Una vez consumado el cierre tecnocrático con el ascenso del teco Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, el gobierno continúa moviendo ficha en la batalla accionarial para el control de empresas del Ibex-35. De algunas de estas partió, por una parte, un mensaje en 2015 que muchos interpretamos como un cordón sanitario contra el presidente Pedro Sánchez; y, por otra, fondos que financian a los medios que han pintado una caricatura autocrática del jefe del ejecutivo. 

Indra no es una batalla menor: es una de las grandes empresas españolas de tecnología relacionada con el armamento y la seguridad. Privatizada en los años 90, el Estado volvió a su capital cuando el gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia. Con Sánchez, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ampliado su presencia a una cifra en torno al 28%.  

La noticia más reciente es la dimisión de Ángel Escribano, empresario que había ascendido a presidente de la compañía una vez marchado su directivo Marc Murtra para Telefónica. Concesionario de numerosos contratos estatales, Escribano es propietario de una empresa familiar también accionista de Indra, lo que, en vista del conflicto de intereses latente, ha terminado con su proyección al frente de este gigante. 

Su sucesor es Ángel Simón, afín en el pasado al partido socialista catalán, como también lo es Maurici Lucena, presidente de Aena, Murtra, de Telefónica, o Joan Clos, antiguo mentor de Murtra, que ocupa en la actualidad la presidencia de la patronal inmobiliaria Asval. Simón viene del holding financiero CriteriaCaixa, que gestiona participaciones relevantes en empresas como Naturgy, Telefónica o CaixaBank, donde el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), estaba presente en un 18% a finales de 2025. Allí Simón chocó con el factótum de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.  

La llegada de Ángel Simón a Indra se produce en un momento en el que el ambiente bélico internacional y la extorsión verbal del presidente norteamericano hacen previsibles inversiones millonarias armamentísticas que colocan a Indra en el centro de la economía pública y privada. Este papel estatal comienza a recordar a los consensos socialdemócratas que juzgaban desaconsejable dejar en manos de corporaciones privadas los sectores estratégicos. 

Pero subyace, además, la continua pugna de un gobierno en minoría que no ha querido entregar la cuchara en ese otro ámbito del poder que es el de la gran corporación. Con su presencia relevante en Telefónica, el ejecutivo cuenta con resortes mediáticos que estuvieron en manos del Partido Popular durante treinta años; su influencia en Movistar y en RTVE es sobresaliente; el rechazo del principal accionista de PRISA, el armenio francés Joseph Oughourlian, al plan gubernamental de lanzar una televisión privada con su apoyo corre paralelo al refrendo de este, también presidente del fondo Amber, a las pasadas decisiones de Escribano en Indra. Con la caída de este último no solo llega, por tanto, una presidencia mejor vista por el Gobierno, sino, además, una respuesta contundente al levantisco gestor de uno de los principales grupos editoriales en España. 

La batalla continúa y, por fin, podemos verla en su dimensión más amplia: la que abarca también al mundo de la gran empresa. Será clave conocer los próximos planes de Indra y las decisiones corporativas del nuevo presidente. El Gobierno español continúa haciendo de la necesidad virtud y entendiendo, con razón, que la política en un mundo de corporaciones hegemónicas y con una visión privada del país ha de extenderse más allá de esa difusa separación entre público y privado. Una línea divisoria que, a juzgar por el flujo de puertas giratorias y relaciones clientelares, nadie se ha tomado nunca demasiado en serio. Va siendo hora de hablar de ello en una voz algo más alta.

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Andrés Villena acaba de publicar 'Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939' (Libros del KO)

A Gabriel Rufián y compañía les vendría bien una lección: la verdadera escuela de unidad es la de las élites, ya que son las que con más éxito llegan a acuerdos para mantener un sistema de poder que suma muchas décadas. Y, pese a lo que se suele pensar, no sería imposible imitar algunos de sus principales rasgos. 

En el cómo se organizan estas podemos observar el principal déficit de la izquierda. Si echamos un ojo al patronato de una entidad como la Fundación Quirón Salud, uno de los ejes del proceso privatizador reciente, tendremos algunas pistas. Su vicepresidente segundo es Mauricio Casals, abogado, presidente de la Fundación Atresmedia y consejero del grupo propietario de Antena 3, Onda Cero y La Sexta. Casals extiende sus actividades a otro patronato relevante en España, el de la Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción (FAD, ahora FAD Joven). 

La FAD, con la reina Letizia como presidenta de honor, aloja a lo más granado de la gran empresa. Su presidente es José Ignacio Goirigolzarri. Este era, hasta hace poco, el máximo representante institucional de Caixabank, el gigante que absorbió a la banca nacionalizada, Bankia, en la que todavía está presente el Estado; otra entidad de la que Caixabank depende es la Fundación Caixabank. El número uno de esta última es Isidre Fainé, que además preside Criteria Caixa, el holding financiero del grupo.  

Fainé es, a su vez, consejero del grupo ACS, la constructora presidida por el ingeniero Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol; en la junta directiva de este club se sentó la abogada del Estado Marta Silva de Lapuerta, alto cargo con el expresidente Mariano Rajoy, hija de un ministro de Franco, y ex secretaria del consejo de Sacyr Vallehermoso. Un presidente de Sacyr, Luis del Rivero, formó también parte del máximo órgano rector del Madrid y aspiró a desplazar a Francisco González de la presidencia del BBVA. 

González había sido elegido por Rodrigo Rato y José María Aznar para pilotar el futuro gigante financiero; Rato no ha pasado por el BBVA, pero sí por Telefónica y el Santander; Aznar, por Endesa y, además, ha escrito varios libros para el grupo Planeta, uno de cuyos dirigentes, Mauricio Casals, abría esta historia. 

Más allá de señalar a una serie de señores con enormes responsabilidades en nuestra sociedad, este recorrido sirve para subrayar una característica fundamental de las minorías poderosas: su cohesión y su capacidad organizativa. Por una parte, los consejos y patronatos compartidos se convierten en lugares de confluencia, intercambio y acuerdo entre una serie de personas que acaban teniendo claro lo que es bueno para ellas y para las que comparten su situación; pero, por otra, y esto es lo que menos salta a la vista, esta serie de individuos sirven asimismo para cohesionar, acercar y organizar a las empresas y entidades en las que participan. Las puertas giratorias, más que fenómenos de promoción profesional individual, son un mecanismo de coordinación de la élite corporativa, una comunidad de los negocios que acaba siendo política.  

No es difícil estimar que esta arquitectura social genera una conciencia de clase bien distinta de la reivindicada por las formaciones obreristas. El entramado corporativo se convierte en un Estado privado en el que todos se conocen y actúan respetando una serie de normas no escritas. Y, pese a sus diferencias ideológicas e incluso éticas, no dudan en responder al unísono ante una amenaza al sistema del que forman parte. No solo por sus creencias e intereses, sino por ser piezas de un organismo complejo y capaz de activar una coordinación casi espontánea entre sus miembros.  

Si tratamos de comparar el poder de este sistema con el de los partidos y movimientos de izquierda, nos encontramos en seguida con que en el segundo caso fallan muchas cosas. Por una parte, el elevado número de participantes en los movimientos de protesta disminuye la posibilidad de que haya acuerdo entre ellos, algo que se vuelve más difícil aún por la persistencia de unos matices políticos e ideológicos que se convierten en losas argumentales si se depende solo de un soporte digital para debatirlos.  

Carecemos, además, de instituciones en las que compartir y reforzar vínculos, acercar posiciones, negociar, compartir ocio y visiones comunes sobre la vida y el mundo. Los sindicatos, las asociaciones de vecinos y los distintos movimientos sociales resisten como pueden un tiempo de individualización infinita, de pantallas que nos vigilan reflejando nuestro ombligo y de dictadura del terror y saturación mental. 

La izquierda carece desde hace mucho tiempo de instituciones organizativas, un hecho que se refuerza dada la ausencia de este tema en el debate público. Si le ha dado algunos sustos al sistema esto ha sido a pesar de estas carencias. La absorción de los más recientes movimientos protestatarios hasta convertirse en ministerios y secretarías de Estado de un gobierno de centro izquierda confirma que este déficit organizativo genera una enorme precariedad política. 

La desazón actual se debe en gran parte a este hecho tan poco comentado. Sería un buen tema de conversación para la próxima iniciativa de unidad que las cámaras de televisión quieran perseguir. Quizá de esta manera se abandonaría la búsqueda de culpables y la reproducción de odios internos. Entretanto, lejos de la base social, nuestras élites seguirán viviendo en comunidad y con un envidiable comportamiento solidario. Aprendamos de ellas.  

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Andrés Villena Oliver es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de publicar ‘Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939’ (Libros del KO).  

La desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado ofrece detalles y subtramas suculentas para los expertos en este subgénero. Contribuirá probablemente a apuntalar una versión oficial de la transición que entroniza a la clase política, incluyendo al Rey, como garantes irrevocables del sistema heredado.  

No ha quedado tiempo, sin embargo, para reflexionar sobre las corrientes de fondo, sobre las redes, grupos de poder y decisiones que condujeron a que esta situación fuera inevitable. Una serie de tramas civiles, económicas y políticas que exigían un ‘golpe de timón’ ante una democracia que, para algunos, se había vuelto demasiado precaria, pero que para otros (más poderosos e influyentes) amenazaba con resultar excesiva. Un poco de contexto, que ofrezco con detalle en mi nuevo libro, ‘Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939’, podría ayudarnos a ver la verdadera lección que subyace. 

En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki publicaron el informe sobre ‘La crisis de la democracia’ en el seno de la Comisión Trilateral, que reunía a líderes políticos y empresariales de los Estados Unidos, Europa y Japón frente al sempiterno enemigo comunista. El informe alertaba sobre los peligros inherentes a otorgar a las masas demasiadas atribuciones políticas. La crispación generada por las luchas raciales y la crisis del capitalismo iniciada en 1973 con el aumento de los precios del petróleo sugería a los líderes del denominado mundo libre organizarse ante una nueva amenaza. La conclusión de dicho informe subrayaba una recurrente y paradójica moraleja elitista: los excesos democráticos podían acabar con el sistema parlamentario.  

En 1979, la Trilateral integró a los primeros representantes de la élite corporativa española. Entre estos, a miembros de la familia Garrigues-Walker, una saga de abogados que había sido clave en la apertura comercial y en la entrada de las principales corporaciones estadounidenses a partir de 1959. Uno de los miembros de dicha familia, Joaquín Garrigues-Walker, ejerció de ministro de Obras Públicas y Urbanismo y Adjunto a la Presidencia con Adolfo Suárez entre 1977 y 1980. 

Poco antes de que le fuera diagnosticada una leucemia que acabaría con su vida, Garrigues-Walker ya había abandonado a Suárez, con quien había colaborado activamente durante la transición. El presidente del gobierno acusaba un declive en su popularidad mientras la crisis inflacionaria había llevado las contradicciones trabajo capital al máximo y los atentados etarras habían excitado el ánimo ultra de muchos militares. 

Pero Suárez acumulaba otras deudas y rencores que le perseguían y que pocas veces se mencionan por resultar menos espectaculares. La patronal CEOE, reorganización de la clase capitalista tras la caída del sindicato vertical, estaba presidida por el empresario farmacéutico Carlos Ferrer Salat. Esta había rechazado numerosos aspectos de los acuerdos de los Pactos de La Moncloa que, para los empresarios, suponía mayores regulaciones. También un nuevo impuesto, el IRPF, aprobado en 1977. El pacto tributario rompía el paréntesis fiscal del franquismo, que había evitado que, en síntesis expresada por el economista Ramón Tamames, los hijos de los vencedores tributaran como los de los vencidos. La ley del divorcio, promulgada en septiembre de 1981, hacía a muchos representantes del conservadurismo temer por la destrucción de la familia tradicional.  

Detrás de todo ello latía el conflicto social y las crecientes demandas del pueblo español, en línea con los temores de la Trilateral, preocupada, además, por el futuro de las democracias capitalistas de la Europa meridional después de la Revolución de los Claveles en Portugal. Los trabajadores, agrupados en sindicatos de clase como Comisiones Obreras y UGT, peleaban por evitar una lacerante pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. 

Contagiados por los experimentos socializantes en países como Alemania o Suecia, donde los representantes sindicales adoptaban decisiones en los consejos de Administración de las empresas, los trabajadores trataban de avanzar hacia una versión patria del socialismo democrático. El propio Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo de Suárez, había hecho en 1977 declaraciones a favor de la autogestión empresarial y de una mayor participación laboral en los organismos empresariales; el futuro ministro socialista Miguel Boyer, uno de los responsables de la desamortización del aparato industrial, había abogado por un modelo productivo a la yugoslava en un debate televisivo al inicio de la transición.  

