Qué razón tenían nuestras abuelas y abuelos en eso de que la salud es lo primero y que lo importante es que “con salud cumplamos muchos años más”. Ellos lo tenían claro, sabían qué era lo realmente importante en la vida. Las nuevas generaciones quizá hemos dado por hecho la salud y la hemos supeditado al dinero y el trabajo. Lo cual no es de extrañar, porque el sistema nos empuja a eso, a seguir girando en la rueda de un ritmo frenético y no tener tiempo para parar y cuidarnos.

Porque, no nos engañemos. La salud es lo más valioso que tenemos, lo que garantiza nuestra existencia. Y no podemos permitir que la pongan en riesgo. Debemos exigir que se proteja la sanidad pública, porque nos va la vida en ello.

Precisamente en este contexto en el que eludimos lo obvio, en que creemos que la salud está garantizada y se desprecia la labor de nuestro personal sanitario, se hace aún más necesario cuidar de nuestro sistema de salud. Porque la cruda realidad es que si no fuera por este servicio público muchas de las personas que conocemos no estarían entre nosotros. O sí, pero endeudadas.

Basta con preguntarse qué sería de nuestros seres queridos si no fuera por la sanidad pública. Si ese familiar con cáncer tuviera que pagar los 2.900 euros al mes que cuestan las pastillas que tiene que tomar para curarse. O ese otro que de la noche a la mañana tuvo que someterse a ciclos de quimioterapia, operarse y semanas después pasar por radioterapia. Ese mismo que cuando ya empieza a recuperarse te reconoce que no podría haber pagado el tratamiento que le ha salvado la vida, y que desde entonces no puede creer en otra cosa que no sea la bendita sanidad pública. Una creencia que deberíamos tener todos y todas. Por nosotros, por ellos y ellas. Por aquellos familiares y amigos que pasaron por una enfermedad y que, gracias a los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que le atendieron, hoy pueden volver a disfrutar de cenas con colegas, de días de reyes magos con sus hijos y nietos, y discutir sobre trivialidades en comidas familiares.

Cuando veo al personal sanitario reclamando sus derechos –que también son los nuestros— no puedo parar de pensar en cuánto dependemos de ellos. En que si nos jugamos la sanidad pública lo que nos jugamos es nuestra propia salud y la de quienes queremos. Por eso su reivindicación debería ser la nuestra. No podemos permitir que nos arrebaten el derecho a que nos salven la vida, a que nuestros médicos y médicas tengan más tiempo por paciente, a que puedan ejercer su trabajo con dignidad y no con una precariedad que haga peligrar su salud y la nuestra.

Suele pasar que hasta que algo no te toca, no le das la importancia que merecía. Pero seguramente todos hemos vivido la angustia y el miedo de perder a alguien por una enfermedad y hemos tenido que poner todas nuestras esperanzas en quienes podían salvarles la vida. 

Cuando la enfermedad llega, viene acompañada de una sensación de desamparo, de no saber qué hacer, de darte cuenta de que tú no puedes hacer otra cosa que acompañar a la persona que está enferma y confiar en quienes saben. Pero en todo ese proceso de terror no estás sola, están ellos y ellas atendiendo a la persona que quieres. Y, en honor a esa memoria, a lo vivido, debemos proteger el sistema de salud público que tenemos, devolver el cuidado que recibimos y salir a defender su causa.

Porque las enfermedades no entienden de listas de espera. No piden permiso. Llegan, y tienen que atenderse lo antes posible, con unos médicos que no estén exhaustos y que cuenten con unos recursos que permitan hacerte las pruebas necesarias. A tiempo, claro. Porque es fundamental a la hora diagnosticar y de tratar.

Hay que exigir unas condiciones dignas para el personal sanitario. De lo contrario, seremos cómplices de la destrucción de la sanidad pública. No podemos esperar a que sea demasiado tarde, a cuando estemos enfermas o un familiar lo esté para sufrir la injusticia de que por unos servicios decadentes nuestro familiar no pueda salvarse de una muerte que podría haberse evitado.

