Una muestra más de la severa discapacidad de la política española: apenas se habla de una regulación sobre las deliberadas estrategias de desinformación, o sobre los bulos, algunos ya pulsan el botón de alarma: “en su ánimo de eternizarse en el poder, el Gobierno quiere laminar la libertad de expresión y acabar con la prensa hostil y crear un Ministerio de la Verdad Oficial”, se dice, para a continuación rematar afirmando que el mayor mentiroso que se ha conocido (Sánchez, claro) no tiene legitimidad para abogar por el derecho a la información veraz, lo que es replicado por otros con un “más mientes tú”. De manera que el debate se aleja, de inmediato, de lo único que sería interesante (si es posible, oportuno, o incluso constitucionalmente exigido, legislar para favorecer una atmósfera informativa capaz de identificar, aislar y expulsar virus de desinformación masiva), para centrarse en lo de siempre: la talla de las mentiras de unos y de otros. Sólo faltaría, para redondear, una encuesta flash del CIS sobre quién miente más.

Es insoportable.

Cuando un gobierno del PP amagó hace años con entrar en esta materia, me mostré muy de acuerdo. Las iniciativas al respecto de la Unión Europea (plasmadas en el Reglamento de Servicios Digitales) me parecen plausibles, aunque en aspectos decisivos vagas o insuficientes, y desde luego necesitadas de desarrollo. Es natural que nos planteemos qué recursos podríamos darnos para enfrentarnos a la deliberada intoxicación informativa. Yo diría (no me llamen ingenuo) que la inmensa mayoría de los españoles quiere que no le engañen, ni siquiera los suyos. No me refiero a “opiniones erróneas” (que esas sí queremos tragárnoslas si nos molan, y allá cada cual si opta por la comodidad intelectual del hooligan), sino a afirmación de hechos objetivos falsos y trucados, con finalidad clara y directa de inducir a error para obtener no importa qué beneficios (económicos, electorales, de audiencia o de seguidores). ¿A quién no le parecería bien que hubiera manera de identificar quién ha diseñado un falso vídeo con IA en el que aparezca la policía torturando a un niño por llevar una estampa de la Virgen de Fátima en su monedero? ¿Quién no aplaudiría que se señalase públicamente como mentira que beber un poquito de lejía es bueno para el resfriado? ¿Quién pondría objeción a que hubiera manera de marcar como falso un whatsapp de los de “pásalos a todos tus contactos” en el que se aludiese a un completamente inexistente “estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que comer jamón produce impotencia”? En materia de publicidad comercial, esto ya está resuelto: la que induce a error, puede ser rectificada por orden de un juez a través de un procedimiento regulado. Pero si es divulgación científica, información social o cultural, etc., ancha es Castilla: viva la libertad.

Si tales informaciones causasen un daño personal, ya hay jurisprudencia más que consolidada que atribuye responsabilidad al mentiroso, sin que la libertad de expresión ni el derecho a dar información sirvan de coartada. El problema es que los instrumentos con que contamos no permiten (salvo en caso de investigaciones penales) identificar el origen del bulo, ni permiten tampoco reaccionar contra él eficazmente, en caso de no dañar ni mencionar a nadie en particular. Queda la vía de actuar contra la plataforma que los aloja, pero a mí eso me deja frío. Yo querría que hubiera consecuencias contra quien piensa, diseña, trama, financia y se enriquece con la mentira masiva.

Sea Sánchez o su porquero, yo sí quiero que desde la política se piensen recursos para limpiar el clima informativo, a ser posible mediante una ley negociada y ampliamente apoyada en el Parlamento. No contra la exageración, ni contra la información simplemente inexacta o incluso equivocada, y menos aún contra la opinión, por estrambótica que nos parezca, sino contra la mentira deliberadamente distorsionadora. Igual que la contaminación industrial es objeto de atención, en este siglo importa mucho el CO2 informativo. Por supuesto. Más aún ahora en un momento en el que con los big data, la IA y mucho dinero, la disputa democrática por el poder puede quedar convertida en un juego de rol librado en un metaverso del que seamos monigotes replicantes con derecho a voto.

