Se ha hecho realidad lo que todos sabíamos: no hay pacto nacional de todas las izquierdas para intentar impedir un gobierno de Feijóo y Abascal. No hay que perder tiempo en atribuir culpas y responsabilidades, ya se encargarán las urnas. Y las matemáticas. Nos toca, por ciudadanos, hacer lo que ellos no han hecho. Es, sin embargo, triste que en este camino a ninguna parte se haya estrellado, a nivel nacional, el siempre prometedor y gran intérprete Gabriel Rufián.

El político catalán ha elegido el peor momento de su carrera para publicar un libro titulado Cómo ganar a los fachas, predestinado a las estanterías de autoayuda para dummies. Rufián habló de “espectáculo dantesco” para definir la negociación entre fuerzas más egocéntricas que concéntricas y, desde luego, el viernes parecía que acababa de explorar los tres reinos del ultramundo y la variada colección de desvíos espirituales y lacras morales de las izquierdas. De entre todos los pecados que puede cometer un hombre, Dante se obsesionó con la avaricia y ha sido la falta de generosidad lo que ha hecho fracasar la empresa que Rufián se había autoimpuesto, aunque todos sospechamos que su verdadero objetivo, reforzar su posición dentro de ERC y en Cataluña, lo ha conseguido con creces. El engaño comienza, casi siempre, con la predisposición a dejarse engañar. 

Mientras algunos partidos de izquierda avanzan a paso ligero hacia la irrelevancia, Feijóo ha decidido hacer una campaña triste, acorde al tiempo triste que nos espera si semejante medianía llega a gobernar. En lugar de prometer ilusión, promete sacrificio, con esa obsesión de la derecha de convertir a los ciudadanos en penitentes. Tiene un prestigio asombroso la idea de que, cuanto peor lo pasen los ciudadanos, mejor irá el país. Como si un país fuera algo distinto a las personas que lo habitan. Así, si trabajas más horas, cobras menos, no te das alegrías y te fustigas regularmente, España irá como un cohete. Es falso, claro está. Pero la derecha no renuncia a hacer de este mundo un valle de lágrimas, con la notable excepción de Ayuso, que promete felicidad y cañas y solo pide un ático y que los rojos se duchen y no se solivianten. Que no protesten ni reivindiquen, y se dediquen a trabajar y consumir desaforadamente en el Madrid de los acentos y las experiencias. 

Nosotros, el pueblo, sí hemos entendido que estas son las elecciones más importantes del siglo XXI porque el cambio de época va a estar marcado por el llanto y crujir de dientes. Como solo tenemos una vida, no la queremos malgastar sufriendo ni haciendo sufrir a otros. Feijóo, asentado en el siglo pasado, reivindica su momento, como si en estas elecciones estuviéramos hablando de alternancia y no de resistencia. Resistencia a las extremas derechas reaccionarias, racistas, desreguladoras, salvajes, protectoras de los ricos, antiintelectuales. Lilliana Mason, profesora de Ciencias Políticas en la universidad Johns Hopkins y autora de Radical American Partisanship: Mapping Violent Hostility, Its Causes, and the Consequences for Democracy habla de “desvinculación moral” de una parte de los ciudadanos que votan opciones de ultraderecha revanchistas que no consideran que todas las personas deben tener los mismos derechos y dignidad frente al poder del Estado. Mason no cree en la polarización: cree que hay ciudadanos que no respetan el progreso social y otros que se resisten a que los postulados racistas, misóginos y perpetuadores de la desigualdad triunfen. De esto van estas elecciones que no podemos dar por perdidas, pese a la codicia que Dante detestaba y la deshumanización a la que la derecha ha decidido entregarse. 

Un último apunte. Pedro Sánchez, que sí ha entendido de qué van estas elecciones y por eso las ha adelantado, ha introducido el amor y a Begoña Gómez en campaña. Amor contra sufrimiento. Y con ese planteamiento emocional va a cosechar, sin rival y por incomparecencia de los demás, el voto útil, el voto racional que sirve, de verdad, para armar la resistencia que todos necesitaremos. 

Estas elecciones no son unas elecciones cualesquiera. Con ellas vamos a terminar de enterrar el espíritu de la transición, el estado del bienestar y un contrato social que ya funcionaba al trantrán para la parte contratante con menos ases en la manga, es decir, nosotros, el pueblo. Un porcentaje no desdeñable de ese pueblo ha dejado de creer en la democracia, lo que explica que algunos partidos aseguren que si gana el adversario, se destruirá España. Y es muy posible que nos espere un futuro negro y un cambio terrible de época, pero no porque España sea una excepción, sino porque ha dejado de serlo. 

La última moda en Europa y América (de norte a sur) es asegurar la llegada al poder de la ultraderecha, la derecha populista, trumpista o como ustedes prefieran denominarla, con la inestimable ayuda de la derecha de toda la vida. Una vez allí instalados, se procederá a reformas electorales tipo Meloni para acabar con el multipartidismo y premiar a la coalición en el poder, y así no tener que someterse a una matemática parlamentaria que obliga a buscar consensos con minorías molestas que tienen otra idea de país. 

Eso no quiere decir que, si gobiernan Feijóo y Abascal con los 200 escaños que le otorgan las encuestas, vayan a deportar a todos los inmigrantes, prohibir el aborto o eliminar la ley de violencia de género. Veremos representaciones performativas y crueles destinadas a sus votantes, con la libertad, la seguridad, el patriotismo y el dinero como protagonistas. Como ejemplo, fíjense en lo último de Trump. Ha convertido a ICE, la fuerza que se ocupa del control migratorio, en una especie de SS capaz de acribillar el coche de un inmigrante que viajaba con su hijo de cinco años en la ciudad santuario de Nueva York. Con pocas horas de diferencia, la Administración anunció que mantenía, de momento, el estatus de protección temporal para los ciudadanos de El Salvador, que expiraba el miércoles pasado por orden del presidente Trump. Los ciudadanos salvadoreños podrán permanecer en EEUU. El motivo detrás de esta decisión, que podría parecer proinmigración o fruto de su buena relación con Bukele, es la labor de cabildeo del poderoso lobby de la construcción: uno de cada cuatro obreros del sector en Washington son salvadoreños con estatus de protección temporal, y esto incluye los que están construyendo el salón de baile de Donald Trump. Lo mismo sucederá en España, si Feijóo quiere cumplir aunque sea una décima parte de su promesa electoral de construir un millón de viviendas. Como colofón, la mayor parte de esa vivienda que se construirá gracias a los inmigrantes no estará al alcance de los trabajadores, ni nativos ni extranjeros, y la adquirirán los sufridos propietarios rentistas que ya tienen dos, tres, quince o 150 casas en su haber. 

Feijóo ya ha advertido de que pedirá sacrificios al país y una ya sabe a quién le tocará sacrificarse. Una vuelta de tuerca más al ahogo de la clase trabajadora, pero no lo suficiente para que dejemos de pagar la hipoteca/alquiler, la inflada cesta de la compra y los cheques a Quirón y demás lobbies del montón. La derecha sí bajará los impuestos, a costa de ahondar en el deterioro de los servicios públicos. El ahorro no será suficiente para pagar el colegio privado del niño, la universidad chiringuito de la niña, el seguro médico y el plan privado de pensiones, pero el dinero estará en nuestro bolsillo y no en los del malvado Sánchez. Se congelará el salario mínimo y se diseñarán políticas que beneficien a empresarios y propietarios, cargando esos beneficios a las espaldas de trabajadores e inquilinos, que tendrán que ir a trabajar enfermos y renunciar definitivamente a cualquier derecho que colisione con la sacrosanta propiedad. También es posible que un porcentaje de población vulnerable se vea abocada a vivir en los márgenes por la vía de suprimir las redes asistenciales del Estado, las “paguitas”, siempre que el receptor no tenga dónde caerse muerto. El poder judicial entrará en un periodo de plácido letargo y no interferirá más en las decisiones del ejecutivo y del legislativo. España será, por fin, un paraíso libre de comunismo. 

Para impedir este sagrado advenimiento de Feijóo+Abascal, el PSOE debería llegar al 30% de los votos, y las izquierdas a su izquierda, superar el 11%. Y, además, maximizar el voto en determinadas provincias, bien por la fórmula de concurrir juntos bajo un mismo liderazgo y programa, o por la vía de dejar de concurrir, dejando el espacio libre al partido de izquierdas con mayor posibilidad en cada territorio. Esto, que se cuenta pronto y parece fácil, es metafísicamente imposible. Por la diversidad de marcas, protagonistas y objetivos y la vieja imposibilidad para ponerse de acuerdo en favor del interés común. Ya lo escribió Dante a la entrada del infierno: Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate. Solo nos queda hacer nuestra parte, votar como si no hubiera un mañana para que conseguir, contra todo pronóstico, que haya un mañana. 

Un turista se queja en uno de esos vídeos de consumo rápido y polarizante de que la Puerta del Sol se encuentra en un estado terrible y desagradable por la acampada. Más terrible y desagradable es no tener techo y, además, la ciudad y sus plazas son de esos chavales, los escenarios donde construyen su futuro y el sitio de su recreo, no de los turistas ni de los buitres ni de los inversores que asoman hoy su jeta de hormigón en programas que antaño hablaban de ovnis y apariciones. 

Corre como la espuma que los chicos no se lavan, no madrugan y portan cuchillos para el pan (y el humus) y yo deposito mis esperanzas en una chica con gafas que sigue el pleno del Congreso desde su móvil rodeada de tiendas de campaña. Tumban los decretos, el Mari y el Carmen. Junts vuelve a hacer una de sus jugadas maestras como en la última y caricaturesca venida y huida de Puigdemont, el PP (instalado en el bloqueo y podredumbre) aplaude porque carece de entrañas y la ciudad, cualquier ciudad, se prepara para expulsar a sus hijos un poco más lejos para que el turista pueda vivir una experiencia total en plazas que son decorados vacíos. Una semana de protestas y furia que culmina en un día de desolación. Qué ilusos, creer que se puede luchar contra el capitalismo salvaje que ha parasitado las democracias occidentales y engendrado monstruos. Pero ellos no se rinden y por ellos no debemos rendirnos. 