Resulta frustrante tener que recordar cosas tan obvias, pero hay que hacerlo. Porque están siendo cuestionadas. Se está poniendo en duda la reivindicación de quienes pusieron sus cuerpos durante la pandemia para salvar los nuestros. Y de nada vale acordarse de ellos cuando estemos enfermos o confinados por una pandemia. No podemos dejar que les ninguneen y olvidar cuánto hicieron y hacen por nosotros. Solo hay que preguntarse cómo serían nuestras vidas si no hubiera habido científicos y médicos en los peores meses de la pandemia. La vuelta a nuestro día a día se lo debemos a ellos. Tenemos una deuda con estas personas que trabajaron contra reloj para dejar atrás un año en el que nuestras vidas se paralizaron.

No podemos consentir que se instale un sistema de salud low cost. Porque no estamos hablando de un negocio, sino de algo mucho más serio y que no debería comprarse con dinero como es la salud. La de todos y cada uno de nosotros. Es precisamente esto lo que está en juego, la salud de personas que acuden a un centro para depositar toda su confianza en el médico y ponerse en sus manos para curarse. La sanidad pública no entiende —ni debe hacerlo— de rentabilidad, y quizá por eso no lo entienden quienes ponen precio a todo.

Cuando el personal sanitario se planta ante la degradación del sistema público de salud no está defendiendo solo su posición. Si no les apoyamos y dejamos caer un servicio público esencial como este, ¿quién nos curará? Podemos pensar que ningún médico nos dejaría en la cuneta. Y pensamos bien. Pero ese es también el problema, que damos por sentado que siempre habrá un médico con recursos para salvarnos la vida. Cuando para eso hace falta que estén al 100% de sus capacidades. Y si ellos mismos nos dicen que no está siendo así, ¿cómo vamos a cuestionarlo? Hacen lo imposible con los recursos que tienen. Y, ¿quién mejor que ellos y ellas para diagnosticar el estado de salud de la sanidad pública?.

Cuesta creer que después de lo que hemos vivido tengamos que reivindicar un derecho que ya era consenso en la sociedad española. Pero así es. Toca hacerlo. Porque, como me sigue recordando mi madre, maestra de la escuela pública, ningún derecho está garantizado y hay que defenderlo cada día, como si nos fuera la vida en ello.

Decir que los jóvenes “lo tienen todo” cuando los datos demuestran que no tienen cubiertas necesidades básicas como la vivienda no es otra cosa que alimentar la estigmatización y el enfrentamiento entre generaciones. Ayuso se ha unido con esta afirmación a la oleada de declaraciones contra los jóvenes de los últimos días. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, “la falta cultura del esfuerzo se ha ido perdiendo”. Un discurso que va en la misma línea de quienes dicen que los jóvenes “no están preparados” y están “hiperprotegidos”, mientras aseguran que la solución al difícil acceso a la vivienda es que se vayan de las grandes ciudades. Pero los datos dicen lo contrario y demuestran que de lo que estamos hablando es de estigmatizar a una generación. De todos modos, ¿qué pasa si así fuera, si los jóvenes tuvieran una vida mejor que la de otras generaciones? ¿Acaso no sería un triunfo del progreso? ¿O no queremos que las futuras generaciones vivan mejor que las anteriores? 

No es la primera vez que ante una crisis se echan balones fuera cuando se habla de cómo garantizar el futuro de los jóvenes. Ya ocurrió con la anterior, de la que salió el 15M, por cierto. Y, como entonces, conviene hablar de lo que estas voces quieren negar.

No se puede decir que una persona “lo tiene todo” cuando no tiene acceso a un techo bajo el que vivir. Las personas jóvenes no cobran suficiente como para emanciparse. Como señalaba Business Insider, los menores de 34 años solo pueden permitirse un alquiler de 320 euros al mes, cuando el precio medio de un piso está en 850 euros. De hecho, la edad de emancipación en 2021 fue de 29,8 años, mientras que la media en la UE es de 26,5 años, según los últimos datos de Eurostat. De manera que vivir de forma independiente, cuando eres joven, “se convierte en una utopía”. Y esto es consecuencia de precios de la vivienda inalcanzables con bajos salarios y una “inflación galopante”. 

