesitan que nadie les cuente nada ya que interactúan diariamente con el pueblo saharaui desde lo más hondo de la solidaridad: de tú a tú, sin intermediarios y, además, con una VERDADERA EMPATÍA.