El problema con el ya tristemente célebre chat de Signal leído en todo el mundo no es solo la difusión de detalles confidenciales sobre operaciones militares sino el patrón de deshonestidad institucional que parece revelar en la Administración Trump y sus ramificaciones legales.

La filtración pone al descubierto un sistema de rendición de cuentas que no está funcionando, en el que altos cargos del gobierno pueden divulgar secretos militares con una inmunidad que parece casi total. A pesar de haber incurrido en una posible violación del protocolo para el material confidencial, de las leyes federales sobre gestión de documentos, y de los procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones, ninguno parece enfrentarse a consecuencias legales relevantes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se han reafirmado en la postura de la Administración: ninguno de los mensajes del chat de Signal era confidencial, dicen, definiéndolos como una “actualización para el equipo” donde no se hablaba de fuentes ni de los métodos para obtener la información.

Según Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado con amplia experiencia en lucha contra el terrorismo y operaciones militares (participó en sesiones de deliberación y asesoramiento durante ataques anteriores de EEUU contra los hutíes en Yemen), el grado de detalle con que se habló en el chat sobre el tipo de aeronaves hace pensar que se trataba de información confidencial.

“Si hubiera visto [...] de antemano la [información] compartida en la operación especial, en mi experiencia habría sido confidencial”, dice, e insiste: “No puedo garantizar qué tipo de consideración tenía la información que compartió Hegseth, pero en mi experiencia, ese tipo de detalles antes de la operación habrían sido considerados confidenciales”.

Las propias directrices que el Departamento de Defensa de EEUU sigue para clasificar la confidencialidad de la información sugieren que los planes militares detallados en el chat de Signal tendrían que haber recibido como mínimo el nivel de “secreto”. Algunas de las actualizaciones que se hicieron en tiempo real podrían haber sido clasificadas con un nivel superior de confidencialidad.

La información compartida por Hegseth incluía un resumen con detalles operativos sobre el ataque contra objetivos rebeldes hutíes en Yemen, como la hora de despegue de los cazas F-18, la hora a la que se esperaba que cayeran las primeras bombas, y la hora a la que se lanzarían los misiles navales Tomahawk. La actualización de Hegseth se envió antes de que la operación se llevara a cabo. Un indicador de que Hegseth se daba cuenta de lo delicada que era la situación es su referencia en el propio chat a la seguridad de las operaciones, o OPSEC [un proceso para asegurarse de que la información no puede ser observada por agencias enemigas de espionaje] –en uno de los mensajes el jefe del Pentágono dice que los detalles “están aclarados en OPSEC”–.

Según la guía para la clasificación de la información, tendrían que haber sido considerados confidenciales los datos sobre la “fecha y hora de inicio de la misión/operación”, los “cronogramas/calendarios”, y el “concepto de las operaciones, incluido el orden de batalla, las circunstancias de ejecución, los lugares de las operaciones, los recursos necesarios, las maniobras tácticas y los despliegues”.

En la conversación también hay una actualización en tiempo real enviada por Mike Waltz, el asesor de Seguridad Nacional, que puede revelar información sobre las capacidades y agentes de EEUU en la región. “Primer objetivo, su principal hombre para los misiles, tenemos identificación positiva de él entrando en el edificio de su novia, ahora se ha derrumbado”, decía.

El detalle de apuntar a un individuo en el edificio de su novia expone otro problema legal: un ataque militar que difumina las líneas entre la guerra legítima y los objetivos extrajudiciales, violando potencialmente tanto la intención estratégica de la ley Resolución de poderes de guerra como el principio básico del derecho internacional humanitario de distinguir a los combatientes de los civiles.

Associated Press informa de que también ha habido un cambio en los ataques aéreos de EEUU en Yemen, operando en un espectro cada vez mayor contra el liderazgo hutí y las zonas urbanas que aún continúan.