Vivir solos en una vivienda digna no se soluciona yéndote a Móstoles como se sugirió en un programa de televisión. Basta con hacerse la pregunta de qué porcentaje destinas de tu salario a pagar el alquiler. Lo recomendado es un 30% del sueldo. Como explicaba el pasado julio un banco español en su web, si se tiene en cuenta el SMI, aplicando a esta cantidad el 30% veríamos que una persona con el salario mínimo “solo podría aspirar a un alquiler de aproximadamente 330 euros al mes por persona”.  Y, si se considera un salario mensual neto de 1.500 euros, el alquiler medio que nos podríamos permitir es 450 euros mensuales, “un importe complicado de conseguir en muchas ciudades españolas”- reconocían.

En este contexto se entiende la avalancha de peticiones que ha habido para solicitar el bono joven del alquiler para personas de entre 18 y 35 años. Una medida que es necesaria, pero no debería serlo si la juventud tuviera las condiciones para poder pagar un alquiler normal. Porque la solución no son ayudas, es una medida paliativa imprescindible en circunstancias como la actual, no dejan de ser medidas temporales que no resolverán un problema enquistado en el tiempo. Porque, seguramente, estas personas preferirán tener la autonomía de poder pagar por una vivienda antes que depender de una ayuda para acceder a una vivienda digna. 

Lo que está claro es que el problema es real. Medios internacionales se han hecho eco de la “misión imposible de los jóvenes de comprar una vivienda, en España”. Euronews subrayaba hace unos días que los altos precios, combinados con los bajos ahorros y la inestabilidad laboral, hacen que “tan solo un 5% de los jóvenes españoles puedan convertirse en propietarios”.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, aún hay quienes se permiten frivolizar y acusar a los jóvenes de estar sobreprotegidos. Utilizando una situación de vulnerabilidad para atacar al adversario político, como han hecho este lunes Ayuso y Almeida, que se dirigió a los jóvenes diciendo: “La izquierda no quiere que vosotros decidáis por vosotros mismos. La izquierda quiere resolveros los problemas, haceros dependientes, cautivos...”. Supongo que con esto no se referirá al bono joven del alquiler que aprobó el Gobierno y que comunidades autónomas como la de Madrid se encargarán de repartir a la ciudadanía. De lo contrario, el PP estaría contribuyendo a esa “sobreprotección” que critican. Pero, la acusación de sobreprotección no es nueva y ya se usó en la crisis de 2008 para negar y perpetuar la precariedad y el paro juvenil hasta normalizarlo. En ese momento la suerte era tener trabajo, a cambio de cualquier salario. 

Con los datos en la mano, cabe preguntarse en qué se fundamentan las voces que atribuyen privilegios a un colectivo que está en situación de precariedad. Para unos será el desconocimiento, para otros réditos políticos, a saber. Lo grave son las consecuencias de estos discursos: el enfrentamiento entre generaciones y el fomento de la desafección política. 

Quizá esta estigmatización tenga que ver con respaldar a los verdaderamente privilegiados, a aquellos que no quieren ceder privilegios para que mejoren las condiciones de vida del resto. Es lo del “viejo debate entre ricos y pobres” que criticaba hace unas semanas el expresidente Mariano Rajoy. No hay más que ver el revuelo que generaron algunos con la subida del SMI. Pero, claro. Negarse a estas medidas es impopular, y necesitarán adeptos para justificar que sus privilegios están por delante de las condiciones mínimas de vida de una mayoría. Lo que revela que no hablamos solo de la situación de los jóvenes, sino de una mayoría social que está pasando por una situación similar. La reivindicación es la misma: tener cubiertas las necesidades básicas para vivir dignamente. Lo exigieron este fin de semana miles de sanitarios y sanitarias este fin de semana cuando salieron a las calles de Madrid para pedir condiciones laborales y sanitarias dignas. Una muestra más de que la precariedad atraviesa a toda la sociedad y que lo que está en juego es la calidad de vida de millones de personas, sean de la generación que sean. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado de una crisis alimentaria “sin precedentes y sin final aparente”. Una amenaza que implicará muertes y migraciones forzadas en los países más vulnerables y que ya empieza a asomar en los países privilegiados. Además, en toda crisis hay oportunidades para los oportunistas, y la ultraderecha ya ha demostrado en otras ocasiones su habilidad para pescar votos entre el miedo y la vulnerabilidad. Le basta un caldo de cultivo como el actual para aprovecharse del sufrimiento de la ciudadanía, amedrentar a una parte de la sociedad, fomentar el descontento de la otra y, así, escalar posiciones en las encuestas y culminar su éxito en las urnas.