No hace falta un Ministerio de la Verdad orwelliano, no se dejen confundir por los asustadores profesionales. Basta con instrumentos eficaces para que determinadas entidades no sospechosas (colegios profesionales, una agencia nombrada por amplia mayoría parlamentaria, el Ministerio Fiscal) puedan investigar el origen del bulo y puedan también, sin necesidad de eliminarlo, señalar la mentira, marcar la información como objetivamente falsa, y ofrecer una réplica o versión correctora: mejor que suprimirlo es que quede ahí, para oprobio de quienes lo crearon y difundieron. Y en caso de disputa sobre la veracidad (imaginen que el autor del bulo la defiende), no hay otra: ahí están los jueces, quienes podrán determinarlo tras las pruebas que se hayan practicado, concluyendo si está probado o no que una información es falsa, con las consecuencias que de ello se desprenda, incluida alguna sanción en casos graves o de reincidencia. Si así es ya con la información que perjudica a un particular, ¿por qué no cuando envenena a la colectividad? Entre tanto, bienvenidas sean las webs que se dedican a identificar bulos, que consulto con frecuencia para hacerme una idea de cómo está el patio por los suburbios de la infoesfera.

Si las propuestas que se hagan rozan la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información (“veraz”, dice el art. 20 de la constitución), o si se aprovechan para sancionar a medios políticamente incorrectos o para cercenar el pluralismo informativo, ya nos pondremos enfrente. Pero el “se empieza por ahí y se acaba censurando a los periodistas incómodos con el poder” es una enorme falacia castradora, una coartada que sólo beneficia a quienes hoy día, ya, a estas horas, están ganando dinero a costa del porcentaje social de credulidad e indefensión informativa, que se ensaña particularmente con los más vulnerables. Es como si nos negáramos a regular el delito de homicidio porque “por ahí se empieza, y se acaba encarcelando a quien te mira mal”. ¿Autorregulación? Bueno, eso es lo que tenemos ahora, y parece que el auto no regula.

Otra cosa es que demos por sentada nuestra discapacidad como nación para perseguir objetivos desde la política. Pero si así fuera, entonces, ¿qué más da todo?

Imagine a un tribunal (supremo, constitucional) integrado por magistrados en quienes usted confíe. Imagine que esa confianza se basa en que está convencido de que ese tribunal delibera lealmente y sin prisas, con la intención unánime de aplicar el mejor Derecho. Imagine que, además, las sentencias de ese tribunal tienen una autoridad generalizada, es decir que, sin perjuicio de la crítica, son percibidas con respeto, incluso por la parte perdedora, como la respuesta válida. Imagine que equipos de comunicación, líneas editoriales y partidos políticos tienen la costumbre de no culpar al árbitro de las derrotas. Imagine que cuando se acude a ese tribunal se hace porque se está convencido de que no hay mejor manera de dirimir definitivamente algo sobre lo que unos y otros no logran ponerse de acuerdo.

En la película Negación, de Mick Jackson (2016), basada en un proceso judicial real entre una investigadora del Holocausto y un historiador negacionista, ese era justamente el escenario: la confianza. Una y otro tenían apoyos mediáticos, seguidores y detractores, y la disputa era de las que, por su naturaleza, provocaba polarización. Sin embargo, todos esperaban la decisión del juez. Ambas partes querían convencerle, asumiendo que la sentencia brotaría de la discusión en el juicio y las pruebas presentadas, y no caería de las convicciones o deseos del Juez. No es que tuvieran fe en la sabiduría del juez, quien sabía menos del asunto que cada parte; es que confiaban en que el juez cumpliría su función de juez: es decir, en su independencia (no se sentiría presionado por nadie), en su imparcialidad (no se dejaría llevar por un interés de que ganase una de las dos posiciones) y en su escrupulosa atención a las pruebas y argumentos cruzados entre las partes con igualdad de oportunidades. Se trataba de «ganar el juicio en el juicio», no de convencer al público de que si el juez no les daba la razón sería por una oscura razón no escrita en la sentencia

