La llamaban el ángel de la muerte y durante milenios fue una de las enfermedades más temidas en todo el mundo. Solo en el siglo XX, provocó alrededor de 500 millones de muertes. Pero la viruela es la única enfermedad humana que ha logrado ser erradicada. Representa uno de los éxitos de salud pública más rotundos: en 1980, tras acabar con el virus en Somalia, la Organización Mundial de la Salud cerró por fin la historia de uno de los males más letales. Este ángel negro fue aniquilado gracias a una campaña de vacunación, la primera de la historia, que comenzó en 1798, cuando el médico Edward Jenner publicó los estudios que dieron lugar a la vacuna. 

Es imposible hacer un repaso de aquella terrorífica pandemia sin pensar en el coronavirus. El pasado 5 de mayo, tras 1191 días, la Organización Mundial de la Salud decretó el final de la emergencia sanitaria internacional por la covid 19. Es un hito que también debemos celebrar, sin lugar a duda. Otro éxito de salud pública, otro éxito de las vacunas. En mitad de la emergencia, se pusieron en común los datos científicos entre investigadores e investigadoras para luchar contra el coronavirus, aplicar los tratamientos adecuados y, por supuesto, encontrar una vacuna en tiempo récord. 

Pero las consecuencias de esta pandemia, sus profundas fisuras, aún no han terminado. Así lo advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Todavía hay miles de personas cuyas vidas corren peligro en unidades de cuidados intensivos en todo el planeta, todavía hay millones de personas sufriendo los síntomas de la covid persistente. El dolor que ha generado es incalculable, igual que la pobreza a la que ha arrojado a sociedades enteras. El virus, que ya forma parte de nuestra realidad, seguirá mutando. No podemos olvidarlo. Como tampoco podemos olvidar lo que nos ha enseñado esta brutal emergencia en estos tres años y tres meses: que sin ciencia no hay futuro, que las políticas públicas deben blindar y reforzar los sistemas sanitarios al servicio de toda la ciudadanía y que solo trabajando de forma comunitaria conseguiremos afrontar los retos que nos aguardan.   

La salud, la ciencia y el bienestar de una sociedad forman una trenza indivisible. La robustez de esas tres hebras unidas, entrelazadas con sumo cuidado y determinación, es la única herramienta que puede llevarnos a un futuro digno de ser vivido. 

El lunes pasado, The Guardian publicaba un artículo sobre el “tsunami de plata” o “silver tsunami”, en inglés. Se refería a la oleada de enfermos de cáncer de avanzada edad que podrían colapsar los sistemas sanitarios, según alertan los expertos oncológicos. Hace pocos meses, más de 250.000 personas se manifestaron por la defensa de la sanidad pública en Madrid, la comunidad autónoma que menos presupuesto dedica a la antención primaria, en la que los médicos han mantenido una huelga de casi cuatro meses. Los procesos de privatización y deterioro del Partido Popular hacen que las listas de espera ya no estén siquiera en los quirófanos, sino en los diagnósticos. 

Ahora mismo, en Castilla y León hay confinadas miles de vacas para prevenir el contagio de la tuberculosis bovina, una enfermedad muy contagiosa que puede transmitirse a los humanos. La legislación europea es estricta, y empeñarse en relajar los controles para ganar votos, como está haciendo Vox ꟷen una comunidad donde forma parte del Gobiernoꟷ, poniendo en peligro la credibilidad sanitaria de un sector importante como es el ganadero y, además, arriesgándose a que la bacteria salte a los humanos y se propague sin control es irresponsable y alarmante. Dice el consejero de Agricultura: “Llevamos muy al extremo la salud pública”. La salud pública no se lleva lejos, la salud pública se protege, se cuida por encima de todo, se toma en serio. A quien estamos llevando demasiado lejos es a la ultraderecha. 

Politizar la salud y negar la ciencia, es decir, poner en peligro la vida de las personas y desoír las voces de las y los científicos, atenta directamente contra el bienestar de una sociedad. Deshacer la trenza, separar las hebras de la salud y la ciencia, tiene consecuencias catastróficas para la ciudadanía. Ningún partido político debería poder permitírselo. 

El Gobierno de España acaba de duplicar la inversión pública del proyecto estratégico de Salud de Vanguardia, gracias a la nueva inyección de los fondos europeos. Un PERTE pensado para liderar el descubrimiento y la producción de nuevos medicamentos y terapias avanzadas, y hacerlas llegar a la gente a través de nuestro Sistema Público de Salud. Un PERTE pensado también para digitalizar nustro sistema sanitario, reforzar la atención primaria y avanzar en medicina personalizada. Porque nuestra meta es ser un país líder en ciencia e innovación al servicio de la salud de las personas. No es un reto: es una realidad tangible, la realidad hacia la que se dirige el Gobierno de este país. 

La salud es un derecho, no el privilegio de unos pocos. Ciencia, salud y bienestar. Trencemos con determinación el camino hacia el único futuro digno de ser vivido. Para que ningún ángel de la muerte nos vuelva a coger desprevenidos.