Todo ello, acompañado de la presión del Partido Comunista y del PSOE, mayoritarios en los ayuntamientos desde 1979, había conducido a Suárez a una deriva socialdemócrata que abrió la brecha con los liberales atlantistas que apoyaban al gobierno. Dicha brecha se hizo infinita cuando el primer ministro expresó sus dudas sobre la necesidad de entrar en la OTAN, una irrenunciable expectativa de los Estados Unidos, tutores de España desde la década de los cincuenta. 

De ahí que el mencionado golpe de timón, el punto de partida para todas las tramas que conducen al 23F, no deba ser visto solamente como una operación patriótica para evitar el caos, sino como un impulso elitista para estabilizar una nación que no podía permitirse experimentos que recordaran mínimamente a los iniciados en 1931 y que, además, podían alterar el equilibrio geoestratégico en el que los Estados Unidos trabajaban desde el inicio de la Guerra Fría. 

Todo un frente político, empresarial y periodístico se puso en contra de un presidente a quien posteriormente se ha considerado como poco menos que un santo laico. Muchos cronistas que celebran todas las onomásticas constitucionales clamaron por un gobierno de concentración en el que los militares lideraran el enderezamiento de una nación que no podía aspirar a gobernarse sola.  

Más allá de que determinados puntales de la banca española ofrecieran asistencia y refugio a los golpistas y de que la renqueante Prensa del Movimiento todavía alentara un golpe de Estado con sabor a 18 de julio, deberíamos reflexionar sobre las corrientes aquí mencionadas. En ‘Las élites que dominan España’ se abunda en los grupos de poder que nos gobiernan con nuestro permiso desde el final de la guerra civil. El mantra y sustrato de creencias que hace todo esto posible es que necesitamos quien nos salve de nosotros mismos. Pese a que este debate no haya salido en la prensa, lo sucedido en torno al 23F debería recordárnoslo. Hablemos de ello.  

El ataque a la Universidad de Harvard es, más allá de las barrabasadas del gabinete Trump, un choque más entre élites. En la presente etapa retroceden profesores, abogados prestigiosos y altos burócratas. En su lugar se colocan los tecnólogos sin filtro, con los fondos de inversión esperándolas venir (el dinero siempre tiene miedo) y manifestándose a través de los vaivenes del bono estadounidense.

Estos enfrentamientos, algo que la teología liberal ha preferido denominar “checks and balances”, son habituales. Cada grupo de poder trata de ganar terreno, o, al menos, de mantenerlo. De dichos enfrentamientos descienden mutaciones de las formas de dominación y seducción de las masas. Es la circulación de las élites.

Uno de los primeros expertos en el ámbito del poder y de cómo las democracias no lo eran en la práctica fue Wilfredo Pareto. Afín durante unos años a Mussolini, y preboste de la economía neoclásica, es una fuente de consulta obligada. En línea con el positivismo decimonónico, había aplicado su tesis física sobre el equilibrio de los fluidos a la dinámica social: pasara lo que pasara, la sociedad volvería a un nuevo statu quo en el que un grupo dominante dictaría las consignas, en el fondo, reflejos verbales de sus instintos primarios e irracionales, casi fisiológicos. Las cosas eran como eran, no como querríamos que fuesen: lo que había era instinto de mando y de ser sometido. Los idealismos no eran más que canciones con buena rima para antes de las elecciones.

La revolución era imposible: no se trataba más que de un nuevo discurso para dominar a las masas. De un proceso circular de depuración y renovación de élites. La rusa habría dado lugar a una nueva clase en el poder, incapaz de destruir el Estado, y el socialismo no habría sido sino una fórmula para legitimar una nueva forma de opresión.

Inspirado por la teoría maquiavelista, Pareto empleaba una metáfora que puede aplicarse al contexto actual: la dominación es inevitable y la democracia es una quimera que legitima aquella. Los ciudadanos pueden elegir ser gobernados bien por zorros, persuasivos y dialogantes, o por leones, contundentes y fieros ejecutores de órdenes y castigos.

La alternancia entre estas dos criaturas ofrece cierto sosiego rutinario: que ganen los míos, o los más cercanos, me permite esperar de manera pasiva a los siguientes comicios. La democracia, un régimen parlamentario que promete alejarnos del autoritarismo a través de contrapesos, se convierte en un mecanismo de control poblacional, como el fútbol, como las pantallas, o como las bebidas alcohólicas. No es extraño que, si adoptamos esta perspectiva, podamos comprender lo que algunos han denominado en la actualidad la vuelta de los autoritarismos.

La polémica de Harvard es útil para entender la ubicuidad de estos conceptos. Si bien esta institución ha hecho numerosos esfuerzos por ofrecer una creciente pluralidad ideológica y apertura de miras, esto no obsta para que sea una de las joyas de la corona de la ‘Ivy League’, esa élite educativa que combina la meritocracia con la segregación de oportunidades para quienes cuentan con mayor colchón financiero.

Un dato como cualquier otro ilustra esta idea: uno de sus presidentes más recientes fue el economista Lawrence (Larry) Summers. Colaborador del Partido Demócrata, Summers había sido uno de los principales asesores de Bill Clinton en sus años de gobierno; gracias a sus propuestas se aplicaría la doctrina del shock en la Rusia postsoviética, con hambrunas provocadas por la desamortización sin cuartel de los bienes públicos del régimen previo; su equipo derogó la ley Glass Steagal, establecida en los años treinta para limitar la especulación financiera. No suficientemente satisfecho con el estallido de 2008, Summers estuvo en el equipo de asesores económicos de Obama, siendo este colectivo uno de los encargados de dictar las reformas para que la crisis no pudiera repetirse.

Probablemente las declaraciones sexistas de Summers le hayan apartado de la posibilidad de regir los destinos de instituciones como Harvard. Cuando era presidente afirmó la inferioridad de las mujeres para la práctica de las matemáticas. Bien es cierto que leonino, ha representado oficialmente a los zorros, pese a que, a la muerte de Milton Friedman, el Premio Nobel económico que promocionó las reformas neoliberales, se declarara seguidor de aquel asesor informal del coronel Pinochet.

En perfiles como los de Summers, uno de esos economistas que más manifiestan su horror ante la llegada de los aranceles masivos, radica probablemente el fracaso electoral y el hundimiento del Partido Demócrata. Cuando los zorros son casi leones, los electores tienden a quedarse con los segundos. Para la copia, mejor los originales.

Con este tipo de animales ahora en un segundo plano, los leones de Trump parecen rugir con comodidad: por una parte, prometen eliminar toda la epidemia woke a la que atribuyen la decadencia estadounidense, y, por otro, devolver a los Estados Unidos a los peores instintos de la guerra de secesión, del aislacionismo previo a la Primera Guerra Mundial y del ultraliberalismo más ajeno a sus consecuencias. La atracción al trumpismo parece más folclórica que racional, y radica precisamente en esa crisis de una democracia plutócrata que ya no ofrece los mismos resultados que antaño. Del erotismo hemos pasado a la pornografía de la dominación.

No es extraño, por tanto, que ante tanta repetición de lo de siempre, la gente se haya pronunciado por una versión extrema de lo habitual. Una nueva vieja política que incrementará, además, el malestar y el fatalismo popular. Entre los opositores organizados a Trump y a sus derivadas internacionales solo aparecen europeístas poco concretos y otras alternativas que colindan con el mal que trajo a los ultras.

Son malas proyecciones para el futuro. En España, con estos odres, un candidato como Santiago Abascal, un padre autoritario que ni siquiera pasa tiempo en casa y que promete protegernos de una década en la que la excepcionalidad es ya la rutina, podría ser, en cualquier momento, primer ministro del Reino. El descreimiento ciudadano, en línea con el cinismo necesario para que la dictadura descarnada se abra paso, parece ser, según las encuestas, uno de sus mayores apoyos. No sería una casualidad: también aquí las Universidades están haciendo frente a ataques cada vez más serios. Puede ocurrir, cómo no, y la alternativa apenas se discute. Hasta los siguientes comicios.

Probablemente, si no te das prisa, pierdas tu oportunidad para participar en el Madrid Economic Forum. Sería una señal más de que no vales nada, de que te falta voluntad, y de que no puedes porque no quieres. 

Se trata de un acontecimiento que va a marcar la historia de España, más o menos como lo hicieron el Plan de Estabilización, en 1959, los Pactos de la Moncloa, en 1977, o la firma del Tratado de Maastricht, en 1992.  

A cada uno de estos momentos históricos le ha correspondido una serie de decisiones y de líderes clave. En este encuentro, que tendrá lugar a principios de junio en el Palacio de Vistalegre de Madrid, se reunirán propuestas que en el pasado hubieran ocupado un lugar marginal, pero que van cobrando fuerza.  

Los ponentes son ampliamente conocidos: el expresidente de Banesto Mario Conde, que nos alertará del nuevo orden monetario que podría traer el Euro digital, Albert Rivera, que reflexionará sobre los bajos niveles de competitividad en Europa, el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, con un libro y una nueva fundación para unir a las derechas, y el empresario Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, que, junto al CEO de Merlin Properties y al fundador de Jazztel, encabeza la representación del capital opuesto a la epidemia denominada “woke”.  

Otros invitados son Juan Ramón Rallo, que defenderá una solución liberal para el problema de la vivienda, o Daniel Lacalle, que hablará sobre el nuevo orden económico mundial y la amenaza china. El profesor Miguel Antxo Bastos, intelectual doctrinario defensor de la etapa previa a la Revolución Francesa, recordará los errores del socialismo frente a un capitalismo al que exige un mayor desenfado. Su obra teórica difícilmente rivaliza con la de Ramón Tamames, que hablará de la hispanidad como una imagen de marca que tiene en la Comunidad de Madrid su cuartel general, cuyos éxitos glosará la expresidenta Esperanza Aguirre Gil de Biedma.  

Junto a estas figuras destacan una serie de youtubers de matriz andorrana, ya que este foro celebró en el Principado sus dos sesiones anteriores. Uno de estos ofrecerá una ponencia sobre “darwinismo financiero”, una oportunidad para hacerse rico en tiempos de incertidumbre. Otro ha rememorado en un spot cómo en un pasado que ni él ni nadie vivió, sin tantos impuestos ni inseguridad ciudadana, era mucho más fácil hacerse con una vivienda y que no te apuñalaran en la calle. Para luchar contra dicha inseguridad habrá dos ponencias realizadas por policías de mentalidad contraria al garantismo de nuestro sistema. El periodista Iker Jiménez, especialista en fenómenos paranormales, analizará la crisis de los medios de comunicación desde su particular mirada. 

Hacer España grande otra vez, como está sucediendo en tantas otras naciones, pasa por asistir a este congreso y por ponerse manos a la obra. Hay entradas hasta por 7.500 euros, lo que refleja una clara estratificación entre asistentes, gradas, palcos y salas VIP. Pero, más allá del chiste fácil, esta reunión subraya una tendencia en nuestras sociedades, en la que cada vez aparecen más líderes que llaman al individuo a desligarse de sus obligaciones sociales, de las pulsiones solidarias y de las imperfecciones de las entidades burocráticas que, mal que bien, prestan un servicio a la mayoría. 

La llamada al individualismo introspectivo de las teorías de la conspiración –me da igual si La Tierra es realmente plana o si el viento lo produce una entidad delegada de Naciones Unidas siempre que todo esto “tenga sentido para mí”– colinda con el heroísmo financiero de quien se cree a sí mismo suficiente para demostrar, a través de un rápido enriquecimiento, que merece salvarse. Vernos separados de una masa informe, quejica y vulnerable bien puede valer una ducha fría a las seis de la mañana, 4.000 mil burpees en ayuno y una lectura rápida de un manual mal escrito sobre estoicismo. 

El correlato económico y fiscal de la epidemia de insatisfacción actual es que el bandolerismo financiero ha adquirido hoy día la categoría de liderazgo carismático e incluso mesiánico. El Boletín Oficial y el presupuesto del Estado, dos de las más importantes prolongaciones del poder representativo y centralizado, se han convertido en los mayores enemigos de un electorado cada vez más joven y masculinizado que espera con ansia una respuesta a las ineficientes y casi fracasadas clases políticas actuales. Estos tiempos de incertidumbre quedan multiplicados por las incógnitas del futuro –pandemias, nevadas, apagones, guerras, tormentas y más sorpresas– y cualquier rechazo a lo presente se vuelve más atractivo que las inesperadas consecuencias de saltar al vacío.  

Por ello y dado que los tímidos intentos de algunos organismos internacionales por proteger el planeta atentan contra ciertas formas de beneficio altamente destructivo, como el de sectores que subvencionan a determinados partidos, medios y colectivos propagandísticos, este tipo de conciliábulos en abierto comenzarán a ser algo más que una norma. Mientras la caricatura y la parodia gobiernan en los Estados Unidos y en muchos otros países, este tipo de foros no dista mucho de un futuro consejo de ministros. Lo de Melody en RTVE va a parecer una broma si Vistalegre triunfa: ya hay varios medios de comunicación que van a sentarse en las mejores butacas.  

