Finalmente, el día 25 de junio, por obra y gracia del Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo de EH Bildu, expiró su último aliento el consenso lingüístico en Euskadi. El final estaba escrito. Las dos propuestas de reforma de ley de empleo público, aparentemente distintas, apuntaban a un objetivo común, el corazón del consenso, la eliminación del índice de obligado cumplimiento que ancla la demanda de perfiles a la realidad sociolingüística del territorio. 

Aquel PNV que impulsaba el euskera desde la acertada premisa institucional de que “cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir” , ha decidido que ese reflejo no le vale, que se apunta a liderar la transición entre propuestas provenientes de la misma tradición política. El resto de tradiciones políticas, aquellas que aspiraba a unir EH Bildu, no existen en ese marco mental limitante de la Euskadi monocolor, nacionalista, con elites bien protegidas en la promoción educativa, en el acceso al empleo, y, fiscalmente, en el acceso a la Sanidad privada (en este caso da igual si las y los médicos tienen perfil, por cierto).

Conviene resaltar otros daños colaterales, empezando por el consenso en favor de la convivencia plurilingüe, objetivo de la diana nacionalista . Esta expresión es molesta para Markel Olano, pero es perfectamente compatible con pasar de largo ante la realidad de nuestras sedes vandalizadas. Otra consecuencia es la propia seguridad jurídica, a nuestro juicio muy tocada con una propuesta que deja en manos del libre albedrío de la administración de turno la dimensión de la perfilación exigida. Queda lejos del espíritu del propio Estatuto de Gernika cuando habla en su artículo 6.2 de regular la cooficialidad “teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco” para garantizar el uso del euskera y del castellano. 

Otro daño que conviene apuntar, para no olvidarlo, es el reputacional. En la sociedad vasca a la que aspira Markel Olano se disimula a través de discursos migratorios buenistas para quedar bien delante del Papa, mientras se avala que la Policía autonómica publique perfiles sobre el origen de las personas detenidas, se veta la creación de centros de personas refugiadas o se consolidan políticas segregadoras en el ámbito educativo. 

El informe de Save the Children y ESADE sobre la equidad educativa en España y en las comunidades autónomas de 2022 corrobora con datos que, en Euskadi, el alumnado de origen migrante presenta una probabilidad significativamente mayor de repetir curso que sus compañeros. Es una probabilidad que ha aumentado en el periodo que analiza el informe (2018-2022). Los estudios coinciden en señalar que esta diferencia se explica principalmente por la desigualdad socioeconómica y la alta segregación escolar, la comunidad con la segunda más alta conforme al citado informe. Detrás de los datos hay familias. La de Mohamed, la de Amir, la de Sara, la de Lucas. No toco de oídas. Soy aita de una escuela pública donde el perfil de las y los niños que repiten es coincidente con ese análisis. 

Pero hay más daños colaterales en este clima generado, también desde la política institucional, donde se vive con normalidad que expulsen a una organización de la Korrika, que sindicatos se manifiesten en contra de sentencias que salvan puestos de trabajo, o que se acuse falsamente a una organización como la nuestra de liderar “no sé qué” complot contra el euskera. 

Hablo, por ejemplo, de la fractura social que se está generando también en entornos, incluso de la escuela pública, y progresistas, donde hay padres y madres que entienden que sus hijas e hijos sólo deben relacionarse con aquellas familias cuya lengua principal es el euskera. No entraré a juzgar a esas familias, pero sí me atrevo a afirmar que este hecho, que alguno juzgará como normal, me parece un signo de la anormalidad peligrosa de ese país soñado por Markel Olano que aspira a proteger a una comunidad pura lingüísticamente, parte de la cual es capaz de corear “Ojalá” de Silvio Rodríguez mientras invita a sus hijos a no relacionarse con los hijos de la persona que limpia su casa. Internacionalismo selecto.

Este sumatorio de factores, a saber, la eliminación del índice de obligado cumplimiento en la exigencia de perfiles, la consecuente exclusión en el acceso al empleo público, la segregación educativa no deseada y la segregación social alentada por este contexto de anormalidad vasca que señalaba antes, multiplicado por una realidad demográfica que nos dice que el crecimiento de la población de Euskadi se va a sostener sobre población migrante que representará una cuarta parte de la población total en unos años, puede dar como resultado el daño colateral más peligroso de todos. Es el daño a la convivencia. Es, como afirmaba Joan Subirats hace poco, la imposibilidad de construir un nosotros en una sociedad que acabe generando dos mundos paralelos, uno que decide y otro que obedece. O, lo que es lo mismo, uno de élites, con acceso prioritario a los mejores empleos, y otro que sirve. 