No hace falta decir que una Justicia así no dejaría de poder equivocarse. Serían inevitables errores en la apreciación de los hechos y en la argumentación jurídica. Pero, si pudiéramos confiar en el tribunal, aceptaríamos ese margen de error estadísticamente inevitable, porque ninguna alternativa sería mejor que someterse a su criterio. El juez no es más que eso: alguien a quien se atribuye la facultad de decidir quién ha ganado el juicio. Las alternativas son la fuerza del poder, o el poder de la fuerza.

Esto forma parte de la esencia del Estado de Derecho: que la validez de las decisiones se determina en función de un sistema de atribución de competencias y procedimientos para decidir, en los que se confía, y no en función de su mayor o menor aceptación por los jugadores y el público. Hacer del acierto o la justicia el criterio de validez de una decisión no sería Estado de Derecho, sino iusnaturalismo: sólo es válido lo que se considera ajustado a la (propia) verdad. Es decir, las decisiones serían válidas o no válidas al mismo tiempo, pues los conceptos de verdad y justicia varían según cada ciudadano, según el momento en que el ciudadano los piense, y quizás según a quién acabe de leer en el periódico o en su red social favorita.

Fácil es que un alumno de primero de Derecho tienda a pensar que sólo lo justo es válido. Pero un alumno de último curso ya sabe que «lo justo» no es el resultado de un silogismo ni de una constatación, sino algo sujeto a contradicción y radical discrepancia de pareceres. De ahí la necesidad de un árbitro y, sobre todo, de un juicio que garantice que el juez no va a decidir por intuición ni como servidor de su concepción de lo justo, sino como quien ha escuchado la discusión entre dos partes empeñadas en convencerle de cuál es la solución más conforme a Derecho. Cada cual podrá conservar su opinión sobre las cosas, pero la guerra habría terminado con una sentencia.

El modelo es impecable; su condición es la confianza. Sin confianza, la Justicia se convierte en un aparato. Pero estamos en un siglo en que no es que no importe la verdad, ni siquiera la escrita con minúscula (eso ya lo sabíamos), sino que, peor aún, tampoco importan el juicio ni las mejores razones. Es cada vez más difícil confiar en nada, porque va pareciendo que sólo vale el poder de conseguir que los hechos se pongan de nuestro lado, o al menos que así lo parezca. Si un tribunal lo confirma, estupendo; si lo desmiente, será porque se han hecho trampas.

Hoy, en España, la polarización está desbordando peligrosamente las instituciones. El Parlamento está maltratado por sesiones absolutamente insoportables para una mínima sensibilidad racional: es difícil distinguirlo de una discusión pendenciera. Debates públicos trascendentales orillan la transparencia de la sede parlamentaria y se cobijan en tribunas empresariales y en salas de reuniones de los ministerios, o buscan atajos mediante el abuso de los decretos-ley y de los procedimientos de urgencia. Tampoco las instituciones judiciales quedan al margen. La mayoría que controla el Legislativo no se fía de los jueces y redacta las leyes como quien se previene de una batalla de emboscadas que pudiera prolongar, por otros medios, la discusión y votación parlamentaria. La minoría parlamentaria no se fía del Tribunal Constitucional, de quien sospecha de antemano que decidirá lo que convenga a quien más influyó en la composición de sus miembros. Las sentencias que dicten los jueces serán leídas por unos como partes de guerra. Las que dicte el Tribunal Constitucional serán leídas como un indigno vasallaje por otros. Unos y otros están convencidos de que el poder se juega en el ruido, no en los juicios.