De lo que sí tenemos precedentes cercanos es de que somos parte de un todo, que estamos interconectados y que lo que pasa en un punto del mundo puede afectar al resto. Ya pasó con la pandemia; basta con tocar una pieza de la torre de juego para que esta se desmorone. 

A nivel global la situación es alarmante. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, ha lanzado una dura advertencia al mundo, asegurando que “las cosas pueden empeorar, y lo harán, a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis”.  

Además, y como sucedió también durante la pandemia, las consecuencias no están afectando del mismo modo a todos. La crisis alimentaria mundial, “fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas”, ya ha provocado que el número de personas hambrientas a escala global haya pasado de 282 millones a 345 millones en solo los primeros meses de 2022. Se trata, por tanto, de una crisis global que toca el bolsillo en Occidente mientras vacía los estómagos en otras partes del mundo. Lo explicaba el periodista de Público.es José Carmona, cuando contaba que el 95% de los alimentos que llegan a los campamentos saharauis mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU “sufre la inflación desbocada” desde que Rusia invadió Ucrania. El presidente de la Media Luna Roja afirmaba a este medio que les habían llegado a decir “que no tienen recursos porque hay un déficit muy grande, ya que, si antes necesitaban 20 millones de dólares para cubrir todo el programa, ahora necesitan 39”. 

Ante este caldo de cultivo, se vuelve imprescindible rescatar a los vulnerables, primero por justicia, y, además, para frenar las tentaciones de la extrema derecha. Porque ya han mostrado lo bien que detectan el desconsuelo y desesperanza de la población para convertirlos en votos y alimentar el descontento que termine en abstenciones. 

Precisamente para evitar que el hambre alimente a la ultraderecha, hay que abordarla. Y esto pasa por no negar la realidad de un país como España donde crecen las colas del hambre, nos habituamos a los vacíos en las estanterías de los productos más baratos y empezamos a ser testigos de situaciones de vulnerabilidad, como que una mujer tenga que descartar productos en la caja del supermercado para poder llegar a pagar la compra de la semana.

Para afrontar esta crisis habrá que conocer los orígenes de esta, que son varios y evidencian una vez más que somos interdependientes, que hay sucesos que afectan globalmente, aunque sea de formas distintas. Según explica la ONU, la guerra en Ucrania y las crisis climática y económica han llevado a una situación límite a las personas más vulnerables de los países que aún estaban intentando recuperarse de la pandemia. La guerra en Ucrania “alteró el comercio mundial'' y las consecuencias sobre las próximas cosechas ”repercutirán en todo el mundo“. A esto se suma que la ”sequía sin precedentes“ en el Cuerno de África está empujando a más personas a niveles alarmantes de inseguridad alimentaria, mientras se prevé una hambruna en Somalia. Al tiempo que ”aumenta la amenaza de recesión mundial“. 

De ahí que ni la amenaza del hambre ni el auge de la extrema derecha sean algo exclusivo de unos países. Son un problema global en un contexto donde crece la desigualdad, una de las principales razones del auge de la ultraderecha. 

Como se ha dicho en numerosas ocasiones, el blindaje de los derechos humanos es el mejor escudo frente a quienes no creen en ellos. Y eso pasa por posicionarse del lado de los más vulnerables. 

Afortunadamente, las ONG seguirán salvando vidas sobre el terreno o rescatando a personas en el mar, pero el esfuerzo cada vez será más insuficiente. Organizaciones como Open Arms advierten desde hace tiempo de las consecuencias migratorias de las guerras y la crisis climática. Caminando Fronteras continúa monitoreando las llegadas y tragedias en el mar. Sin embargo, que miles de personas pongan en riesgo sus vidas y las depositen en el azar de encontrar un barco de rescate no es la solución. 

La labor de las organizaciones es encomiable, pero la responsabilidad de salvar vidas no puede recaer sobre ellas. Como dice Naciones Unidas, la solución debe pasar por “exigir una acción mundial concertada en favor de la paz, la estabilidad económica y el apoyo humanitario que garantice la seguridad”. 

