Normalmente, cuando sale en una conversación la represión franquista se alude a los fusilamientos del Régimen contra aquellas personas que, por una u otra razón, defendieron a la República durante la Guerra Civil. Dentro de este contexto de fallecidos hay uno al que no se le presta, a priori, tanta atención: los suicidios; esas personas que, antes que cumplir condena en algún campo de concentración franquista o pasar por una saca de fusilamiento, optaban por quitarse la vida ellos mismos.

En la Región de Murcia, gracias a la investigación de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica, tenemos un registro de fosas de la represión franquista con más de 1700 personas, entre las que encontramos 24 suicidios contabilizados.

Entre los motivos de suicido encontramos 10 por ahorcamiento en prisión, 3 por ahorcamiento fuera de ella, 1 por degollamiento, 4 por arrojarse desde algún espacio en prisión y otro fuera, 3 por disparo, 1 por quemarse a lo bonzo y 1 por motivos desconocidos.

Entrando más en materia, me gustaría analizar primero los suicidios por disparo, repartidos entre Cabo de Palos, Patiño y Pliego. Quizá el caso más impactante es el de C.D.F., militante del PSOE y UGT que en el momento de su detención el 5 de abril de 1939, quien se disparó en la cabeza frente a los agentes de la Falange. Los otros dos casos son los de un Guardia Civil y un Carabinero investigados por las autoridades franquistas y que cometieron suicidio en 1939.

Respecto al degollado fue T.D.C., militante del PSOE, que se rajó el cuello en el calabozo de la Comisaría de Murcia el 1 de abril de 1939, siendo este una de las primeras víctimas de la represión franquista en la ciudad de Murcia.

Yendo a los arrojamientos, tenemos varios en prisión. Uno de ellos se produjo en el Campo de Concentración de Agustinas. J.P.C., durante un interrogatorio, se lanzó por la terraza del patio del convento fracturándose el cráneo. Estaba investigado por ser policía durante la guerra en Fortuna.

Por último, me gustaría nombrar a M.M.G., vecino de Cehegín que el 16 de junio de 1939 se roció en gasolina y se prendió fuego, muriendo en el Hospital de Cehegín a consecuencia de las heridas.

Con todos estos casos vemos la desesperación de aquellos que, al acabar la Guerra Civil, se veían en prisión por su militancia o por defender incluso pasivamente al régimen republicano. Conociendo la situación que se vivía en las prisiones murcianas, donde sea sufría un hacinamiento severo, más aún en aquellos recintos que no estaban destinados a ser prisiones y se habilitaron para ello, como los Campos de Concentración de Agustinas e Isabelas o la Prisión de Pliego, que eran realmente una vivienda, algunos de los que eran detenidos o investigados recurrían desesperadamente al suicidio para no morir en prisión de alguna enfermedad, para no ser fusilados o para no fallecer en su casa tras obtener la Prisión Atenuada por su pésimo estado de salud.

Estos 24 suicidios en la Región de Murcia son también de la dictadura. Esta represión no siempre era directa, y esto es algo que aquí vemos. Además, debemos tener en cuenta que seguramente hubo más, pero que no habrán quedado registrados en ningún lugar, por lo que se hace difícil contabilizarlos.

Cuando hablamos de la Guerra Civil suele salir como uno de los principales temas de conversación la destrucción de patrimonio religioso, de cómo “los rojos” quemaron iglesias y obras “sin piedad”. Voy a ser claro: esto fue verdad, pero no del todo, por lo que conviene hacer unos apuntes que contextualicen y desmonten el argumentario del régimen franquista que ha perdurado hasta nuestros días.

El sentimiento anticlerical abundaba en España desde antes de la Guerra Civil, incluso desde antes de la II República. Los españoles no veían con buenos ojos a una institución que sometió al pueblo y que avaló una dictadura como la de Miguel Primo de Rivera, por lo que, cuando Alfonso XIII huyó y se proclamó el régimen republicano, se dieron las primeras manifestaciones anticlericales. En el caso de Murcia vemos cómo se destruyó la estatua en honor a San Francisco de Asís, sita en el Plano de San Francisco, y algunos conventos. Por otro lado, en Puente Tocinos, al calor de la Revolución de Octubre de 1934, jornaleros quemaron la casa del párroco.

Pasando al periodo de la Guerra Civil, los actos anticlericales se sucedieron a lo largo de una Región en la que ningún templo quedó intacto, pero en la que menos actos se cometieron en comparación con otras. Los ataques se dirigieron hacia todo lo que representaba la opresión y dominación del pueblo. Estos no iban como tal contra la religión católica, sino contra aquello que representaba la institución, más aún después de haberse aliado esta con los golpistas. Desde mitad de julio hasta finales de agosto del 36 se generalizaron los asaltos a edificios religiosos, esto era en un momento de descontrol y de enajenación de las masas populares que desataron su rabia contra una institución que les sometió a lo largo de sus vidas. Masas populares en su gran parte analfabetas y que no eran conscientes del valor patrimonial que se llevaban por delante. Así vemos cómo por ejemplo se asaltaron multitud de archivos y se quemaron códices, escritos y demás documentación de gran valor no tanto religioso sino histórico. Por último, la quema de objetos religiosos significaba la destrucción del mundo viejo y el resurgir de un mundo nuevo de estas cenizas.                 

