La gala de los Goya discurrió entre el glamour de la alfombra roja y los dardos reivindicativos característicos de este tipo de actos de la industria cinematográfica, en un día que amaneció con la noticia de las bombas caídas sobre Irán, fruto de un nuevo ataque preventivo, ilegal y unilateral de los EEUU y de su aliado Israel, provocando un nuevo conflicto que tiene al mundo en vilo. De hecho, la velada empezó con los presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, luciendo ostensiblemente un pin con la bandera palestina en la solapa, para denunciar el genocidio en Gaza, y con una explícita condena de la violencia, marca de la casa, pues ya tuvo lugar algo similar en la misma ceremonia con motivo de las guerras de Irak o Ucrania, como se encargó de recordar el actor gallego. Bandini lamentó incluso la orden israelí de expulsar a las ONG de Gaza y Cisjordania, entre ellas a Médicos Sin Fronteras, que ha ahondado más si cabe en la crisis humanitaria que sufre la asediada población gazatí. 

Además, muchos de los asistentes a la gala lucían en su pechera chapas donde se leía el mensaje Free Palestine. Con una chapa de 'Free Palestine' recogió precisamente su Goya de honor una emocionada Susan Sarandon. También hizo lo propio Nagore Aramburu, la primera premiada de la noche como mejor actriz revelación por su papel en Los Domingos. Miki Esparbé, en una breve alocución, significó que “El mundo está muy mal (…) Tenemos que aprovechar esta alfombra roja para utilizar nuestro altavoz y recordar que la cosa sigue estando muy cruda allí”, en relación al conflicto de Palestina. “Parece que estemos en una especie de distopía donde hay unos señores jugando al Risk”, en velada referencia a Donald Trump y al conocido juego de estrategia sobre cómo conquistar el mundo.

Pero no en todas partes sucede lo mismo. Como si de un caso de justicia poética se tratara, la película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán Ilker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas a una pareja de artistas, ganó hace unos días el Oso de Oro a la mejor película del festival de cine de Berlín. Y es que el prestigioso certamen estuvo marcado desde el inicio por las declaraciones del jurado presidido por Wim Wenders, en las que lejos de condenar la matanza de Gaza abogó por mantener a la Berlinale alejada de la política, en línea con la pusilánime actitud de gobiernos como el alemán y de la UE en el caso de Gaza, y anticipándose a la posición de los gobiernos teutón. Británico y francés en el caso de Irán. Y claro está, tanta tibieza no hizo más que enojar a gente como Arundhati Roy, autora de El dios de las cosas pequeñas, que canceló su visita a Berlín por entender que se estaba silenciando un crimen contra la humanidad. En este proceloso contexto, el director palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premiado por la mejor Ópera Prima con Chronicles From the Siege al recoger su galardón acusó al gobierno alemán incluso de complicidad con el genocidio de Israel en la Franja. La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, tuvo que salir al paso al final diciendo que alzar la voz forma parte de la democracia. Pero al parecer esto no la ha salvado de estar en la cuerda floja pues puede que sea sustituida en cualquier momento. Quizás haya entendido que la libertad de expresión es un elemento que debe estar presente en la creación, y especialmente en el corazón de Europa en estos momentos. Lo contrario es el triunfo definitivo del autoritarismo de Trump, Putin o Xi Jingping. 

Además, el cine y la política van unidos desde siempre, todo lo contrario de lo que afirmó el admirado realizador de París Texas, para quien el cine —dijo— es el contrapeso de la política. Al contrario, como arte de masas, el cine ha contribuido a entretener, pero también a crear universos de poder simbólico como vehículo de propaganda de regímenes totalitarios —recordemos las películas de Leni Riefensthal al servicio del gabinete de propaganda de Goebbels o los noticiarios fascistas al estilo NO-DO de la España de Franco) o la cruda denuncia, ya en democracia, de conflictos como los de los Balcanes (En tierra de nadie), la guerra de Irak (En el valle de Elah o Fahrenheit 9/11) o Ucrania (Mariupol). Ciertamente, gran cantidad de películas del Hollywood actual —la saga de Star Wars, Independence Day, En tierra hostil o El francotirador— han cultivado la idea de que EEUU está librando una batalla en el marco de un choque de civilizaciones como el que preconizaba Samuel Huntington, en el que los malos son identificados con terroristas armados hasta los dientes y los buenos gozan de poderes especiales para salvar a la humanidad. Pero también ha habido en el cine preguntas profundas y de signo contrario, por ejemplo sobre la proliferación negativa de las armas y las matanzas indiscriminadas (Bowling for Columbine). La emergencia del cine independiente (indie) no deja de ser el resultado de la voluntad de separar el cine de arte de este Hollywood de moral uniforme. 