Por tanto, hay solución, tiene que haberla. No será fácil, pero son muchas las personas que tienen el poder y la capacidad para garantizarla. Y, sobre todo, porque no podemos poner en riesgo la vida de millones de personas y la supervivencia de nuestras democracias.

Estos días han vuelto a ser noticia los miles de fallecidos en residencias durante la pandemia, los 80 de Angrois y los que a día de hoy siguen desaparecidos sin que sus seres queridos tengan dónde velarles. Unos por las declaraciones de un vicepresidente que niega una comisión de investigación en residencias de Madrid, otros por el inicio del juicio del accidente del Alvia, y los últimos por la aprobación de la ley de Memoria Democrática en el Senado. Y todos ellos tienen algo en común: son víctimas del tiempo, que sigue corriendo en contra de su derecho a verdad, justicia y reparación. 

Por eso, y desde el pudor que supone hablar del dolor ajeno, quiero hacer en estas líneas un ejercicio de aproximación, de empatía, con aquellas personas que perdieron a un ser querido –o estuvieron a punto de perderlo- sin la dignidad que se le supone a cualquier ser humano. Porque, si lo pensamos bien, son situaciones que no nos son tan ajenas como creemos. Porque todos hemos perdido a un ser querido o estado a punto de perderlo, y nos toca convivir con “capas de pérdidas que hacen que la vida parezca fina como el papel”, como dice Chimamanda Ngozi Adichie en su libro ‘Sobre el duelo’.  

Desde el respeto de los tiempos y el duelo de cada uno, intento aproximarme al dolor que pueden sentir los familiares y amigos. Desde la distancia de una persona que no ha vivido esos sucesos traumáticos, pero busca hacer un ejercicio de empatía desde la comprensión del dolor y el miedo a la pérdida y que, aunque desde otros lugares, también ha llegado a sentir. 

Precisamente porque la vida ya te enfrenta a suficientes incertidumbres, si está en nuestra mano, no la hagamos aún más incierta. Sobre todo si hablamos de una muerte inesperada, cuyo entorno busca certezas para poder afrontar la ausencia de esa persona. Y, si puede haber un proceso para conocer lo ocurrido, lo lógico y justo es que se facilite la investigación, y no que se torpedee. 

Cualquier persona podría empatizar con la angustia de no tener el control sobre lo que le pasó a ese ser querido que ya no está o que estuvo a punto de desaparecer. Y para eso necesitamos un porqué que explique y que ayude a cerrar el círculo del duelo. 

El paso del tiempo es el enemigo de la memoria. Y quienes niegan la investigación de lo sucedido lo saben. Confían en que el tiempo nuble la verdad de lo que ocurrió. Porque, mientras se eterniza ese proceso, cuanto más se alarga la espera, más cerca está la desesperanza. 

Pero, el tiempo por sí solo no cura las heridas, las puede eternizar y empeorar. No garantiza que superes una pérdida, sino todo lo contrario, que se enquiste, que no puedas avanzar. Porque aún hay preguntas por resolver. Una enfermedad tiene ciertas certezas, la ciencia nos las da, confiamos ciegamente en quienes saben. Pero, cuando no hay certezas de lo ocurrido, cuesta cerrar el duelo. Si no curamos la herida, no sana. Es tan sencillo como eso. Hacer como que no pasa nada no resuelve el problema. Quizá en política les haya servido a algunos, pero lo cierto es que en numerosos casos el paso del tiempo no ha resuelto los grandes retos del país.

El paso del tiempo es demoledor para la memoria. Pasan los años y solo nos acordamos durante el aniversario de la tragedia de esas decenas o cientos de personas que perdieron la vida. ‘Podría haber sido yo, o mi familia’, pensamos cuando asistimos como espectadores a un acontecimiento trágico. Pero, ¿a que ya nos cuesta pensar que podríamos haber sido nosotros quienes a día de hoy no supiéramos dónde está enterrado nuestro padre o madre? Sin embargo, eso no significa que quienes sí lo sufrieron dejaran de sufrirlo hasta sus últimos días, porque el dolor puede cronificarse de generación en generación.