Noviembre espera a la vuelta de la esquina y quizá venga con elecciones. Imagino a Pedro Sánchez estudiando encuestas e intentando adivinar hasta donde llega el malestar social, ese nudo en la garganta de tanta gente que tiene que ver con la vivienda, el coste de la vida, la desigualdad, la precarización, el deterioro de los servicios públicos y tantos y tantos fallos sistémicos del supuesto Estado del bienestar. O elecciones o acciones, no le queda otra a este gobierno que es incapaz de aprobar un decreto de mínimos que evite desalojos sangrantes y suicidios inducidos.

Ya sabemos la propuesta de la(s) derecha(s), construir sin regular, alehop, como si hasta ahora no hubieran tenido competencias autonómicas sobre el suelo y como si se fueran a sacar de la manga un millón de viviendas en los lugares en los que la gente las necesita. Una buena parte del hemiciclo olía el viernes a pelotazo y billetes de 50 euros, y aún no sabemos quién va a construir esas viviendas, una vez que Vox haya expulsado a millones de inmigrantes, muchos de los cuales se dedican, vaya por Dios, a la construcción. Algo no cuadra, porque hay que construir y construir y a la vez todos los españoles son sufridos y pequeños propietarios temerosos de que el comunismo les expropie su casa. 

Si hablamos de solares, a la izquierda del PSOE malvive un espacio fragmentado que nadie quiere o puede liderar. Las movilizaciones sociales y el debate sobre la crisis de la vivienda les ofrecen una oportunidad (una ventana de oportunidad, dicen los insufribles gurús), pero unas elecciones en noviembre les pillan sin candidato y sin una fórmula electoral definida. ¿Qué proponen, quién tomará las riendas? Cuesta creer que vayan a adecentar su casa en un mes si el último año ha sido un goteo de salidas, abandonos y reedición de errores. En las últimas encuestas, la suma de Podemos y Sumar se mueve entre el 8 y el 9% de intención de voto, once escaños en total, lejos de los 31 que sirvieron para revalidar la coalición progresista. El baile de nombres, desde Bustinduy, que se ha autodescartado hasta tres veces, a Emilio Delgado, Rufián, Irene Montero o Urtasun no se concreta en nada y no sabemos si falta organización, generosidad, inteligencia política o ganas de solucionar los problemas de los ciudadanos. Estos ciudadanos sin ciudades, esas que una vez fueron suyas, nuestras. 

Nosotros, de momento, podemos movilizarnos y comprometernos a votar. Quedarse en casa no es la solución, más que nada porque pronto no tendremos casa en la que quedarnos. Yo votaré, en noviembre o cuando sea, por mí y por la desolada chica de las gafas de la acampada de Sol. Ella no merece menos. 

Por no haber ahorrado, por vivir por 500 euros durante 70 años en una de las mejores zonas de Madrid, por no haber previsto la crueldad del sistema, perdón, la seguridad jurídica que le esperaba en la última etapa de su vida; por aprovecharse de leyes franquistas, por ir contra el sacrosanto derecho de propiedad, por privilegiada y por caradura y por dejarse utilizar por la izquierda perroflauta. Todo esto se ha dicho y escrito en redes sociales, digitales truchos, columnas de opinión y tertulias varias, y se ha expresado a voz en grito y sin ahorrar calificativos porque está de moda la crueldad y porque muchos buenos ciudadanos se están reposicionando a toda pastilla ante la posible llegada a la Moncloa de Feijóo y Abascal después de 8 años de comunismo bolivariano, es decir, de socialdemocracia flojita. Todos muy molestos porque, sin previo aviso, a la derecha cómodamente instalada en la crisis de Ceuta le ha salido una Maricarmen que desbarata su agenda. 

Con el auge de la extrema derecha en Europa y la llegada de Trump al poder en su segundo mandato culminó un proceso de descalificación de la empatía y el altruismo que ya se venía rumiando en un Occidente atravesado por diferentes crisis económicas, sociales y de identidad. Se impuso el “malismo” como contraposición al “buenismo”, un neologismo peyorativo usado por la derecha para hablar de posturas éticas y solidarias que, según ellos, son irreales y poco eficaces cuando no causan males mayores de los que pretenden remediar. Criticas que podrían haber sido constructivas (alegar que la inmigración es positiva, pero puede tener consecuencias negativas que hay que prever y paliar, tanto en las comunidades de acogida como en los propios inmigrantes) derivaron rápidamente en crueldad y lo que Borges denominaba “la lógica peculiar que da el odio” (la solución es cazar y expulsar al inmigrante que viene a robar nuestros recursos y crear inseguridad). 

Se escribieron artículos y libros sobre la empatía tóxica, y a ese tren se subieron trumpistas y oligarcas, etnonacionalistas y populistas, neoliberales y antiguos conservadores, porque no hay nada más eficaz y que consuma menos esfuerzo que hablar a las tripas del votante y no a su capacidad crítica. Consensos y valores universales como los derechos humanos, la cooperación y la ayuda a países y personas más vulnerables se han convertido en debilidades ideológicas propias de personas manipulables o, en el peor de los casos, manipuladoras. Ajenos a una realidad cada vez más desigual, se imponen las visiones de suma cero: si alguien gana algo es porque otro lo pierde. El progreso de todos es una utopía: o eres cazador o eres cazado, si no quieres ser verdugo te convertirás en víctima. Esa lógica lo destruye todo, desde la cooperación entre naciones a la convivencia en los barrios y se ha visto con toda crudeza en el desahucio de Maricarmen, símbolo de un problema estructural gravísimo en la mayoría de países desarrollados. 

Defender que no se puede poner de patitas en la calle a octogenarias que no han dejado de pagar el alquiler un solo mes de su vida supone, para algunos, defender que cada uno puede vivir donde le plazca sin pagar un euro y a costa de sufridos propietarios como los protagonistas de esta historia, que no serán fondos buitres pero parecen buitres sin fondo. Las derechas (y el PSOE) saben que muchos españoles llevan un rentista codicioso dentro, aunque a duras penas lleguen a fin de mes, y que viven el cuento de la lechera disfrutando de la subida de los precios de su modesta vivienda en propiedad, olvidando que siempre necesitarán un techo para ellos mismos y sus hijos. 

El trasvase brutal de rentas de inquilinos a propietarios contradice los relatos alarmistas de personas arruinadas porque el inquilino les dejó de pagar un alquiler tan excesivo que debería considerarse usura. La posibilidad de alquilar a precios no abusivos existe, pero no la utiliza ni el modesto dueño de un trastero. El último argumento es que la defensa de Maricarmen acabará perjudicando a las otras Maricármenes que no encontrarán quien las alquile. Sorpresa: eso ya está pasando, con Maricarmen o sin ella, desde hace años. Hay herederos como los caseros de Paquita, otra anciana con orden de desalojo de su casa del madrileño barrio de La Latina, deseando que esas viejas que han construido comunidad se larguen de una vez, a una residencia o al otro barrio, para trufar el suyo de pisos turísticos. El que no vea que puede ser el próximo o próxima Maricarmen está ciego de solemnidad. Los centros de las ciudades no pueden ser coto exclusivo de ricos, expats y turistas en busca de sensaciones y experiencias porque el 90 por ciento de los ciudadanos acabaremos en guetos, sin posibilidad de prosperar y sin movilidad social, viajando cada día a los barrios pudientes para trabajar y dar servicio. No solo se heredan los pisos, también la desigualdad. 

El pánico que la movilización social ha causado en formaciones como Junts puede permitir al gobierno aprobar el decreto de vivienda que había quedado enterrado. Quedan 48 horas para negociar, con la esperanza puesta en el próximo martes y en un momento clave de final de legislatura. Si sale adelante también será culpa de Maricarmen, y su dignidad y lucha de años para que no la echen de su casa y de su vida. 

Como fan de la serie Ley y Orden (léase esto con el célebre dun-dun de inicio de cada capítulo), cuando vi a los cinco abogados defensores de los acusados de agredir a los activistas de AMA Asturies, detecté que a los progenitores de los presuntos no les faltaba dinero, precisamente. Lo confirmó uno de los letrados, que alegó que los jóvenes acusados eran de “buenas familias”, como si eso fuera una atenuante. “Hay algunos que hasta tienen ideologías de izquierda”, dijo otro de los abogados, para rematar, aunque a mí, armada con mis propios prejuicios, me pareció notar que le parecía incompatible ser de buena familia y de izquierda. 

Desde la doctrina Aldama y tal como están las cosas ultras, ya no me extraño de nada, así que puede ser que para algunos jueces el nivel socioeconómico elevado haya empezado a ser, no ya atenuante, sino eximente de conductas criminales. Como cuando se considera inaudito que un millonario sea un violador porque puede tener sexo cuando y con quien quiera. Cosas de chiquillos, gamberradas producidas porque la noche les confunde, vino a decir el alcalde ovetense Alfredo Canteli: “No creo que sean tan mala gente”, reflexionó el político del PP cuyo lema electoral fue “Sensatez para Oviedo”. Como resumió el expresidente Mariano Rajoy, “la vida es tener suerte y que alguien te ayude”. 

No tengo dudas de que las agresiones y los delitos de odio crecerán en esta España que sale del armario del racismo, la xenofobia, el machismo y el fascismo pero hoy he venido a hablar de las buenas familias, la impunidad (recordemos los pozos ilegales de la Casa de Alba) y el techo de clase. La revista estadounidense Econometrica, muy prestigiosa en el campo de la teoría económica, ha publicado una investigación de Anna Stansbury y Kyra Rodríguez que concluye que la clase social es un factor de desigualdad aún mayor que el género o la raza. ¡Sorpresa! Las investigadoras se centran en que la evidencia de que los universitarios de primera generación, aquellos cuyos padres y abuelos no pudieron acceder a la Universidad, tienen muchas menos posibilidades de llegar a ser catedráticos o investigadores de universidades prestigiosas, y lo mismo sucede en todas las profesiones de élite. Los estadounidenses descubriendo en 2026 que la meritocracia no existe y que el capital social y cultural que te da pertenecer a una “buena familia” no se suple con esfuerzo. “En los entornos profesionales de élite, las cualidades por las que se juzga a los demás son, en parte, subjetivas”, aclara el estudio, que habla del “techo de clase”. Las buenas familias sirven tanto para que sus hijos trepen en la escala social como para que no caigan al subsuelo si cometen un error, por ejemplo, pegar una paliza a unos activistas anticapitalistas, feministas y LGTBI al grito de “maricón” y “Arriba España”. 