¿Buscamos culpables, o una solución? Quizás la mejor solución pasara por una manera diferente de atribuir las culpas: no al otro en todo, sino a todos en lo suyo. Los partidos políticos y el Consejo General del Poder Judicial tienen culpa, porque desconfían del juicio y se esmeran en procurarse una influencia en la designación del árbitro: dejen ya de repartirse nombramientos según cuotas y jueguen de una vez a lo grande, buscando a aquellos de quienes sólo puedan esperar imparcialidad. Los responsables de las líneas editoriales la tienen, porque expanden más allá de lo razonable el descrédito de los tribunales al leer sus sentencias como si estuvieran escritas antes del juicio, empleándose en aspavientos, estrategias, predicciones, genealogía de los miembros del tribunal y juicios paralelos que se derraman por las redes. Y los jueces ―sí, claro, también los jueces― la tenemos, por haber alimentado con excesivo énfasis (que se vuelve contra nosotros) el discurso corporativo de la defensa de nuestra independencia, como si algo nos impidiera cumplir nuestra obligación de resistir a las presiones, cuando lo que la ciudadanía está reclamando son motivos para confiar en nuestra imparcialidad.

Los jueces (incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional) no tenemos ninguna otra manera de ganar fiabilidad como garantes de la constitución, de la democracia y del estado de derecho, que trabajar nuestra personal imparcialidad. Para eso, lo primero es no sentirse a salvo: la imparcialidad no se aprende en una oposición, ni se adquiere con la toma de posesión, ni la aseguran los trienios. Como Sísifo, cada día, en cada asunto, hay que empezar desde abajo y transportar la piedra lo más alto posible. Defender el estado de derecho no es sentirse llamado a, como parece estar pidiéndosenos por algunos, constituir un frente alineado con una parte de la Corte para combatir a la otra parte de la Corte a la que se considere perniciosa: que algunos asuntos políticos pasen por los tribunales no puede ser ocasión para que el tribunal se convierta en ariete político envuelto en considerandos que no tienen vocación de convencer (porque no miran de frente a las razones esgrimidas en contra), sino sólo de justificar.

Imaginen, en fin, que confían en la Justicia, en unos juicios de calidad capaces de vencer los prejuicios, las influencias y el voluntarismo político, y en unos jueces falibles pero fiables. Cuánta energía ahorraríamos, cuánto ruido se mitigaría, cuántos gritones del Derecho se callarían. Exíjanlo, es su derecho.

Está suscitando cierto revuelo la iniciativa de una asociación integrada por juristas, entre ellos jueces y magistrados, de elaborar unos modelos de auto suscitando una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía. 

La iniciativa se justifica por sus promotores desde la premisa tajante de que se trata –o se tratará, si se aprueba– de una ley que vulnera la Constitución y los Tratados de la UE. No voy a entrar en el (interesante y enormemente controvertido) fondo de la cuestión. No pretendo añadir más argumentos a favor de alguna de las tesis que se enfrentan. Lo que sí pretendo es poner de manifiesto el peligro de convertir la cuestión de constitucionalidad (o la cuestión prejudicial) en un instrumento “corporativo” del Poder Judicial, es decir, de trastocar su auténtica e insustituible naturaleza jurisdiccional y hacer de ellas un sustituto de un recurso de inconstitucionalidad (o un recurso por incumplimiento) interpuesto “por los jueces”. O por un conjunto de ellos.

Los promotores de esta iniciativa saben que cada juez, cada tribunal, decidirá por sí mismo. Pero el resultado puede acabar siendo un deterioro más de los instrumentos del Estado de derecho, al estandardizar y colectivizar una decisión que sólo puede ser individual, y llevarlo al terreno doctrinal (o incluso político), abstracto, en el que el juez sólo pusiera, por militancia o por pereza, su adhesión a un “movimiento”. 