La tregua entre las élites de los Estados Unidos y China ha interrumpido momentáneamente la guerra comercial. Esta confrontación continuará gracias al liderazgo estadounidense y al comportamiento crecientemente asertivo de la autocracia china. Entretanto, se hace necesario que proliferen visiones críticas sobre un conflicto que se postula erróneamente entre naciones y no entre clases dominantes. 

Dichas clases ganaron la guerra contra el trabajo en EEUU durante los años setenta y ochenta asfixiando la economía nacional con enormes tipos de interés y deslocalizando el aparato industrial a las provincias chinas donde la liberalización comandada por el presidente Deng Xiaoping había garantizado enormes beneficios a las corporaciones. 

El deshielo del maoísmo permitió al capitalismo de Estado chino acumular enormes excedentes a cuenta de la represión política y salarial de unos trabajadores mayoritariamente llegados del campo. Dicho excedente acudió a Wall Street a remojarse la cabeza: la compra de la deuda pública, de acciones y bonos de las grandes empresas estadounidenses, gracias al papel de reserva del dólar en el sistema monetario mundial, abarató la financiación que permitió a los Estados Unidos mantener su papel de primera potencia consumidora. El ahora repudiado ‘Made in China’ ha representado hasta ahora la otra cara del patrón dólar hegemónico, el emblema de la gran potencia militar y financiera. 

En ambos casos y extremos del tablero político ha sucedido algo parecido: ni los trabajadores chinos ni los norteamericanos tenían suficiente dinero para comprar bienes y servicios, lo que llevaba a los primeros a una austeridad obligada y a los segundos, a un enorme endeudamiento. Los préstamos desde China y Europa a la aspiradora financiera estadounidense, emisora de la gran moneda de cambio mundial, permitieron sentar las bases de la gran burbuja que explotaría en 2008. 

En su monumental estudio ‘Las guerras comerciales son guerras de clase’ (editado por Capitán Swing), el economista Michael Pettis advierte de los peligros de confundir el sol con el dedo y ofrece un enfoque y una solución bien distintos de la propuesta en los debates mayoritarios: China debe repartir el excedente empresarial de su economía aumentando el valor de sus pensiones públicas, de los servicios de bienestar, que aún no son universales, de los salarios y de unas inversiones que se hacen imprescindibles en un periodo de incertidumbre radical y transformación industrial forzada por el clima y por otras amenazas. 

Este imperativo, al margen de las manidas imágenes sobre el régimen autoritario que la mayoría de los medios difunden, ha sido más que subrayado en los sucesivos congresos del Partido Comunista Chino, en los que las ponencias económicas han incrementado el énfasis en la inversión productiva nacional y en ciertas formas de redistribución de la riqueza, una recomendación que choca con las élites más cercanas al mundo de los negocios patrios. 

La supremacía económica china materializada en el superávit comercial con los Estados Unidos, sobre lo que tanto se ha dicho y escrito durante estos meses, no solo refleja la competitividad de sus exportaciones –y el derroche financiero estadounidense, que ha deprimido la inversión productiva de sus industrias–, sino la capacidad de su régimen político de mantener unas relaciones de clase opuestas al ideal marxista que aún rige algunas de las ponencias ideológicas de sus congresos. 

Más lejos aún de la solución de Pettis viajan unos Estados Unidos en los que los gestos estrafalarios y las declaraciones extemporáneas parecen ser la regla de la agenda política. Los enormes recortes de gasto público acometidos por el equipo de Trump recuerdan a las conclusiones que establece la profesora Clara Mattei en ‘El orden del capital’ (Capitán Swing), un ensayo en el que analiza cómo los economistas liberales y neoclásicos asesoraron buena parte del programa económico del fascismo italiano, pero también de la política económica de la Inglaterra de los años veinte, ambos radicalmente opuestos a las reivindicaciones obreras sucedidas al terminar la Primera Guerra Mundial. 

Detrás de la guerra comercial denunciada por los EEUU anida, en realidad, una revolución contra la protección y el compromiso social del Estado, y, en el fondo, el desprecio contra una clase trabajadora que, paradójicamente, se ha tornado refugio electoral del nuevo Partido Republicano. La patria libre a la que sectores químicos, textiles, acerías y cadenas de montaje retornarían una vez vencida la contienda comercial no existe, pero representa un señuelo, una mentira que creer para seguir sosteniendo a una corriente política comandada por sectores integristas de distinta procedencia y cometido. 

De la ruptura de estos ejes discursivos en ambas latitudes depende el desarrollo del conflicto actual, en un contexto en el que los riesgos climáticos y tecnológicos exigen destinar cada vez más fondos a una inversión transformadora de las infraestructuras y los modos de producción. Una situación en la que el ahorro nacional, que frecuentemente se incrementa a costa de la explotación de los más desprotegidos, puede significar la pérdida de una gran oportunidad para cambiar el rumbo de las cosas. Las guerras nacionales vuelven a ser una carcasa de los conflictos de clase que atraviesan a la sociedad. Estamos necesitados de medios que rompan la uniformidad de las portadas periodísticas. 

El cambio en la presidencia de Telefónica ha puesto en alerta al frente mediático opuesto al Ejecutivo: el caudillo Sánchez busca otro hombre de paja para culminar su conquista de las instituciones. En esta ocasión, como han afirmado en el PP, el presidente ha penetrado en el sector privado, más allá de Indra y de la influencia sobre el Grupo Prisa. El Ibex-35 está ya casi en manos del dictador comunista. Todos al suelo. 

Pero, más allá de este clima político y periodístico, que ya es común y estable entre convocatorias electorales, hay algunos detalles reveladores.  

La derecha ha puesto el grito en el cielo y tiene razón: es probable que el nombramiento del directivo Marc Murtra, el expresidente de Indra que ha sido apoyado por el Estado, por un fondo saudí, STC, y por Criteria Caixa, brazo industrial de CaixaBank, suponga la ruptura de un statu quo que cumple casi treinta años.  

Se trata de una hegemonía conservadora que va más allá de los altos cuerpos burocráticos, de las élites judiciales y de las financieras. De su connivencia con los altos mandos de la Policía y con los jerarcas de la Iglesia. Es la dirección de las grandes empresas estratégicas, que en el pasado fueron mayoritariamente públicas o de participación estatal, y que han estado hasta ahora controladas por empresarios cercanos al Partido Popular o por independientes de derechas.

Este dominio ideológico, tradicional entre la clase capitalista, se intensificó en 1996, cuando el presidente José María Aznar nombró número uno de Telefónica al financiero Juan Villalonga, uno de sus compañeros en el colegio El Pilar y hasta entonces colaborador de la Fundación FAES. 

Como ha narrado el periodista Jesús Mota en ‘La gran expropiación. Las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP’ (Temas de Hoy), esta decisión alteró el consejo de Administración de una empresa que estaba todavía participada por el Estado. En su consejo se quedaron directivos recomendados por el poder político que sobrevivieron a la venta total de la compañía. Fue, en realidad, la privatización de una red clientelar que siguió en manos de los delegados del PP.  

El cese de Villalonga, que tuvo lugar en 2000 en medio de resultados financieros más que favorables, puede atribuirse a su excesiva vocación de empresario independiente. Los intentos de Aznar por montar un grupo mediático conservador y la ofensiva judicial para acabar con la cúpula del grupo Prisa habían fracasado. 

El sucesor de Villalonga, César Alierta, financiero y expresidente de Tabacalera, trajo la estabilidad a la multinacional bajo un mandato sin estridencias pero con una sintonía latente con el poder conservador. Esta queda reflejada en su dirección del Consejo Empresarial para la Competitividad, un grupo de presión que reunía a las mayores empresas del Ibex-35 y que contribuyó a que el entonces candidato a la presidencia Pedro Sánchez no pudiera sustituir al primer ministro Mariano Rajoy.  

En 2005, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero intentó influir en la cabeza de las grandes empresas, pero quedó derrotado. El BBVA, presidido por Francisco González –colocado en la antigua banca pública Argentaria por Aznar y por su ministro de Economía, Rodrigo Rato–, rechazó la penetración de la constructora Sacyr, lo que hubiera forzado una sustitución en la presidencia. Alierta, consciente de estos movimientos, reclutó para Telefónica a un alto cargo del gobierno, Javier de Paz, cercano a Zapatero.  

Alierta cedió el testigo en 2016 a José María Álvarez Pallete, que, próximo a los círculos del Opus Dei, ha priorizado la gestión y ha cultivado buenas relaciones con las distintas fuerzas políticas. Pese a todo ello, los resultados accionariales no han sido precisamente espectaculares. 

En 2024 se produjo la entrada del Estado con un 10%, en respuesta a la compra que un fondo saudí, STC, había hecho de otro 10% de la teleco. Dicha compra permitía a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombrar un consejero. El elegido fue Carlos Ocaña, colaborador del exministro Miguel Sebastián en la etapa de Rodríguez Zapatero y coautor de artículos de investigación con el presidente Sánchez. 

Ocaña acumula buen currículum: ejercía hasta su nombramiento como adjunto al director general del Real Madrid, y tenía, además, vínculos con el Grupo Prisa, cuyo máximo accionista, el fondo de inversión Amber, también está presente en Indra, donde el exministro Miguel Sebastián figura como consejero designado por la SEPI. 

A Murtra, nuevo presidente de Telefónica, se le vincula al Partido Socialista catalán, con el que colaboró en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, así como en el Ministerio de Industria presidido por Joan Clos, exalcalde de la ciudad condal; y a Javier De Paz, no sin razón, se le vincula, con el PSOE, cuyas Juventudes Socialistas presidió en los años ochenta.  

El totalitarismo que algunas voces ahora denuncian refleja, en realidad, la posible pérdida de un privilegio económico y político. Los primeros años 2000, de precios inmobiliarios desorbitados, alocado endeudamiento y crecimiento récord de empleo, presenció la construcción de una red de periódicos digitales de signo liberal conservador. El Ibex-35, con Telefónica al frente, figuraba como el principal anunciante.  

Esta red ha persistido, ampliada, hasta hoy. Sus principales portavoces están preocupados y tienen razón. Claman contra el caudillo pero respetan el nombre de una compañía y un presidente que puede alterar decisivamente el mapa de la financiación de los medios privados. 

En un clima de mentira constante, y con una serie de directivas europeas por aplicar en el ámbito de la información, cualquier modificación puede tener consecuencias. En este ámbito, Telefónica tiene un papel protagonista. Solo queda confiar en el buen criterio del nuevo presidente y en que la compañía no rompa esa costumbre tan instalada en España que es no meterse en política. 

Hace tres años que soy profesor de una universidad pública. Podría extenderme en las causas de la crisis que vivimos, en sus posibles soluciones, en la falta de voluntad política, en los sectores cómplices y en lo que puede perderse. Pero querría detenerme por un momento en lo importante, en la esencia: en por qué estamos aquí. 

Si todo terminara esta semana, o esta noche, si esa quiebra técnica con la que algunos sueñan se produjera finalmente, los recuerdos buenos se apilarían encima de los malos hasta que estos hicieran de figurantes. 

Aún puedo recuperar mi primer día, cuando llegué al trabajo tan temprano que era tarde aún, y cuando a mi atuendo de principiante añadí un porrazo con una puerta de cristal de la entrada. No nos habían presentado, y, ahora que nos conocemos más, la veo algo agobiada: a veces, cuando la lluvia la golpea, se imagina que da a una gran sala de juego, uno de esos locales que son expertos en alienar a la juventud y a los que peinan más canas. Estos días no me he visto atinado para tranquilizarla y solo he acertado a invitarla a dormir a mi casa para que evite esas pesadillas. 

Madrugar con la tensión docente en piernas, agallas y párpados, impartir clases a unas aulas a veces legañosas e insistir a señores desconocidos en que mis investigaciones merecen ser publicadas puede resultar algo cargante. Una fuente de frustración financiada por una nómina más que modesta.

Nada de esto quita que estudiar, escribir y establecer diálogo con otros investigadores haya sido una de las actividades más emocionantes de mi vida. Que en esas clases pobladas por estudiantes a la vez golfos e inocentes haya recibido las mejores sesiones de formación. Que mucho de esto o todo ello no pueda valorarse monetariamente es, quizá, una excelente señal. Quizá sea en el acto comunicativo, con ese deseo de comulgar con los demás, donde resida uno de los más hondos sentidos de la vida, y donde el ser humano tenga más futuro aun en estos aciagos tiempos. 

Ahora que todo se vuelve más difícil, es más sencillo que nunca caer en el hartazgo y en la apatía. Ahora que las sombras planean sobre los campus y que el miedo nos abraza, se hace necesaria una respuesta. 