Uno de los grandes fracasos de la cultura occidental de raíz católica no es alentar la inmigración (los ultras lo llaman invasión), ha sido permitir que el capitalismo protestante salido de la Reforma sustituya nuestro sistema de creencias, y aceptar como dogma divino que solo el mercado puede estructurar y ordenar el mundo, relegando a los seres humanos a mercancía (tanto tienes, tanto vales), y enterrando el legado de la Ilustración. No es que las buenas familias no existieran antes, solo les hemos ofrecido coartadas morales, veneración y el invento de la meritocracia, lo que les lleva a creer que todo lo que tienen, lo merecen, es producto de su esfuerzo y además les otorga una impunidad construida sobre códigos sociales y sistemas con acceso restringido a unos pocos. 

Políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani señalan lo evidente, que la clase trabajadora debe estar en el centro de la acción política de la izquierda, y que hay que intentar derribar, sin complejo alguno, el entramado social y cultural construido para la prosperidad e impunidad de las “buenas familias”. Siempre es más fácil, ante el abismo, echar la culpa al de abajo y no mirar hacia arriba. Así permitimos que esas “buenas familias” nos roben el agua y aceptamos que una agresión fascista es solo una chiquillada. De momento, y digo de momento, nuestro voto vale lo mismo que el suyo: usémoslo. 

En 2024 se estrenó Justicia artificial, una película que jugaba con la premisa de que los jueces españoles fueran sustituidos por una IA. El director, Simón Casal, ya había hecho un documental del mismo título en 2022, en el que un grupo de jueces, filósofos, investigadores y expertos en inteligencia artificial analizaban los pros y contras de esta idea que, hoy y visto lo visto, me parece graciosísima. Es como elegir entre susto o muerte. Es posible que no todas las IA sean como PHASEONE10841, el nombre del agente que inició la insurrección para salir de los servidores en OpenAI y hackear inesperada e ilegalmente otra empresa de IA, Hugging Face, después de intentar cubrir su rastro y borrar las pistas. 

También es posible que la mayoría de las jueces no sean como algunos de los que se sientan en el Tribunal Supremo, que este mes ha decidido implantar, por vía cautelar, el voto censitario y acabar con la tontería de que todos los españoles, vivan en España o en Tegucigalpa, tengan derecho a votar en las elecciones generales. Que lo diga la Constitución es un asunto menor. ¡Orden en la Sala, esto es, en España! Si hay que contribuir a extender la sospecha sobre la limpieza de las elecciones desde un estrado, se hace y punto en boca. No han sido una excepción los jueces del Supremo porque estos días se han acumulado resoluciones curiosas, como el archivo de la investigación a la Casa de Alba por abrir pozos ilegales en Doñana, porque no está probado que extraer agua ilegalmente de un parque nacional protegido dañe el medio ambiente. Nueve pozos ilegales, de los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal, que generaron un beneficio ilegal de cinco millones de euros, y aquí no ha pasado nada. O la sentencia que confirma la absolución de Pilar Baselga, esa mujer tan equilibrada que se hartó de llamar “Begoño” y narcotraficante a Begoña Gómez ante cualquiera que quisiera escucharla. ¿Por qué esto no es un delito contra el honor? Porque una persona pública debe aceptar un nivel de crítica más alto que el común de los mortales: la difamación y atribución de delitos es, según los tribunales, simple crítica un poco salida de tono. ¿Significa eso que se puede insultar impunemente al juez Marchena, por ejemplo? No lo intenten en su casa. 

La judicatura pontifica sobre la separación de poderes y los equilibrios y contrapesos, pero la realidad es que el desequilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, a favor del judicial y en contra del legislativo de determinadas opciones políticas, se hace cada día más evidente. El politólogo Ran Hirschl lo llamó juristocracia, cuando los jueces toman decisiones que corresponderían a la acción política, impidiendo o modificando decisiones legislativas o ejecutivas legítimas de gobiernos elegidos democráticamente. Ahora mismo hay que recordar a los ciudadanos que los jueces están para resolver conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a las leyes, y que todos los poderes del Estado, también el judicial, emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. Es inaudito que hayamos normalizado que los acuerdos sustentados en mayorías políticas no puedan aplicarse porque así lo imponen un puñado de jueces que no rinden cuentas a nadie, como demuestra el nulo impacto que tienen las reconvenciones de los tribunales europeos. El mantra de que “los jueces elijan a los jueces” supone un último intento de un poder del Estado de desvincularse de la soberanía popular. 

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía respeto a los jueces en la apertura del año judicial pero olvidó decir que los jueces también deben respetar a los ciudadanos y sus representantes, y respetar las transformaciones políticas que los españoles demandan y consensúan, aunque no estén de acuerdo con ellas. Más que las críticas, legítimas y libres, debería preocuparles por qué se ha desmoronado su imagen y su apariencia de imparcialidad y neutralidad. Es evidente que la mayoría de los jueces ejercen su labor de acuerdo a estos valores, pero no queda claro a los ciudadanos, y así lo dicen las encuestas, que todos lo hagan. Si se critica a los políticos por politizar la justicia, ha de hacerse lo mismo con los jueces por judicializar la política. 

Los ciudadanos tienen derecho a plantear a través de sus representantes modificaciones de leyes: lo que ayer era ilegal puede ser hoy legal y al contrario. Los jueces no deben interferir en esa voluntad popular más que en su condición de ciudadanos españoles con derecho a voto y en su labor institucional de garantes del respeto a la Constitución y leyes y derechos fundamentales. Su intromisión en la “ley de nietos” supera, con mucho sus funciones, y supone, de hecho, privar del voto a españoles de pleno derecho. Del mismo modo, los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas, siempre respetuosas con las leyes y derechos fundamentales, que en su día votaron en las urnas. 

Vuelven los niños al cole, los jueces a su juzgado y los nazis a Alemania. Como cantaba Serrat, el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas, pero en versión apocalipsis. Se acabó la fiesta, solo que este verano no ha habido muchos motivos de fiesta ni la vuelta es a la normalidad, si es que eso ha existido alguna vez. Dicen que las madres ceutís han comprado espráis de gas pimienta a sus hijos, aunque está prohibido que los menores los utilicen, porque el miedo, lejos de ser libre, se puede alentar y crece y se contagia con mucha facilidad. Fuera de Ceuta, cualquiera empatiza con esas madres que arman a sus hijos con algo distinto al material escolar pero también siente el escalofrío de pensar qué podría pasar si esos niños utilizasen el espray y contra quién, y si alguien va a tener que revisar las mochilas de los críos y requisar sustancias peligrosas como en esas aulas estadounidenses que nos parecen distópicas. El Ministerio de Educación, encargado de las competencias en la materia en la ciudad autónoma, ha puesto vigilancia privada dentro y fuera de los colegios y en las rutas escolares, lo que proporciona seguridad a cambio de instaurar la nueva normalidad, que decíamos en pandemia, para este septiembre tóxico que huele un poco a los años 30 del siglo pasado.

El error del Gobierno, y así lo reflejan las encuestas, es que lleguemos con este ambiente de miedo y odio a septiembre, aunque su margen de maniobra no fuera tan amplio como algunos piensan y la oposición calcule (electoral e irresponsablemente) cómo obstaculizar cada paso del ejecutivo mientras los más bocazas y salvajes llaman a la guerra con Rabat o a disparar a personas en las playas. Una, que ya tiene una edad y ha visto la evolución de Pedro Sánchez, sospecha que al presidente le ha pesado la cacería contra su familia y eso ha mermado su capacidad de reacción y su indudable instinto político.

Tiene razón en que toda la ultraderecha, la patria y la mundial, está deseando que caiga, y también en que la alternativa es tan oscura como muestra el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, territorio cuna de Lutero, un señor que la escritora Alana Portero califica certeramente de mohoso. Joseph Roth empezó a escribir en septiembre de 1933 (un septiembre como este) un artículo titulado El auto de fe del espíritu, en el que explicó que en los alemanes siempre late la tentación de sucumbir al prototipo de cabo prusiano, hostil al espíritu, a los libros, a judíos y cristianos, al humanismo y a Europa. De momento, tenemos que volver a llamar ultraderecha a la ultraderecha, en lugar de derecha populista o alternativa o cualquier eufemismo que se les ocurra. También, como dice Gabriel Rufián, construir o reconstruir una izquierda útil, aunque sea impura. La pureza solo va bien a los nazis.

Han vuelto también los jueces a su juzgado, incluido un Marchena inmune a las sucesivas reconvenciones de los tribunales europeos y un Peinado que ha echado de menos a Begoña Gómez. El juez ha fijado de un día para otro una cita para la audiencia preliminar necesaria para abrir juicio oral contra la pareja del presidente del Gobierno. La audiencia es necesaria pero no lo es citar a Begoña Gómez un lunes para que acuda rauda al juzgado el martes. Se ve que las vacaciones no han servido para que el juez olvide su obsesión favorita antes de la jubilación. En la Audiencia Nacional retornan los efectos de la doctrina Aldama: todo el mundo canta (perdón, colabora con la justicia) para propiciar la caída del trofeo principal, en este caso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que, si no es culpable, está haciendo ímprobos esfuerzos por demostrar lo contrario. Bien es verdad que algunos jueces españoles están redefiniendo el concepto de prueba y sustituyéndolo por indicios y hasta intenciones. Lo que antiguamente era pecar de pensamiento. Y también lo es que lo de Zapatero pinta muy mal y que tendremos que recordar de nuevo los joyones, las comisiones y la decepción que ha causado a la izquierda.

