De un lado teníamos a la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, que, con la información aportada por la empresa, concluye que es una actividad carente de efectos adversos significativos y por lo tanto se puede acoger a un procedimiento de estudio de impacto ambiental SIMPLIFICADO y no a uno ordinario como es preceptivo en estos casos.

De otro tenemos a la Dirección General de Salud Pública que, ante un requerimiento el 20 de julio de 2022 en el que se le pide la emisión de un informe sanitario del proyecto, responde el 16 de agosto de 2022 con un informe desfavorable, estimándose la necesidad de una evaluación ambiental ORDINARIA. El informe es de una contundencia tal que se pueden leer enunciados como el siguiente: “La calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas, son los de mayor peso para la salud pública por la proximidad de la población”.

No contenta con la respuesta de Sanidad, la Viceconsejería mencionada vuelve a la carga con formas que denigran la lealtad institucional, recibiendo una respuesta más contundente si cabe en los siguientes términos: “En consecuencia, ante la ausencia de alegaciones fundamentadas técnicamente por el promotor sobre el contenido del informe sanitario emitido el pasado 16/08/2022, la Dirección General de Salud Pública en el plazo de (5) días requerido, se ratifica en el contenido del mismo, e informa motivadamente, que el referido proyecto en la ubicación propuesta, supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Evidentemente antes estos razonamientos y otras cuestiones posteriores, todo parecía indicar que el proyecto referido pasaría a dormir el sueño de los justos, porque a todas luces una instalación de tal calibre no se sostiene en un enclave tan cercano a un núcleo tan poblado como es el de la capital de Gran Canaria.

Pero he aquí que el “sentido común” no suele ser el más “común de los sentidos” cuando hay intereses empresariales y económicos de por medio, porque según parece, el proyecto de TOTISA vuelve a estar en el candelero, auspiciado por la misma administración, a pesar de haber cambiado el signo político y los titulares protagonistas, volviéndose la tramitación a solicitar los oportunos informes de las administraciones afectadas.

No cabe duda de que hay que reconocerle a la empresa protagonista grandes dosis de perseverancia, de influencia política, independientemente del signo de la misma y una gran visión estratégica, al comenzar a tramitar su proyecto AÑOS antes de que salieran la Emergencia Energética y el Proyecto de Concurrencia Competitiva para dotar de grupos térmicos las centrales de Canarias.

Naturalmente el problema no es de esta empresa, el problema está en una clase política que cuando está en el poder transforma drásticamente sus objetivos y, en vez de pensar en la salud y el bienestar de sus conciudadanos, apuestan por proyectos perniciosos, contaminantes, altamente peligrosos y sobradamente contrarios a los intereses de aquellos que les han votado.

La forma en que intitulamos uno de nuestros últimos artículos, Las multinacionales también aportan buenas noticias, soliviantó a algunas personas y organizaciones de izquierda. En dicho artículo mostrábamos nuestra satisfacción ante las prospecciones geotérmicas de Repsol en Gran Canaria. Para nosotros reconocer esta actuación como positiva sin ningún tipo de reparo ideológico es el resultado de un proceso de reflexión sobre la tarea que nos embarga de hacer frente a la emergencia climática que queremos compartir con todos ustedes.

Para la cultura de izquierda, resultan muy atrayentes la democratización de la generación de la energía, las empresas públicas de la energía, la distribución de la riqueza energética, socialización de las fuentes energéticas, etc., discursos que evidencian una manera de entender las aspiraciones de una parte de la sociedad que trata de trasladar al sector energético, una concepción ideológica de la organización pretendida de la vida estructurada de los seres humanos, es decir, una concepción más keynesiana de la distribución de los recursos de un territorio, donde la participación del Estado y la búsqueda del bien común son esenciales. Pero no debemos de olvidar que también existe otra parte de la sociedad que abraza otra forma de entender la sociedad y la economía y que antepone la libertad individual y económica y la competencia a otros valores, que cree nociva la intervención del Estado en la economía y que considera que los impuestos deben tender siempre a la baja, en suma, coloca al libre mercado  por encima de otras consideraciones

Si esto es así y tuviéramos que enfrentarnos a un problema cuya resolución tuviera que contar con la participación de todos o, al menos, con la mayor cantidad de personas posibles, pareciera evidente que lo primero que hay que conseguir es abordar la cuestión buscando puntos de consenso, que aglutine sensibilidades y permita una acción común y coordinada. Si a esto le añadiéramos la urgencia y trascendencia de abordar el problema en cuestión, pareciera lógico que habría que enfrentar la cuestión con acciones quirúrgicas, asépticas desde un punto de vista ideológico y que tuvieran una rápida implantación.

Pues bien, estamos ante un problema de las características descritas, EL CAMBIO CLIMATICO ANTROPOGÉNICO. Efectivamente, estamos ante una cuestión de tal trascendencia que, de no afrontarla correctamente, ya no es que perdamos las comodidades de nuestra sociedad occidental, sino que nuestro planeta adquirirá unas condiciones dantescas que hará imposible nuestra supervivencia como especie.

Ya se ha evidenciado en muchas ocasiones, pero no por ello deja de ser cierto, el axioma de que “somos la primera generación en constatar la crudeza de lo que se nos avecina y la última que puede hacer algo para remediarlo”. Es por esta razón que ya no podemos invertir ni un segundo en discusiones bizantinas para acordar un modelo económico y social en torno a la energía, que se antojan estériles, teniendo en cuenta que llevamos para dos siglos discutiendo entre Estado y Mercado, sin alcanzar puntos de acuerdo, es más, las posiciones cada vez están más enconadas y la sociedad más polarizada. No podemos esperar alcanzar un acuerdo para una transición que cambie el modelo, porque sencillamente ya no hay tiempo para ninguna transición.

Si convenimos que en lo expresado hasta ahora hay alguna pizca de lucidez intelectual, deberíamos de convenir que lo que toca es, eliminar cualquier consumo de combustibles fósiles en nuestros sistemas energéticos. Los gases de efecto invernadero que salen de las chimeneas de nuestras centrales eléctricas, de los tubos de escape de nuestros automóviles, de la quema de fuel en los barcos o de la quema del queroseno de nuestros aviones, entre otros, deben de cesar cuanto antes y tenemos que implantar, para ayer, una economía completamente descarbonizada.

En este contexto, más que agudizar una polarización entre políticas de izquierda y derecha en la forma de abordar la Transición acelerada a las renovables, tenemos que alcanzar la masa crítica en la opinión pública  y en otros agentes económicos y sociales para llevar a cabo una agenda radical de actuaciones ante los problemas del cambio climático,  pues reproducir en este tema  el inacabable conflicto entre socialismo y mercado no deja de ser un fracaso estrepitoso de todos aquellos que estamos concienciados de la hecatombe que se cierne sobre nosotros, porque para salir de ella no basta con una parte de la sociedad, porque la realidad es que, O ESTAMOS JUNTOS EN ESTO O NOS HUNDIMOS DE MANERA AISLADA.