Este obituario del consenso lingüístico puede servir, por desgracia, para anunciar el nacimiento de la prioridad nacional a la vasca. Nosotras vamos a trabajar por abortar esta pretensión, con la firme esperanza de que los sectores pluralistas de la tradición nacionalista consigan sumar al resto de tradiciones políticas vascas que configuran un país tan complejo, tan único y tan singular, como mestizo, plural y diverso.

ELA, LAB y Steilas han convocado una manifestación “por el derecho a vivir y trabajar en euskera”. Lo han hecho ante una supuesta “ofensiva judicial, política y sindical” que han contextualizado en un ataque “contra los derechos fundamentales de la comunidad euskaldun”. Hablamos de una convocatoria sindical y conviene recordar cómo nos ubicamos con respecto a la política lingüística y los derechos laborales.

ELA y LAB se han manifestado frente de los juzgados reiteradamente contra sentencias que salvan puestos de trabajo. Es la paradoja sindical vasca: sindicatos a favor de despidos. Detrás de esas sentencias hay personas trabajadoras, como las de la limpieza o las gerocultoras de diversas residencias de la tercera edad, o trabajadoras de casas de cultura que, por no ser funcionarias, o ser interinas, se tienen que costear el estudio del euskera con su tiempo y con su dinero cuando CCOO llevaba años pidiendo formación en euskera a la empresa. Otra consecuencia, esta sí no tan conocida es la derivación, también hacia nuestra propia organización, de afiliadas de ELA con interés en recurrir OPE cuyos requisitos lingüísticos les perjudican, como en el famoso caso del ayuntamiento de Rentería.

Nosotras entendemos que la defensa de los derechos laborales se puede ejercer desde la defensa de los derechos lingüísticos que garanticen que toda persona que se dirija a la Administración pública en Euskadi, pueda hacerlo en cualquiera de los idiomas oficiales. Además, enmarcamos nuestra propuesta en la apuesta, coincidente con otras organizaciones, en promover la gratuidad hasta el nivel C1 o las liberaciones para el aprendizaje del euskera, también en el ámbito del empleo privado. 

Otro elemento importante para nosotras es la normativa que hace bascular la exigencia de perfiles lingüísticos sobre el respeto del índice de obligado cumplimiento que ancla los requisitos de acreditación del conocimiento de euskera a la realidad sociolingüística. Cuando hablamos del índice, que a veces parece un tecnicismo sin ninguna emocionalidad, conviene recordar a Josu Erkoreka cuando escribía, siendo director del IVAP, que “la acomodación a cada realidad sociolingüística conforma una de las claves de bóveda sobre las que se apoya el sistema, siendo un objetivo necesario, desde el punto de vista lingüístico, que cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir”.

Nosotras estamos de acuerdo con esta reflexión. Es el fundamento de un carril central que nos puede permitir adaptarnos, sin dejar a nadie atrás, a la Euskadi de hoy y del futuro. Es ese carril del consenso el que han abandonado las administraciones que incumplen de forma sistemática con ese indicador. Más allá de las diferencias sobre el abordaje sindical de este tema queremos transmitir nuestra preocupación por el clima emocional que se está gestando en torno a la política lingüística. 

Es un clima caracterizado por una brutalización de la diferencia que está aliñada por una construcción moral de la ajenidad que divide a una misma comunidad entre los buenos vascos, caracterizados como euskaltzales acríticos, nacionalistas, y aleccionados en la opresión por supuestamente no poder ejercer su derecho a trabajar y vivir en euskera y, en el otro lado, los malos vascos, no nacionalistas, o sujetos opresores, a los que, aún creyendo en la convivencia de los derechos laborales y lingüísticos, se les roba hasta la referencia identitaria homónima a la de las organizaciones convocantes, como cuando hablan de sindicatos vascos y nos excluyen. Debemos de ser de Kazajistán. 

Es un clima que dinamita puentes y de cuyo peligro ya advertía Amin Maalouf en su libro 'Identidades Asesinas': “Toda práctica discriminatoria es peligrosa, incluso cuando con ella se pretende favorecer a una comunidad que ha sufrido. No sólo porque así se sustituye una injusticia por otra, y se refuerza el odio y la sospecha, sino también por una razón de principio: mientras el sitio de una persona en una sociedad continúe dependiendo de su pertenencia a esta o aquella comunidad se seguirá perpetuando un sistema perverso que inevitablemente hará más profundas las divisiones”.