Existe, pues, una tradición cinematográfica crítica con las injusticias, las guerras o el poder de las grandes corporaciones. Quién no recuerda películas tan celebradas como Caballero sin espada, de Frank Capra, donde se proyectaba una imagen vigorosamente idealizada de la democracia en un país como el estadounidense, que no pasa por su mejor momento bajo la égida de Donald Trump. O las de denuncia de todo tipo de villanías públicas como Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, sobre el caso Watergate, o sobre la discriminación racial como Do the right thing o Malcom X de Spike Lee. O incluso filmes que evidencian el crecimiento de las desigualdades y del malestar por una prosperidad con grandes diferencias entre la población (El capital o Comportarse como adultos de Costa-Gavras, El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, La Gran Apuesta de Adan MacKay, e Inside Job de Charles Ferguson).

En suma, si el cine es un vehículo que ha servido para evidenciar la corrupción, defender los derechos civiles o criticar el estilo de vida desaforado del capitalismo especulativo que exacerba los peores instintos, es lógico que en la gala de los Goya o en el festival de Berlín —o en los César, los BAFTA o los Gaudí— se quiera reflexionar sobre el pacifismo o denunciar las maldades de la geopolítica actual, a menos que una industria cultural tan potente como el cine se deje colonizar también por el creciente autoritarismo posdemocrático y el capitalismo falto de moralidad que desgraciadamente parecen regir nuestros destinos.

El azar ha querido que mientras terminaba la lectura de la que quizás es la más canónica biografía de Hernán Cortés, de Esteban Mira, y a pocos días de la conmemoración del día de la Hispanidad, haya estallado la polémica sobre la no invitación al Rey de España a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No cabe duda de que Cortés ha sido uno de los personajes más controvertidos de la Historia, puesto que lideró a primeros del siglo XVI la expedición que, con el objetivo de “conquistar” y evangelizar –hoy diríamos que de usurpar un imperio legítimo– puso punto y final a la confederación mexica para convertirla en la Nueva España.

Claro que Hernán Cortés fue un hombre de su tiempo, por lo que sus actos deberían entenderse en su contexto histórico. Éste es el problema que me suscita la doctrina de la cancelación. Otra cosa es que hoy en día preferimos destacar, por encima del ardor guerrero –como hacía el franquismo el “día de la Raza”–, otros valores como la humanidad, la indulgencia o la paz. Por lo que no debería acomplejar a nadie pedir perdón por las atrocidades o el dolor causado por nuestros antepasados. Desmanes que nadie puede poner en duda si atendemos al relato del propio Cortés en sus 'Cartas de Relación', por no hablar de los escritos de denuncia del padre Bartolomé de Las Casas, en los que se explican las animaladas cometidas por Cortés y sus huestes en Cholula o en Tenochtitlan, al parecer de una brutalidad estremecedora. Hoy en día, anteponer el celo de los “conquistadores” por dar gloria a la Corona de España o divulgar la fe cristiana, como hacía la historiografía clásica preliberal y predemocrática española, se nos antoja un despropósito.

La cuestión es que España tiene pendiente todavía ahora una petición de perdón, formulada por un Estado, por los abusos cometidos por Hernán Cortés. No en vano éste  encabezó la “conquista” en nombre de la Corona española. Lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019. Ya en su día, este reclamo provocó una inusitada indignación por parte de las autoridades españolas, que no tuvieron en cuenta que se trataba de una demanda ampliamente compartida por el pueblo mexicano, como reveló una encuesta de MetricsMx para ElDiario.es y SDP Noticias, diario digital líder en México, que señaló que el 50,1% de los ciudadanos estaba de acuerdo. 