Si por un lado encontramos la destrucción, por otro lado tenemos la protección, la gran olvidada en la Historia, con mayúscula. A los pocos días de comenzar el conflicto se creó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, encargada de custodiar el patrimonio religioso y secular a lo largo del territorio. Posteriormente en las provincias y municipios surgieron también estos organismos que se encargaron de recoger todo el patrimonio artístico y centralizarlo para lograr su protección. De esta forma, frente al alrededor de 650 obras destruidas a lo largo de toda la Región, otras 5.000 fueron custodiadas por distintos ayuntamientos y más tarde depositadas en la Catedral de Murcia, que funcionaría como Museo de Arte. En 1939 estas obras volverían a sus lugares de procedencia, aunque algunas se “perdieron” por el camino.

Cabe destacar la actuación de Fernando Piñuela, alcalde de Murcia y militante del PSOE, que dirigió la Junta de Conservación municipal entre 1936 y 1938 junto a personajes relevantes como el pintor Luis Garay. El alcalde desarrolló un papel fundamental en la protección patrimonial a lo largo del conflicto. Como ejemplo, en una ocasión acudió junto a milicianos anarquistas a la iglesia del Barrio del Carmen para parar a unos vecinos que sacaban obras para quemarlas en la calle. Seguidamente, el 24 de julio del 36 intervino en la radio amenazando a aquellos que causaran daños a centros religiosos, considerándolos enemigos del Frente Popular y dando permiso a las milicias populares para disparar. Según se dice, también colaboró prestando su coche para esconder a la Virgen de la Fuensanta.

Esto no sirvió de nada cuando finalizó la guerra, ya que fue fusilado por las autoridades franquistas el 7 de noviembre de 1939. Caso similar es el de Andrés Zamora Carrasco, alcalde pedáneo de La Alberca que pasó por prisión por supuestamente quemar la iglesia de Santa Catalina cuando hizo todo lo contrario, protegerla.

Por último, y no menos importante, encontramos la acción de la UGT, que instaló su sede y Casa del Pueblo en el Palacio Episcopal. Cuando los milicianos llegaron al edificio, con el fin de que no se destrozara el patrimonio que en él había, lo resguardaron y cedieron más tarde a la Junta.

El periodo de 1936-1939 es convulso y tras 40 años de dictadura se ha construido un relato apoyado por los partidos de la Transición que conviene desmontar o, al menos, puntualizar. Esta es una tarea de los historiadores que ya están formados o estamos en proceso para des-revisionar la Historia.

La semana pasada los alumnos de la Universidad de Murcia (UMU) recibíamos con sorpresa la noticia de que Macarena Olona diera una conferencia en sus instalaciones. Otra vez veíamos como la UMU abría sus puertas al discurso de extrema derecha, un discurso que promueve el odio, la xenofobia, las ideas antifeministas y anti-LGTB y, sobre todo, la privatización de la educación pública y la expulsión del estudiantado de clase obrera de las aulas.

Esta no es la primera vez que ocurre: la extrema derecha anda por la Universidad de Murcia como si fuera su casa. Desde 2017, Vox y sus referentes han usado los espacios de la UMU para propagar sus proclamas en distintas ocasiones. Entre estos actos cabe recordar el celebrado en marzo de 2020 contra la supuesta “ideología de género” y en el que dos estudiantes fueron agredidas por el cuerpo de seguridad de la Universidad.

Nos encontramos en un momento de auge de los discursos de extrema derecha y neoliberales de quienes, tras el argumento de la “libertad de elección”, defienden la privatización de nuestros centros de estudio que ya va creciendo con la aprobación de las nuevas leyes universitarias como la LOSU. Con la entrada de capital privado en nuestras universidades, estas se convierten en máquinas de creación de trabajadores que funcionarán como mano de obra cualificada y barata para los intereses empresariales tanto dentro como fuera de la Universidad. Dentro porque, con la excusa de la formación y la obtención de créditos, se nos usa de forma general en prácticas no remuneradas en las que incluso tenemos que pagar por trabajar; y fuera porque al salir al mundo laboral soportamos pésimas condiciones laborales. Quieren hacer de la Universidad un ente elitista alejado de las capas populares de la sociedad, recortando los presupuestos de las universidades públicas en beneficio de la privada y cediendo a estas últimas espacios y derechos que corresponden a los alumnos de la pública.

Otro punto a destacar es la hipocresía del equipo de gobierno de la UMU que, pese a jactarse continuamente de abrazar la diversidad y la inclusividad, cede a quienes están en contra de esto. De nada sirve hacer campañas el 8M, contra el racismo o la LGTBfobia cuando se permite que los discursos de odio entren en la Universidad sin condicionamiento alguno. En estos momentos es cuando a quienes se definen como progresistas se les cae la careta, fallando ante la mayoría del conjunto de la comunidad universitaria.