Maalouf cuenta algo así como que ojalá su libro no se lea en el futuro, porque en ese futuro deseado ya no hará falta, pero ¿cuál es el futuro deseado de las organizaciones convocantes?, ¿qué lugar ocupan las trabajadoras que no hablen euskera, dónde las ubican, en qué puestos trabajan? ¿Qué van a hacer para revertir ese porcentaje actual del 90% de personas paradas que no saben euskera? ¿Dónde acabará ese cuarto de la población en Euskadi que será extranjera en el 2045 según el Eustat? ¿Creen de verdad en un país donde quepamos todas, hablen la lengua que hablen y tengan la patria que tengan?

Quizá no deberíamos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante estrategias que, rompiendo el consenso lingüístico, generan privilegios que, nos lo cuenten en castellano o en euskera, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo. Esas personas que conformarán nuestra sociedad del futuro necesitan saber que en el mundo sindical no van a encontrar nuevas fronteras, ni vacilaciones banderizas, ni barreras teñidas de patriotismo rancio, sea vasco o español. Nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, “de aquí o de fuera, la misma clase obrera”. 

Hay tiempos en los que el lenguaje se economiza, y no porque se use menos, sino porque la economía empieza a atravesarlo todo, hasta el punto de cambiar esa costumbre, casi ley, que te obligaba a hablar sobre la tendencia climática del día como recurso fácil para completar silencios incómodos. Hemos cambiado el “qué calor hace hoy, ¿verdad?” por el “a este precio no hay quien compre aceite”.  

Evidentemente, la economía y cómo nos afecta, hasta el punto de condicionar nuestra compra diaria, no es comparable al hecho de tener que sacar el paraguas de vez en cuando, con más o  menos fortuna dependiendo del porcentaje de acierto de nuestra meteoróloga de referencia. Valga la metáfora del clima para aclarar, que las consecuencias económicas del cambio “climático” provocado por otros, no pueden recaer en las personas menos protegidas.  

Recordemos que la tempestad que nos afecta está representada por una inflación desbocada que merma la capacidad de ahorro de la ciudadanía cuyo poder adquisitivo va decreciendo en un contexto inflacionario. Vivimos un contexto en el que el incremento de los precios de la energía, trasladado a bienes esenciales como la vivienda, el transporte y los alimentos, está repercutiendo de forma más grave en las rentas más bajas. Y la RGI, precisamente, es parte fundamental de ese escudo social que debe protegerlas.  

El principio de acuerdo al que han llegado el Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos-IU sobre la reforma de la norma que deberá regular la Renta de Garantía de Ingresos una vez aprobada, a nuestro entender, mejora la herramienta y por lo tanto fortalece ese escudo social al que hacíamos referencia. Ahora bien, esta valoración ha sido contrastada con nuestras aportaciones en un debate sobre la Renta de Garantía de Ingresos que, recordemos, lleva abierto desde el intento fallido del anterior Gobierno vasco de reformarla.  

Nuestra propuesta de mejora ha mantenido el objetivo de blindar política y económicamente la RGI, ampliando su cobertura a través de la modificación de la cuantía y de los requisitos de  acceso. Hemos visibilizado un marco europeo de referencia a través tanto del Parlamento europeo y su resolución de octubre de 2017 que realza que los regímenes de renta mínima deben garantizar unos ingresos por encima del umbral de la pobreza; como a través de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que señalaba, como motivo de incumplimiento de la Carta Social Europea en España, los requerimientos para acceder a la renta mínima sobre tiempo de residencia y la edad mínima exigidos en la mayoría de las comunidades autónomas.  

Con respecto a las cuantías establecíamos un contexto favorable al aumento de las mismas, basado en que existía un margen real de mejora con respecto a las cuantías propuestas derivado de la coexistencia del IMV y la RGI y la palanca de ahorro que suponía para el sistema vasco. En lo concreto proponíamos establecer como cuantía base la que cifra el umbral de la pobreza en España de manera que, a través de la adaptación de los porcentajes complementarios en función de la tipología de las personas perceptoras y el número de miembros de la unidad convivencial, pueda servir para articular unas cuantías más cercanas a la cifra que representa el umbral de la pobreza en Euskadi. 

La propuesta finalmente acordada establece como límite mínimo de la cuantía la cifra que marca la tasa de riesgo de pobreza a nivel estatal (60% de la renta mediana a nivel estatal). En estos nuevos términos, la cuantía se acerca al objetivo, ya señalado de forma reiterada por el  sindicato, de asegurar una cuantía que evite las situaciones de pobreza.  

Con respecto a la edad mínima de percepción de la RGI nuestra propuesta, mantenida en el  tiempo, siempre ha sido rebajarla a los 18 años de edad. Denunciábamos que la apuesta por el mantenimiento con carácter general de la limitación de los 23 años seguía persistiendo en la idea que ya se apuntaba en el diagnóstico del documento de bases de Mejora de la RGI del año 2017, cuando se afirmaba que “Euskadi se sitúa entre los países que permiten el acceso a la renta garantizada a una edad más tardía”. 