La petición de AMLO, que envió una carta al rey Felipe VI, sugería realizar una ceremonia conjunta al más alto nivel, encaminada a que “el Reino de España expresara de forma pública y oficial el reconocimiento por los agravios causados” durante la “conquista” de hace 500 años. La Casa Real no se dignó ni a contestar y dejó la respuesta en manos del Ministerio de Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, que rechazó tal planteamiento en tono más bien áspero. Y ese es el punto de ignición del reciente conflicto diplomático provocado por la no invitación al Rey a la toma de posesión de la nueva dignataria mexicana.

AMLO también hizo la misma petición de perdón a los pueblos originarios de México al Papa, por la complicidad de la Iglesia. Y el papa Francisco lo pidió en 2015, durante una visita a Bolivia: “Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios”, aseveró. Al igual que el presidente francés Emmanuel Macron por las atrocidades de la guerra de Argelia, pese a las iras de los pied noirs. O los sucesivos cancilleres alemanes que se han esforzado por mostrar contrición por la responsabilidad vergonzosa de su país durante el Holocausto. Incluso los siempre orgullosos y muy colonialistas británicos lo hicieron con el pueblo kikuyu de Kenia, por los abusos a los que fueron sometidos en los años 1950 durante la campaña contra la guerrilla Mau Mau, aunque no han dicho nada todavía de los desastres de Tasmania, Jamaica, Irlanda, Irak, Malasia, Afganistán, África o India. Incluso Recep Tayyip Erdogan, cuando era primer ministro turco, pidió disculpas a los descendientes de los armenios masacrados por las tropas otomanas durante la Gran Guerra. Y Japón por los numerosos atropellos cometidos en Asia durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Corea del Sur, Brimania, Filipinas o Indonesia, llegando a pagar en tiempos recientes cuantiosas indemnizaciones por las mujeres esclavizadas en Manchuria.

¿Tanto cuesta pedir perdón? La actitud española, además de incomprensible, es una mezcla de rancio orgullo patrio y de reaccionarismo por parte de quien se muestra todavía hoy comprensivo e indulgente con las atrocidades de la “conquista”; por parte de quien se cree que estos pueblos le deben estar agradecidos por su aportación al desarrollo y civilización. Se impone una rectificación.

Es sabido que la Constitución no menciona explícitamente la figura de la amnistía, aunque sí el derecho de gracia (art. 62.i), indicando que le corresponde al Rey ejercerlo con arreglo a la ley y sin que se puedan autorizar indultos generales. Dicha regulación se completa con el artículo 87.3, que en su último inciso establece la prohibición de la iniciativa legislativa popular en ese ámbito y el artículo 102.3 que lo hace igualmente inviable en los supuestos de responsabilidad criminal del presidente y demás miembros de Gobierno. Nada más. Ello es relevante porque ese silencio constitucional, combinado con la expresa prohibición de los indultos generales es lo que lleva a algunos sectores jurídicos a sostener que la Constitución excluye la amnistía de nuestro ordenamiento con el argumento de que, si el texto constitucional prohíbe como mínimo el indulto general, con más motivo prohíbe lo más (la amnistía).

Con todo, dicha interpretación, de signo prohibicionista, ha sido sin embargo contradicha por diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC), que nos permiten defender su admisibilidad en el marco de la Constitución: la sentencia 63/1983 no cuestionó la actuación del legislador al aprobar en su día la ley de 1977, además de afirmar la posibilidad de concebir la amnistía como «una razón derogatoria retroactiva de unas normas y de los efectos ligados a las mismas», y la sentencia 147/1986, que analizó la modificación de esa ley en 1984, no hizo reproche alguno de ilegitimidad. En este contexto cabe citar además las amnistías fiscales que permitieron no solo regularizar las deudas con Hacienda, sino también exonerar de responsabilidad penal a los presuntos defraudadores: por ejemplo, la declaración tributaria especial introducida por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, declarada inconstitucional por razones formales en la sentencia 73/2017, debido a que se empleó un decreto-ley, con lo que las declaraciones presentadas desplegaron sus efectos.