Existen guías y recursos para facilitar a un juez la tarea de formular “cualquier” cuestión de constitucionalidad o una cuestión prejudicial. Es algo inobjetable: son trámites de alguna complejidad que sólo ocasionalmente en la vida de un juez se presentan, y es normal elaborar guías procedimentales. 

Lo que es insólito es que se distribuyan masivamente a través del correo corporativo del poder judicial guías, instrucciones o recomendaciones para actuaciones posibles sobre un asunto determinado y concreto, incluyendo argumentación jurídica.

La cuestión de inconstitucionalidad no es un recurso de inconstitucionalidad. La cuestión prejudicial no es un recurso por incumplimiento. Los jueces no están facultados, como tales, para interponer esos procedimientos, defendiendo una posición concreta. Respecto del recurso de inconstitucionalidad, pueden interponerlo un grupo de 50 diputados o senadores, o el Gobierno, o el Defensor del Pueblo, y en algunos casos las Comunidades Autónomas. No el Consejo General del Poder Judicial, ni 50 jueces. 

¿Para qué, y por qué, entonces, la cuestión de inconstitucionalidad, o la cuestión prejudicial? 

La cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento importantísimo que abunda en la protección de la Constitución frente al legislador, y que la estira más allá de círculo de legitimados para la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Su ámbito y alcance se ciñen al caso de que un juez o tribunal, que deba aplicar una ley determinada de manera decisoria en el caso concreto que juzga, tenga dudas sobre su ajuste a la Constitución, cuando sobre tal cuestión no se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad, o, planteado, no se haya resuelto aún por sentencia. En vez de no aplicarla, ha de preguntar al Tribunal Constitucional, porque el ordenamiento jurídico presume la constitucionalidad de las leyes aprobadas después de la Constitución, y esa presunción dura hasta que el Tribunal Constitucional establece lo contrario. 

Es obvio que para llegar a formarse un criterio sobre la posibilidad de que una ley que debe aplicar vulnere la Constitución o el Derecho de la UE, el juez habrá leído opiniones publicadas, habrá escuchado debates en radio o televisión, y habrá hablado con compañeros. Nada tiene eso de particular: los jueces, por fortuna, no viven ensimismados. Pero la decisión de preguntar al TC o al TJUE ha de ser el resultado de una decisión personal. No sólo eso: la justificación o motivación escrita de esa decisión ha de ser, también, tan individual como lo es la de una sentencia sobre un caso concreto: de ninguna manera cabe una motivación por remisión, ni estándar, ni copiada de la sugerencia de un tercero que no es quien está juzgando el caso. Menos aún si esos modelos sugeridos se elaboran antes de que el juez haya oído a las partes en el procedimiento sobre el asunto, trámite éste obligado como presupuesto para suscitar la cuestión de inconstitucionalidad, precisamente porque se pretende que la cuestión de inconstitucionalidad no resulte de un planteamiento ideológico o teórico-jurídico del juez formado en debates doctrinales, tertulias u opiniones publicadas, sino que brote de la necesidad del juicio concreto, del caso concreto: la finalidad, para un juez, de suscitar la cuestión no es “conseguir” que se declare insconstitucional una ley y expulsarla del ordenamiento jurídico, sino aplicar la norma correcta para el caso, y para eso tiene primero que oír a las partes interesadas, y, sólo después, preguntar al TC (o al TJUE) si persisten o se acrecientan sus dudas tras los argumentos de las partes, que han de ser atentamente considerados.

Sugerir una estructura y contenido concreto para que un juez la adopte no es un ataque a la independencia judicial, porque el juez no se va a ver presionado para tomar una decisión que no quiera, ni para argumentar de manera diferente a como piensa. El problema, el problema serio, no es propiamente de intromisión en la labor del juez, sino la desnaturalización de la cuestión suscitada que puede provocar si la iniciativa tiene éxito. Si un juez “sigue el modelo”, bien puede apreciarse que la resolución la ha dictado un tercero, y allá sus responsabilidades. Si muchos jueces siguen el modelo, la cuestión llegará al TC o al TJUE como un posicionamiento colectivo de un “conjunto de jueces”, cuando no como un movimiento corporativo. 