No cambiaría por nada lo que tengo. Ya que otros quieren hacerlo por mí, me gustaría pensar que, al menos, lo van a tener difícil. Que somos muchos los que hemos tropezado con las primeras puertas y que con el paso de los años hemos adquirido un buen entrenamiento. Y que nos esforzaremos por impedir que por esas entradas se cuele la no tan invisible mano de la especulación y la mediocridad política. Nunca tanto dependió de tantos; nunca como ahora dependemos de nosotros. No dejemos que la maten. 

En un aula cerrada a cal y canto, un profesor ha decidido impartir su clase de una manera especial. Con el objeto de criticar la intervención estatal sobre la economía, el catedrático levanta una auténtica nube de billetes de curso legal que queda esparcida por la clase. Se trata del ‘helicóptero monetario’: una lluvia de dinero que, según algunos exponentes del anarcoliberalismo, el Estado promueve cada vez que el crecimiento se resfría. Una solución pública que, para este experto, mantiene crónicamente enfermo al Occidente cristiano. 

Al término de la sesión, el docente recoge hasta el último billete. Las puertas pueden ya abrirse. El alumnado, que probablemente albergue una amplia diversidad ideológica y de creencias, habrá quedado impactado. El Estado desbarata la naturaleza del intercambio económico; la inflación viene necesariamente de la impresión de billetes; dejar hacer al mercado es, además de lo moderno y avanzado, lo más moral; y el dinero está en nuestros bolsillos mejor que en ningún otro lugar. 

Como en el punk rock, la fórmula dominante en esta sociedad del espectáculo, la seducción y la prisa es la de tres acordes como mucho y la verdad. Una imagen resultona habla mejor que muchas subordinadas seguidas. La evidencia que los ciudadanos tienen de la economía dura minutos o segundos de aprendizaje. Y lo gráfico resiste todo tipo de revisión posterior.  

Este profesor no es una raya en el agua, sino más bien un síntoma. Se llama Jesús Huerta de Soto y lleva 45 años en ejercicio. Su cátedra, en la Universidad pública Rey Juan Carlos, se ha convertido en un lugar de notable influencia. Mientras los investigadores en Economía y otras ciencias sociales publican artículos que figuran en revistas de máximo nivel pero apenas circulación, docentes como el mencionado multiplican su mensaje por treinta, cuarenta o cincuenta oyentes al día. Sus vídeos en Youtube, además, son de amplia circulación, y han inspirado a dirigentes políticos como el presidente argentino Javier Milei.   

Huerta de Soto preside España Sociedad Anónima, una aseguradora fundada por su abuelo en 1928. Puede llegar a fin de mes sin sus lecciones magistrales en la Universidad pública, pero su labor docente se acerca ya a casi medio siglo, y se extiende también a las de producción científica y editorial. Una misión a la que se han ido incorporando numerosos discípulos. 

Uno de estos es Juan Ramón Rallo, doctorando de Huerta de Soto y conocido experto y tertuliano. Con cientos de miles de seguidores, Rallo ejerce sus actividades de docencia en distintas universidades privadas, como el centro OMMA, la Universidad de las Hespérides y el IE Business School. 

Otro es Gabriel Calzada, que defendió su tesis doctoral bajo la misma dirección. Tanto Rallo como Calzada son extremadamente educados en el trato y eruditos en su ámbito de especialización. 

Calzada y Rallo impartieron clases también en la pública Rey Juan Carlos, que ofrece un máster en Economía de la Escuela Austríaca, la tendencia a la que estos y su maestro, Huerta de Soto, pertenecen. La familia de Calzada diversifica sus negocios entre distintos sectores de la economía canaria; uno de estos es la citada universidad de las Hespérides, centro privado de reciente creación en el que el pensamiento ultraliberal ocupa un lugar prioritario. 

De estos y otros promotores nació el Instituto Juan de Mariana en 2005, un centro de pensamiento y divulgación anarcocapitalista que ha dado un nuevo enfoque a las doctrinas liberales de autores como Adam Smith o David Ricardo. Su presentación en sociedad se celebró precisamente en la Universidad Rey Juan Carlos. En ella se realizaron duras críticas a los sectores que denuncian el cambio climático, los “calentólogos”, en la jerga que el instituto empleaba. Dicha presentación contó con Esperanza Aguirre, entonces presidenta autonómica.

El primer inspirador político de Aguirre, Pedro Schwartz, catedrático de Economía, dirigió la tesis de Huerta de Soto. Aguirre ha contado con representantes de este enfoque económico para sus gobiernos, como también lo ha hecho su sucesora Isabel Díaz Ayuso. Uno de estos es Javier Fernández Lasquetty, que fue consejero de Inmigración y Cooperación y de Sanidad con Aguirre e Ignacio González, y de Economía, Hacienda y Empleo con la presidenta autonómica actual. 

En 2014, Lasquetty se encontraba agotado: la justicia había detenido el proceso de externalización de los hospitales de Madrid y el entonces máximo responsable de la Sanidad dimitió. “Ser liberal en España es llorar”, afirmaba unos meses después en el portal Libertad Digital, periódico dirigido por Federico Jiménez Losantos que alberga desde su fundación a distintos creadores de opinión de la escuela austríaca. 

Una vez abandonado el Gobierno regional en 2014, Lasquetty pasó a ser vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde Gabriel Calzada estaba a cargo del rectorado. La Francisco Marroquín otorgaría el Doctorado Honoris Causa en 2006 al expresidente José María Aznar y en 2009 a Jesús Huerta de Soto. Lasquetty, desde que dejó su puesto en el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se ha incorporado al consejo de diversas empresas privadas y a la mencionada Universidad de las Hespérides. 

Lo que se describe con los perfiles aquí mostrados es una red social que se extiende a distintos centros de pensamiento y estudio, instituciones públicas y privadas clave. El periodista Antonio M. Vélez ha profundizado recientemente sobre estas conexiones, que están haciendo emerger un verdadero establishment anarcocapitalista y que alberga fundaciones y think tanks, universidades privadas presenciales y online que surgen en medio de un boom con permiso autonómico, así como administraciones regionales y partidos políticos. 

Los propios defensores de esta tendencia ideológica han reconocido estar sobrerrepresentados, pero también que su función es importante, pues supone establecer un contrapeso ideológico a las tentaciones izquierdistas. Pero, con la victoria electoral de Javier Milei en Argentina, estos podrían dar un paso adelante que dejaría la revolución thatcherista como una anécdota. Si poderes internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional terminan transigiendo con las decisiones de Milei, la influencia anarcoliberal se hará más trasversal aún. 

La relevancia de este fenómeno se manifiesta ya en su influencia en políticos de tendencias moderadas. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, apoyó públicamente la candidatura de Milei en las pasadas elecciones a la presidencia de la República de Argentina . Cristina Cifuentes contó como expresidenta madrileña con la asesoría financiera de Daniel Lacalle, próximo si no miembro del Instituto Juan de Mariana. La Comunidad de Madrid alberga en distintos organismos autónomos y en su propio gobierno a antiguos colaboradores del mencionado instituto de pensamiento. El propio Luis Pérez, ‘Alvise’, en un primer momento militante de UPyD y jefe de gabinete de Toni Cantó –en su fase como diputado de Ciudadanos– en el Parlamento valenciano, se ha definido en numerosas ocasiones como simpatizante de esta tendencia ideológica.  

En estos tiempos de radical incertidumbre, las creencias y las supersticiones van camino de ser la nueva fe. Las soluciones extremistas, como la de Milei en Argentina, han supuesto una esperanza para muchos. Las ideas para que este y otros visionarios del futuro ganen audiencia llevan muchas décadas gestándose. La derecha ha dominado, hasta el momento, el lenguaje de la metáfora económica; y el anarcocapitalismo, su versión extrema, no le va a la zaga. Las izquierdas, frecuentemente enfangadas en la lucha por los matices, deberían prestar más atención a estas lecciones. 

No se dejen engañar: en el entreverado debate actual todo se mezcla sin contar con el espectador. Una cosa es la pretendida autonomía, o la independencia funcional, del Banco de España, y otra, su tendencia a adoptar decisiones y a emitir recomendaciones de política económica. A hacer política, en definitiva. 

Todas las instituciones de una sociedad tienen ideología. Y las que niegan su verdadera naturaleza son las que con más ahínco militan en ella. 

A finales de los años setenta, España atravesó una crisis que amenazaba con obstaculizar decisivamente la transición a la democracia. El Banco de España fue clave para frenar una epidemia financiera que se llevó a más de cincuenta bancos. 

Pero el resultado no fue neutro: la oligarquía financiera, el club de los siete grandes bancos españoles, absorbió buena parte de las oficinas de las entidades quebradas o en apuros, y la puesta en marcha de nuevas instituciones, como el Fondo de Garantía de Depósitos o la Corporación Bancaria, incrementó la solvencia general, pero a cambio de cerrar el debate sobre las nacionalizaciones, un tema que figuraba en el programa de la mayoría de los partidos de izquierdas. El Banco de España emergió entonces como un actor clave, como un prestigioso y casi incuestionable juez de la política económica en España. 

En los años ochenta el todavía banco emisor practicó una política de elevadísimos tipos de interés que perseguían mantener el valor de la moneda, la peseta, y luchar contra la inflación, mayoritariamente importada de la crisis del petróleo. El resultado tampoco fue imparcial, y, pese a que la inflación se frenó a tasas relativamente soportables, se normalizó un nivel de paro que llegó a superar el 20%. 

Por entonces, las posiciones ideológicas de los mandatarios del banco eran bastante explícitas: lo primero, la inflación, y lo segundo, el desempleo. El mercado laboral debía flexibilizarse, y los salarios, moderarse. Los gobiernos de Felipe González se enfrentaron a los sindicatos y complementaron desde sus ministerios las enseñanzas y directrices del banco central español, que a principios de los noventa se vio privado de su gobernador más decidido y carismático, el malogrado Mariano Rubio Jiménez. 

A finales de 1994 era intervenido de urgencia el Banco Español de Crédito, Banesto. El regulador adjudicó dicho banco al Santander, presidido por Emilio Botín, que se convertiría en el gran patrón de la banca española. Mario Conde, expresidente de Banesto, y tercera vía al bipartidismo en los años noventa, comenzó entonces su hundimiento carcelario. 

Otro gigante financiero, el BBVA, terminó su unificación en 1999, y en el 2000 presenció la definitiva toma de poder de Francisco González, designado por el PP para colonizar la banca pública (Argentaria) y privada (BBV). El Banco de España estaba por entonces dirigido por el técnico comercial y bróker financiero Jaime Caruana -procedente de Renta 4-, que, desde 1996 a 1999, había sido director general del Tesoro y Política Financiera bajo el mando del ministro económico Rodrigo Rato. 

Una denuncia contra los consejeros del antiguo BBV, algunos de estos relativamente cercanos al Partido Nacionalista Vasco y al PSOE, puso en marcha una investigación por parte del banco central y terminó con la renuncia de la vieja guardia en el consejo del BBVA. Jaime Caruana, que procedía del mismo ámbito profesional que Francisco González, el presidente de la entidad, forma parte actualmente del consejo de administración del banco. 

El nombramiento, en 2006, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, como gobernador del Banco de España, levantó las críticas del Partido Popular, al ser un significado miembro de la rama liberal del PSOE y provenir de la secretaría de Estado de Hacienda. MAFO, que conocía la existencia y los riesgos de la burbuja inmobiliaria, hizo mutis oficial y exigió posteriormente que el mercado laboral español absorbiera los detritus de la descomunal crisis organizada.  

Todos estos breves relatos y otros de los muchos que la entidad que da a la Plaza de Cibeles acumula nos sirven para confirmar lo afirmado inicialmente. Que la política existe y está en todas partes. Que los bancos centrales puedan hacer de contrapeso a unos gobiernos demasiado orientados al corto plazo no los convierte en entes políticamente ciegos y científicos. La política económica, la regulación e incluso el análisis de las variables más importantes tratan de ofrecer respuestas a interrogantes. Pero tanto la forma de plantear estos como la decisión de no hacer determinadas preguntas vienen influidos por ideologías, por valores, principios e incluso normas institucionalizadas. 

El nombramiento del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, ha sido visto por el PP como el enésimo paso colonizador de las instituciones por parte del PSOE. El tiempo demostrará si Escrivá –que proviene del BBVA y que ya formó parte de un gobierno del PP–, es un delegado del primer mandatario de La Moncloa, o el invidente juez de la política económica en España. 

Pero tanto la entidad de Cibeles como la de Sonnemannstrasse, en Frankfurt seguirán siendo catedrales políticas. En esta última reside el Banco Central Europeo, el banco de bancos de la Zona Euro, y el que determina en primera instancia la política monetaria. El que, desde 2012, mantiene viva nuestra economía al garantizar la solvencia de la deuda pública nacional. Una elección puramente política, y una decisión que se ha convertido en uno de los pilares de la Eurozona en estos nuevos tiempos de inestabilidad. La despolitización no es más que una politización en traje de gala, una ideología sin sonido. Quitémosle el volumen o nos dejará sordos.  