Por otra parte, sin dejar de tener en cuenta, como veremos, que en la trayectoria histórica del constitucionalismo español se hallan precedentes de la admisibilidad de la amnistía sin expresa previsión constitucional, pueden aducirse otros argumentos a favor de la inequívoca constitucionalidad de la amnistía. En primer lugar, que se trata de un instituto jurídico sustantivamente diferente del indulto. El indulto está vinculado a la prerrogativa de gracia y se distingue de la amnistía por la finalidad (al indulto lo impulsan razones de utilidad pública, equidad o justicia y la amnistía se mueve en parámetros políticos); el órgano competente y el instrumento jurídico hábil (el Gobierno por decreto en el caso del indulto y el Parlamento por ley en el caso de la amnistía); los efectos que se derivan (individuales e individualizados en el caso del indulto, y generales e indeterminados en el caso de la amnistía); y por las consecuencias jurídicas (el indulto elimina con carácter retroactivo la responsabilidad penal, y la amnistía supone una avanzada extinción).

En segundo término, la ausencia de previsión en la Constitución no equivale a prohibición, especialmente si la medida no se opone o contradice otros principios o valores constitucionales. Lo cierto es que la Constitución no menciona la amnistía pero sí está presente en el ordenamiento: el artículo 666.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la existencia de una amnistía constituye una condición de excepción para la exigencia de responsabilidad penal y el artículo 16 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia establece que una de las causas de la extinción de la responsabilidad disciplinaria es la amnistía. En fin, la reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática se refiere expresamente a la Ley de 1977 en su artículo 2.3, como uno de sus fundamentos.

Precisamente, hace ahora dos años, a instancia de distintas entidades civiles tuve ocasión de elaborar, con la colaboración de otros colegas, entre ellos el penalista J. J. Queralt, el texto de una proposición de ley que fue presentada por diversos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, la Mesa la inadmitió en términos absolutos, invocando una breve nota de los letrados de la Cámara que aducían su palmaria inconstitucionalidad por tratarse de un indulto general encubierto. Fue un hecho insólito, pues ni siquiera se permitió el debate de la toma en consideración por el Pleno, a partir de la singular doctrina del TC sobre las funciones de calificación material de las iniciativas parlamentarias por parte de las mesas, retomada y reforzada por el TC en el contexto de los reiterados conflictos en la Mesa del Parlament de Catalunya. Con todo, aquella iniciativa es hoy perfectamente válida en su sustancia, aunque fue alterada en algunos de sus presupuestos como producto de la transacción política, para convertirla en una propuesta de amnistía asimétrica, que excluía, por ejemplo, a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que esto debería enmendarse ahora. Una futura ley de amnistía debe fundamentarse no solo en la existencia de un grave conflicto político, sino también en un valor constitucional como la «justicia» como instrumento para la superación de dicho conflicto y recuperar la normalidad política. Y la justicia debe plasmarse y articularse junto a otros principios y valores democráticos como el de igualdad, determinando con precisión el ámbito subjetivo de sus beneficiarios, con voluntad de no excluir ningún tipo de comportamientos ilícitos, además de su alcance temporal y las conductas delictivas a las que se aplica.

 Hablando de procesos de normalización política, el derecho comparado, donde las referencias constitucionales a la amnistía son escasas o inexistentes, nos muestra cómo esta institución ha permitido afrontar el desenlace de conflictos en contextos liberal-democráticos como en Francia, tras la guerra de independencia de Argelia (1962, 1968 y 1982). También explica la Ley 46/1977, aplicada de forma pacífica durante la transición e incluso después de promulgarse la Constitución de 1978, pues no se vio afectada por la disposición derogatoria tercera de la Constitución que anula las disposiciones que se oponen a ella. Y es que la Constitución, como todas, es un marco normativo abierto que permite al legislador —y no a los tribunales—, el único con legitimidad democrática directa, actualizar permanentemente la voluntad del constituyente y adaptarla a las situaciones que la evolución política presenta. Además, la Constitución de 1978 se integra en la tradición que ha alumbrado los Estados Sociales y Democráticos de Derecho contemporáneos. Todo ello explica que, a diferencia del indulto, que está atribuido al Gobierno, la amnistía requiera la intervención del legislador democrático, mediante un procedimiento legislativo reforzado, en la medida en que se exige una ley orgánica, una garantía añadida.