El proyecto Armed Conflict Location & Event Data ha documentado 56 ataques distintos en Yemen entre el 15 y el 21 de marzo, mientras que el grupo de seguimiento británico Airwars sugiere que al menos cinco ataques estadounidenses pueden haber causado víctimas civiles, basándose en pruebas de vídeo, declaraciones de los hutíes y otros detalles documentados. Hasta la fecha se han producido 57 muertes en Yemen, según cifras de los hutíes.

Problemas legales

Según Finucane, los principales problemas jurídicos que genera el chat tienen que ver con la Ley de Espionaje, utilizada normalmente para perseguir a whistleblowers (informantes); la Ley de Registros Federales, que obliga a las agencias federales a proteger y preservar sus documentos; y la Ley de Documentos Presidenciales, que obliga al presidente a mantener todos sus documentos a salvo para transferirlos a los Archivos Nacionales al término de su mandato.

“La pregunta más importante es: ¿quién autorizó realmente qué con respecto a Yemen?”, dice Finucane. “No está claro qué decisión tomó realmente Trump. No sabemos qué autorizó Trump”.

Un antiguo alto cargo de la Casa Blanca dice que muchos empleados del gobierno usan Signal por comodidad pero que lo ocurrido solo puede explicarse por “un completo amateurismo”. En los gobiernos anteriores, dice, la información compartida por Hegseth habría significado la retirada inmediata del permiso a acceder a información confidencial.

“Yo habría perdido mi autorización”, dice. “Estos tipos no perderán sus autorizaciones para acceder a información confidencial porque a nadie le importa ya nada, pero si yo hubiera hecho esto, me habrían investigado y yo habría perdido mi autorización”.

El entramado de subterfugios para salir del paso no termina con la declaración oficial de la Casa Blanca negando que en el chat hubiera información confidencial. Mike Waltz, que según las capturas de pantalla fue el que creó y el que invitó a los miembros del grupo, ha tratado de distanciarse diciendo que “nunca se había reunido, no conocía, nunca se había comunicado” con Jeffrey Goldberg, el redactor jefe de The Atlantic al que incluyeron por error en el chat. Una declaración que se pone en duda al revisar The Atlantic y encontrar materiales donde parece haber habido comunicación entre los dos.

Que en la Administración Trump más de una docena de altos cargos usen un grupo de Signal y no los canales seguros de comunicación del propio Gobierno (canales que conocen perfectamente) genera dudas sobre la forma en que están manejando la información. En una carta poco común respaldada por los dos partidos, el líder republicano y el demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado pidieron el miércoles una evaluación de lo ocurrido, algo que podría desencadenar una situación embarazosa para la Administración Trump, con el inspector general del Departamento de Defensa investigando a los implicados.

Pese a que la Ley de Espionaje tipifica como delito la divulgación indebida de “información de defensa nacional”, sea cual sea su clasificación de confidencialidad, los altos cargos del chat de Signal no parecen correr riesgo de una persecución penal. En parte, porque es poco probable que el Departamento de Justicia de Trump procese a sus propios miembros del gabinete.

Durante un acto en la Casa Blanca con sus candidatos a embajadores, Trump dijo el martes que “no era verdaderamente” un tema para que lo investigase el FBI. Según exagentes del FBI, Trump podría estar en lo cierto dado que los implicados no cometieron un acto de espionaje para un adversario extranjero.

¿Investigación judicial?

Es probable que la primera consecuencia jurídica sea la que resulte de una demanda presentada el martes por el comité de vigilancia American Oversight acusando a Hegseth; al director de la CIA, John Ratcliffe; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y a otros, de incumplir las leyes federales de preservación de documentos. En las 18 páginas de la demanda, piden a un juez federal que obligue a la Administración Trump a guardar los mensajes de Signal argumentando la ilegalidad de una función que los borra automáticamente pasado un tiempo.

La demanda fue asignada el miércoles a James Boasberg, juez principal de distrito en Washington DC que también lleva otro caso relevante de Seguridad Nacional que involucra al Gobierno: el de los venezolanos deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En ese caso, la Administración Trump ya incumplió con una orden verbal de Boasberg, que exigía el regreso de los aviones en el aire. Invocando la seguridad nacional, el Gobierno también bloqueó la investigación posterior de Boasberg en torno a la violación de su orden.