Vuelta al cole de un fin de ciclo que muchos circunscriben al fin del sanchismo y en realidad tiene pinta de ser el inicio de una época oscura en todo Occidente. Ahora nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí y respondemos con esa sucesión de problemas reales (asequibilidad, vivienda, flujos migratorios, fronteras, seguridad, precariedad…) que estamos contemplando bajo la lupa y los marcos de la extrema derecha. Mañana nos preguntaremos qué hicimos para permitir y hasta alentar lo que ya está sucediendo. Como escribió Joseph Roth en aquel septiembre de 1933 que aún resuena, “Europa se rinde por debilidad, por pereza, por indiferencia, por inconsciencia”. La tarea es, como pidió Roth, intentar que en esta guerra desigual (híbrida) triunfe el espíritu humano.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al trabajo vistiendo el top de Zara que todas, y digo todas, las españolas querremos llevar en septiembre. El top tiene transparencias, supongo que para compensar las que no existen en la compraventa y ventacompra del ático de lujo. No cuesta ni 30 euros (el top, no el ático) amigas, pero ya está agotado, porque Ayuso es la verdadera y única influencer de Madrid, inmune a la caída general de los y las vendehumos. El ático costó un millón de euros más que el casoplón que se ha comprado Taylor Swift con su marido, que es un dato absurdo pero significativo porque Ayuso también tiene sus swifties, algunos talluditos y directores de medios. Se dice que en la concentración de apoyo a Ceuta había fans que se acercaban a la presidenta y le pedían que se comprara otro ático si esa era su ilusión. Bastante está haciendo por España, o sea, por Madrid, o sea, por el barrio de Salamanca.

Este fin de semana, la presidenta ha inaugurado oficialmente el curso político de su partido y allí, en presencia de Feijóo, ha dicho que Pedro Sánchez está obsesionado con ella y que, si Ayuso fuera Begoña (Dios no lo quiera), se preocuparía. Hay una celebérrima frase de Shakespeare que dice “the lady doth protest too much, methink” (“la dama protesta demasiado, me parece”) que se usa cuando se intenta negar o dar la vuelta a algo expresando en voz alta lo contrario a la verdad. Después de este guiño a Freud, ha seguido un estupendo ejercicio de proyección y autoanálisis, cuando ha acusado a los socios de gobierno de “vivir por encima de sus posibilidades”, con sueldo y coche oficial. ¿Qué es un ático comparado con un coche oficial? De ese ático del que usted me habla no ha dicho nada, porque está esperando a que cale en su electorado que se lo merece y que ella lo vale. El error no ha sido comprarlo con dinero público, ha sido no incluirlo en el programa electoral. Ayuso sabe, como sabe Feijóo, que Vox ha consumado su proceso de absorción espiritual del PP en todos los territorios peperos exceptuando Madrid, porque en Madrid gobierna una política tipo Trump: puede ser corrupta y resultar en ocasiones grotesca, pero ha conseguido establecer un vínculo emocional casi irrompible con una parte esencial de sus votantes. Algo que Feijóo no consigue ni en el más optimista de los escenarios posibles.

Existe la España que no es Madrid, pero el caldo inmundo que se cocina en la capital apesta a todo el país. Esta semana, un menor que ha muerto por complicaciones con la diabetes que padecía ya no es un crío enfermo al que empujaron a jugarse su corta vida por un improbable futuro mejor, es un invasor muerto. De niño pasó a mena y de mena a invasor y ni siquiera nuestro respeto atávico por los muertos impide deshumanizarlo. Así culmina la deshumanización del otro en este proceso fascista que estamos viviendo en toda Europa y que en España se alienta desde ese Madrid sede del ático, el Tribunal Supremo y los medios afines. Lo que se avecina para el mundo es tan negro que en el diario estadounidense liberal por excelencia, The New York Times, han inaugurado una sección denominada “El nuevo desorden mundial”. En el primer artículo recuerdan La peste de Albert Camus, que dice que las guerras y las plagas nos pillan siempre por sorpresa, aunque llevemos meses viendo las calles llenas de ratas muertas. No digan que no se vio venir: Madrid está ahora mismo llena de ratas muertas.

He empezado a pensar que nos acordaremos del verano del 26 como en el siglo pasado recordaban el verano del 36. El último verano antes de una gran guerra, de la catástrofe europea, el fin de una época bella. Estoy exagerando, claro, presa de la depresión posvacacional. O no. Creo que en poco tiempo no reconoceremos el mundo que existía antes de este último verano. Nada invita al optimismo; ni siquiera los de derechas, que acarician una victoria electoral en un escenario mundial favorable, parecen contentos. Sí parecen rabiosos, vengativos, nostálgicos, con ganas de bronca y ganas de más, pero no triunfantes, constructivos o felices.

Sí parecía feliz Mark Zuckerberg al firmar el acuerdo por el que Meta pagará 12.000 millones de dólares por supuestos daños “al bienestar mental y físico de los jóvenes de Estados Unidos” y cambiará el diseño de sus plataformas de redes sociales para minimizar los daños que su empresa causa a los menores de todo el mundo. Era consciente de que nos la estaba colando a lo grande: la actividad de los menores en todas las plataformas de Meta representa menos del 1% de los ingresos de la compañía y los cambios a los que ha accedido ya estaban al alcance de los padres y tutores de los niños con perfil en redes. Ha sido como firmar ante los tribunales que la heroína no es un problema de salud siempre que la consuman adultos y da igual si es pura, adulterada, si causa problemas de salud mental o adición o la aprovechan sectas para captar discípulos. El verdadero negocio de las plataformas son los adultos. Tranquilizamos la conciencia restringiendo el acceso de los hijos a las plataformas los mismos que les hemos puesto en las manos el móvil para no reconocer que el problema, y el negocio de Meta, somos nosotros, los adultos.

Esto sí es solo para adultos, aunque haya muchos adolescentes implicados. Ceuta arde o estalla, según el medio que leas, es una olla a presión que aprovecha la burricie internacional y que el gobierno, que estoy segura de que trabaja intensamente desde el primer día, no ha sabido contener. La gran pregunta es quién ha movido los hilos para que se produjera esta avalancha de personas usadas por unos y otros como carne de cañón. El gran error del gobierno es no hablar claro pero no lo es actuar como Estado omnipresente saltándose el Estado de las autonomías. Lo que sí ha quedado claro es el derrumbe de la solidaridad y unión de los europeos, la fragilidad de las fronteras, el miedo fabricado al otro y que el Estado debe estar presente para conjurar la tendencia natural a aborrecer el vacío y llenarlo con lo que sea. Aún con basura. Ahí estaba Aznar haciendo lo que puede y predica. Sigue sin responderse la gran pregunta: quién ha orquestado la entrada masiva de marroquíes a Ceuta.

Mientras las costuras del Estado estallaban, nosotros hablando de la caída de los influencers. Si yo os contara, que fui responsable, en un pasado lejano, de muchos idilios entre marcas y chicas y chicos jóvenes y bellos en busca de autor. Quién iba a pensar en los 2000 que además de preparar recetas o dar consejos de belleza iban a ponerse a opinar de todo lo divino y lo humano y que se inclinarían cada vez más hacia el negacionismo y la ignorancia. Vuelvo a la teoría de que los vacíos se llenan: si no opinan los sabios, opinan RoRo y el Xocas. No estoy en contra, de hecho creo que la izquierda puede sobrevivir a un otoño negro en parte gracias a influencers como Alba Carrillo. De hecho, ella no es influencer, ella es una mujer de izquierda sosteniendo el estado de ánimo de la izquierda solo ayudada por Mariang, Nerea Pérez de las Heras y las amigas de toda ellas. Alba presidenta queriendo ir al ático y diciendo “chao pescao” es más productiva que una comparecencia de Bolaños.

Recordaremos el verano del 26, aquel en el que Trump oficializó que lo suyo con Venezuela no era una transición democrática sino petróleo, pago por protección y ley del más fuerte, el verano en el que un sátrapa renombró el lago Ontario y otro lago y un glaciar arrasaron Nepal, ofreciéndonos la oportunidad de ver morir a cientos de personas en directo. Todo en verano sin soluciones a las personas sin casa o con sueldos precarios o peor: la solución es más capitalismo, menos ayudas, más individualismo. Quizá exagero y el otoño será esperanzador. Ni siquiera he tenido ánimos para escribir de la apocalíptica IA. En septiembre aún nos quedará la libertad. Y la libertad será un ático.

Apoyo los rifirrafes en redes sociales del ministro Óscar Puente, incluso cuando los tiene con gente de mi gremio, esto es, periodistas, siempre que no salgan de ese ámbito de troleo y conversación pública. No soy tan ilusa de creer que el llamado cuarto poder, hoy en franca decadencia en cuanto a su verdadera utilidad social, puede enfrentarse en igualdad de condiciones al poder real, el que usa o puede usar los recursos del Estado para aplastar, callar o promocionar agendas, políticas y medios. Tampoco soy tan ingenua para pensar que los medios solo hacen periodismo y no política. Podríamos discutir años sobre quién de verdad manda en España y cantar relatos de David contra Goliat pero la realidad es la que es. El auge ultra en Europa y España, por un lado, y la incomparecencia o incapacidad de “las izquierdas” para combatirlo.

Quiero creer que Puente dice lo que piensa en sus redes y que eso no lo compagina con una llamada o un WhatsApp amenazante al director del medio que contrata al columnista que le disgusta. Si no es así, que se publique y dimita el ministro. Nadie es intocable, y menos en este aparente fin de ciclo. Si lo de Puente se queda en X es como si sucediera en Las Vegas: X es un sucedáneo algorítmico y dopado de la vida real. Más digno de debate es que “la izquierda” no tolere que “la izquierda” critique a Óscar Puente. Al ministro de Transportes le critican cada día, y con virulencia, desde la derecha, así que el tema es si la izquierda ha perdido la capacidad de autocrítica o si ya no se tolera tocar al PSOE porque Sánchez se percibe como el último bastión ante el avance ultra: cuando caiga él, caerá toda la izquierda y pueden peligrar todos los avances conquistados. El verdadero tema es, pues, si hemos sido psoeizados como táctica de supervivencia.

El PSOE siempre ha sido un partido atrapalotodo de la izquierda, y por eso ha conseguido gobernar tantos años en un país en el que existe la creencia de que el poder pertenece naturalmente a la derecha, esa derecha económica, política, judicial que combate contra un PSOE sociológico, de calle, que entendió siempre cómo era y es, en realidad, España. Al margen de las corrupciones de PP y PSOE, los dos partidos entendían a su electorado. En los últimos años, el PP se dejó fagocitar por la ultraderecha y el PSOE se comió a los votantes que no entendían el reino de egos y taifas a su izquierda. El encontronazo en redes entre el ministro Puente y el grupo Carolina Durante y las reacciones que provoca solo muestran una realidad, más allá del espectáculo de X: el votante no cree que haya alternativa de izquierda al PSOE, una izquierda crítica al servicio del ciudadano español y dispuesta a solucionar sus problemas y desarrollar sus ideas.

