Las democracias se construyen desde la ciudadanía, siempre y cuando ésta sea libre e igualitaria. Las democracias se articulan a través de los derechos, porque son la llave para que los grupos que la historia ubicó en las periferias ocupen el espacio público, para que sean respetados y respetables.

El respeto implica una enorme profundidad democrática porque su base es la igualdad y esto debería traducirse en que medir 140 centímetros se asuma como una característica de la diversidad humana y no un motivo para la burla o la humillación.

Pero, lamentablemente, esto pasa y esto me pasa. Lo vivo en carne propia, porque soy una persona con enanismo que sabe que esta discapacidad sigue provocando esa risa ajena que te deshumaniza. Y eso es una falta de consideración a la diferencia, en cualquiera de sus expresiones humanas.

Creo que esta reflexión es muy oportuna en estos días, tras leer la sentencia 39/2025 del juzgado de Málaga que legitima un espectáculo vergonzante como es el torero bombero o similares. En mi opinión, este fallo judicial hace una interpretación singular de la Disposición Adicional decimotercera de la Ley General de la Discapacidad, que prohíbe expresamente este tipo de espectáculos, con el argumento de que no existe ningún dato objetivo que permita afirmar que la participación de personas con acondroplasia en el espectáculo taurino suponga una mofa de ellas o de su discapacidad. 

Esta prohibición viene a dar respuesta a años de dolor, de sufrimiento de personas con enanismo y de nuestras familias, que venimos exigiendo a los poderes públicos determinación para abolir esta barbarie. Yo mismo, cuando era un chaval y estos circos de horror venían cerca de mi pueblo, me escondía aterrorizado para evitar que alguien se riera de mí. Honestamente, no quiero que ningún niño o niña sienta vergüenza de su cuerpo. Esas risas afianzan esa idea en el imaginario social de que personas como yo somos una suerte de bufones. Estos eventos acuden niños y que las burlas se aprenden y se expanden como el más contagioso de los virus. Esas mofas provocan dolor, dolor documentado que está por la ciencia, que está expresado en las Cortes Generales y recogido en el diario de sesiones. Y que este dolor es una vulneración de derechos, por eso Naciones Unidas le exigía en 2019 a España su abolición.

Al igual que los derechos feministas han sido cuestionados por el patriarcado, los derechos de las personas con discapacidad se cercenan desde el capacitismo. Es esa estructura mental que entiende la capacidad como la funcionalidad máxima que alcanza una persona a quien consideramos el paradigma de la normalidad humana. Y, además, se considera un factor determinante de su valor y se aboca, a quienes no cumplen ese patrón de la normalidad imperante, a ser discutidos y finalmente depreciados, generando prejuicios. 

En el Ministerio de Derechos Sociales tenemos claro que el odio y la humillación al diferente no tienen cabida en España. Por eso tipificaremos como infracción muy grave este tipo de eventos denigrantes en la reforma en curso de Ley de discapacidad. Y por eso seguiremos dando oportunidades de trabajo digno, a través del programa Pisadas de Dignidad, desarrollado junto a la Fundación ONCE, que ayudará a muchas personas con enanismo a salir de la marginalidad social. Para que puedan elegir de verdad dónde y cómo quieren trabajar. Porque desde la exclusión, desde la pobreza, no se elige.

Los derechos tienen límites y garantizar derecho al trabajo no puede llevar, como pasa en este caso, a cosificar a un colectivo ya estigmatizado. Debemos saber que muchas de esas personas que participan en estos ruedos propios del medievo vinieron desde otros países a España en busca de una oportunidad de vida, y esa oportunidad fue ponerles en una plaza a reírse de sus cuerpos no normativos. En estas prácticas me cuesta reconocer a mi país.

A pesar del bofetón y la tristeza que me ha provocado este auto, la esperanza siempre vence al desánimo, en este sentido, vamos a seguir blindando la integridad y el respeto a las personas con discapacidad en las leyes, porque además ahora tenemos un renovado mandato constitucional que vamos a desplegar en toda su amplitud para que se nos comprenda y se nos respete en marco de los derechos humanos.