El agresivo enfoque que la Administración Trump adoptó en el caso de las deportaciones podría jugarle en contra con este nuevo pleito sobre el chat de Signal. Es probable que Boasberg se muestre escéptico ante las cambiantes interpretaciones que los altos cargos hacen sobre lo que es confidencial y lo que no.

Lo que eso significará en términos prácticos sigue sin estar claro. The Atlantic ha publicado la cadena completa de mensajes del grupo de Signal, lo que hace redundante una parte de la demanda presentada por American Oversight (los mensajes son ahora de dominio público). Pero nada impide que Boasberg ordene, por ejemplo, una investigación sobre el asunto.

El programa de captación de votantes de Donald Trump en estados clave para las elecciones está siendo gestionado principalmente por America Pac, el comité de acción política respaldado por el multimillonario Elon Musk, según las fuentes consultadas por The Guardian.

La campaña del ex presidente apostó por subcontratar a Super Pacs la estrategia general. Pero, aunque la campaña de Trump anunció en su día que varios Pacs se encargarían del trabajo, a seis semanas de las elecciones sólo America Pac tiene una presencia de entre 300 y 400 empleados en cada uno de los siete estados disputados. America Pac también sigue siendo la única entidad –de la campaña de Trump o de otro tipo– con el objetivo de hacer tres pasadas por hogares de probables votantes de Trump, en cada estado disputado, antes del día de las elecciones.

Los Comités de Acción Política (PAC) son organizaciones que se dedican a recaudar fondos y a hacer campaña por candidatos a las elecciones de EEUU.

Turning Point Action, dirigida por el activista de derechas Charlie Kirk y promocionada por la campaña de Trump, por ejemplo, tiene una presencia más pequeña; y está trabajando en Arizona y Wisconsin tras borrar Georgia de su lista inicial.

La consecuencia de todo esto es que America Pac se encarga ahora de una gran parte del trabajo poco glamuroso pero decisivo de llamar a las puertas y seducir a antiguos votantes de Trump en los estados disputados para conseguir que vuelvan a votarle.

Como la campaña de Trump no tiene su propio programa de campaña general –tiene sus Trump 47 Captains, un programa de voluntarios que se dirigen a posibles partidarios de Trump que no suelen votar–, tiene poco respaldo si America Pac falla.

La semana pasada, America Pac despidió a la empresa que había contratado en Arizona y Nevada para llevar a cabo la campaña de puerta en puerta.

El despido de September Group tuvo consecuencias para Trump, ya que America Pac perdió varios días de campaña mientras buscaba una empresa que la sustituyera, y perdió algunas de las aproximadamente 300 personas que había contratado en cada estado.

La campaña de Trump niega depender de America Pac y dice que tiene más de 27.000 voluntarios trabajando como Trump 47 Captains, el programa en el que los ardientes partidarios de Trump reciben material especial de Maga a medida que consiguen que más gente se registre para votar.

Cada voluntario recibe una lista de 10 vecinos a los que debe movilizar. Si alcanzan ese objetivo, el siguiente nivel implica sondear a 24 de cada 50 probables votantes de Trump, para después sondear a 45 de cada 100 votantes, con nuevas recompensas en cada nivel.

“El equipo de Trump tiene cientos de empleados y oficinas que movilizan a cientos de miles de voluntarios en todo el país. Por eso todo el mundo quiere atribuirse el mérito de nuestra innovadora operación, basada en datos y en el poder de la gente”, responde Karoline Leavitt, portavoz de Trump, en un comunicado.

Pero una persona relacionada con America Pac expresó su escepticismo sobre el alcance de los 47 capitanes de Trump, y señaló que dirigirse sólo a los llamados votantes de baja propensión en las zonas rurales no sustituye a llamar a puertas, también en zonas suburbanas y las ciudades.