Hay muchas películas que reciben subvenciones. Su rendimiento económico y social es difícil de cuantificar. Máxime cuando la cultural es una dimensión acumulativa, compleja, paradójica. Como afirmaba Rafael Chirbes en su novela ‘En la orilla’, el ser humano es ineficiente: fallece cuando ha alcanzado su mayor sabiduría. La vida no puede medirse por ecuaciones. 

Algunos parecen muy preocupados porque desde lo público se transfiera dinero para hacer películas “malas”. Peor idea, en cualquier caso, es que el Estado done dinero a la banca. Las ayudas a las grandes corporaciones financieras son frecuentes pero indirectas y poco conocidas. No hay ‘tiktokers’ que en un vídeo de 38 segundos las expliquen. Ocurre de manera distinta con la polémica en torno a los Premios Goya, un territorio propio de la izquierda cultural que este año se ha cobrado los ataques de los nostálgicos de los filmes de José Luis Sainz de Heredia.

Los grandes bancos españoles han batido récords de beneficios este 2023. La coyuntura de la lucha contra la inflación ha favorecido estrategias financieras enormemente lucrativas. La subida de los tipos de interés, impulsada por el Banco Central Europeo para generar un vacío productivo que contuviera la inflación, ha disparado los beneficios bancarios: las entidades han prestado cada vez más caro a las familias y las empresas, pero han mantenido la remuneración de los depósitos de los ciudadanos a tasas similares al periodo previo a la crisis inflacionaria. La crecida ha sido imparable.

Pero, además, la gran banca ha colocado sus fondos excedentarios, aquello que no presta por falta de demanda o por el ahogamiento de esta, en una cuenta del Banco de España, el banco de bancos. Por ello se les retribuye un 4%. El economista y diputado de Sumar Carlos Martín Urriza ha estimado que los beneficios bancarios como consecuencia de esta medida alcanzaron los 7.800 millones de euros durante el año pasado. Otros economistas, como Jorge Pérez y Carlos Arenillas, han calculado que el rendimiento de dejar el dinero bajo este colchón estatal constituye para las grandes entidades la mitad de sus beneficios del año pasado.

Hay diversas razones para que se les haya concedido este obsequio. En primer lugar, la influencia de las finanzas, que son globales, sobre unos Estados circunscritos a un territorio. La compra de la deuda pública permite a los bancos -y también a los fondos de inversión- conservar una posición acreedora que ofrece ventajas: los grandes deudores deben exhibir un buen comportamiento regulatorio.

En segundo lugar, la persistencia de los análisis de determinado sesgo sobre la inflación refuerza el poder de la finanza privada. Buena parte del fenómeno inflacionario se debe al encarecimiento de materias primas que proviene del cambio climático, de la inestabilidad de la globalización, de las guerras y de los problemas geopolíticos. No obstante, y con un enorme afán por no perder el protagonismo adquirido desde los años setenta, los bancos centrales siguen encontrando la solución a los problemas inflacionarios en el encarecimiento de la oferta monetaria, es decir, en que el crédito sea cada vez más caro.

La subvención del 4% a los depósitos de la banca encuentra su justificación en que los bancos retirarán así dinero de la economía real para ponerlo debajo del colchón del Banco de España. Con ello se ejercerá una presión a la baja sobre la inflación y sobre las expectativas de su evolución futura: habrá menos dinero circulando. Los canales monetarios se han convertido en una cámara parlamentaria adicional que decide sobre la evolución de nuestra economía. Una consecuencia inmediata es que la gran banca sale especialmente beneficiada. El concurso de los Estados es más que manifiesto. No es raro que dicha gran banca reclute para sus consejos a buena parte de los altos cargos que han impulsado este tipo de medidas. 

Guardar el dinero bajo el colchón público no rinde ningún beneficio social, pero sí refuerza la red clientelar corporativa entre unos Estados políticamente anémicos y unas instituciones financieras que constituyen el verdadero poder internacionalista. Se trata de una transferencia sin retorno ni rendición de cuentas.  

Apenas hay testigos conscientes del silencioso incremento de la desigualdad y de la explotación cotidiana de las familias y de los emprendedores. Una superproducción de terror y humor macabro que no se exhibe en las salas. Probablemente influya en todo ello que la mayoría de los medios acusen los rigores de la publicidad institucional y de los amos de esta. Los ganadores y los perdedores de los Goya no tienen esa capacidad de influencia. La alienación ciudadana, derivada de la censura invisible del mercado, mantendrá la figura del cineasta como la del untado mayor del Reino. Gajes de un oficio aficionado al romanticismo y que no es capaz de crear el dinero de la nada, sino de la taquilla real o digital.

Una inflación de términos abstractos emborrona el debate. Puertas giratorias, lobbies, grupos de presión, intereses creados, nepotismo, conflictos de intereses... El sistema está corrupto, nuestro capitalismo obtura las venas del desarrollo y condiciona cualquier avance para secuestrar sus beneficios. Es preciso ir más allá de la denuncia categórica. 

El nuevo libro del periodista Carlos Sánchez, ‘Capitalismo de amiguetes. Cómo las élites han manipulado el poder político’ (Editorial Harper Collins) –un ensayo de fácil y sugerente lectura con el que el autor cierra una trilogía de trabajos sobre la clase dominante en España–, ofrece un documentado relato sobre las causas y consecuencias del atraso económico español. Se trata de una interesante contribución a un debate mantenido muchas veces en tonos de blanco y negro. 

Partiendo de la Restauración, se analizan medidas como el fracasado intento de reforma fiscal de Santiago Alba, en 1916, o la creación, impulsada en 1921 por el ministro de Hacienda Francesc Cambó, del Consejo Superior Bancario, un organismo de regulación controlado por la banca privada que sobreviviría hasta 1994. 

La mayoría de las reformas, lejos de beneficiar a la población, estaban diseñadas a favor de unas élites bancarias, agrarias e industriales que habían hecho de sus lazos con el poder madrileño la base para acumular una inexpugnable riqueza. La monarquía hizo de la aristocratización de los grandes empresarios –con cientos de títulos nobiliarios concedidos– una manera de difuminar la distancia entre el Estado y la gran empresa. El resultado fue un matrimonio institucional y corporativo que entronizó el proteccionismo como motor central de la economía. 

Una de las principales razones que el autor de ‘Capitalismo de amiguetes’ expone para explicar la persistencia de esta red de poder es la histórica debilidad del Estado español. Dicho Estado, en constante déficit fiscal para financiar la expansión militar que todo imperio exige, dependía estructuralmente de las finanzas internacionales, que se cobraron su parte en intereses y en inversiones privilegiadas en el territorio patrio. La deuda pública implicaba, por tanto, una doble factura que nuestros gobernantes prefirieron no observar atentamente. 

Pero dicha debilidad tiene una dimensión también territorial: la influencia sobre la legislación estatal de diversos grupos de interés como los latifundistas andaluces y mesetarios, los industriales siderúrgicos vascos y los textiles catalanes. Esta concentración y acumulación de redes clientelares impidió la promoción de un desarrollo vigoroso a largo plazo, corrompió incondicionalmente la política y encadenó el desarrollo nacional a la protección permanente de determinadas ramas de la industria.  

El franquismo empeoraría algunos de estos rasgos en un contexto de miseria y estancada reconstrucción. La autarquía puede verse desde esta perspectiva como un agravamiento de la política proteccionista, o como un esfuerzo antieconómico por mantener una tupida red clientelar que había participado en la victoria de 1939. La carencia de entradas de capital internacional debida al embargo político y a la regulación del primer franquismo se materializó en una expansión de la empresa pública (con el surgimiento del Instituto Nacional de Industria) y en una mayor dependencia de los oligopolios privados -dirigidos por las grandes burguesías y aristocracias del pasado y todavía presente. La propuesta de reforma fiscal del modernizador ministro José Larraz, que trató en los primeros cuarenta de implantar un impuesto progresivo, sería rechazada. El economista Ramón Tamames ha ironizado sobre la respuesta ofrecida a aquel razonable intento: los vencedores no podían verse sometidos a la misma tributación que los vencidos.  

Solo el plan de estabilización, anunciado en 1959, supondría el inicio de un verdadero despegue, en un periodo en el que España se veía rodeada de un crecimiento económico continental que no podía desaprovecharse. Pero dicho despegue se produciría con una creciente intervención y control de unas autoridades franquistas celosas de poder. Los posteriores planes de desarrollo, importantes en algunos casos para impulsar la industrialización, fueron mayoritariamente empleados como herramienta de legitimación de un régimen que, terminada la guerra y el ejercicio del terror, buscaba incrementar la renta per cápita como herramienta de control social. La tendencia a premiar a determinados grupos que en realidad actuaban como buscadores de rentas segó la competitividad de nuestra economía; un hecho que pocas veces se ha expuesto como posible causa de que la crisis de los setenta llevara a España a su muerte industrial.  

El autor plantea que la transición democrática y la integración en la Unión Europea han cambiado sustantivamente nuestro país. Pero recuerda que los episodios de captura institucional continuarán. Uno de estos recupera al expresidente de Gas Natural Pere Durán como su protagonista. Se trata de una de las privatizaciones menos conocidas: la ventajosa venta de Enagás, empresa estatal encargada del almacenamiento y transporte del gas natural, a la entidad del mismo nombre durante el penúltimo gobierno felipista. La Caixa, entonces caja de ahorros y ahora una potente corporación financiera, se mantuvo con una fuerte influencia en todo el proceso. Las mismas élites territoriales con distinto nombre y similares características. 

En un contexto en el que la Unión Europea juega con el poco preciso término de ‘autonomía estratégica’, España sigue necesitando un Estado moderno capaz de acumular ingresos fiscales e incrementar la eficiencia de sus gastos. Una red de instituciones abiertas capaz de aplicar criterios sociales a las inversiones que tiene en empresas como Indra (27,99%) o Telefónica (pronto, del 10%). Y que no olvide que la participación pública en las empresas debe reforzarse con el nombramiento de consejeros técnicos independientes a los partidos, pero también a las oligarquías privadas.  

Esperemos que el presente gabinete gubernamental, que mantiene un cierto equilibrio entre los economistas ortodoxos, la influencia de las autonomías con más riqueza y los partidos a la izquierda del PSOE, mantenga su posición en Caixabank (del 17,3%) y que preste la atención necesaria a la inminente entrada del fondo de inversión de Blackrock en la eléctrica Naturgy (20%). Los lobbies influyen, pero la democracia debería también hacerlo. Un Estado no es solo un instrumento de legitimación de élites, sino una palanca legal para que una población formada contribuya a hacer país. Del letargo económico se sale, pero hace falta, primero, una convencida renuncia al capitalismo de amiguetes. 

El apretón presupuestario, con el retorno al cumplimiento de las reglas fiscales europeas, ha marcado el relevo ministerial en Economía. El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, es técnico comercial y economista del Estado, teco en la jerga administrativa española. Como Nadia Calviño, Román Escolano, Luis de Guindos o el recientemente fallecido Pedro Solbes. Todos ellos aprobaron una dificilísima oposición que abre las puertas a la Administración, a las empresas privadas y a puestos clave en la Unión Europea. 

Precisamente en la Comisión fue donde Carlos Cuerpo comenzó a bregarse. Era 2011, cuando las normas de austeridad fiscal y los rescates financieros exigían a los Estados una reducción de gastos que agravó la recesión. Cuerpo trabajó con el gobierno conservador de Rajoy en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef. Allí ejerció de director de análisis macroeconómico con José Luis Escrivá como máximo responsable. Escrivá ejercerá a partir de ahora como ministro de Transformación Digital y Función Pública; Cuerpo, como titular de Economía y presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La tecnocracia suele circular hacia arriba cuando no viaja al sector privado. 

Quizá el mayor mérito del nuevo ministro sea el de representar la continuidad en una cartera que ejerce de faro y enlace con el poder supranacional. Las posibilidades de su perfil han quedado acrecentadas por dos factores: el primero, por el supuesto rechazo de otros candidatos como los exsecretarios de Estado José Manuel Campa y David Vegara, que sirven actualmente en el sector bancario y que no son altos funcionarios; y segundo, por el papel del ahora titular económico como negociador de las nuevas reglas de déficit y deuda pública. Cuerpo cesa precisamente como secretario general del Tesoro, donde ejercía como responsable de la gestión de la deuda pública estatal. 