Esta configuración de la amnistía como vía de superación de un grave conflicto político entronca, como ya se ha avanzado, con un relevante precedente histórico: la amnistía ratificada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en 1936 a propósito del Decreto-Ley de 21 de febrero del mismo año. Las concomitancias con la situación presente son evidentes puesto que esa amnistía implicó, entre otros efectos, dejar sin efecto las penas de 30 años de prisión por delito de rebelión que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República había impuesto al presidente de la Generalitat y a miembros de su Gobierno por los hechos del 6 de octubre de 1934. La exposición de motivos del citado Decreto-Ley es suficientemente elocuente del sentido de la amnistía ya que la califica «de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos».

Disculpen lo manido del título. Pero me viene como anillo al dedo para describir el incesante debate en los medios en torno a la hipocresía que envuelve al Mundial de fútbol de Qatar. Pues algo tiene de liberación de pasiones y sentimientos, a caballo entre la estupefacción y el horror, la contemplación de un evento en el que se han invertido más de 200.000 millones de dólares para construir ocho estadios, un nuevo aeropuerto o una línea de metro, por citar solo algunas de las infraestructuras alistadas al efecto, y el hecho de que tanta exaltación edificatoria se haya cobrado centenares de heridos y muertos (6500 desde 2010, según The Guardian) entre los trabajadores migrantes empleados en condiciones de semiesclavitud. 

Con todo, no es esa tragedia la única que empaña la celebración del Mundial. Ahí están las injustas leyes que atentan contra las minorías religiosas y sexuales, que discriminan a la mujer e irrespetan la libertad de prensa y expresión. O las evidencias que apuntan a la obtención de la organización de ese acontecimiento deportivo global no ya por la condición de Qatar como primer exportador de gas licuado del mundo, sino por la compra de favores bajo mano, como sugieren investigaciones abiertas por la Justicia en Francia, Suiza o EEUU. Lo que demostraría que otras candidatas con mayores créditos fueron preteridas en beneficio de un país cuyo principal activo es su descomunal músculo financiero. Y es que el fútbol de élite hoy en día cada día se parece más a un santuario de arribistas, nuevos ricos y corruptos. 

La cuestión es que ahora todo son voces que se levantan para exigir justicia, respeto e igualdad en la sede mundialista. Algunos con la boca pequeña, claro está, puesto que los combustibles fósiles de Qatar están llamados a ser la gran alternativa a los hidrocarburos de Rusia. Quizás por ello ni a la federación ni a la selección española se le conoce ningún aspaviento, ni que sea testimonial, del tipo de las rodillas hincadas por los ingleses o las bocas tapadas por los teutones en apoyo a la causa LGTBIQ. Más bien al contrario, al parecer, aprovechando la cita mundialista, el rey Felipe VI se reunió con el emir del país del Golfo Pérsico para abordar la carestía de gas en Europa. Y es que, como en la comedia de polichinelas de Benavente, hay muchos intereses creados. 

En efecto, el capital qatarí campea por el mundo desde que hace una década empezaron a desplomarse los precios del petróleo y algunas satrapías de la península arábiga decidieron diversificar sus intereses, promocionándose como destino turístico, adquiriendo propiedades de postín en Londres y Nueva York a través de fondos soberanos estatales como Qatar Investment Authority, o colonizando por entero clubes de futbol como el Paris Saint-Germain, propiedad del citado emir y presidido por un polémico empresario de su confianza, Al-Khelaïfi. Y, claro está, el Mundial 2022 formaba parte del mismo cesto de la compra.  

Hay mucha hipocresía, pues. En el sentido filosófico de ese término, hay mucho individuo que se comporta de forma contraria a los valores que dice defender. Pero todavía la hay más cuando se admite lo anterior y se dice estoicamente que hay que hacer de la necesidad virtud, aprovechar el Mundial para reprocharle a Qatar todo lo imaginable hasta que se vacíen los estadios y se apaguen los focos. Y es que no es momento de subirse al carro anti-Mundial, ni para corajudos que ahora ven una tribuna para contar verdades que antes no quisieron escuchar. Y menos para la impostura, rayana a la estulticia, del capitoste de la FIFA, Gianni Infantino, consagrado a lanzar admoniciones y pedir perdón por a Occidente por sus pretéritos desmanes. O el apostolado de jugadores y entrenadores con vínculos con Qatar, como Xavi (“la gente es feliz y su sistema funciona mejor que en España”) o Pep Guardiola (“Qatar es un país muy abierto y la gente tiene todas las libertades”), empeñados en blanquear el multimillonario petroemirato, pese a todos los signos de abusos, atropellos o agresiones. 