Por otra parte, si Trump gana, podría ser en parte gracias a Musk, que ha articulado ambiciones políticas más amplias –recientemente propuso a Trump formar parte de su gabinete– y, en consecuencia, tener una influencia creciente con Trump.

La operación de America Pac tardó en ponerse en marcha tras desechar sus propuestas iniciales, y no empezó a contratar trabajadores a buen ritmo hasta el mes pasado.

Pero, desde entonces, su tamaño se ha disparado. Al retener a los proveedores de sondeos para cada estado decisivo, la operación de America Pac ahora tiene cientos de empleados a tiempo completo y otros tantos a tiempo parcial para llamar a las puertas en un esfuerzo inusualmente agresivo, dijo la fuente.

En Carolina del Norte y Michigan, el proveedor de America Pac, Blitz Canvassing LLC, ha contratado a más de 400 empleados en cada estado, dijo la fuente. Hasta la fecha, America Pac ha pagado unos 3,3 millones de dólares a Blitz, según los registros federales de financiación de campañas.

Blitz es ahora también responsable de Arizona y Nevada, después de haber sido nombrada sucesora de September Group. Tiene el mandato de volver a contratar al mayor número posible de los 300 encuestadores despedidos y, en Nevada, de llamar a unas 30.000 puertas al día.

La contratación de Blitz ha sido controvertida dentro del mundo de Trump, en parte porque Blitz es una filial de una empresa llamada GP3, propiedad de los consultores políticos que dirigen America Pac. Esto ha dado lugar a acusaciones de que la dirección de America Pac se está beneficiando doblemente.

Para Pensilvania y Georgia, America Pac ha subcontratado a Patriot Grassroots LLC y ha pagado unos 2,3 millones de dólares hasta la fecha. Para Wisconsin, America Pac ha subcontratado a Synapse Group por unos 468.000 dólares, según los archivos financieros de la campaña.

Donald Trump ha dicho a sus asesores que quiere que lo esposen ante el tribunal si es acusado por un gran jurado de Manhattan por su papel en el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels, según informa The Guardian citando múltiples fuentes cercanas al expresidente.

De acuerdo con esas personas, el objetivo de Trump es convertirlo todo en un “espectáculo”, ya que de todos modos tendría que acudir al juzgado y entregarse a las autoridades para la foto y las huellas dactilares de su ficha policial.

La insistencia creciente de Trump en que lo lleven con las manos esposadas tras la espalda para un desfile ante las cámaras parece tener varios motivos. Uno de ellos es proyectar una imagen desafiante frente a un procesamiento que considera injusto con el objetivo de movilizar a sus votantes para la campaña presidencial de 2024.

Pero según personas cercanas a Trump, el factor principal es el temor del expresidente a dar una imagen de debilidad, o de perdedor, por acogerse a algún tipo de procedimiento especial, como una videoconferencia para su primera comparecencia ante el tribunal o una entrada a hurtadillas en el juzgado.

Las recientes conversaciones que Trump ha mantenido en Mar-a-Lago y otros lugares con sus asesores cercanos en torno a su entrega a las autoridades muestran los miedos y preocupaciones del expresidente ahora que el gran jurado parece encaminado a presentar una acusación.

El equipo jurídico de Trump en el caso del supuesto pago por el silencio de Stormy Daniels se resiste a que su cliente acuda en persona al tribunal. El consejo que le han dado al expresidente es una entrega discreta la próxima semana y una comparecencia a distancia. Para ello han llegado a citar las recomendaciones del Servicio Secreto [que vela por la seguridad de los mandatarios de EEUU] para evitar problemas de seguridad.

Pero Trump ha rechazado ese criterio. Durante el fin de semana dijo a varios aliados que no le preocupaba que alguien le disparase: se convertiría en “un mártir”. Según las fuentes, después añadió que probablemente ganaría la presidencia en 2024 si le disparaban.

Aún no se sabe en qué momento el gran jurado de Manhattan podría presentar una acusación por el supuesto pago y convertir a Trump en el primer presidente de EEUU, en activo o retirado, en enfrentarse a una acusación penal.