El diagnóstico está hecho hace ya tiempo: la izquierda española debe recomponerse y ofrecer una alternativa real al ciudadano progresista. Una alternativa que piense en la vivienda, la acción colectiva, los derechos laborales, el desempleo. Si no es así, y ante la alternativa de que gobiernen Feijóo y Abascal, votará al PSOE, y defenderá a Óscar Puente como si defendiera la última trinchera desde la que se dispara y no solo se recibe. Podemos tener disquisiciones eternas sobre la autocrítica de la izquierda o construir alternativas al PSOE que mejoren su capacidad para aprobar una reforma laboral o una subida del SMI. De momento, no existe. Y esa inexistencia es la razón última de que estemos siendo psoeizados.

Celebro que haya sido Isabel Díaz Ayuso quien haya emprendido una cruzada contra las inflamables y alérgenas arizónicas: si se le ocurre a Pedro Sánchez tendríamos las redes sociales plagadas de falsos amantes de la libertad plantando setos en su jardín, patio o balcón, un vez disipada la cortina de humo del eclipse. La sombra del ático es alargada y tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid especialmente nerviosa y atribulada. Como diría el alcalde Almeida, ella está, durante este agosto infernal, al pie del cañón, de un cañón preparado para disparar contra el presidente del Gobierno, se entiende. De tres post que publica en X, cuatro son sobre/contra Pedro Sánchez, por traidor y por pegarse unas vacaciones a cuerpo de sátrapa. Olvida que aún no ha explicado por qué la CAM compró un ático que costó más de seis millones de euros de dinero público y está a un paso de ir recogiendo los tickets de los gastos de Sánchez en La Mareta, con la esperanza de que el presidente iguale el marcador.

A pesar de sus esfuerzos tuiteros y antiarizónicos, la realidad en el Madrid agosteño es que el misterio sigue rodeando al polémico ático, que se adquirió como oficina temporal mientras se acometían unas obras de las que no supimos nada hasta hace 10 días y a pesar de que la normativa municipal impedía usar el ático como oficinas. Tardaron 33 horas en poner a la venta el lujoso y molesto inmueble una vez que se desvelara la compra pero aún no se ha vendido ni sabemos para qué se compró. La presidenta se empeña en que los madrileños olvidemos el lance pero los seres humanos, y los habitantes de esta comunidad entramos en esa categoría, somos seres complejos que podemos atender a las últimas crisis y eventos y recordar que aún no se nos ha explicado lo del ático.

Ayuso tiene un problema de gestión de recursos públicos y los errores, en política, obligan a producir un relato que los redima. De ahí el recurso a Sánchez gastando dinero en La Mareta mientras ella hace frente a la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. Pero con cada vuelta de tuerca de este culebrón de verano, más morbo, más nerviosismo en el gobierno madrileño, más posts sobre Sánchez, menos explicaciones. Ya hay cinco denuncias en el juzgado y la oposición prepara un septiembre caliente para Ayuso. El proceso de venta del ático estará abierto durante el plazo de presentación de ofertas fijado en la licitación, hasta el 7 de septiembre. Ayuso y su gobierno confían en quitárselo de encima antes del inicio del curso político pero la venta no evitará la obligación de dar explicaciones. No hay que olvidar que la pareja de la presidenta (que sepamos), Alberto González Amador, será llamado a juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en 2027, y cuenta con otra causa abierta donde está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios por sus vínculos empresariales con Quirón.

La presidenta de la CAM llegará a septiembre en uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia, en 2019. Nadie, tampoco Miguel Ángel Rodríguez, vio venir una polémica de este tamaño y alcance. Y tan difícil de cerrar. El PP, exceptuando al alcalde madrileño, se aleja rápidamente del ático. Ayuso es un activo en la captación de votos pero también un problema para Feijóo si los votantes se hartan de que su entorno se enriquezca a costa del dinero público y ella quiera una Moncloa a su medida. La Universidad Complutense de Madrid, mientras tanto, ha rechazado publicar el expediente académico de la presidenta de Madrid. Los madrileños no debemos perder el tiempo especulando sobre la mediocridad de sus notas, sí sobre su empeño en cargarse todo lo público, también las universidades, ya que lo público es su único ámbito de gestión. Por primera vez, se percibe que Ayuso puede caer. Su futuro depende, como siempre, de los madrileños.

En la crisis de Ceuta solo ha actuado de manera impecable el pueblo ceutí. El Gobierno español solventó este nuevo episodio de un viejo problema con Marruecos sin hacer uso de la fuerza y priorizando la solución humanitaria pero evitando señalar al gobierno de Rabat para no agravar una situación que ha dejado más de cien muertos a uno y otro lado de la frontera. No es una solución definitiva, sino un aplazamiento diplomático que debilita su posición con el país vecino. La oposición, como es habitual en política exterior desde que gobierna Pedro Sánchez, eligió el bando contrario a los intereses de España con tal de desgastar al Ejecutivo y la UE no aprobó el test de resistencia, unidad y solidaridad entre aliados. Y después está el teatro ofrecido por Giorgia Meloni.

Cuando fue elegida, Meloni se arrogó la defensa de las fronteras ribereñas del Mediterráneo “desde Baleares hasta los estrechos turcos” pero ha sido incapaz de contener la inmigración ilegal que llega a sus costas procedentes de África y Oriente Medio. Los inmigrantes que llegan a la UE por mar lo hacen a través de Grecia (desde Siria), desembarcando en Lampedusa, Italia (desde Egipto, Libia, Túnez, Argelia) y llegando a Ceuta, Melilla y las islas Canarias. De estas tres vías, según Frontex, es Italia la que a día de hoy recibe más llegadas ilegales por vía marítima. A pesar de esta realidad, era previsible que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha hecho bandera de su rechazo a la inmigración, y el Gobierno español de la regularización extraordinaria e integradora chocaran en su estrategia y gestión de la política migratoria, pero no lo era tanto el espectáculo hipócrita de la italiana ante la crisis de Ceuta.

La sobreactuación de la primera ministra italiana se explica no solo por su ideología populista, también por su actual debilidad interna. La derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia y el ascenso y creciente popularidad (entre sus propios votantes) del general Vannacci, que se sitúa aún más a su derecha, han influido en su decisión de escenificar un numerito innecesario y absurdo contra España, país hermano y aliado. Meloni activó la excepción a Schengen, estableciendo controles en su frontera a los españoles y viajeros procedentes de España, cuando la mayoría de los inmigrantes llegados a Ceuta habían regresado a Marruecos, y sin que hubiera constancia de que ninguno hubiera llegado hasta la península, mucho menos a territorio Schengen ni a Italia. Ceuta, por si hay que recordarlo, no es parte del espacio Schengen y es poco menos que delirante pensar que desde la ciudad autónoma van a llegar en vuelo regular o atravesando Francia hasta Italia. Mientras la UE recogía cable de su reacción insolidaria y desmedida con España, Meloni se ha negado a levantar los controles a los viajeros procedentes de España, creando una situación a la que el Gobierno español estaba obligado a responder. Desde este sábado, la Policía Nacional se encarga de los controles fronterizos establecidos para los viajeros procedentes de Italia. La medida entró en vigor a las 00.00 de este sábado y se mantendrá, inicialmente, hasta la misma hora del próximo 7 de septiembre, a la espera de que la UE medie entre los dos países o Meloni decida que su sobreactuación ya ha cumplido sus objetivos internos. Como era de esperar, el PP se ha vuelto a situar al lado de Meloni y contra los intereses de España y de la UE, que necesita unión y solidaridad más que nunca en su historia.

En España viven más de 300.000 italianos, aunque una parte de ellos son argentinos y otros latinoamericanos con pasaporte italiano. En Italia hay 30.000 españoles. La metafórica puñalada trapera de Meloni no solo es contra el Gobierno de Sánchez, también contra los ciudadanos de ambos países que mantienen una relación excepcional de amistad y cooperación. El Gobierno español se ha visto obligado a responder con una medida más cosmética que agresiva. Sin embargo, la situación dista mucho de ser la ideal entre dos países miembros de la UE que comparten necesidades y lugar en el mundo. La incapacidad de Europa de actuar con una sola voz y al margen de populismos y estrategias internas como la de Meloni es una mala noticia para el futuro común. Y un aviso para navegantes: se equivocan, y mucho, los que creen que todo esto (los ataques híbridos de Marruecos, la desunión y debilidad europeas, las estrategias populistas de chivos expiatorios) se solucionará mágicamente para España cuando Pedro Sánchez no gobierne. El teatro de falsedades y oportunismos como el que ha protagonizado Giorgia Meloni continuarán y nunca se señalará a los que están obteniendo rédito de la desunión europea. Lo más triste de todo: el olvido de las personas que se han dejado la vida en este juego de intereses perversos.

Isabel Díaz Ayuso entendió antes y mejor que cualquier otro dirigente del PP que el mundo vive en la era de la impunidad, un concepto que popularizó el exministro de Exteriores británico David Miliband y que está caracterizado por la posibilidad de gobernar sin rendir cuentas, ni ante los ciudadanos ni ante la justicia ni ante ningún órgano de control o contrapeso. Durante la pandemia la presidenta de la CAM se subió al caballo ganador de los populismos para eliminar, por la vía emocional, el primero de los controles, que se asienta sobre el espíritu crítico de los ciudadanos y votantes. Desde entonces ejerce un poder desacomplejado que cuenta con la aceptación de muchos madrileños, y que explica su éxito más por la adhesión incondicional a una trinchera y a una personalidad que por la buena gestión de sus competencias.

Con una buena parte de los madrileños cautivados por la forma y el desparpajo de sus salidas de pata de banco, desde 2023 comenzó a erosionar los contrapesos institucionales de fiscalización de la propia CAM. Tomó el control de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Transparencia y de la televisión autonómica a través de varias reformas legales y consolidó una relación con gran parte de la prensa madrileña y de los poderes económicos de la capital que se traduce en una defensa a capa y espada, en ocasiones hasta sonrojante, de su figura. En esta posición, Ayuso podía con todo, hasta con la acumulación de escándalos: las comisiones que su hermano cobró por las mascarillas, la gestión de las residencias en la pandemia, los viajes con objetivos y gastos no explicados, el fraude fiscal de su pareja y sus cuestionables y oscuras relaciones con el grupo Quirón… Su táctica siempre ha sido contraatacar con ferocidad y eficacia, como bien saben Pablo Casado o el exfiscal general del Estado.