Las palabras con las que se escribe una ley condensan las realidades sociales del tiempo en que se promulgó y tienen la vocación de generar, suprimir, restaurar o limitar derechos. Pero, el verdadero poder de las palabras en una norma consiste en que generan un pensamiento colectivo que se graba a fuego en el imaginario social y se convierten en la forma elegida para nombrar a personas, grupos o situaciones. Es, por tanto, todo un abordaje político y jurídico en sí mismo. 

Esta ha sido la historia de tantas personas en nuestro país que, como en mi caso, partimos de cuerpos, mentes o sentidos que no se ajustan al patrón de normalidad extendido. Para nombrar este desajuste, se buscaron palabras que nos deshumanizaban: subnormal, inválido, minusválido, disminuido. Son todos ellos calificativos que deprecian, desprecian y colonizan a la propia persona dejándola desnuda de derechos.

Esos términos que siguen en la cotidianeidad de la gente nos duelen. Producen un profundo pudor a las personas con discapacidad y también a nuestras familias. Porque no nos reconocemos en ellas y porque simbolizan aquel lugar de la historia donde nunca tuvimos que habitar.

Una de esas palabras sigue hoy vigente al máximo nivel normativo. En 2022, la Constitución Española nos sigue llamando disminuidos (así en masculino).

Claramente la España del 78 nos veía como seres disminuidos a los que había que asistir. Pero en pleno siglo XXI, las personas con discapacidad hemos superado la España de Buñuel. Somos madres, ingenieras, cajeras, amamos, reímos, soñamos, dirigimos empresas, votamos, vivimos… Somos PERSONAS.

En materia de Plena Ciudadanía hay que ser ambiciosas, pero también generosas. Y digo que esto porque no entiendo siga bloqueada la reforma del artículo 49 de la Constitución que llevó el Gobierno al Congreso de los Diputados en mayo de 2021. 

Esta reforma se orienta a erradicar la palabra «disminuidos» de la Carta Magna, consagrando constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad” como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por nuestro país. Resulta inasumible que en la España de 2022 nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como disminuidos.  

Pero el cambio propuesto, va más allá, con una redacción del artículo 49 completamente renovada, que entienda y asuma la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos. Asimismo, en esa nueva redacción un lugar propio las mujeres y las niñas con discapacidad, las grandes olvidadas en los textos legales.  

Esta reforma constitucional no es un capricho del Gobierno, sino que responde a una demanda de las propias personas con discapacidad, de nuestras familias y de las organizaciones. Responde al pacto parlamentario, de todas las fuerzas políticas, en la pasada legislatura y responde al respeto a la legalidad vigente que emana de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Esta es la mejor oportunidad para significarse y demostrar si se está o no con la discapacidad. Aquí no hay grises, no hay peros y no caben las equidistancias. Solo tienen cabida el sentido de estado y el sentido común.  

El enfrentamiento gana muchas veces la batalla del entendimiento. Sin embargo, la discapacidad siempre ha generado consensos. Volvamos a hacerlo, como lo hicimos restaurando el voto a todas las personas con discapacidad o aboliendo las esterilizaciones no consentidas, pues aquí se trata de corregir una cuestión que entraña una enorme profundidad democrática y que busca devolvernos el respeto que merecemos. De ninguna manera, la Ley que establece el marco de convivencia en nuestro país debe contener palabras que hoy resultan insultantes y que pueden determinar una forma de entender y abordar la discapacidad, errónea, excluyente y superada en el tiempo. Pido por tanto que se busque la concordia en este asunto y que se deje a un lado la confrontación ideológica; pues lo hacerlo implica complicidad con la exclusión y el maltrato terminológico de ciudadanas y ciudadanos que buscan ser y estar en España.

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi escribió que las historias (y yo añado las palabras) se han utilizado para desposeer, pero también se pueden usar para facultar y para humanizar, pueden quebrar la dignidad de un colectivo, pero también pueden restaurarla. Hagamos piña para acabar con esa historia única de vidas asistidas, vidas depreciadas y de negación del estatus de persona. Y tengamos en la Constitución una aliada para reescribir la historia de las personas con discapacidad, para ésta sea una historia de legítima autonomía, de vida independiente, de inclusión en la comunidad, de apoyos y de accesibilidad universal, una historia de DERECHOS

Les escribe una persona con discapacidad que confía en el diálogo y el acuerdo parlamentario que, cuando se trata de ensanchar derechos, debe erigirse como un deber de Estado.