Personas cercanas a Trump no pueden asegurar hasta qué punto el expresidente iba en serio con lo de ser esposado para un desfile ante las cámaras, pero ese supuesto deseo podría verse frustrado si el fiscal del distrito, Alvin Bragg, decide no esposarlo y se niega a permitir el paseo frente a los medios de comunicación.

Enormes consecuencias legales

Los asesores de Trump tampoco están seguros de que el expresidente haya terminado de entender las gigantescas consecuencias legales que podría generarle una acusación. En parte, porque a medida que aumentaba la actividad en Nueva York mientras la investigación se cerraba, el expresidente ha dado la impresión de desentenderse en muchas ocasiones.

Según las fuentes, en estos últimos días, Trump solo le ha dedicado a sus problemas legales durante el tiempo que le dejaban los almuerzos y cenas de Mar-a-Lago, además de las habituales rondas de golf en su complejo turístico de Palm Beach.

En las ocasiones en que por fin se ha parado a pensar una estrategia de respuesta a la posible acusación por el pago a Stormy Daniels, dicen las fuentes, su preocupación ha sido encontrar la manera de proyectar una imagen desafiante contra la acusación. Aparentemente, no le altera lo más mínimo la posibilidad de ser vapuleado con cargos penales por un delito que podría llegar a ser grave.

El caso se centra en los 130.000 dólares que Trump entregó a Stormy Daniels a través de su entonces abogado Michael Cohen en los últimos días de la campaña de 2016. Trump reembolsó más tarde a Cohen con cheques de 35.000 dólares de sus fondos personales, que fueron registrados como gastos por servicios jurídicos de Cohen.

Los cargos que el fiscal del distrito podría presentar contra Trump siguen sin estar claros, aunque algunos miembros del equipo jurídico del expresidente creen que el escenario más probable implica una primera denuncia por falsificación de registros comerciales junto con un posible fraude fiscal porque Trump no habría pagado impuestos por los pagos.

Impulsar su campaña

Trump también ha prestado atención a las formas en que una demanda podría impulsar su campaña presidencial de 2024. Su apuesta es que enfurecería al núcleo duro de votantes MAGA [por las siglas de Make America Great Again] y que forzaría al resto del Partido Republicano a unirse en su defensa ante una acusación que él mismo ya ha caracterizado como políticamente motivada.

En ocasiones anteriores, la publicidad obtenida por las investigaciones políticas y penales contra Trump ha terminado beneficiando a su recaudación de fondos y obligando a los rivales republicanos a moverse torpemente entre críticas a los fiscales y defensas de alegaciones que, de otro modo, serían políticamente indefendibles.

Está por ver si una acusación beneficia a Trump en la carrera por la candidatura de 2024. En los últimos ciclos electorales, sus campañas basadas en la queja han flaqueado. Los votantes independientes, en especial, parecen agotados de su estribillo constante en torno a investigaciones “caza de brujas”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Donald Trump ha mantenido varias reuniones en los últimos días planificando su respuesta política y legal ante la que va a ser su semana de mayor riesgo jurídico desde que dejó la Casa Blanca. Es probable que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presente una acusación penal contra él por su papel en el pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio.

En su red Truth Social, el ex presidente estadounidense publicó en mayúsculas que esperaba ser “ARRESTADO EL MARTES”. También pidió a sus partidarios que se unieran a las protestas, un recuerdo funesto de los tuits con que los incitó a la protesta en los días previos al ataque del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU.

Según fuentes cercanas a Trump, la fecha de este martes como día de la acusación de Bragg es sólo una conjetura, después de ver en los medios de comunicación que la oficina del fiscal del distrito se ha puesto en contacto con el servicio secreto de EEUU para hablar sobre medidas seguridad en caso de una acusación formal.