Es como si, en un asunto difícil, el juez encarga a un catedrático de confianza, o a una Asociación Judicial, que le hagan un borrador de sentencia. Así sería, en este caso, si el juez o el tribunal de un caso en que sea de aplicación la Ley de Amnistía, hace uso de la controvertida Guía y reproduce sus argumentos. Da igual que suscriba personalmente punto por punto su contenido: sería una motivación elaborada desde fuera, por un comité, un seminario o un sindicato. Una decisión externalizada. Por eso la mejor noticia sería que la iniciativa fuese ignorada por los jueces. Es decir, que cada juez hiciera su propio esfuerzo para dilucidar, tras oír a las partes, si suscita o no la cuestión, y en qué términos, sin utilizar el argumentario de la Guía.

En resumen, entiendo que la asociación promotora de la Guía habría debido limitarse a emitir un informe en el que legítimamente expresase su convicción sobre la inconstitucionalidad y no conformidad con los Tratados Europeos de la Ley de Amnistía. Pero embutir sus planteamientos en forma de borrador de auto judicial y remitirlo, a través del correo corporativo, a todos los jueces de España, ofreciéndolo para que lo utilicen si conocen de algún asunto concreto en que resulte de aplicación la Ley de Amnistía, me parece un error grave y bien significativo de que, respecto de algunas cuestiones, la voluntad de conseguir un objetivo importa más que el cuidado de las instituciones. Aunque se haga con la buena intención de “salvar” las instituciones.

Este fin de semana, encima de la mesa del Tribunal Constitucional, hay una petición singular sobre la que ha de pronunciarse el lunes: que irrumpa en las Cortes Generales en tiempo real, justo en el momento en que se están decidiendo las reglas sobre cómo deben renovarse cuatro magistrados que integran ese mismo tribunal, y ordene la paralización de la tramitación legal.

Quienes lo han pedido invocan gravísimas razones. Aducen la defensa de la Constitución misma. Suele ser así. Los atropellos vienen precedidos de agravios, y viceversa. Los desastres son por lo general la consecuencia de una cadena de errores en la que unos provocan los siguientes. Pero el principal responsable del desastre es quien da el paso que ya no tiene retorno. Y la escena de un TC irrumpiendo en el Congreso al grito de “quieto todo el mundo” es un paso que, si se da, pudiera no tener retorno o provocar consecuencias de vértigo, porque, con buen o mal Derecho, en adelante una mayoría de magistrados del TC tendría la oportunidad de dar órdenes o establecer prohibiciones inmediatas a las Cortes Generales mediante un auto, sin ni siquiera darle audiencia.

Me anticipo a las primeras objeciones: pero ¿no era el TC el garante de la sumisión a la Constitución por los tres poderes del Estado, incluido el legislativo? ¿Qué tiene de anómalo pedirle amparo por lo que algunos diputados consideran un atropello constitucional? ¿No está para eso?

Sí, claro, está para eso. Nadie discute que puede formularse un recurso de amparo. El problema está en la petición de suspensión inmediata y actuación del TC en tiempo real. Porque no imaginaríamos al TC irrumpiendo en la Sala de Vistas de un tribunal en la que se esté celebrando un juicio y ordenando que se suspenda sin dictar sentencia porque el acusado entienda que se han atropellado sus derechos procesales, paralizando el juicio mientras se estudia la reclamación (¿durante cuánto tiempo?) y prohibiendo entre tanto dictar sentencia condenatoria. Tampoco entenderíamos la suspensión por el TC de una sesión del Consejo de Ministros porque un ministro fuera cesado la víspera y él considere que ha sido con vulneración de sus derechos constitucionales. Ni, espero, la paralización por el TC del escrutinio en elecciones generales porque un ciudadano invoque que le han privado injustamente de su derecho a votar y, si el escrutinio se lleva a término, su derecho habrá quedado irreparablemente vulnerado. No. El juicio se celebra, el Consejo de Ministros adopta sus acuerdos, se proclaman los resultados del escrutinio, y después el TC podrá determinar si la sentencia o los acuerdos son nulos o válidos con las consecuencias que procedan. Lo contrario sería convertir al TC en juez del caso, en Gobierno o en mesa electoral. Dar el balón al árbitro para que tire el penalti. O ponerlo de portero.