Las reglas fiscales obligan al Estado español a respetar una serie de límites de déficit público y de endeudamiento con respecto al PIB, en particular, a no superar el 3% de déficit y el 60% de deuda. Pese a la flexibilidad que ha logrado otorgarse a estos criterios tras las últimas negociaciones, la presión alemana ha logrado mantener las cifras del pacto de estabilidad y crecimiento, establecido tras el Tratado de Maastricht. Unos criterios que deberían ser siempre medios y nunca fines para que Europa y sus países miembros pudieran incrementar su productividad y resiliencia en un contexto de incertidumbre radical. 

En dicho contexto, el impulso de inversiones ambiciosas, de fórmulas más imaginativas de financiación, como la deuda mutualizada, e incluso, de una reflexión sobre la naturaleza del dinero y de la deuda pública podrían contribuir a hacer del supranacional un ente con más capacidad de supervivencia en el mundo a medio y largo plazo. 

Cuerpo representa, en definitiva, la continuidad entre los burócratas que toman algunas de las decisiones que más nos afectan. No obstante, algunas cosas han cambiado entre los tecos durante estos años. Entre estas, el papel del Banco Central Europeo desde 2012, la nueva orientación de la Comisión, una generación de economistas capaces de ver más problemas que la inflación en España y, por supuesto, el contrapeso de los ministros del gasto, y en especial, de los de Sumar, cuya voz debe seguir oyéndose también en esta área. 

Gobernar en coalición es caminar entre equilibrios políticos, ideológicos, corporativos y electorales. Este Ejecutivo continuará en un continuo diálogo entre democracia y tecnocracia: el tiempo dirá si el nuevo ministro se acerca más al recientemente fallecido Jacques Delors que al también finado Wolfgang Schäuble. Dos exministros de Hacienda y, al mismo tiempo, dos formas muy distintas de concebir la economía nacional y la europea. De nuestros actores políticos, sindicales, burocráticos y corporativos depende todo ello. 

En los años noventa, las privatizaciones estaban de moda. Parecían el camino más corto para llegar a la Nueva Economía, el santo grial de la eficiencia empresarial y tecnológica. Los políticos laboristas y demócratas anglosajones avalaron el sentido común consolidado en los ochenta por los conservadores, y casi todos los Estados comenzaron a venderse en unos modernizados mercados financieros que prometían aislar el capitalismo global del riesgo. 

España, pese a carecer de un gran parque empresarial público, hizo sus deberes con prontitud. En un entorno de altos tipos de interés que desanimaban la inversión industrial y de estrechos objetivos presupuestarios, los gobiernos comenzaron a colocar paquetes de acciones. Muchas de estas empresas habían recibido previamente ayudas, subvenciones, créditos y facilidades fiscales para consolidarse. Se produjeron pocas protestas sindicales y escasas críticas ciudadanas: la modernidad apretaba.  

Mientras que, entre 1985 y 1996, el PSOE se deshizo de participaciones empresariales para reducir el déficit y la deuda pública, el PP aprovechó su triunfo de 1996 –y su pacto con la precuela de Junts y con el Partido Nacionalista Vasco– para poner en marcha un programa radical. Como ha afirmado con acierto Joaquín Estefanía, dicho programa ya había sido explicitado en distintos documentos electorales, pero también en los trabajos y publicaciones del laboratorio FAES. En esta fundación de los conservadores, de fuerte influjo thatcherista, dirigentes como Rodrigo Rato o Manuel Pizarro –que había vivido de cerca la nacionalización y reprivatización de Rumasa en los años ochenta– habían diseñado un Estado que no tenía ni banca ni empresas.  

Una vez derrotado el PP en las elecciones de 2004, la desaparición de las entidades públicas había dejado un oligopolio privado bajo dirigentes afines o independientes de derechas. La intervención estatal se había convertido en un anatema. Pero Endesa, la antigua Empresa Nacional de Electricidad fundada por el Estado en los años cuarenta, acabó controlada por Enel, empresa italiana de mayoría accionarial pública. El patriotismo económico hacía aguas. 

Tras 2008, distintos fondos de inversión internacionales comenzaron a penetrar en estas entidades, y en general, en todo el Ibex-35. La amenaza de quiebra del Euro puso en marcha en Europa medidas que entonces se consideraron no convencionales y que ahora se dan simplemente por hechas. Dicha crisis, la pandemia y la irrupción de la guerra en el mundo han provocado cambios estratégicos y geopolíticos que nos llevan a acuerdos bien distintos. Por ejemplo, en estos momentos, el Banco Central Europeo es el principal acreedor de la deuda pública española; el Estado puso durante la eclosión de la Covid-19 un fondo de intervención para salvar empresas estratégicas; la aplicación de los ERTE, la aprobación del defectuoso Ingreso Mínimo Vital y la relajación temporal de los límites de déficit y deuda pública impidieron que las marejadas económicas se convirtieran en inundaciones.

En este contexto debe entenderse el reciente anuncio de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria, comenzará a comprar acciones de Telefónica hasta llegar al 10% de su capital. Si consigue su meta, el Estado español se quedará un poco más atrás del francés, del alemán o del italiano en su participación pública. Al hacer esto logrará la cuadratura del círculo, al permitir al Estado saudí –que había pujado hace algunos meses por ser el máximo accionista de la compañía– controlar un 9,9% de la tecnológica; las buenas relaciones comerciales entre los dos reinos y los contratos de armamento pendientes –con el importante papel que para ello tiene la empresa pública Navantia–, parecen haber ejercido influencia sobre esta decisión. 

Si bien el imperativo de la defensa nacional podría haber motivado en parte la compra, la historia nos demuestra que las dinámicas políticas y económicas son difíciles de prever. Si las privatizaciones que comenzaron como una forma de aliviar la deuda del Estado se convirtieron después en virtud y regla, podrían surgir en breve voces para reabrir este debate. Sumar, socia del PSOE en el ejecutivo de coalición, ha celebrado este paso, pero es de esperar que exija otras acciones similares. Otros aliados potenciales han llegado a sugerir la nacionalización completa de la compañía. 

En tiempos de incertidumbre infinita, el Estado regresa para aligerar la dosis ciudadana de riesgo. No se trata de una medida necesariamente progresista, pero podría abrir un nuevo camino. Los cambios más atrevidos son para los comienzos de los mandatos: así se lo dijo el economista y Premio Nobel Milton Friedman a la Dama de hierro a principios de los ochenta. Ahora podría estar sucediendo algo en sentido contrario. Veremos si España, y cómo no, Europa, deciden apostar en serio por la soberanía. Razones no nos faltan.  

La victoria de Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, en la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la República argentina, ofrece un respiro ante los peores augurios. El anarcocapitalista Javier Milei sale, por ahora, derrotado por más de seis puntos. La movilización popular, y también el miedo, podrían conducir a un gobierno de continuidad obligado a hacer reformas para superar el estancamiento y las insoportables tasas de inflación. 

No obstante, dicho horizonte no ha quedado asegurado, y determinadas victorias de populistas conservadores han jugado en estos años con el factor sorpresa. Aun así, que una candidatura como la de Milei –que utiliza un médium para hablar con su perro muerto– vaya a ser determinante durante los próximos años debería mantenernos en alerta.  

En Argentina, después de una dictadura militar, un corralito y cien mil crisis y mandatarios fallidos, existe la tentación social de poner a una caricatura política en la más alta autoridad del Estado. Milei es una de las personificaciones de Joker, el sufriente malvado que Joaquín Phoenix representó en la gran pantalla. Un líder carismático y excéntrico que emerge del dolor, del vacío institucional, de la quiebra familiar y del fracaso de una sociedad ficticia en el caso de Gotham City y real en el de la Argentina.  

Despreciado e ignorado por sus compañeros, Milei ha superado agresiones y todo tipo de desafíos para llegar a estar en condiciones de cambiar la historia de su país. Si en Joker la aclamación del antihéroe se torna en movimiento reaccionario, en el caso de la ultraderecha argentina este sentimiento adquiere connotaciones propias de parodia nacional: la de una sociedad que prefiere arruinar voluntariamente una legislatura antes que cederla a cualquier candidato que pueda volver a decepcionarles.  

Argentina parece librarse temporalmente de un suicidio político que deberíamos, al menos, querer comprender. La democracia parlamentaria, la que permite elegir delegados de manera periódica, incluye como derecho votar a un candidato con independencia de la comprensión de su programa. 

Probablemente por esta razón, Milei se ha convertido en un enorme boquete electoral por el que innumerables papeletas de los votantes argentinos tratan de repetir el 'que se vayan todos', el rechazo popular a la clase política nacional. El cheque en blanco a quien apodaban 'el Loco' amenaza un modo de representación democrática que quizá tenga problemas para volver si el mencionado candidato toma finalmente el poder, ahora o dentro de unos años. 

La de Milei, dé la sorpresa ahora o lo haga en un futuro, sería una presidencia marcada por una inflación no solo monetaria: se ha alcanzado tal nivel de saturación mediática, de agresión verbal y de promesa estrafalaria, que un mandato completo exigiría de una extremada agitación política e incluso militar. Los gritos del 'león', que en campaña prometía una motosierra para acabar con todas las partidas sociales del Estado, pugnarían por mantener su ensordecedor volumen frente a los destrozos de sus efectos y las airadas reacciones de los agentes sociales. 

Este cómic hecho realidad permite anticipar un antiguo análisis del economista Karl Polanyi: una liberalización extrema de la economía, una eliminación de la intervención social y, en definitiva, una sacudida a las instituciones de un país sin tener en cuenta los fundamentos de su funcionamiento exigiría a todas luces el empleo de la fuerza, un endurecimiento penal y, en definitiva, el uso más violento del Estado para el cumplimiento de sus objetivos.  

El candado monetario de la dolarización, por último, podría ser otra trampa. Un baluarte esgrimido con escasos matices para convertir, en un plazo de unos treinta años, a la república latinoamericana en los Estados Unidos. No son pocos los estudios que vaticinan una mayor inflación –e incluso una hiperinflación– después del anuncio y la puesta en marcha de esta medida. 

Una bomba que podría servir de acicate para incrementar el autoritarismo estatal y los recortes sociales. Una auténtica involución explosiva en una economía que un día fue próspera y que ocupa un lugar clave en el subcontinente norteamericano. Probablemente por todo ello los argentinos hayan reaccionado, pero esquivar un golpe no significa detener al agresor. La motosierra sigue encendida y la factura continúa pendiente. Pagará el erario, como siempre. 

Si el Gobierno no lo impide, y es poco probable que así sea, la multinacional Telefónica volverá a ser en parte pública. La empresa de telecomunicaciones STC, controlada por el fondo soberano FIP (Fondo de Inversiones Públicas), en manos del Estado de Arabia Saudí y presidido por el mismísimo príncipe Bin Salman, adquirirá cerca de un 10% –un 9.99%–de la entidad española.  

La maniobra lleva tiempo tejiéndose, en un contexto en el que el incremento de los precios del petróleo ha reforzado la riqueza de los petroestados y en el que las transiciones energéticas –con la previsible reducción del consumo de combustibles fósiles– recomiendan a los productores de crudo la diversificación de sus inversiones. Arabia Saudí ha declarado, además, su intención de vender petróleo en otras monedas distintas del dólar, una forma de decir que comerciará en yuanes con China, lo que sería el inicio de la ruptura del modelo monetario unipolar dominado por EEUU. La integración del Estado saudí –en compañía de los Emiratos Árabes Unidos–en la alianza comercial de los BRICS, potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica, representa un escalón más en la erosión de la hegemonía estadounidense y la expansión de modelos políticos explícitamente autoritarios.  

Como después de las crisis de los setenta, los fondos soberanos que beben del petróleo proliferan en el capitalismo occidental. Las formas han cambiado; si en los años ochenta aterrizaron vehículos como el fondo kuwaití KIO, con el financiero Javier de la Rosa como virrey, ahora estos son más discretos: Iberdrola, la inmobiliaria cotizada Colonial, la petrolera Cepsa o la distribuidora gasista Enagás, entre otras grandes empresas, cuentan ya con fondos árabes.  

La operación de entrada de capital saudí ha sorprendido a un Gobierno que sigue en funciones. La teleco STC ha sido auxiliada por bancos de inversión (Morgan Stanley), bufetes de prestigio internacional (Linklaters y Allen & Overy) y abogados del Estado con una amplia experiencia en la regulación de las telecomunicaciones. El Ministerio de Economía se ha afirmado como ha podido en la españolidad de una compañía que es estratégica por la posesión de información sensible y por sus estrechos vínculos con el sector de la Defensa. Un área en la que el gasto público se ha incrementado notablemente –por exigencias estadounidenses a través de la OTAN– y en la que empresas españolas, como la pública Navantia, han logrado recientes exportaciones relevantes, como las ventas de corbetas precisamente a Arabia Saudí. 