Un gran jurado de Nueva York está escuchando las pruebas del resucitado caso de 2016. Para este lunes estaba programado el testimonio de un nuevo testigo, lo que hace improbable que se produzca un arresto al día siguiente. Redactar los documentos de la demanda, una vez terminado el testimonio, es algo que puede llevar horas. Aparentemente, el testigo de este lunes era Robert J Costello, que comparecía a petición del equipo jurídico de Trump. En su día, Costello fue el asesor jurídico del ex abogado de Trump Michael Cohen, pero ambos se han enemistado desde entonces. Es probable que el objetivo del testimonio de Costello sea desautorizar a Cohen.

El expresidente republicano ha acusado también al presidente estadounidense, Joe Biden, de estar detrás de la acusación del fiscal. “Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha 'llenado' la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia”, escribió en Truth Social.

Bragg, un demócrata electo como fiscal de distrito por voto popular, afirmó el domingo que no se dejará intimidar por las protestas. El ex presidente dedicó varios mensajes a denostar a Bragg, a quien acusó de recibir más de un millón de dólares “del izquierdista radical enemigo de TRUMP, George Soros”.

A su vez, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que las fuerzas de seguridad están alerta ante las posibles movilizaciones trumpistas. “Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero” de 2021, ha dicho Kirby en la cadena Fox en referencia al asalto al Capitolio.

Los frenéticos mensajes de Trump demuestran el profundo pánico y ansiedad que siente el expresidente ante la inminencia de una probable demanda penal, sostienen fuentes cercanas. Sobre todo, porque no tiene manera de impedir que la oficina del fiscal siga adelante con un caso que llevará a Estados Unidos a territorio legal desconocido, con Trump intensificando la campaña para convertirse en el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024.

En estos días, Trump y sus aliados han dejado caer la idea de que una demanda por comprar el silencio de Stormy Daniels puede beneficiarlo políticamente: sus votantes republicanos podrían ver la resurrección de un caso de hace años como una auténtica “caza de brujas”, en palabras del expresidente. Pero también es cierto que el propio Trump siente un profundo temor por la posibilidad de una acusación penal.

La semana pasada, Trump habló todos los días sobre el caso. Sus asesores dicen que han barajado varios escenarios si se produce la demanda, como si el expresidente debe ir a Nueva York para una comparecencia o si debe hacerlo a distancia desde su complejo residencial de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha mostrado interés en comparecer en persona ante el tribunal penal de Manhattan, donde se cree capaz de transformar el proceso en un espectáculo para los periodistas presentes, sostienen las mismas fuentes. El sábado por la tarde planteó esa posibilidad mientras viajaba hacia Oklahoma para un campeonato de lucha de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de EEUU (National Collegiate Athletics Association por sus siglas en inglés).

Algunos miembros de su equipo jurídico le desaconsejan la comparecencia en persona por temas de seguridad, entre otras preocupaciones. Le han pedido que les permita negociar una presentación inicial a distancia y una fecha de entrega acordada, cuando sea notificada la acusación.

Estrategia de la defensa

El equipo jurídico de Trump ya está trabajando en la estrategia de defensa. Joe Tacopina y Susan Necheles, dos abogados contratados para el caso, argumentaron que una acusación centrada en el incumplimiento de la regulación de financiación de campañas no se sostiene y que en 2012 ya se intentó sin éxito una demanda similar contra el senador demócrata John Edwards.

La investigación se refiere a 130.000 dólares que Trump hizo llegar a Daniels a través de Cohen, su abogado en aquel momento, durante los últimos días de la campaña de 2016. Trump reembolsó después a Cohen con sus fondos personales, entregándole cheques por valor de 35.000 dólares. En 2018, Cohen se declaró culpable en una demanda federal relacionada con el soborno.

Es probable que el caso del fiscal se centre en la forma en que Trump y la Organización Trump registraron esos reembolsos. Según documentación del caso, la sociedad de los Trump anotó los pagos como gastos jurídicos, haciendo referencia a un contrato legal con Cohen que no existía.