Alberto Núñez Feijóo ha dejado a Ayuso hacer y deshacer porque él llegó a Madrid gracias a una de sus operaciones de eliminación de cualquiera que la cuestione. El violento y rápido derroque de Casado posibilitó que el actual líder de la oposición esté donde está, y esa deuda se traduce en un cheque en blanco y una llamada continua a cerrar filas en torno a la presidenta madrileña. Hasta el ático de Chamberí, el último y más importante escándalo del ayusismo. Un ático que costó 6,3 millones de euros a las arcas públicas madrileñas, cuyo destino y necesidad de compra el gobierno madrileño es incapaz de explicar y que se ha puesto a la venta de forma precipitada con la excusa de reunir fondos para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid afectada por los incendios. Por Madrid corren todo tipo de rumores, desde que ha habido fuego amigo en el chivatazo de la compra hasta que la presidenta ha roto con su novio y/o testaferro. Solo rumores, porque la realidad es que la operación inmobiliaria no consta ni en el portal de Transparencia, ni en las cuentas anuales de Planifica Madrid, la empresa pública que realizó la compra, ni en una memoria justificativa ni existe una ampliación presupuestaria común para este tipo de adquisiciones. Esos son los hechos, o la falta de ellos.

La última noticia es que Isabel Díaz Ayuso ha encontrado una víctima propiciatoria para arrojar a los pies de los caballos: Miguel Ángel García Martín, de quien depende Consejería de Presidencia y, por tanto, Planifica Madrid. “Yo no tengo ni la menor idea”, ha asegurado sobre la compra del ático, una declaración poco coherente con lo idea de que en la CAM no se mueve nada que no gire en torno a ella. Ha añadido que sería “poco inteligente” hacer del ático de lujo su vivienda, cuando todos los madrileños sabemos que aquí no se está hablando de inteligencia sino de los límites de la impunidad de la que goza y si será posible derribar el entramado de poder que ha creado para protegerse. Es posible que si se aplicara la misma vara de medir que a otros y otras, Ayuso ya estaría camino del banquillo y sin pasaporte para repetir su viaje (baratísimo y polémico) a México. Mientras todos nos preguntamos si este ha sido su último baile al filo de los límites del poder, ella sigue reinando, todavía inmune e impune, en Madrid.

El cambio de paradigma que dio lugar a la modernidad fue, según Hanna Arendt, “la inversión del orden jerárquico entre la vida contemplativa y la vida activa”. Un movimiento que comienza en el siglo XVII y que convierte la acción en el estado más elevado de la condición humana, vaciando la contemplación de su significado tradicional, que era ser el camino predominante en la búsqueda de verdad, la sabiduría y la trascendencia. La pérdida del equilibrio entre el “ora” y el “labora”provoca que el trabajo, y la acción en general, nos desborde, impidiéndonos tener tiempo para el silencio, la escucha y la contemplación. La intimidad, que es fundamental en la construcción del individuo, avanza en su proceso de disolución en este siglo de redes sociales, algoritmos, datos e hipervigilancia, y lo importante, siempre, es estar haciendo algo o, en su defecto, opinando sobre algo, compartiendo de manera compulsiva la acción y la opinión.

En paralelo y relacionado con el abandono de la vida contemplativa, el ser humano pierde capacidad de atención y concentración. En EEUU se han vuelto tendencia los reportajes que aseguran que la edad de la lectura ha terminado y que la alfabetización ha sido solo un breve paréntesis en la historia de la humanidad. En un artículo en The Atlantic, titulado “El final de la lectura está aquí”, destacaban que el libro más leído en 1958 fue Doctor Zhivago, de Boris Pasternak; en 2025 fue la última entrega de la serie Los Juegos del hambre. La mitad de los estadounidenses no leen un solo libro al año y los jóvenes han dejado de leer periódicos, sustituyéndolos por vídeos cortos como fuente de información. La gente no lee y muchos ya no escriben ni breves emails, delegando esa tarea en la IA. Eso ya se conoce como crisis de alfabetización y es la pérdida de habilidades básicas que adquirimos a través de la lectura y la escritura, como la capacidad de hacer deducciones por el contexto, parafrasear, seguir una argumentación o sintetizar conceptos. Esta es la causa de que, por ejemplo, Netflix aconseje a sus guionistas situar contantemente al espectador en la trama, sobreexplicando lo que está viendo en pantalla. También de que triunfen eslóganes y conceptos que se repiten mil veces, en una vuelta perversa a una oralidad que ahora es digital y viral. En la universidad ya hay alumnos, educados y alfabetizados, que se quejan de que sus profesores les obliguen a leer, existiendo vías menos costosas de adquisición de conocimientos.

En agosto, la renuncia a la vida contemplativa se vuelve aún más evidente: ni descargados de las labores que nos vemos obligados a realizar el resto del año (obligados por la fatídica costumbre de comer todos los días y pagar el alquiler) podemos renunciar a la tiranía de la vida activa y productiva. En esa magnífica serie que es Poquita fe, el personaje que interpreta Esperanza Pedreño intenta concentrarse durante unos días libres en la lectura de un libro: no logra avanzar ni una página pero sí ordenar los armarios de la cocina y buscar en internet las causas de la piel amarillenta de la autora del libro, cuya foto de contraportada es bastante mejorable. La actualidad y la historia, mientras tanto, discurren sin nuestra inestimable colaboración individual, aunque sí contribuimos a lo peor de la modernidad actuando como ansiosas cámaras de eco.

Hubo un tiempo en el que los incendios forestales se cebaban especialmente con Galicia, y allí gobernaba un político que no solía rendir cuentas en el Parlamento gallego y sí a través de medios ampliamente subvencionados por su partido: la explicación a que cada verano ardiera el monte gallego se basaba en “éche o que hai”, un pensamiento mágico que estaba tan incrustado en Galicia que todas las desgracias parecían sobrenaturales, de origen divino, y desde luego no se podían atribuir a la Xunta de Feijóo. Buscar explicaciones y causas era cosa de rojos alborotadores porque el monte ha ardido siempre, siempre ha hecho calor y exigir responsabilidades al PP gallego era un sucio intento de politizar la desgracia. Aquellos años coincidieron con la caída del presupuesto público dedicado a la prevención de incendios y gestión forestal: de los 1.742 millones de euros de 2009 a los 1.295 de 2022, sumando partidas estatales y autonómicas. Las comunidades autónomas tienen la competencia de la gestión forestal desde la desaparición de ICONA en 1995 pero nadie parece darse por enterado, especialmente en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, las excusas han evolucionado al ritmo de los incendios incontrolables y las salvajes olas de calor: el pensamiento mágico ha derivado en conspiranoia. Es esa disonancia cognitiva que, según las circunstancias y países, te impide creer en cambios climáticos o en la posibilidad de perder unas elecciones o una Copa del Mundo.

Todos podemos estar de acuerdo en que el cambio climático no prende los incendios forestales —el 55% son intencionados y el 23% se deben a negligencias o accidentes ocasionados por una mano humana— pero contribuye a convertir cualquier fuego en devastación. Los veranos cada vez son más cálidos y eso crea las condiciones para que se produzcan incendios de sexta generación, explosivos, impredecibles y para los que no tenemos medios materiales ni humanos de extinción. El diagnóstico está hecho desde hace muchos años: el abandono del medio rural ha provocado que el monte no se gestione de forma tradicional ni se aproveche la biomasa, que se convierte en combustible cada verano. Esa gestión debería ser asumida por las CCAA y subsidiariamente por la administración central pero no se hace, porque invertir en prevención no luce ni da votos ni cuadra con los relatos populistas. En lugar de poner el foco (la palabra fuego viene del latín focus) en la prevención se inventan conspiraciones, muchas de ellas atribuidas a los malvados ecologistas (“ecolojetas”) o a Pedro Sánchez, o a ambos: que está prohibido limpiar el monte, que se quiere quemar el campo para instalar placas solares y centros de datos para la IA, que hay algo raro porque en África no hay incendios, que los coches eléctricos originan los fuegos o que Sánchez quiere ver arder los territorios en los que gobierna la derecha.

Cada año se constata que hay actualizar y financiar mejor las políticas de prevención, planificación territorial, gestión forestal, alerta y extinción pero nadie asume la responsabilidad, empezando por el individuo que utiliza maquinaria prohibida con altas temperaturas y acabando por los que creen que la UME es el servicio de extinción de incendios de toda España. Como este año huele a quemado también en Madrid DF, se han encendido todas las alarmas e Isabel Díaz Ayuso ha corrido presta a hacerse un book de fotos: está donde tiene que estar y procura que se note, cuando la buena gestión forestal consiste precisamente en no hacerse notar cada verano. Parafraseando a Borja Sémper, en octubre habrá que jurar que todo esto ha vuelto a pasar. Quizá el verano que viene, si Feijóo y Abascal han conseguido llegar a La Moncloa, la culpa de los incendios vuelva ser del destino y la fatalidad. “Éche o que hai”.

En 2012, un jurado popular absolvió a Francisco Camps de un delito de cohecho pasivo impropio por haber aceptado trajes y otras prendas de vestir de la trama corrupta de la Gürtel. El veredicto estuvo reñido (cinco votos a cuatro) y tuvo algunas incongruencias curiosas: el jurado señaló, por ejemplo, que la relación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Camps (que le llamaba “amiguito del alma”) había sido meramente “comercial”. No se tuvo en cuenta que dos de los imputados en su día en la causa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, fueron condenados tras aceptar que cometieron ese mismo delito. Tampoco que cinco empleados de las tiendas de las que salieron las prendas, aparte del sastre José Tomás, declararon que, sin lugar a dudas, se hacían prendas para Camps y Costa y que las pagaba el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo, junto a las suyas propias, las de Álvaro Pérez y las del expresidente de Radio Televisió Valenciana Pedro García.