Parece tan sencillo como que si el dolor de la pérdida es universal, ¿por qué no lo es la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas?

Cuando pasas por algo traumático necesitas respuestas, y, si las puede haber, ¿por qué no averiguarlas si, además, ayudarán a cicatrizar la herida? Son justamente las cicatrices las que nos recuerdan que hubo un tiempo de dolor, pero también de sanación. Y, sin cura, aún seguirían supurando. 

Son muchas las metáforas que podríamos aplicar, y que de hecho se han utilizado para explicar que, sin memoria, el tiempo le gana la batalla al recuerdo y lo convierte en olvido. Perdurarla pasa por conocer la verdad, lograr justicia y alcanzar la reparación. Y así, poder continuar con la hoja de ruta de una vida que, aunque no será la misma sin esa persona, preservará su dignidad. Como dice Rosa Montero en ‘La ridícula idea de no volver a verte’, “la recuperación no existe: no es posible volver a ser quien eras. Existe la reinvención, y no es mala cosa”. Transitando, así, del dolor al recuerdo, hasta que el primero vaya dejando espacio al segundo.

Basta con aterrizar en lo cotidiano y en las complejidades que te presenta a veces la vida. Esas que generan desconcierto pero que tienes que afrontar de la mejor manera posible, manteniendo el equilibrio para no caer en la negación ni recrearte en el dolor. Pero a estas personas no se les dio ni la opción de hacerlo. Se les abocó al “lo que pasó, pasó, y hay que seguir adelante”. Se les aplicó el castigo del silencio. Como el que se impuso a nuestras abuelas y abuelos que, por miedo a revivir algo tan traumático como una guerra, se llevaron a la tumba los recuerdos de un duelo no superado, de un país sin verdad, justicia ni reparación, y las claves para, de verdad, cerrar las heridas de un país que sigue supurando por las heridas de su historia. 

Pero luchar contra el olvido es cada vez más difícil, y parecen ser conscientes de ello los negadores de la verdad. A su favor juega el ritmo cada vez más frenético en el que vive esta sociedad. En la que pasamos de un acontecimiento a otro, de una preocupación a otra en cuestión de minutos. Y así, las últimas horas dificultan que tengamos conciencia colectiva sobre un suceso que afectó a decenas, centenares o incluso a miles de personas. 

Es tal la velocidad a la que vivimos que, incluso, un acontecimiento global como fue la pandemia, que tuvo lugar hace nada, un par de años, se pretende ver como lejano, tan lejano como para que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid diga que las familias ya “han superado” la muerte de sus mayores en residencias. 

Afortunadamente, aún hay quienes resisten a la desmemoria, como el periodista Manuel Rico que cada día recuerda los “días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables”. Y que “7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid)”.  O como la periodista Ángeles Caballero que, como contaba en una “Carta al señor Ossorio” en El Confidencial, su madre murió el 21 de marzo de 2020 en una residencia de Madrid. “Empezó la primavera al mismo tiempo que mi orfandad, metida en casa, sin poder darle la mano, sin poder darle un beso”, escribía. Y señalaba que su “teléfono no ha sonado durante todo este tiempo, tampoco el de las plataformas Verdad y Justicia, Marea de Residencias y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias)”.

La plataforma de Víctimas del Alvia es otro gran ejemplo de quienes persisten en lograr dignidad para sus fallecidos y heridos. Al inicio del juicio, nueve años después de la tragedia, insistían: “Seguimos luchando por Verdad, Justicia y que se depuren todas las responsabilidades”. Una reivindicación que desde la ARMH llevan exigiendo desde hace años mientras desentierran la dignidad que les fue arrebatada a miles de personas en nuestro país.  

Son estos resistentes de la memoria quienes nos recuerdan día a día que no podemos permitir que el tiempo borre el derecho a verdad, justicia y reparación de miles de personas. Y que no solo luchan por la dignidad de las víctimas, también por la de todos y todas nosotras, que podríamos estar el día de mañana en esas residencias, en un tren sin final de trayecto, o en un país que por falta de memoria volviera a caer en uno de los episodios más horribles de su historia.