La respuesta de los estudiantes ante esta conferencia no se ha hecho de rogar. Desde que se tuvo conocimiento de esto han mostrado su rechazo y, desde la Asamblea de Estudiantes de la UMU, una plataforma abierta de estudiantes de distintas sensibilidades políticas, se ha convocado una concentración el mismo 23 de septiembre a las 18:30h en la Plaza de la Merced con el lema 'Fuera fascistas de la pública'. Mediante la difusión física y digital llaman a movilizarse contra la intromisión de los discursos discriminatorios en su centro de estudios. Frente a esto, apuestan “por la educación pública y laica, en defensa de los valores feministas y LGTB y al servicio por completo de la clase obrera”.

Pese a que sorprendiera el acto de Macarena Olona, no ha sorprendido la actitud de la Universidad que, ante esta convocatoria, ha optado por, en vez de dialogar con los estudiantes, pedir un amplio dispositivo policial, tachando así de “violenta” una asamblea que no ha llamado a la violencia y no tiene intención de hacerlo y justificando con antelación la represión policial hacia quienes acudan a una concentración en la que, tal y como pasó en Granada, se prevé que haya agresiones de militantes de extrema derecha.

Estas actuaciones, en clave de obviar los intereses de las estudiantes, se están convirtiendo en la tendencia habitual de la Universidad de Murcia. La convocatoria de la Asamblea de Estudiantes no busca una confrontación directa entre simpatizantes y detractores de discursos fascistas, sino denunciar a una institución pública que les da voz y, a su vez, presentar el modelo de universidad que queremos las estudiantes.

Todos hemos tenido alguna vez curiosidad por nuestra historia familiar, qué fue de la vida de nuestros antepasados. El año pasado traté de conocer un poco del paso de mis bisabuelos por la Guerra Civil, ya que me había llegado por testimonios familiares que podrían haber estado en un campo de concentración al acabar la Guerra. Y así fue, descubrí que uno de ellos combatió como carabinero de la UGT en Madrid y fue preso en uno de los cientos de campos de concentración dispersos por toda España.

Esto me llevó al Archivo Regional a indagar en el registro de presos de la Prisión de Partido de Cieza, llamando la atención la cantidad de presos yeclanos que había entre 1939 y 1940: un total de 158. Esa misma tarde estuve reflexionando sobre ello y decidí crear un registro de presos en la Región de Murcia durante la dictadura franquista.

Un 29 de julio de 2021 iniciaba una investigación que, poco más de un año después, contabiliza a 6.000 personas que acabaron entre las rejas de las distintas prisiones de la Región por motivos políticos y por colaborar con distintos proyectos aportando información de estas. Desde entonces he recopilado la información de los presos que han pasado por las prisiones murcianas entre 1939 y 1942.

El objetivo de crear este registro ha sido mostrar la represión del régimen franquista en la Región de Murcia, una zona en la que, pese a que no existiese conflicto bélico directo, sí que actuó la Quinta Columna, infiltrando a militantes de derechas en las organizaciones obreras. Esta afirmación se puede ver en cómo en Cieza comenzó la represión incluso antes de acabar la Guerra: el 29 de marzo de 1939 se hacían las primeras detenciones en el municipio, llevando a prisión a 50 vecinos del pueblo en los últimos 3 días de marzo. Conforme las tropas sublevadas entraban a las poblaciones que, en los últimos días de la República, no conseguían resistir, iban buscando casa por casa a aquellos vecinos que, de alguna u otra forma, habían colaborado con las instituciones, las organizaciones obreras y el Ejército Popular. Esta represión se focalizó entonces en los pueblos con mayor movilización obrera. Así, tan solo entre Cieza, Jumilla, Lorca y Yecla se reúnen 1.200 presos de esos 6.000.

Otro objetivo que surgió por inercia de la investigación fue construir un pequeño archivo biográfico de estas personas, reuniendo todos los datos que, mediante búsquedas individuales de cada uno, hay en los distintos Archivos. De esta forma se saca a la luz a miles de personas que, por no tener un cargo relevante en la época, quedaron relegadas al olvido tanto por sus organizaciones como por los historiadores.

Gracias a todo esto se está consiguiendo recuperar datos de murcianos que fueron destinados al frente y militantes de partidos como el PSOE y el PCE o sindicatos como la UGT y la CNT, las cuatro organizaciones que más sufrieron la represión, dirigida sobre todo a los militantes de base. También se está proporcionando información a personas que contactan para saber más sobre sus familiares. Además, se han aportado datos de unos 140 fallecidos por la represión franquista a la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica para completar aún más el trabajo de catalogación de fosas que están llevando a cabo.

La investigación aún está en proceso. Podríamos decir que está aún por empezar, ya que se están extrayendo datos en bruto de las prisiones y todavía hay que analizarlos y ponerlos en contexto. Sin embargo, poco a poco se reconstruye un pasado de la Región de Murcia guardado tras 40 años de dictadura en los Archivos, desenterrando y dignificando la historia de los distintos pueblos y habitantes de una Región.