La crisis económica de 2008 supuso un duro golpe para la investigación y la ciencia en nuestro país, con un efecto demoledor sobre la innovación tecnológica, la inversión productiva, la modernización industrial y la capacidad de resiliencia y crecimiento futuro de la economía. También sobre la carrera profesional científica, favoreciendo la precariedad y fomentando la fuga de un talento valioso y difícil de recuperar.

Durante el gobierno del Partido Popular, y en especial entre los años 2012 y 2015, más de 10.000 puestos de trabajo se perdieron en el sistema público de ciencia. Por cada plaza de científico que se jubilaba no se incorporó ningún investigador. Toda una generación de jóvenes tuvo que emigrar y los que se quedaron padecieron salarios bajos, condiciones laborales peores y la imposibilidad de consolidar su posición y promocionarse en sus puestos de trabajo.

Para enmendar esta situación, desde 2018 el Gobierno ha fijado el impulso de la ciencia entre sus prioridades, con un importante aumento de las inversiones públicas, la progresiva mejora de las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras, la reordenación de los organismos públicos y el impulso de una nueva Ley de Ciencia que proporcionase un marco moderno y estable para apostar por este motor de crecimiento y progreso. Proteger la ciencia es garantía de prosperidad y bienestar. Un estudio de la Comisión Europea estima que un incremento en inversión en I+D equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto genera un aumento del PIB de 1,1%, es decir, cinco veces mayor en términos absolutos. 

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada por las Cortes Generales el pasado 25 de agosto, es, sin duda, una de las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación. Se trata de poner fin a los estragos de una década perdida, garantizando una financiación pública estable y creciente de la I+D, dotando de mayor estabilidad la carrera profesional del personal de investigación, facilitando la atracción y retención del talento científico en nuestro país, favoreciendo la igualdad de género y fortaleciendo las capacidades del Sistema Español de Ciencia y su imbricación en las redes internacionales de centros de investigación de primera fila.

Con el objetivo de una inversión pública del 1,25% del PIB en 2030 y alcanzar el 3% en conjunto con la privada (lo que supondrá doblar la inversión actual en ocho años), la Ley se alinea con el Acuerdo por la Ciencia y la Innovación de la Unión Europea y el Pacto por la Ciencia respaldado en España por más de 80 organizaciones científicas, académicas, empresariales y sindicales. En la lucha contra la precariedad, la nueva Ley propone un nuevo tipo de contrato indefinido, que recoge las singularidades del sistema de I+D y proporcionará estabilidad a los investigadores, con un nuevo itinerario posdoctoral para reducir la edad de entrada al sistema y nuevos derechos laborales, tanto para los jóvenes como para los investigadores consolidados. Todo ello impulsará la inversión y el talento, favoreciendo su atracción, la movilidad profesional y la colaboración en empresas tecnológicas.

Otro de los pilares fundamentales de la Ley es su apuesta por reforzar los aspectos sociales de la política científica, tecnológica y de la innovación. Así, se avanza en igualdad de género y conciliación en el ámbito de la ciencia, se considera a esta como un bien común, se avanza en políticas de ciencia abierta y se incluye la participación ciudadana y la divulgación como pilares del sistema.

Resolver los problemas más acuciantes de la ciencia demandará la implicación de todos los actores del sistema. Por ello, se potencia la transferencia de conocimiento a las empresas, la administración y la industria, mediante el desarrollo de la compra pública de innovación y la posibilidad de la inversión pública en sociedades mercantiles, para impulsar el papel del sector público como agente emprendedor, que invierte y estimula la innovación tecnológica. De igual modo se reconocerán las actividades de transferencia en los procesos de promoción y en los complementos salariales de los investigadores.

Finalmente, la Ley facilita la reducción de cargas administrativas y prevé la creación de la Agencia Espacial Española, que coordinará las actividades para el desarrollo tecnológico y el uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización o las comunicaciones, y se encargará de la coordinación estatal e internacional de la política espacial española.

El fomento de la I+D es una condición necesaria para cualquier país que quiera avanzar hacia la modernidad. Su importancia resulta vital para el desarrollo de nuevos productos y procesos que permitan mejorar la competitividad de las empresas, diversificar la economía, impulsar la sostenibilidad y, en definitiva, responder a los grandes retos del futuro. Como admitía una de nuestras científicas más importantes, Margarita Salas: “un país sin investigación es un país sin desarrollo”.

Con esta visión, el Plan de Recuperación apuesta por la ciencia, como elemento de crecimiento inteligente y factor crítico para incrementar la productividad y competitividad de España, con reformas estructurales y un aumento significativo de la inversión pública en I+D+i, que se ha doblado desde 2018. En definitiva, se trata de poner a nuestras universidades y centros de investigación en la primera liga; de situar a España, por fin, en el lugar que corresponde en el grupo de los grandes países motores de la UE; de construir un futuro mejor para las generaciones más jóvenes.