En nuestro País la normativa que rige las Zonas de Bajas Emisiones es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en la que se establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible antes de 2023 orientados a reducir las emisiones ligadas al transporte, así como en los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados por el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

El debate sobre la implementación de las ZBE en las ciudades españolas ha sido relevante desde su inicio y en el movimiento vecinal hemos tratado el problema en numerosas ocasiones. El Ministerio Transportes y Transición Ecológica, por su parte, ha iniciado una serie de estudios para definir de manera coordinada qué se considera una ZBE auténtica, porque la picaresca tan típica de la cultura española también se refleja en esta cuestión. Se busca evitar que cada municipio interprete la Ley a su manera, creando zonas que no cumplen con los objetivos de reducción de tráfico y contaminación. La meta es garantizar que las ZBE realmente contribuyan a la mejora de la calidad del aire y a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la disparidad del criterio en el ámbito municipal era algo que ya se sabia que ocurriría y que el Ministerio no quiso ver en su momento.

Se busca desenmascarar aquellas áreas que, aunque implementadas, no cumplen con su propósito de reducir el tráfico y la contaminación. La Ley de Cambio Climático exige que todas las ciudades españolas asignadas tengan una ZBE operativa, pero solo una minoría lo ha logrado, y no siempre de manera efectiva. Detrás de esto se esconde también una disputa entre los distintos partidos y su visión sobre el cambio climático provocando la deslealtad institucional al utilizarse las administraciones públicas como campo de batalla. Un gran número de urbes sigue retrasada en la implementación de sus ZBE, algunos incluso sin haber iniciado los trámites necesarios. Esta situación ha motivado una investigación del Defensor del Pueblo, quien ha solicitado información a varios ayuntamientos sobre el estado de sus proyectos.

Aunque la normativa estableció que todas las grandes ciudades deberían contar con una ZBE desde enero de 2023, solo unas pocas lo han hecho de manera efectiva. De hecho, se ha tenido que establecer una prórroga de 18 meses más hasta finales del presente año. Muchas ciudades han adoptado medidas insuficientes o simbólicas, sin impacto real en la reducción de la contaminación. Ejemplos significativos, en Sevilla, la ZBE se implementó en La Cartuja, una pequeña zona empresarial con poco tráfico. Similarmente, Zaragoza ha delimitado un área minúscula en el centro (una plaza), y otras ciudades como Valencia, a pesar de tener diseñadas las áreas, solo aplican restricciones durante picos de contaminación.

No podemos tampoco olvidar que la ley de cambio climático y transición energética habla de otras medidas que no se han implementado y que dificultan la vida de la ciudadanía: medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, o medidas de transición justa que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios, incluyendo la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono.

En definitiva, relajar o retardar, equivale a un retroceso intolerable en el derecho a la salud de las personas.

La decisión de Partido Popular de coaligarse con la formación ultraderechista y de asumir buena parte de sus postulados radicales va a poner a prueba, día a día, las convicciones de la propia formación conservadora. Su vocación europeísta, sus pactos de Estado por la preservación del medio ambiente, de la lucha contra la violencia de género, de las medidas para frenar el cambio climático, del desarrollo de la Agenda 2030… temas para nada baladíes y que nos afectan directamente a la población.

Ya en marzo de este año, en la Asamblea general de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, celebrada en Badalona, aprobamos una resolución ante el peligro de retroceso de derechos y libertades. En efecto, la irrupción de la ultraderecha en el panorama político y mediático y su consecución de espacios parlamentarios y de gobierno tiene, ante la actual crisis socioeconómica, el peligro que se aparquen valores sociales esenciales de protección social, además del riesgo inminente de que se abracen postulados racistas, machistas, misóginos, xenófobos y homófobos con toda naturalidad. Ante cualquier retroceso en derechos adquiridos, incluido los lingüísticos, nos tendrán en frente.

Es lo que se está produciendo. Y es labor de las personas demócratas y de los partidos que se autodefinen como democráticos, sindicatos, entidades de consumidores y ciudadanas, es detener esta perniciosa construcción intolerante de la sociedad. En consecuencia, nos reafirmamos en los valores democráticos y de tolerancia que están en la esencia del movimiento vecinal desde su existencia y seguiremos defendiendo la igualdad como un derecho irrenunciable e imprescindible, que frente al machismo que mata no puede haber excusas o trabas, que hay que acabar con el patriarcado como lacra que asesina mujeres, arruina familias, barrios y municipios enteros.

Que seguiremos defendiendo que nuestras ciudades, pueblos y barrios sean lugares de encuentro y solidaridad, con vecindarios plurales y heterogéneos, donde se asuma y se integre la diferencia sin cuestionamientos y recelos. Habitar barrios dignos, seguros, sostenibles y saludables, preservando el medio ambiente, con servicios y equipamientos públicos suficientes y adecuados, rechazando cualquier posicionamiento partidista que restringa derechos democráticos o sean discriminatorios con la población vulnerable.

Dicho lo dicho, advertimos a algunas plataformas cívicas y ciudadanas cierta precipitación en la emisión de manifiestos o convocatorias de manifestaciones, tan lícitas como legítimas, ante los riesgos que anteriormente he mencionado. Pero esto no puede ser como el plato de lentejas, o las tomas o las dejas. El movimiento vecinal es participativo o no lo es. No valen pretextos de premura o prisas injustificadas. Si hemos de estar, estaremos, desde la fase inicial hasta la final y, si no, no estaremos.