En este proceso de reforma hemos trasladado la propuesta de elaborar un estudio cuyo objetivo debiera ser cuantificar el costo real que supondría la rebaja de la edad de percepción de la RGI a los 18 años, teniendo en cuenta que con los requisitos que se establecían en la norma a debate,  el costo estimado pudiera ser muy inferior al valor “reputacional” de una renta percibida desde la mayoría de edad.  

Finalmente, en el acuerdo que se presenta, se rebaja a la mayoría de edad la posibilidad de percibir la renta de garantía de ingresos con los requisitos o cautelas necesarias para no confundir la finalidad de la RGI con la que pudiera tener una renta de emancipación.  

En todo caso, entendemos, que tanto esta medida, como la flexibilización de los requisitos de  empadronamiento y el aumento de las cuantías, se convierten en un elemento corrector troncal de la renta en la medida en que amplían la tasa de cobertura de la RGI. Estos elementos se suman a las mejoras que hemos ido detectando en los sucesivos borradores de la norma en las que se han recogido otras de nuestras aportaciones. Destacamos tres de  ellas.  

Con respecto al tratamiento que se hacía en la propuesta de las personas trabajadoras perceptoras de la RGI habíamos advertido que la norma debiera abordar la situación generada con la posible contratación en términos fraudulentos, en la medida en que se aprovechara la existencia de la renta como una especie de “complemento salarial público” a contratos precarios. Esta previsión ha sido recogida por la propuesta de norma que regulará la RGI, así como la eliminación del despido disciplinario como una de las causas de extinción de la prestación.  

Por otro lado, nos parece una mejora evidente la rectificación de la incomprensible excepción que  se ha mantenido en los borradores de esta propuesta que exigía una año de antigüedad en el  empadronamiento a las personas víctimas de violencia de género. Además, la disposición adicional primera, a nuestro entender, es mucho más garantista cuando hace referencia al uso de los sistemas biométricos, que en anteriores anteproyectos donde se  recogía el uso de la huella digital sin la seguridad jurídica necesaria. 

Ahora bien, recordamos en este punto algo que hemos repetido de forma constante, tanto cuando los partidos que sustentan el Gobierno vasco no tenían mayoría suficiente para sacar adelante la norma, como ahora que la tienen. Para CCOO de Euskadi estamos ante un debate identitario, en tanto en cuanto el sistema de RGI es parte de nuestro “patrimonio político, económico, social y moral”. La RGI y su reforma son demasiado importantes como para caer en  la tentación de buscar una aprobación sin los consensos plurales, transversales y  mayoritarios que esperamos como sociedad.  

Objetivo: erradicar la pobreza 

CCOO de Euskadi ha estado trabajando mucho para lograr este consenso con los agentes claves que han negociado, señalando desde el principio cuáles eran los elementos que iban a posibilitar desbloquear las resistencias para llegar a un acuerdo de carácter progresista que mejorara la cobertura de la renta. 

En este sentido, agradecemos a las organizaciones que han logrado el acuerdo que hayan conjugado, a nuestro juicio de forma oportuna, las principales demandas de muchas de las organizaciones que comparecimos en las ponencias parlamentarias y la necesidad del consenso que señalábamos. Aún así, entendemos que todavía existen márgenes de negociación y mejora de la norma para lograr un acuerdo más amplio, con las fuerzas que han contribuido también, en  mayor o menor medida, a la construcción y refuerzo del escudo social a nivel estatal. De esta manera podremos reforzar aquel objetivo que señalábamos al principio de blindar políticamente la RGI. 

Quizá el término blindar resulte para algunas personas pretencioso y excesivo, pero no conviene que nos confiemos cuando hablamos de normas de este calado. La reacción de la derecha y ultraderecha en el Parlamento Vasco ante este acuerdo calificándolo como una fuente de fraude permanente o como “un sueldo vitalicio que desincentiva la entrada en el mercado laboral” nos marca un camino que nos obliga a proteger herramientas como la RGI.  

En este caso, Leonard Cohen llevaba razón cuando decía que “a veces, sabes de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están al otro lado”. El día 17 de octubre celebramos el día internacional contra la pobreza. Lo hacemos, como en otras ocasiones, junto a otras organizaciones sociales y algunas sindicales, demandando al  gobierno vasco y a los grupos parlamentarios que aprueben una ley digna que erradique la  pobreza. Para nosotras, hoy, estamos más cerca de ese objetivo.