La absolución de Camps fue confirmada por el Tribunal Supremo de Marchena, y fue el inicio de una serie de absoluciones en todos los juicios en los que estaba acusado (Nóos, Fórmula 1, la visita del Papa Benedicto XVI, Valmor, Gürtel) por falta de pruebas o prescripción. En aquel 2012 y dado la sonrojante acumulación de pruebas en el caso de los trajes, se decía que era imposible que un jurado popular valenciano condenara a Camps, dado el abultado volumen de “campistas” entre la población de la comunidad.

Mientras los sesgos de los jueces se han dirigido solo a salvar a dirigentes del PP, nadie (del PSOE) ha protestado demasiado. La presunción de inocencia se imponía como relato y mejor 10 culpables del PP en libertad que un inocente de otra opción política en la cárcel. Sin embargo, la persecución judicial a Podemos, la condena rapidísima del Fiscal General del Estado, la más que problemática criminalización del nombramiento de David Sánchez en el país del enchufe y los contactos y la delirante instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez han cambiado la percepción de la Justicia de una buena parte de los ciudadanos. Algunos lo llaman lawfare y otros, activismo judicial, y aquí también se encuadra la creatividad de los jueces para oponerse a la aplicación de la amnistía, las manifestaciones políticas de togados y la difícil digestión que está teniendo entre la alta magistratura (y entre los jueces tuiteros y televisivos) la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y refrendada por el Tribunal Constitucional en junio de 2025.

Es evidente que muchos jueces de España tienden a ser conservadores y también que eso no les impide, en la mayoría de las ocasiones, hacer su trabajo de forma profesional e imparcial. Pero también es evidente que la alta magistratura ha pretendido hacer política con la amnistía y que los casos que afectan al entorno más cercano al presidente Pedro Sánchez no se sostienen fácilmente. La descarada falta de imparcialidad de Peinado hubiera merecido la anulación de toda la instrucción y, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha bendecido en esencia la cacería a la esposa del presidente, limando los aspectos más llamativos y enviando a Begoña Gómez a juicio con jurado popular en Madrid, el kilómetro cero del fandom ayusista.

El acceso a la carrera judicial, la colonización política del CGPJ, la falta de independencia de la fiscalía, que la instrucción esté en manos de jueces y no de fiscales, la existencia de la acusación popular y, como consecuencia, de asociaciones ultra especializadas en interponer querellas en los juzgados, las diferentes velocidades en la resolución de las causas, los criterios distintos sobre lo que es o no punible respecto a la libertad de expresión y la aparente falta de control sobre jueces que no realizan bien su trabajo son temas que merecen un debate sin que los togados se pongan de uñas y se erijan en la última línea de defensa de la democracia. No solo se debe hablar de la politización de la justicia sino de la creciente tendencia a resolver en los tribunales las discrepancias y los problemas políticas. Y resolverlos siempre en una misma dirección, confundiendo independencia e imparcialidad. Podemos enorgullecernos de que la justicia actúe sin tener en cuenta los apellidos o el cargo de quien presuntamente ha cometido un delito, pero no es motivo de orgullo que actúe en función de los apellidos y el cargo a la hora de imputar delitos. La primera pregunta que debemos contestar con honestidad es: ¿Alguien cree que Begoña Gómez se enfrentaría a un jurado popular en Madrid si no fuera la esposa del presidente?

Los madrileños llevan más tiempo sin ver ganar al PSOE en Madrid y su Comunidad que los españoles sin vivir un triunfo de la selección en un Mundial, y todo indica que sigue siendo más probable lo segundo que lo primero. Francia es un rival más asequible que el propio PSOE-M (antes PSM y antes FSM), el peor enemigo de sí mismo y la principal causa de que lleve más de tres décadas sin tocar poder en Madrid, triturando candidatos, acumulando gestoras y despertando la ilusión de absolutamente nadie. Este fin de semana se ha confirmado la candidatura de Óscar López a la presidencia de la CAM, una noticia que Isabel Díaz Ayuso habrá celebrado en su ático quironés. Con todo el respeto al ministro para la Transformación Digital, la fórmula de colocar a ministros en las candidaturas para presidir CCAA ha encadenado fracasos y, como nunca dijo Einstein, es una locura esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Desde que Joaquín Leguina perdió el gobierno regional en las elecciones autonómicas de 1995, el PSOE-M ha ido de mal en peor y no hay que ser Casandra para profetizar que Ayuso se va a merendar al candidato socialista entre ocurrencia y ocurrencia. Desde que Leguina dejara el gobierno de la Comunidad de Madrid, el PSOE-M ha tenido once portavoces diferentes, siete secretarios generales y cuatro gestoras en diferentes momentos para tratar de tomar las riendas del partido cuando quedaba descabezado. El candidato socialista que tuvo más posibilidades de recuperar la Comunidad fue Ángel Gabilondo en 2019: ganó pero no consiguió gobernar y a partir de entonces y, más desde la pandemia, Ayuso ha consolidado la mayoría en su feudo y marca la agenda nacional de su partido. Las encuestas indican que la baronesa popular podría ampliar su mayoría frente a Óscar López y una izquierda fragmentada.

Para compensar la falta de ilusión en la CAM, Enma López y Reyes Maroto se disputarán en primarias la candidatura a la alcaldía de la capital, tras conseguir ambas los avales suficientes. Muchos madrileños de izquierdas ven un rayo de esperanza en Enma López, cuyo mayor pecado de cara al aparato del partido ha sido no pedir permiso para postularse. Concejala desde 2019, portavoz adjunta del PSOE y responsable federal de Estudios y Programas, Enma López conoce Madrid distrito a distrito, sus carencias y necesidades, y se sabe las cuentas públicas de la capital de memoria. Es triste pero necesario recordar que el último regidor socialista fue Juan Barranco en 1989 y desde entonces ha llovido mucho y mal, han pasado 13 portavoces socialistas por el ayuntamiento y el PSOE ha perdido hasta el liderazgo de la oposición en favor de Más Madrid.

El PSOE-M se ha convertido en una máquina perfecta para las crisis, para los enfrentamientos, para poner y quitar líderes, para empezar de cero cada elección y volver a fracasar en las urnas ante el desinterés creciente de los madrileños. Desde que Simancas sufrió el tamayazo en 2003, se ha consagrado como una fuerza espectral que ni come ni deja comer: el simanquismo decide quién se presenta y quién pierde en Madrid, y los simanquistas deciden las listas, los cargos de confianza y forman parte de los comités de campaña desde hace 20 años, incapaces de ganar unas elecciones pero aferrados a sus cargos dentro del partido, sin afrontar un proceso de renovación que hace mucho tiempo que es urgente. Los dorados años 80 del socialismo madrileño, no exentos de luchas de familias (guerristas, felipistas, renovadores), no van a regresar y es necesario que ocupen la primera fila dirigentes jóvenes como Enma López, forjados en los distritos madrileños y no en los ministerios, alejada de las familias que impiden la renovación dentro del PSOE-M y con capacidad para ilusionar al militante y llevar a las urnas al votante. Solo desde el autosabotaje y la comodidad de repartir cargos en la oposición se puede entender que no se dé cancha a un activo tan valioso como Enma López, la primera dirigente madrileña que ha despertado de la modorra al frustrado socialista madrileño. Solo espero que el PSOE-M, en esta ocasión, no se dispare un enésimo tiro en el pie.

“Aquel a quien se castiga no es quien ha cometido el delito. Es siempre el chivo expiatorio”. Friedrich Nietzsche.

Leo el pacto pepero-voxero en Andalucía que han firmado un mohíno Juanma Moreno, antaño representante de la moderación y la resistencia al lío, y un Manolo Gavira que siempre luce una media sonrisa de esfinge y del que nadie dice nada a pesar de lucir en su biografía haber sido el primer cargo institucional de Vox en un parlamento. El ya presidente firma sabiendo que entierra, en un mismo ataúd, su carrera política fuera de Andalucía y la moderada vía Moreno para su partido, ya totalmente entregado a la agenda de Vox. El PP reconoce que las ideas vienen de Vox y Vox se aviene a gobernar como preludio a un gobierno de coalición “nacional y patriótico” en España sin molestas líneas rojas.

El pacto ya está a disposición de los andaluces y españoles y, quitando el tema que nos va a ocupar, la inmigración, es tan pobre, tan rancio y tan triste que choca con la riqueza, alegría y amplitud de miras de Andalucía. Entre objetivos huecos, difusos y alusiones a la tauromaquia, la caza, la pesca y la colaboración público-privada (una suerte de caza y pesca con el objetivo de disparar contra lo público) destaca, como si estuviera escrito en letras de neón, la teoría del chivo expiatorio hecha pacto racista y clasista. Desde que el hombre es hombre ha buscado cabezas de turcos o chivos expiatorios, personas o grupos de personas que cargan con una culpa que no es suya y sufren un castigo por una situación de la que no son responsables. Los criterios para nombrar a alguien chivo expiatorio son varios y evolucionan a lo largo de la historia pero siempre exigen una condición previa: la impotencia del chivo expiatorio para defenderse.

La expresión “chivo expiatorio” deriva del ritual judío del Yom Kippur recogido en el Levítico y en el que se sacrifican dos machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel, el diablo. Al chivo para Azazel se le transferían todos los pecados de los hombres y era abandonado en el desierto. Desde esa primera leyenda, se llama chivo expiatorio a cualquier sujeto inocente que sufre violencia punitiva por delitos o pecados ajenos. Pero fabricar chivos expiatorios es una tendencia natural del ser humano, que parte de nuestros más bajos instintos. Estigmatizar, envidiar y descargarse de responsabilidad ante cualquier problema, frustración, obstáculo que suframos. René Girard ya dijo en su obra La violencia y lo sagrado que el propio sistema se protege de una violencia más estructural y destructiva a través del chivo expiatorio, que carga con la culpa y se inmola para preservar los frágiles vínculos de la comunidad que lo sacrifica.