Los lazos comerciales entre dos monarquías que han logrado múltiples acuerdos desde la Transición podrían condicionar el desenlace de la operación corporativa que afecta a Telefónica, aunque, como ocurrió con el culebrón accionarial de la eléctrica Endesa, este podría resolverse con variantes inesperadas. La eléctrica, que fuera en su momento la Empresa Nacional de Electricidad –de ahí las siglas de Endesa–, acabó también en manos de una entidad mixta controlada por otro Estado, el italiano. La legislación que regula las entradas de capital en España exige una autorización del Ministerio de Defensa si la participación es relevante y si se pretende colocar a representantes corporativos en el consejo de Administración. La solicitud de dicha autorización, que sí se hizo efectiva hace unos días, permite deducir que los saudíes querrían contar con esta última prerrogativa. 

No quedan claras las consecuencias de esta intención. Gestoras de fondos de inversión como Blackrock, Vanguard, State Street u otro fondo petrolero como el de Noruega –Norges Bank–, no suelen estar presentes en los órganos decisorios de las empresas en las que participan –pues pueden llegar a ser decenas de miles–, y ejercen su influencia invirtiendo o desinvirtiendo en Bolsa cuando lo juzgan apropiado. En el caso de aportar consejeros y si el ejecutivo finalmente lo autoriza, los saudíes tienen varios candidatos. Uno de ellos podría ser José del Valle, uno de los 16 hombres que integran la junta directiva de la teleco STC y que estos días ha llamado la atención por su procedencia española; Del Valle, exdirectivo de Telefónica durante 18 años destinado a la ampliación y comercialización en América Latina, donde coincidió con el actual primer ejecutivo de la compañía, José María Álvarez Pallete, trabaja como responsable de proyectos especiales en la teleco saudí. 

Los análisis periodísticos más o menos especializados nos proveerán de infinitos detalles. Pero a veces puede ser más interesante hablar de aquello que solo se menciona de manera marginal. ¿Podría el Estado español ejercer su soberanía y participar en una de sus empresas más rentables? A ello se refirió hace unos días la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, al sugerir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sucesora institucional del antiguo Instituto Nacional de Industria, se hiciera con una participación de control en la empresa de telecomunicaciones. 

No sería nada precisamente nuevo. Miles de millones de euros públicos han sido invertidos en Telefónica desde su fundación como Compañía Nacional, en 1924, cuando el banquero y marqués Estanislao de Urquijo y Ussía, en alianza con la oligarquía financiera patria y una extraña empresa tecnológica estadounidense, la International Telephone & Telegraph, lanzaran el operador único de telefonía; en sus primeros años, el dictador Miguel Primo de Rivera se sentó en su consejo de Administración; su hijo, el abogado y futuro político José Antonio Primo de Rivera, figuró como asesor jurídico. Desde entonces hasta ahora ha sido más fácil separar al Estado de la iglesia que de Telefónica, cuyos consejos y direcciones han jugado el papel de un cierto bipartidismo empresarial, con exministros, altos cargos, funcionarios en excedencia y familiares diversos. De la nobleza de Estado española a la clase dominante feudal wahabí solo media un paso: será difícil encajar esta nueva internacionalización en un periodo en el que el fútbol y las prohibiciones de regímenes como el saudí han sido objeto de un acalorado debate en España. El cableado de Telefónica no es solo inalámbrico: fundaciones, acciones benéficas, conferencias, derechos del fútbol, programas de ficción y publicidad institucional que difícilmente permitan la necesaria condena de unas violaciones de los derechos humanos institucionalizadas que no parecen pesar tanto en las cuentas de resultados de nuestras apuradas empresas.  

La reunión de Jackson Hole, un encuentro anual a finales de agosto para banqueros, tecnócratas y académicos al que los medios dedican generalmente poco espacio, ha confirmado la tendencia de endurecimiento de la política monetaria: los tipos de interés se mantendrán altos y, de modificarse, continuarán siempre hacia arriba, dada la supuesta resistencia de la inflación en los países que más cuentan. No obstante, todo cambio se implementará “de manera cuidadosa”, como afirmó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un intento por congraciar en su discurso la radicalidad de los halcones con la mayor preocupación con el crecimiento —y, por tanto, con los niveles de empleo— de las palomas, dos escuelas de matices que conviven en los consejos de gobierno de los distintos bancos centrales.

El equilibrio entre estos leones y zorros de la banca central arroja un otoño financieramente frío y seco, que explica parcialmente las cada vez más repetidas previsiones de recesión. No hay que descartar que una crisis moderada sea en parte un objetivo de estas instituciones: para Powell —dirigente del que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), tiende a separarse bien poco—, el empleo parece a veces un obstáculo para alcanzar el santo grial de la estabilidad de precios —un 2% de inflación interanual—; de ahí que a la distancia menguante entre el nivel de paro efectivo y el de pleno empleo se le atribuyan expresiones como la de ‘mercado laboral rígido’. Un cierto nivel de ejército de reserva de desempleados sigue siendo un buen ungüento para la flexibilidad del sistema; en su momento, aquello se denominó ‘tasa de desempleo no aceleradora de la inflación’, y ahora, ‘resistencia del empleo’.

La política monetaria no siempre ha sido la misma; es más, esta se adapta continuamente a las circunstancias y vive en un constante debate. Cambió cuando los bancos centrales comenzaron a imitar la política expansiva japonesa en plena crisis financiera: tipos bajos, compra de activos financieros con riesgo, adquisición de deuda pública de los Estados en el mercado secundario… Pero, pese a estas adaptaciones, la narrativa de la lucha contra la inflación de los años setenta parece haber dejado una marca indeleble. Jerome Powell tiene casi siempre espacio en sus discursos y declaraciones para recordar al expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker, con el que los tipos de interés llegaron al 20% —casi cuatro veces más que en la actualidad—, y con el que el paro alcanzó el 10% en los Estados Unidos.

Por entonces, la inflación quedó vencida, pero el insecticida industrial monetario contribuyó a propulsar un cambio entonces ya en marcha en EEUU y otras naciones: la desindustrialización y la pérdida de resiliencia económica, el desarme de los sindicatos, las crisis de deuda soberana en América Latina, la acelerada transición hacia una desigual economía de los servicios dominada por las finanzas, y el ascenso del dólar como la moneda mundial de reserva y el aval para la expansión del consumo interno en los EEUU. La primera potencia mundial cambiaría un bienestar productivo impulsado por las uniones sindicales y la economía real por uno satisfecho por un consumo y unas importaciones tecnológicas financiadas a crédito. Las burbujas sacaron el Champagne. Donald Trump, que se había aprovechado del auge inmobiliario durante los años ochenta, se haría con el poder político casi cuarenta años después, denunciando precisamente una política desindustrializadora que estaba detrás de su gloria financiera.

Pese a todos los efectos negativos que la política de finales de los años setenta trajo consigo, la doctrina Volcker, la que persigue aguantar con medidas insufribles para preservar la legitimidad de la política monetaria —y con ello, la del Estado y sus elites afines—, sigue representando la esencia en Occidente, y algo más que un reflejo primario cuando los nubarrones se hacen fuertes. Seguir en el tren de los países desarrollados exige vencer a la inflación, y después, y en su caso, tratar de sanar los efectos secundarios de la guerra con pomadas institucionales.

De nada parece servir que los brotes inflacionarios contemporáneos se deban a un mundo que todavía no alcanzamos a entender y menos a modelizar: la guerra tecnológica entre las grandes potencias, y la militar que padecemos en Europa, las crisis de oferta de productos que atraviesan inciertas cadenas de valor, las prácticas especulativas que escapan a todo control institucional, los desafíos de un cambio climático que genera un factor adicional de imprevisibilidad y que multiplica los precios de numerosos recursos…

Subir los tipos para luchar contra la inflación es, en estos momentos, cumplir con el papel del banquero central dominante, más pendiente de castigar el Yuan chino que de atender prioritariamente a la economía real. Su influencia continúa sin control parlamentario alguno en este interludio crítico y rebosante de incertidumbre. La tecnocracia mundial continúa guiando el rumbo de las sociedades más y menos avanzadas con un parche en un ojo y una apertura de miras insuficiente en el otro. El debate democrático, la crítica y la disidencia deberían seguir creciendo en este tipo de instituciones. Muchas veces, las investigaciones disidentes solo necesitan algo de tiempo para acabar siendo de dominio común. Quizá es que la verdad tarda en imponerse; tal vez por el aislamiento de sus portavoces, pero es posible, también, por las enrevesadas carreteras que nos llevan a lugares como Jackson Hole, situado en aquellas Montañas Rocosas de Wyoming donde antaño se resguardaran criminales y otros prófugos de la justicia. Esperemos que este no sea el caso.

Los ritos de la democracia obligan a veces a alterar la forma del poder, y sus contornos pueden resultar a veces engañosos. La derrota moral del PP el pasado 23 de julio ha conducido a un cambio de estrategia en lo que podríamos denominar el sentido común conservador, precisamente el que ha dominado la formulación de políticas públicas en España durante la mayor parte del periodo posterior a 1977. 

Fracasada la campaña descalificatoria contra el presidente, voces influyentes sugieren que el PSOE se abstenga para que gobierne la lista más votada; otras deslizan la necesidad de una heroica rebelión por parte de un grupo de diputados honrados del PSOE; en una forma quizá más acabada, se propone también la formación de un gobierno de gran coalición entre los dos partidos más votados que venga encabezado por una personalidad independiente y de prestigio. 

Esta última opción aparentemente ‘sin ideología’ debe ser analizada profundamente para subrayar algunos de sus significados ocultos. El pacto alberga una música de fondo europeísta y, cómo no, modernizadora. ‘Europa’, un conjunto de instituciones que hemos aprendido que constituyen la cuna de nuestra salvación como democracia, vería bien que conservadores y progresistas remaran juntos, hicieran las reformas que nuestra sociedad requiere y pusieran fin al enfrentamiento perpetuo que mantienen desde que son contendientes electorales.  

En la mencionada dirección política se vienen pronunciando ya desde hace bastante tiempo no solo parte de la derecha política y empresarial, sino también una serie de exministros socialistas de los años ochenta y noventa y alguno que otro del periodo de los dos mil. Muchos de estos participan en más de un consejo de administración de empresas pertenecientes al índice bursátil Ibex-35; otros figuran como asesores de grandes empresas y consultoras; los hay también en alguna organización internacional y, de manera simultánea, en fundaciones de inspiración monárquica constitucional, adeptas a los aniversarios y a los periódicos llamamientos a la unión de los demócratas. 

Algunas investigaciones académicas, como las que suscriben el autor del presente artículo y otros colegas, han descrito cómo los exministros de un partido reclutados por el mundo de las grandes empresas pueden funcionar como correa de transmisión de los intereses privados a través de los contactos que mantienen con la formación política para la que trabajaron anteriormente. Se lleve mejor o peor con la familia, uno siempre suele llamar a casa por Navidad. Y podríamos añadir, siguiendo los trabajos del insigne sociólogo William Domhoff, que buena parte de este interés empresarial se filtra en forma de poder difuso o influencia a través de entidades consideradas de la sociedad civil pero entrelazadas con el sector privado de las grandes corporaciones. En el patronato de estas sociedades culturales, artísticas, benéficas y solidarias puede encontrarse el mapa del gran poder en España.  

Se puede deducir, además, que la convivencia de estos exministros en estas entidades con otros consejeros, empresarios, exmandatarios conservadores y patronos de fundaciones ha podido hacer evolucionar sus puntos de vista hacia esta forma de estatismo de largo alcance. No es extraño que, cuando se abandona la militancia o la dirección de un partido y se produce el paso a una institución con otras normas y valores –y a veces con remuneraciones, compensaciones o incentivos superiores a los del punto de partida–, el proceso de socialización secundaria que este cambio lleva consigo modifique determinadas actitudes y opiniones de los sujetos implicados.  

Pero el Ibex no lo explica todo. Conviene destacar otro tipo de sector dentro del PSOE que, sin la necesidad de afinidad con los consejos de administración, ha apuntado también en la dirección de una gran coalición y, sobre todo, en el rechazo al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Se trata del resultante de lo que podríamos denominar la escisión del 2003, una división política que nació con distintos hechos, como la oposición socialista a la invasión de Irak, el apoyo del expresidente Zapatero al gobierno presidido por Pasqual Maragall en Cataluña, la reforma de los estatutos de autonomía acometida por el ejecutivo de 2004-2008, las disputas entre distintos medios de comunicación de línea editorial progresista o la legislación promovida por la izquierda en relación con la memoria histórica a lo largo de los últimos años. 

Diferencias personales y generacionales han sido expresadas a través de discrepancias ideológicas incluso para retirar el voto a quien sigue siendo el candidato socialista a la presidencia. La gran coalición PP-PSOE podría ser una forma de que este último sector lograra también sus objetivos más o menos legítimos.  