Si la acusación alega que la compra del silencio de la actriz vulneró las leyes de financiación de campaña, lo más probable es que los abogados de Trump argumenten que no pasa lo que viene a denominarse el “irrespective test” que desvincularía el pago a la estrella de cine para adultos de un delito electoral. Es decir, que aunque Trump no hubiera estado en la campaña por la presidencia de 2016, en cualquier caso hubiese pagado a Daniels para evitar la vergüenza, porque el magnate ya era una figura pública.

Pero esa argumentación puede ser una batalla complicada. Trump podría quedar como responsable si se demuestra que tenía “motivaciones mixtas”: proteger su imagen pública y su campaña a la vez. Y el momento de los pagos sugiere que había urgencia de hacerlos antes del final de la campaña de 2016.

En respuesta, se espera que el equipo jurídico de Trump argumente que Daniels ya había intentado en 2011 vender su historia de un affaire con Trump y que entonces le habían dicho: “Deja en paz a Trump, olvídate de la historia”. Se trataría de demostrar que el silencio de Daniels había sido buscado mucho antes de que Trump se presentara a las elecciones presidenciales.

Los abogados de Trump expusieron esos argumentos hace poco a la Fiscalía, cuando Necheles pidió al fiscal de distrito que abandonara el caso, como informó The Guardian. Pero todo apunta a que el fiscal Bragg seguirá adelante con la acusación, una demanda sin precedentes contra un expresidente de EEUU que además está tratando de regresar al Despacho Oval.

En las últimas semanas, la oficina del fiscal del condado de Nueva York (Manhattan) ha hecho testificar ante el gran jurado a al menos siete ayudantes y asesores de Trump. Entre ellos figuraba Cohen, que dio testimonio el miércoles durante unas dos horas (es su segunda intervención). Se ha dicho que cada miembro del gran jurado tenía una pregunta para él, lo que hace pensar en un alto grado de participación.

Según los expertos jurídicos, ese es un indicador clásico de que los fiscales sopesan posibles demandas. Si el gran jurado encuentra que un testigo es concluyente y termina produciéndose el juicio, el jurado final podría encontrarlo igual de convincente.

La comisión especial de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha terminado su trabajo solicitando al Departamento de Justicia que procese al expresidente Donald Trump por sus intentos de frenar la certificación en el Congreso de los resultados electorales de 2020. Las voces expertas señalan que el Departamento de Justicia sin duda puede investigar los cargos señalados por la comisión.

La comisión de congresistas votó este lunes en su última sesión pública a favor de recomendar el procesamiento de Trump por cuatro posibles delitos: obstruir un procedimiento oficial, conspirar para engañar a EEUU, incitar a la insurrección y conspirar para hacer una declaración falsa.

En gran medida, esta solicitud es simbólica porque el Congreso no puede obligar al Departamento de Justicia a presentar cargos y hace meses que los fiscales federales iniciaron su propia investigación sobre el ataque al Capitolio y sobre los intentos de Trump por anular su derrota.

Estas recomendaciones legales proporcionan un análisis de un posible comportamiento criminal, así como pruebas de apoyo similares a los memorandos de acusación interna que el Departamento de Justicia prepara antes de presentar cargos. Según dos exfiscales estadounidenses, las recomendaciones de la comisión incluyen varias leyes que, casi con toda probabilidad, serán consideradas por el nuevo fiscal especial del caso.

El cargo más probable

Los expertos señalan que la solicitud de procesar al expresidente por obstrucción de un procedimiento oficial es la acusación con más posibilidades de ser considerada por los fiscales federales por los intentos de Trump de retrasar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El panel ha concluido que Trump aparentemente cumplió con los requisitos del delito (tratar de “impedir cualquier procedimiento oficial” de una manera “deshonesta”) cuando ejerció presión sobre su vicepresidente, Mike Pence, para que se negara a contar los votos del colegio electoral obtenidos por Biden, a pesar de que ya le habían dicho que ese plan era ilegal.