En suma, aunque la FIFA sea una organización privada, la comunidad internacional debería haber impedido hace doce años que Qatar organizase un Mundial. Como antes los Juegos Olímpicos en China. Igual que ahora condena a Rusia al ostracismo y a la categoría de paria internacional tras la agresión de Ucrania. Y hoy no se puede decir que hay que respetar las costumbres de un país que te acoge, como hizo el capitán y cancerbero de la selección francesa, Hugo Lloris. Pues, dejando de lado si el argumento era bienintencionado, o si iba guiado por la proverbial relación franco-qatarí o la poderosa sombra de los tejemanejes de Nicolas Sarkozy, tal actitud es como la indulgencia plenaria de un régimen que se sostiene sobre el desprecio más absoluto a los derechos humanos. Hoy día, además, los procesos de integración supranacional han creado unos estándares mínimos de derechos humanos que derivan de sistemas globales (Naciones Unidas) o regionales (por ahora en Europa, América y África). También a nivel comercial, penal o medioambiental. Y ni Asia ni el deporte no deberían quedar al margen.

A raíz del conflicto surgido por la aprobación en Catalunya de un nuevo marco legal regulador de los usos lingüísticos en la educación no universitaria, como consecuencia de los pronunciamientos de la justicia ordinaria sobre la aplicación de un 25% de castellano, ha rebrotado el debate sobre la posible exclusión del castellano en la enseñanza de esa comunidad. Con todo, hay que ser honestos: se trata de una acerada controversia que trasciende el ámbito educativo y que tiene mucho que ver con que, tras más de 40 años de democracia, el reconocimiento de la oficialidad de las lenguas distintas del castellano se encamina hacia un marco de respeto muy limitado para las opciones lingüísticas minoritarias, como pone de relieve, por poner solo un ejemplo, su ausencia en órganos constitucionales e instituciones comunes del Estado mientras que paradójicamente se impulsa su uso en el Parlamento Europeo. 

No se trata de una cuestión que dependa solo de las leyes o de las decisiones de los jueces, sino también de la sensibilidad y el equilibrio entre la hegemónica cultura castellana y las culturas minoritarias como la catalana, vasca o gallega. Prueba de ello es que el modelo lingüístico constitucional definido durante la Transición, que tiene como clave de bóveda la oficialidad del castellano en todo el Estado y la del resto de lenguas en su respectiva comunidad autónoma, se ha pretendido que evolucione hacia un estadio en el que el castellano es la lengua común no solo por razón de su preponderancia interna y externa, sino también por razones eminentemente políticas. No hay más que ver cómo rezan textualmente algunos manifiestos en defensa del castellano los últimos años, donde la defensa de las lenguas no castellanas es percibida como un intento de fomentar la fractura y la ignorancia de la población en el contexto de la globalización, e incluso como una tentativa de destruir la lengua castellana y de paso la nación española, contribuyendo así a la confrontación entre personas e instituciones.

Se trata del intento de hacer aflorar de nuevo una concepción un tanto supremacista que se ha impuesto de hecho y de derecho desde la Nueva Planta borbónica hasta el franquismo, pasando por el período de uniformización liberal y por supuesto de las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. Por otra parte, son de sobras conocidos los muchos episodios de represión y de asimilación de las lenguas distintas del castellano, que solo en el ámbito educativo se cifra en disposiciones de signo prohibicionista como las providencias disimuladas del Consejo de Castilla, la Real Cédula de Aranjuez, la Providencia del conde de Floridablanca, el plan Calomarde, la Ley Moyano o el decreto Romanones, por no hablar de Primo de Rivera o de Franco. Nihil sub sole novum. Lo relevante es que en democracia, cierto nacionalismo lingüístico español de nuevo cuño ha hablado no ya de la calidad o de la proyección literaria de las lenguas como hiciera en su día Miguel de Unamuno, sino del hecho de que para que una lengua sea de Estado no puede tener carácter local, en el sentido de tener una panorámica que no va más allá de la que se avista desde un campanario. Y esto está en la base, junto a otros factores de orden político, no solo de la persistente incomprensión hacia la diversidad lingüística, sino también de las reiteradas invectivas en ámbitos como la enseñanza, estratégicos porque son un factor de socialización de primer orden. Lo evidenció no hace tanto el a la sazón ministro de Educación José Ignacio Wert, cuando emulando a Primo de Rivera en una alocución de 1924 en Barcelona, dijo que el gobierno español estaba interesado en «españolizar a los alumnos catalanes». Era una forma de presentar el modelo lingüístico educativo catalán, forjado sobre la base de un amplio consenso político y social desde 1983, no solo como un elemento que engendra un monolingüismo restrictivo, que dificulta el futuro escolar y profesional de una parte de la población de lengua materna castellana, sino también como un factor de exclusión de la misma. 