Reparemos, por otro lado, en que de ninguna manera la medida cautelar que se ha solicitado podría fundarse en las graves razones de inconstitucionalidad que se están esgrimiendo ante la opinión pública. Yo mismo pienso que la reforma del modo de nombramiento de los magistrados del TC por el CGPJ, introducida por vía de enmienda in extremis en la tramitación de una proposición de ley orgánica referida a materias que nada tienen que ver, además de políticamente censurable, podría ser inconstitucional: pero es que nunca la tramitación de una ley de las Cortes Generales (salvo que derivase de normas ya declaradas inconstitucionales por el TC) puede paralizarse antes de su aprobación por la posible inconstitucionalidad del texto legal que resultara, puesto que, precisamente para evitar el bloqueo de las Cortes por una minoría opositora de 50 diputados, se suprimió en 1984 el recurso previo de inconstitucionalidad: la ley se aprueba, y luego cincuenta diputados, el presidente del Gobierno o el Defensor del Pueblo impugnan.

Conscientes de ello, los diputados recurrentes no invocan la inconstitucionalidad del contenido de la ley, sino la vulneración de su derecho a una normal tramitación de la misma. Sobran, así, las graves razones de defensa de la separación de poderes o de interferencia en el funcionamiento del Tribunal Constitucional con las que quiere justificarse la suspensión de la tramitación legal: sea cual fuere el contenido de las enmiendas, su inconstitucionalidad material sólo podría plantearse una vez que fuesen aprobadas y promulgadas. Y ello no es así por una cuestión meramente formal o procesal, sino como consecuencia de un principio constitucional de enorme importancia: la autonomía parlamentaria. Desde el punto de vista jurídico, esto fuerza a plantearse si acudir a la vía del recurso de amparo con medida cautelarísima de suspensión no puede calificarse como fraude constitucional, en la medida en que trata de conseguir lo que no sería alcanzable por la vía prevista para remediar la posible inconstitucionalidad denunciada. En todo caso, por último, la suspensión no puede concederse cuando ocasione una “perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido” (art. 56.2 LOTC), entre los que imagino que está el “ejercicio de la potestad legislativa” sin intromisiones (art. 66.2 CE), es decir, la autonomía de las Cortes para tramitar y aprobar una disposición legal (sin perjuicio de su posterior impugnación).

El caso es que este lunes el TC podría, sin más, ordenar a las Cortes Generales que paren la tramitación de una ley orgánica mientras estudia (¿años?) si se ha vulnerado el derecho de algunos diputados a recibir informes relativos a una iniciativa legal que va referida a la renovación de un deliberadamente bloqueado TC. Se ha pedido al árbitro que decida si el órgano encargado de sustituirlo puede o no celebrar la reunión para determinar cómo lo sustituye.