Aunque la comisión señala que los intentos de Trump para que Pence parara la certificación son suficientes para presentar cargos, añade que el expresidente también podría ser procesado por tratar de crear declaraciones falsas que decían que había ganado votos del colegio electoral, un plan de última instancia que tenía como objetivo darle a Pence la excusa para retirarle la certificación a los votos de Biden.

El segundo cargo, conspirar para engañar, es otra acusación que probablemente será considerada por los fiscales federales, según los expertos. No necesita tener relación con ningún delito subyacente más allá de obstaculizar una función legal del Gobierno por medios deshonestos.

En un solapamiento parcial con el primer cargo recomendado, el panel de la comisión especial sugiere que Trump podría ser acusado de conspirar porque sus intentos de impedir la certificación del 6 de enero se hicieron “de manera deshonesta”, ya que el complot para conseguir que Pence retirara la certificación a las victorias electorales de Biden era “manifiestamente (y reconocidamente) ilegal”.

Aunque el Departamento de Justicia ha considerado en otras ocasiones el delito de conspiración para el engaño (la última persona que lo hizo fue Robert Mueller), no está tan claro que ahora pueda invocarse para acusar a Trump: el Tribunal Supremo de EEUU tiene una interpretación más restringida de esta ley, aplicable en delitos de dinero, pero no tanto en los de corrupción pública.

Mentir

El tercer cargo, “conspirar para una declaración falsa”, es según los expertos jurídicos una opción adecuada si el Departamento de Justicia consigue probar de manera concluyente que Trump formó parte de la conspiración para presentar información falsa del colegio electoral ante el Congreso y ante el Archivo Nacional de EEUU.

Definido en la sección 1001 del código penal de EEUU, el cargo de declaración falsa suele invocarse cuando hay mentiras ante las fuerzas del orden, pero incluye estipulaciones sobre la fabricación o el uso de documentos cuya falsedad es conocida por los conspiradores.

La comisión especial de investigación ha presentado esa tercera recomendación como evidente, pero los expertos jurídicos ven complicado probar que Trump formase parte de la conspiración. Habría que demostrar dos cosas: que estaba involucrado en la trama personalmente y que tenía conocimiento de que iba a usarse para inducir actuaciones ilegales por parte de Pence.

El Departamento de Justicia también tendría que refutar la línea de defensa que Trump lleva presentando desde hace tiempo: que los miembros falsos del colegio electoral (los ciudadanos votan por su candidato favorito pero la elección en cada estado se hace formalmente con la votación de estas personas que deben seguir el resultado) no se habían creado con una finalidad ilegal, sino como un plan de contingencia para preparar listas alternativas en caso de que los estados republicanos decidieran formalmente sustituir a los electores de Biden por los de Trump.

El cargo de insurrección

La cuarta acusación, incitar a la insurrección, solo requiere que los fiscales demuestren que Trump ayudó en los actos ilegales relacionados con el 6 de enero, pero según los expertos jurídicos es la que menor probabilidad tiene de ser considerada por el Departamento de Justicia. Casi con toda seguridad, Trump invocaría la protección de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, para defender su discurso en el mitin del parque junto al Capitolio y su ya famoso tuit: “Gran protesta en Washington el 6 de enero”, en el que animaba a sus simpatizantes a protestar allí. “¡Estad allí, va a ser bestial!”.

El precedente jurídico para decidir si hubo incitación o contribución a la insurrección se deriva de una sentencia histórica del Tribunal Supremo de 1969 en el caso Brandenburg contra Ohio. El fallo señala que el Gobierno no puede prohibir ningún discurso a menos que esté diseñado para incitar a una acción ilegal inminente.

El Departamento de Justicia puede negarse a presentar cargos por incitación a la insurrección si no es capaz de demostrar que Trump tenía conocimiento de un plan de los grupos de extrema derecha Proud Boys o Oath Keepers para asaltar el Capitolio cuando el 19 de diciembre de 2020 escribió su tuit o cuando en el mitin del parque dijo a sus simpatizantes que “lucharan con todas sus ganas”.

Traducción de Francisco de Zárate