Frente al “sálvese quien pueda” hay una alternativa: el “sálvese a quien pueda”. Solo una letra, una preposición, hace falta para darle un vuelco a la situación. La cuestión es cómo, y para eso hay que hablar de que una gran parte de la población está cargando sobre sus hombros las consecuencias de una crisis global que no afecta a todos por igual. Y que, por justicia social y en favor de la convivencia, no puede seguir así durante mucho más tiempo.

El expresidente Mariano Rajoy ha “resucitado” sin quererlo el “viejo debate de ricos-pobres”. En un foro -que, por cierto, carecía de la representación femenina que debería tener- afirmaba que no hay que enfrentar a los que más tienen y los que menos, ni caer en la demonización de los primeros. En eso de que ricos y pobres están conectados tenía razón. Sí, pero en una balanza que no está equilibrada y deja recaer el peso de la crisis en una mayoría que mira con cada vez más pavor su cuenta a final de mes. Negar que el incremento disparado de las rentas altas tiene una implicación en el crecimiento de la desigualdad es hacer trampas al solitario.

Lo cierto es que, si hay algo que demonizar, esa es la avaricia mientras crece la miseria. Y sí. La desigualdad ya enfrenta a pobres y ricos. Basta con ir a los datos. El número de millonarios batió todos los récords en 2020. Año en el que la renta del 20% más rico de la población fue 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre, según el informe AROPE 2021.

El mismo informe alerta de que, en términos europeos, “la desigualdad en España es la sexta más alta de la Unión Europea”. Y recuerda lo que debería ser una evidencia de un debate superado: que “la pobreza es una expresión extrema de la desigualdad” y que “ambos son conceptos inseparables”. Destaca, además, que la lucha contra la desigualdad está reconocida en el ordenamiento constitucional de la mayoría de los países desarrollados y en la propia Constitución Española, que dice en su artículo 40: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica”.

El expresidente Rajoy dijo que “los gobiernos no pueden jugar a dividir a la gente, a distinguir entre unos y otros”. Estamos de acuerdo. Por eso las autoridades deben enfrentar la desigualdad, que implica a ricos y pobres. También dijo que “un gobierno tiene que intentar sumar, fijar un objetivo claro y a ser posible un objetivo que coincida con lo razonable, sensato y moral”. ¿Qué hay más sensato que garantizar una vida digna para la mayor parte de la población? La gran cuestión es cómo.

“Aquí hay algunos que parece que creen que gobernar es acabar con los ricos. Acabe usted con los pobres, hágalos ricos”, dijo el expresidente. Pero ¿cómo se consigue sin que esto tenga consecuencias sobre el bolsillo de los que más tienen? ¿Subiendo el SMI? Esto interpela a las empresas. Como también lo hace la cesta de la compra, que ha registrado su mayor subida en 34 años, según la OCU. El peso está recayendo sobre una mayoría social que cada vez tiene menos margen de maniobra para vivir dignamente, algo que debería estar garantizado para cualquier ser humano.

El debate es precisamente ese: ¿quién tiene más margen para vivir un poco peor: los que más tienen o los que menos? Evidentemente, los primeros. Y, si el objetivo es que el grueso de la población no caiga en una situación de miseria a cambio de que quienes más tienen se aprieten el cinturón, no debería haber discusión. No estamos hablando de que los ricos se hundan en la pobreza, hablamos de que renuncien a ciertos privilegios en favor de la mayoría de la sociedad con la que conviven y que tiene más riesgo de caer en la exclusión que ellos.

Un informe del Banco de España, citando datos de Eurostat, subrayaba que el 48,7% de la sociedad que vivía en alquiler a precios de mercado en 2020 estaba en riesgo de pobreza o de exclusión social. Para que nos hagamos una idea, “es el porcentaje más elevado de la UE, donde la tasa media es del 32,3%”.

Lo dice el propio Banco de España. La sociedad se ha enfrentado a “unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, que aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios”.

En este contexto, resulta poco convincente el discurso que apela a tener empatía por quienes más tienen. La muestra es que el 62% de la población española está a favor de subir los impuestos a los ricos para hacer frente a la crisis económica. Esa mayoría es consciente de que no estamos en el “viejo debate entre ricos y pobres”, sino en uno entre avaricia y miseria. Entre el sálvese quien pueda o el sálvese a quien pueda.