La espiral

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se trata de una lucha de poder en cuyo escenario y estrategias las instituciones no han funcionado como líneas y reglas delimitadoras de la disputa, sino que han sido abiertamente el objeto mismo de la contienda. Consolidando y agudizando una deriva perversa que está en el origen de todo este estropicio, el CGPJ y el TC han sido penetrados por la lógica partidista y su voracidad de poder. Lejos de procurar el acceso de vocales y magistrados de consenso (es decir, que conciten individualmente el aprecio de 2/3 de las cámaras), los partidos mayoritarios han cuidado de asegurarse un “cupo de influencia” mediante el nombramiento pactado de “tuyos y míos” en una lista empaquetada. No digo desde luego que los elegidos fuesen lacayos, ni personas sin mérito, pero sí es cierto que en las negociaciones más bien se ha partido de que “como sé que tú colocas a los tuyos, yo tengo que colocar a los míos”, llegándose así a un “pluralismo de cuotas” que replican una lógica de mayoría y minoría. No buscan “nuestros”, sino tuyos y míos. Y eso es una perversión del sistema. Eso daña a la línea de flotación de la institución. Eso es una práctica inconstitucional compartida. Diría que es el fondo del problema, y las culpas han de asignarse a quienes estaban en condiciones de evitarlo: PP y PSOE.

Ese es el ojo de la espiral. Y ya sabemos que la espiral es una curva que se va alejando progresivamente de su centro. Pero en su desarrollo, los reproches son desiguales. Sería injusta la equidistancia.

En esta legislatura la oposición y, en particular, el Partido Popular, invocando excusas heterogéneas e incompatibles unas de otras que no es preciso enumerar, ha usado su minoría de bloqueo  para una finalidad que nunca podrá olvidarse: conservar una composición de dichos órganos que refleja tiempos en que tenía mayoría absoluta parlamentaria, más allá del plazo de caducidad del mandato de quienes entonces fueron designados, para así retener poder en el seno de instituciones a las que avinagra. Digamos que juega al catenaccio: fingen caídas y lesiones con la finalidad de que pase el tiempo y acaso concluya esta legislatura en la que tienen una representación parlamentaria de mínimos. Su finalidad es que no ruede el balón, porque van ganando. Dicen proteger los órganos constitucionales de la intromisión o ansiedad de control por parte del Gobierno, pero en realidad lo que protegen es el control y la capacidad de influencia en los mismos, que obtuvieron con las mismas leyes a las que ahora se declaran insumisos.

De otro lado, el Gobierno y la mayoría parlamentaria que le da apoyo aspiran a traducir en esos órganos el resultado de las elecciones de 2019. Quieren, sí, introducir más “míos” que “tuyos” porque se trata de posiciones de poder. Se les puede reprochar que no corrijan la deriva de cuotas y partidista, pero no insumisión a la ley, sino su cumplimiento. Quieren que el balón ruede con las mismas reglas. El reproche no puede ser igual. El problema es que, al no conseguirlo por el deliberado y ventajista bloqueo de la oposición, han optado por los atajos.

Propusieron primero rebajar la mayoría exigida para el nombramiento de los vocales judiciales del CGP: afortunadamente dieron marcha atrás, porque es censurable sin paliativos usar una mayoría absoluta (cambiando la ley) para conseguir lo que requería una mayoría de 2/3 (como en su día hiciera Rajoy con el nombramiento del director de RTVE). Ahora han vuelto a proponerlo, mediante una enmienda in extremis para los nombramientos del Tribunal Constitucional, suprimiendo además el control de verificación de idoneidad por el propio Tribunal. Son atajos, son leyes ad hoc (aprobadas para la ocasión), y esto tampoco va a poder olvidarse.

Catenaccio para conservar ilegítimas posiciones de poder y atajos para renovar. La densidad del reproche no puede ser igual, pero el resultado ya lo ven: el Tribunal Constitucional llamado a filas.

Pese a la insoportable polarización social del momento, no creo que seamos pocos los ciudadanos a los que nos importa mucho más la confianza en las instituciones que quién las compone y cuánta influencia tienen en ellas una fuerza política u otra. Cuando los partidos políticos aspiran a nutrirse de las instituciones para acumular poder en vez de alimentarlas con los mejores para servirlas, no nos representan. Acaso habría sido un buen momento para que quien ahora preside el Gobierno, desde su especial responsabilidad política, con altura de miras y en un gesto de grandeza institucional, propusiera un reseteo que nos devolviera a un punto de restauración del sistema en el que fuera posible corregir esta espiral degenerativa.