Desde aquí animamos a la población, a los vecinos y vecinas, a ejercer su derecho a voto en los próximos comicios del 23J; el calor del mes de julio no debe ser una excusa, la reflexión de la gestión del Gobierno central y el programa electoral de las formaciones políticas en liza, tampoco. Y se sea consecuente con su conciencia y las 102 Propuestas que aprobamos en Asamblea General de CAVECOVA, que son las líneas maestras de nuestra actuación en esta legislatura.

Fue unos años después, en 1997, cuando en la COP3 en Kioto se produjo el primer protocolo legalmente vinculante para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue el llamado Protocolo de Kioto en el que los países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones en al menos un 5% (en comparación con los niveles de 1990) para 2012. 25 años después, la COP27 busca reafirmar el compromiso de los países participantes con la agenda climática global a pesar de las dificultades e incertidumbres de nuestro tiempo. Pero el punto de partida, no obstante, sigue siendo el llamado Acuerdo de París de 2015 en el marco de la COP21. Los gobiernos mundiales aprobaron un acuerdo histórico para frenar el cambio climático: se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 ºC —respecto a los niveles preindustriales— y se buscase trabajar para limitar ese aumento a los 1,5 ºC. También se puso el foco en intensificar los esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático y lograr que los flujos de financiación fueran consistentes tanto con la transición hacia una economía baja en carbono como con un desarrollo resiliente a dichos impactos climáticos.

Y el Acuerdo de París de 2015 sigue siendo el punto de partida porque todas las COPs celebradas con posterioridad se han convertido en una ocasión para que los grupos de poder mientan, engañen y hagan el lavado verde, como bien denunció la activista sueca Greta Thunberg “Las cumbres pudieron tener sentido hace veinte o treinta años. Pero lo cierto es que han fallado a la humanidad a la hora de propiciar grandes cambios y los avances han sido muy lentos...Las Cops han servido, al menos, como una oportunidad para la movilización”, precisó la fundadora de Fridays for Future, con la experiencia de su paso por la COP25 de Madrid y la COP26 de Glasgow, pero eso no va a ser posible en Egipto porque no va a haber sitio para la sociedad civil en un lugar como Sharm El Sheikh“. Y tiene sus razones, pues ¿qué sociedad civil va a debatir en un País que vulnera los Derechos Humanos y tiene en prisión a mas de 50.000 personas por delitos de opinión? O ¿Qué sociedad civil se va desplazar a Arabia Saudí en el próximo COP28 cuando no es más que una autarquía sistémica contra los DD.HH. y que vive de la venta del petróleo?

La disyuntiva, como señaló el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “es cooperar o perecer. La humanidad va en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador…y en la hipocresía entre el discurso y la acción real porque algunos gobiernos y líderes empresariales están diciendo una cosa, pero haciendo otra; en otras palabras, están mintiendo». Desde el movimiento vecinal vemos con estupor cómo, lenta pero inexorablemente, la sociedad civil está siendo apartada de estos encuentros, vulnerando el principio de participación desde su fundación a medida que se incrementa la presencia de lobbies empresariales y delegaciones del ámbito de los combustibles fósiles con el propósito de sacar partido a la crisis climática, obviando los informes de la Comunidad Científica internacional que advierten del impacto catastrófico de las temperaturas extremas e instan al panel de expertos en cambio climático de la ONU a que dediquen su próximo informe a la evaluación del mismo, porque va a afectar al hambre, la malnutrición y las desigualdades sociales.

Los estudios de Climate Endgame (El final de la partida del clima) o de Loss and Damage Collaboration (L&DC) firmados por organizaciones científicas de reconocido prestigio de todo el mundo alertan sobre la necesidad de explorar los escenarios catastróficos del aumento global de temperaturas. Todos sufriremos las consecuencias del cambio climático, pero las comunidades y países que menos han contribuido al calentamiento son hoy las principales víctimas de las peores consecuencias del calentamiento del planeta. Por cada fracción de aumento del calentamiento habrá previsiblemente un aumento de las catástrofes climáticas en estos países. En Europa, en España y en la Comunidad Valenciana hemos asistido este año a una espantosa oleada de incendios de tercera generación y a una sequía sin precedentes que nos están marcando la agenda a seguir y las estrategias a implementar, pero se toman medidas muy tímidas e imprecisas.

Como era de prever, la COP27 terminó como la crónica de una catástrofe anunciada. Por un lado, los equipos negociadores dejaron claro en los días previos a la cumbre que no aceptarían ninguna obligación vinculante. Tras negarse a discutirlo, se ha terminado por aceptar un tímido y cobarde diálogo; cualquier debate y acuerdo se pospone para la próxima cumbre en Emiratos Árabes Unidos, pensando en tener una determinación definitiva en 2024. 

Desde el movimiento vecinal denunciamos el fraude social que representan hoy las COPs. Apartar a la sociedad civil es apagar el motor del cambio y de la transformación. Fuimos, junto a la comunidad científica, la esencia para la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la ONU en 2015 y somos el pedal del freno que necesita la humanidad y la estructura orgánica e instrumental de la ONU, que nos impida caer en el infierno. Lo sabe hasta el mismísimo Secretario General de la Naciones Unidas, pero sus certeras palabras son apagadas por los mismos estados que las aplauden. Todo lo que hagamos a nivel particular, desde la intensificación del reciclaje, defensa del medioambiente, movernos en el transporte público, comer menos carne o cambiar a energías renovables, puede, sin duda, ayudar. Pero lo más importante, a nuestro juicio, es votar inteligentemente y presionar a los gobiernos para que pasen a la acción ante la emergencia climática. Y para no llegar a la frustración, si no se llega tarde, la participación de la sociedad civil en las COPs resulta imprescindible y vital.