Claro está que el punto de ignición de la situación actual en Catalunya arranca de un cuestionamiento del llamado modelo de conjunción lingüística, y de la inmersión lingüística como técnica pedagógica en cursos inferiores, que dan prevalencia al catalán como lengua vehicular sin excluir al castellano como lengua de aprendizaje. Y ello porque, como afirmó certeramente el Tribunal Constitucional en 1994, el catalán es el «centro de gravedad» —el «eje vertebrador» del sistema educativo, en los términos que se propone para la nueva ley de Educación vasca— no sólo porque es la lengua propia de Catalunya, algo incontestable en términos históricos y jurídicos, sino por la necesidad de «normalizar» esa lengua después de siglos de postración y por razones de cohesión social, teniendo en cuenta el alud migratorio viejo y nuevo de las últimas décadas. El hecho constatable, además, es que al final de la etapa educativa obligatoria cualquier niño o niña catalán presenta un nivel de suficiencia oral y escrita igual o mejor que en otras partes del Estado, según datos del propio Ministerio, y ello es por cierto lo que exige la actual legislación básica, la llamada Ley Celáa, aunque fue recurrida y hoy todavía se halla pendiente de una morosa sentencia por parte del Tribunal Constitucional. 

Ahora bien, la causa eficiente del renacido cuestionamiento del modelo lingüístico catalán fue la sentencia del propio alto tribunal sobre el Estatuto catalán (2010), donde, al mismo tiempo que se reafirmaba en buena parte de su doctrina anterior, declaraba no solo que el castellano no puede ser excluido, sino también su carácter de lengua vehicular. Siguiendo la estela del TC, pero yendo más allá, primero el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dieron la razón a algunas familias que demandaban una enseñanza paritaria de las lenguas oficiales, si bien añadiendo un argumento tan inquietante como mendaz: que el castellano se ha convertido en poco menos que residual en las escuelas catalanas, lo cual no sólo desconoce la realidad sociolingüística, sino también la de las aulas y los patios. La decisión posterior de imponer un porcentaje del 25% de castellano, primero en algunos centros y después en todo el sistema educativo fue la guinda del pastel. Tal determinismo aritmético, sin ningún sustento pedagógico y con el pretexto de la inacción de las administraciones educativas competentes, fue una decisión que suplantaba tanto al legislador como a los gobiernos,  los únicos con legitimidad democrática directa para hacerlo. Luego la Generalitat adoptó con un amplio apoyo social y político un nuevo marco legal que descarta la imposición de porcentajes, algo que queda a discreción de cada centro al amparo de su autonomía y de su proyecto lingüístico, y que entroniza expresamente el castellano como lengua curricular. 

Ciertamente, la decisión del TSJC que declara inaplicable en las actuales circunstancias el 25% de castellano no es un punto final, sino más bien de un punto y aparte puesto que el tribunal catalán ha trasladado sus dudas sobre la constitucionalidad de la nueva legalidad al TC mediante el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, y el PP y Ciudadanos a través de un recurso en idénticos términos. Ya se verá. En cualquier caso, la historia más reciente ha demostrado que ni las decisiones judiciales más adversas ni la hostilidad más aviesa e inspirada en la doxa del nacionalismo lingüístico español han afectado ni al ánimo de los sucesivos gobiernos de Cataluña ni a la mayoría de la comunidad educativa. Lo cual no obsta que ahora, como la escuela en catalán de los últimos tres siglos, el actual modelo lingüístico educativo se encuentre seriamente amenazado por un marco de relaciones de poder desequilibradas y por unos discursos tan falsos como envenenados.