Con sus ventajas y defectos, las grandes coaliciones deben figurar más como alternativas que como panaceas, y, además, ser analizadas como opciones cargadas de connotaciones valorativas. España ha sido varias veces salvada desde que el plan de estabilización económico se aprobara en 1959 como normalización tecnocrática del franquismo; incluso desde que los pactos de La Moncloa, en 1977, evitaran el derrumbe de las finanzas públicas durante las crisis del petróleo. En la crisis del euro, posterior al año 2010, no faltaron llamamientos para un acuerdo en base a un supuesto sentido común. Para todas estas ocasiones, han sido los tecnócratas, aquellos que llegaron al poder cuando aún no se votaba y que siguen siendo necesarios para dirigir la pesada maquinaria burocrática del Estado, los que han tenido casi siempre la última palabra. 

Tenemos fundamentos económicos y políticos de sobra como para experimentar distintas formas de gobierno no tuteladas por tecnocracias aparentemente imparciales y benevolentes. La composición sociológica del país y el deseo expresado en las urnas apuntan precisamente en esta dirección: España es diversa y los riesgos que deben afrontarse están en parte relacionados con lo que los dioses del olimpo técnico nos señalan, pero cabe ir más allá y detectar otro mal de las democracias actuales: la exclusión social, política e informativa como raíz de la involución populista. Pocos llamamientos a la concordia han hecho referencia a este aspecto concreto tan bien estudiado por los sociólogos Norris e Inglehart en ‘Cultural backlash: Trump, Brexit and authoritarian populism’.  

Formar coaliciones es necesario para la política española: la cuestión reside más bien en qué tipo de políticas públicas resultan de este tipo de acuerdos. La mayoría de la población, espectáculo mediático aparte, parece haber aceptado la gestión de la economía en este tumultuoso periodo. Quizá pudiera ser este un asidero temporal para forjar un nuevo consenso, el propio de un país democrático, autónomo y maduro que puede decidir su destino al margen de sus frecuentes errores. La legislatura que pronto comienza es una oportunidad para ello.

El expresidente del Círculo de Empresarios John de Zulueta considera que España es un país económicamente fallido: muchas inversiones se nos escapan a Alemania; el índice Ibex-35 se mantiene lejos del valor alcanzado antes de la crisis financiera de 2008 y tampoco se ha recuperado aún el nivel de producción previo a la pandemia. Debates ideologizados, como el de la memoria histórica, la evolución del independentismo catalán, la pasividad de gobiernos conservadores previos y la actitud anti-empresa del gabinete presidido por Pedro Sánchez explican, para De Zulueta, buena parte de nuestra posición rezagada en un mundo que no va a esperarnos.

De los gobernantes conservadores anhela reformas mucho más ambiciosas. De Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar; de Zapatero solo aprueba la legalización del matrimonio LGTBi; sobre Feijóo, sin embargo, se deshace en algunos elogios, sobre todo por la pasada gestión del gallego como alto cargo técnico en un Ministerio de Sanidad de José María Aznar.  

De Zulueta, como él mismo afirma en ‘España fallida. Cómo el fracaso de las élites nos ha convertido en un país irrelevante’ (La Esfera de los Libros), es un caso poco frecuente entre la élite empresarial, dada la procedencia republicana de su familia: su abuelo, Luis de Zulueta, fue exministro de Estado en la Segunda República; su madre, Carmen de Zulueta, profesora en la Universidad de Nueva York, era sobrina del político socialista Julián Besteiro y también tuvo que vivir exiliada.  

A caballo entre un lobby empresarial a la americana y un think tank promotor de ideas sobre la libre empresa, el Círculo de Empresarios se constituyó en 1977 tras la desintegración de los sindicatos verticales franquistas y en un clima de gran inestabilidad política y económica en el que la agitación sindical ganaba protagonismo. Dirigentes como Enrique Moya, Claudio Boada Villalonga, Santiago Foncillas y el exministro de Industria José María López de Letona, entre otros, colaboraron de distintas formas con los socialistas de Felipe González; algunos de ellos ocuparon, además, posiciones relevantes en empresas públicas y en enclaves como el Instituto Nacional de Industria o el Instituto Nacional de Hidrocarburos, renombrado después como Repsol. El Círculo rompió las ataduras socialistas en los años noventa bajo la presidencia del exdirectivo de Iberia Carlos Espinosa de los Monteros, que simbolizó dicha ruptura con la invitación a España del ministro pinochetista que privatizó las pensiones, José Piñera. 

Todo este cruce de trayectorias y de instituciones ofrece a De Zulueta una perspectiva particular que, no obstante, no dista mucho del consenso entre los prohombres de la gran empresa española. Exejecutivo empresarial en Estados Unidos, Venezuela y España, ha ejercido cargos importantes en empresas como PepsiCo, Schweppes, Bankinter, Línea Directa y Sanitas, entre otras. De los excesos de azúcar en la bebida a los tratamientos de la sanidad privada, suelen decirle en tono de broma. 

De estas posiciones emerge un discurso inevitablemente empresarial, que adopta una perspectiva roma de nuestro país, sin atender a sus particularidades institucionales, políticas, internacionales o culturales; una mirada que sugiere un proyecto de empresa-nación en el que todo cambio ha de ir destinado a fomentar la productividad y la competitividad colectivas.  

Para ello, De Zulueta insiste en algunas de las propuestas más extendidas en su ámbito, principalmente en un gran pacto político para realizar las reformas que España no ha ejecutado en cuatro décadas: una profunda revisión del mercado laboral y del sistema de pensiones, una verdadera reforma educativa, judicial, administrativa y fiscal… El retraso para ejecutar los fondos procedentes del programa europeo NEXT Generation y la fallida iniciativa para potenciar las energías renovables a finales de la década anterior demuestran para este empresario nuestro imparable camino hacia la irrelevancia. 

Pero lo más interesante son quizá las críticas que De Zulueta reserva para el empresariado español. Rechaza el papel de la subvencionada patronal empresarial, CEOE -destacando el caso del empresario condenado Gerardo Díaz Ferrán-, la eterna simbiosis entre las empresas del Ibex-35 y los gobiernos de la democracia, las puertas giratorias entre el sector público y el privado y los mayores casos de colusión institucional, que sitúa especialmente en el sector de la construcción, donde afirma que hasta para colocar un bolardo hay que incentivar al oficial de turno.   

Recuerda un tanto al Charles Wright Mills de ‘La élite del poder’ cuando se refiere a la escasa porosidad de un mundo empresarial que representa como un gran pañuelo: “En esta tupida red de relaciones, los grados de separación son muy pocos. En mi papel como presidente del Círculo de Empresarios, casi podía acceder a cualquier persona con dos grados de separación. (…) Lo que permite que sea un grupo tan reducido el que controla el cotarro económico y empresarial en España es el sistema de oposiciones, que selecciona a un plantel de profesionales de primer nivel mediante exámenes, para ser diplomático, técnico comercial del Estado, abogado del Estado, inspector de Hacienda (como José María Aznar) o registrador de la propiedad (como Mariano Rajoy)”. 

De Zulueta reconoce que solo una pequeña élite puede costear la inversión que supone estudiar unas oposiciones para alto funcionario. La predisposición de los burócratas a dirigir las empresas privadas y la enorme densidad relacional del mundo corporativo, no solo durante esta democracia sino bajo su antecedente institucional más próximo, representan un riesgo para la creación y la innovación empresarial. El expresidente del Círculo de Empresarios no subraya este hecho lo suficiente y prefiere, sin embargo, insistir sobre las cargas administrativas y la falta de incentivos para invertir o emprender, señalando únicamente a la Administración Pública como freno del desarrollo económico español. 

Joseph Schumpeter, uno de los inspiradores de la idea de la destrucción creativa -la generación de riqueza a través de una innovación que terminaría por ahogar a los negocios incapaces de competir-, ya entrevió el estancamiento capitalista por la creciente burocratización de la gran empresa, por el aumento de las desigualdades y por el marchitamiento del papel del emprendedor, que abría paso al administrador de la riqueza. Toda una enfermedad autoinmune del presente sistema que sí precisa de urgentes reformas. De esto se habla bastante menos. Las elecciones y la cruenta batalla entre el bien y el mal con la que van a bombardearnos estas semanas nos mantendrán en la caverna española de Platón. Entretanto, el malestar ciudadano embalsado por los grandes medios de comunicación resuena como un afónico mar de fondo a la espera de un sonoro estallido. 

El timbrazo del ring electoral todavía vibra. El gobierno socialcomunista, con un presidente adicto al poder y un exvicepresidente bolivariano, ha estado a punto de dejarnos con menos libertades que las de una campesina norcoreana. Sánchez e Iglesias habitan un búnker político a la espera de que la revolución de la libertad termine con esta etapa negra. 

Hace falta un poco de perspectiva para prevenir la lipotimia digital. La hipérbole forma parte del valor añadido en la contienda política mediterránea. Los socialistas acosaron en los setenta al presidente Adolfo Suárez, contribuyendo a su dimisión; casi dos décadas después, el felipismo claudicó por un puñado de votos después de que los altavoces mediáticos se conjurasen una y otra vez para magnificar una serie de escándalos de corrupción que el PSOE no alcanzaba a soslayar 

La estrategia de propaganda que nos golpea ahora guarda parecido con la de la mitad de los primeros años 2000: si Pedro Sánchez y su ambición han sido capaces de reavivar a ETA, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a ser su “embajador” en el Parlamento; ZP, o también 'zETAp', “un bobo solemne”, había “traicionado a los muertos”; aquel presidente había facilitado la tramitación de un estatuto autonómico catalán que llevaba el sello de la banda terrorista. La misma que, untada en ácido bórico y con música de la Orquesta Mondragón, habría podido participar o no, al mismo tiempo, en los atentados del 11M. 

De Zapatero –“vete con tu abuelo”, le gritaban en las manifestaciones a cuenta del capitán Rodríguez Lozano, fusilado en 1936-, el peor gobernante español desde Fernando VII, hemos pasado a Pedro Sánchez, un “felón” elegido tras ocupar el Congreso, publicar una tesis doctoral pastiche de trabajos propios y ajenos y, en resumen y en términos castizos, pactar con la anti España. 

Este enfermo de ambición ha vendido nuestro país a los soberanismos periféricos, a los grandes inversores globalistas y a esa oscura coalición que tiene, en definitiva, un plan para vaciar de contenido el Occidente cristiano y hacer de La Tierra un planeta ideológicamente uniforme. El virus Covid-19 representa el eco vírico de los atentados de principios del milenio que exige una respuesta decidida por parte de la ciudadanía, una rebelión cívica como la de aquellos salvajes años previos a la última gran crisis del capitalismo.  

Pero bajo la continuidad de esta corteza discursiva hay notables novedades. Si bien el presidente actual se enfrenta a la latente coalición de casi siempre, representa una curiosa excepción al haber ofendido voluntariamente a nuestra clase empresarial. Sin plantear en realidad un desafío a su tasa de beneficio -el Ibex-35, por ejemplo, sigue igual de estancado que en las fechas del abrazo masónico Iglesias-Sánchez, en noviembre de 2019-, el presidente, por convicción, por estrategia electoral o por ambas razones, ha sido formalmente crítico con algunos protocolos hasta ahora institucionalizados. 

Su puntual negativa a hacer de incondicional embajador de las grandes marcas en el extranjero lo ha convertido en anti empresarial; sus críticas a determinados oligopolios regados tradicionalmente con dinero público amenazan al transparente libre mercado español; sus impuestos a los beneficios extraordinarios en medio de una epidemia inflacionaria, algo razonable y quizá insuficiente, lo han convertido en el enemigo corporativo número uno, en un mal sueño que debe acabar cuanto antes. Todo empresario politizado debería ser generoso para financiar el ajuste de cuentas mediático que está teniendo lugar estos días. 

Esta agotadora confrontación en la que casi todo cabe refleja la pasión electoral española, pero también lo que muchos consideran una debilidad estructural de la élite corporativa: su arraigada costumbre a la socialización de pérdidas y a la privatización de ganancias, una adicción que no puede ser suprimida sin suponer un gran coste económico. 

Haber desnudado burdamente el poder que banca, eléctricas o constructoras detentan en un país que abrazó el crecimiento económico alimentándolas de plusvalías está penado con el escarnio político. Sánchez es peligroso porque su obstinación, desde los inicios de su quijotesca trayectoria, ha servido para destapar vergüenzas como esta. Por eso, su victoria no es en absoluto una opción para determinados intereses.  

La urgencia por que este presidente se marche para siempre refleja, por supuesto, la antipatía de una importante parte de este país, pero también la necesidad de que ciertos poderes no tan ocultos vuelvan a contar con atribuciones estatales que con la cultura política sembrada por el gobierno de coalición podrían verse seriamente cuestionadas. De las urnas emanan formalmente unos líderes elegidos, pero la legitimidad operativa se decide también en otros foros. Qué interesante resultaría para todo observador y analista que lo que tiene necesariamente que pasar no sucediera finalmente el 23J.