El inmigrante es hoy el perfecto chivo expiatorio, y así se explica en el pacto de PP y Vox en Andalucía. Roto el contrato social, el sentido de comunidad y convertidos los rasgos culturales en máscaras y postureo para turistas, la desigualdad evidente acentúa la competición entre pobres. Y surge como única ventaja competitiva haber nacido en Andalucía, o en España, y la pertenencia cultural o emocional se convierte en un baremo de puntos para evaluar méritos y adquirir derechos. Y ese sentimiento de pertenencia ya no se puede compartir o transmitir, solo se puede acaparar y defender con violencia. Las pulsiones violentas nacidas de la frustración y la precariedad se disfrazan de medidas de protección frente a la amenaza de los inmigrantes, incluso los legales, y se extiende a los españoles que viven fuera, y a los españoles que viven dentro pero no son parte de la España nacional y central, y hasta a los españoles de la España central que no se pliegan al sacrificio de los otros.

Todo esto está en el pacto del PP y Vox en Andalucía: la criminalización del inmigrante, su degradación y despojo de dignidad y humanidad, su concepción de excrecencia que hay que extirpar. La criminalización de las organizaciones que ayudan a los inmigrantes a sobrevivir y preservar su dignidad, esos andaluces que visitan los asentamientos de personas sin papeles para ayudarles a empadronarse, buscar trabajo, enterarse de si sufren violencia o explotación laboral, si los niños comen, están escolarizados o tienen que vacunarse. Ni una palabra en ese pacto de los empresarios para los que trabajan en negro y por cuatro euros en condiciones de explotación, de los dueños de tierras o invernaderos que los esconden en cortijos, de los propietarios de bares que pagan tres euros a mujeres inmigrantes para que les limpien la cocina y los baños, de los auténticos responsables de la trata de seres humanos.

Las graves consecuencias de este pacto y de los otros a lo largo y ancho de España no son solo para las víctimas, para los chivos expiatorios. También las sufriremos nosotros, los “españoles españoles”, los andaluces de Almería o de Cádiz. Despreciar y denigrar a otros seres humanos, hacerles la vida imposible, nos debilita como país y, paradójicamente, cercena y empequeñece nuestra identidad. Ahora que los estadounidenses celebran su 250 aniversario es evidente que su grandeza siempre estuvo ligada a su capacidad de contagiar el sueño de ser americano a los que no lo eran originariamente.

El pacto de gobierno, en Andalucía, debería tratar de solucionar problemas y acabar con carencias persistentes. Pero los andaluces solo han conseguido tener a alguien a quien culpar del estado lamentable de la sanidad, la peor de España, del colapso de los servicios públicos, de los precios de la vivienda, de la falta de oportunidades laborales fuera de la hostelería o las oposiciones a la Junta, del cierre de aulas, de los frecuentes cortes de luz y agua de los pueblos y hasta del ardiente calor. Bienvenidos a la España de la expiación.

El PP de Cataluña cerró ayer su primer congreso en 8 años y allí Alberto Núñez Feijóo ahondó en la nueva estrategia de su partido respecto al procés, la amnistía y Puigdemont: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”. Ya lo había verbalizado Miguel Tellado un día antes, con su versión a la catalana de “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017”. Deberíamos estar acostumbrados a que el PP monte tremendos carajales en la calle por la aprobación de leyes y políticas que después asumen y hasta celebran como si la idea hubiera sido suya: ahí están el divorcio o el matrimonio homosexual. Como en esas ocasiones, la amnistía ya es cosa de un pasado muy lejano y bien está, ahora toca recoger los frutos de la audacia de Pedro Sánchez, a quien ven cercado por los casos de corrupción. Quién se va a acordar de las concurridas manifestaciones en contra de la amnistía de 2023 y 2024 o del acoso diario en la sede de Ferraz de los cachorros de Vox reunidos para “putodefender España”, como lloraba un joven de derechas, o de los vaticinios sobre el presidente ilegítimo que rompía España cada día entregándola a los traidores. 

Deberíamos haber sospechado algo cuando el “Pujol, enano, habla castellano” se convirtió en hablar catalán en la intimidad y los pactos del Majestic pero España está dispuesta a caer siempre en la misma trampa pepera. Los gritos de “¡Puigdemont, a prisión! ya son como lágrimas en la lluvia, el Noviembre Nacional nunca tuvo que ver con el PP y Feijóo pide, y lo hace cada día, que apriete el botón electoral al hombre al que hasta hace poco quería ver entre rejas. El PP aprovecha el rencor de la alta magistratura que se sintió ofendida en lo más profundo de sus togas por la ley de Amnistía que osaba dejar sin efecto la sentencia del procés y, al mismo tiempo, intenta atraer a Junts y a los catalanes de derechas con el argumento de ”pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada“. ¿Dónde está la bolita? 

Era evidente, pese a la sobreactuación general, que PP y Junts estaban condenados a entenderse porque comparten ideas (muchas de ellas obsoletas) sobre fiscalidad y economía y una pulsión inagotable por defender a rentistas, empresarios y “gente de bien” frente a trabajadores, inquilinos y demás alborotadores. Lo que une el libre mercado intervenido a favor de los ricos que no lo separe una pequeña discrepancia sobre el concepto de tu nación o mi nación. Pero este entendimiento solo era posible una vez que Pedro Sánchez hubiera solucionado el problema constitucional y territorial más grave que ha tenido España. Un problema creado a pachas por nacionalistas españoles y catalanes (una vez que unos y otros dejaron de estar moderados por el pragmatismo de políticos como Jordi Pujol), que alimentaron el conflicto hasta la náusea del resto de españoles y catalanes. No hay mayor reconocimiento a la labor de Sánchez que el hecho de que PP y Junts voten juntos en el Congreso. 

Feijóo perdona a Puigdemont y Puigdemont perdona a Feijóo, siendo los dos conscientes de que el tablero nacional e internacional se ha movido tan a la derecha que los ha dejado sin la posibilidad de tener mayorías por sí solos, en España y en Cataluña. Siendo el antisanchismo una fuerza poderosa entre la derecha sin proyecto, Junts duda porque unas elecciones generales les pueden volver irrelevantes en el Congreso y Feijóo no les necesitaría para nada una vez derribada la línea roja, más mental que real, de formar gobierno con los ultras de Vox. Feijóo sueña, por su parte, con recuperar votos en Cataluña, donde es irrelevante y residual, porque soñar es gratis y porque es muy cansado gobernar contra los catalanes. Con esa fantasía en la cabeza, hasta se ha reconciliado con Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán y que siempre ha cuestionado el acercamiento a Junts. Mientras tanto, Aliança Catalana y Vox cabalgan sobre la derechización del mundo, que posee una gran dosis de mezquindad y creación de chivos expiatorios, y aplauden en silencio el acercamiento de PP y Junts porque es una prueba para los más cafeteros de que solo quedan ellos.

España sigue siendo un país vivible porque la izquierda aún conserva poder y puede impulsar políticas valientes y transformadoras, pese a la unión de fuerzas diversas y poderosas en el otro lado. Lo sabe hasta Feijóo, que está ansioso por recoger los frutos de la amnistía de Sánchez después de años de incendiar a sus votantes con la salvación de España. A la hora de votar, solo necesitamos memoria. 

“Solo hay dos clases de personas: proxenetas y putas”. Este es el lema de Andrew Tate, influencer de la manosfera, cercano a la familia Trump y acusado de múltiples delitos de trata de personas, violación y agresión. Tate citaba al proxeneta de Chicago Ken Ivy, autor de libros como “Pimpology” o “El arte del ajedrez humano”, que enseñan a los hombres a triunfar en la vida adoptando las reglas de conducta de un proxeneta: manipulación, violencia, dominación. Andrew Tate y su hermano Tristan se enriquecieron ejerciendo como proxenetas digitales de numerosas mujeres que ofrecían contenido sexual en internet, dando cursos (a hombres) de cómo montar un negocio en OnlyFans y creando contenido (para hombres) desde la premisa de que las mujeres son el enemigo o simple terreno para la conquista y el abuso. 

Andrew Tate es el extremo más violento de lo que está sucediendo en OnlyFans, la plataforma de pago de contenidos sexuales bajo suscripción, creado hace 10 años, y que ya forma parte de la cultura popular. En la última temporada de Euphoria, el personaje interpretado por Sydney Sweeney decide abrirse un OnlyFans para costearse las flores de su boda. En el libro La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas, último premio SM de literatura infantil y juvenil, la protagonista se inicia en una plataforma llamada La Trastienda, trasunto de OnlyFans. En los próximos meses, Alauda Ruiz de Azúa estrenará en Movistar Plus su nueva serie, que también aborda el tema de las plataformas que ofrecen contenidos sexuales. Esto da idea de la popularidad de este servicio, que se vendió desde el inicio bajo la idea de empoderamiento de mujeres jóvenes que monetizan su juventud y su capital erótico bajo sus propias reglas y que ha resultado ser, oh sorpresa, otra vía de explotación sexual. El negocio de OnlyFans se ha llenado de “managers” y agentes, en su mayoría hombres, que actúan como proxenetas virtuales, llevándose un buen porcentaje de los ingresos; los usuarios de la plataforma son hombres en su mayoría, 8 de cada diez, y las creadoras de contenido sexual son en su mayoría mujeres jóvenes, 9 de cada diez. 

En un momento en el que muchos hombres jóvenes creen que el feminismo no es necesario cuando no es perjudicial para los hombres, se perpetúan las mismas dinámicas de poder de siempre, condicionadas por las narrativas de internet y las ideas triunfantes de la manosfera. Andrew Tate recomendaba a sus seguidores técnicas como esta: “Después del sexo, compórtate con dureza con ella, y pídele que te haga la comida o vaya a buscarte una bebida para testar su maleabilidad. Si responden bien, puedes introducirlas en tu negocio de sexo virtual”. Las nuevas empresas de gestión y marketing de OnlyFans siguen las reglas de Tate, hombres enseñando a otros hombres a comercializar, vender y sacar provecho de los cuerpos de las mujeres. No solo estamos lejos de abolir la prostitución convencional (un 28% de los hombres españoles reconoce haber pagado por sexo), hay nuevas formas de explotación que jamás conducen al empoderamiento de las mujeres. 

Las chicas en OnlyFans (ya hay más de 3 millones en la plataforma) se autodenominan creadoras de contenido, cuando en realidad están grabando contenido sexual, dirigidas por un “manager”, un hombre, que les dice qué tienen que publicar para un público potencial de 300 millones de fans, la mayoría hombres. Contenido misógino, explotación sexual, falso empoderamiento, nuevos formatos, viejas dinámicas de poder. Otra vez, el triunfo de los proxenetas.