Este lunes conocimos la resolución del Tribunal Constitucional por la que se ordenaba suspender la tramitación parlamentaria de una ley que, entre otras cosas, quería poner fin a la situación de bloqueo que se vive en el propio Tribunal Constitucional que, por parte de un grupo de vocales del CGPJ, se mantiene contra cualquier razón jurídica o lógica. No hay motivos, pues estos han ido cambiando en las inentendibles manifestaciones de dichos vocales, que simple y llanamente tienen el deber de nombrar a dos personas para el TC entre miles de candidatos potenciales. De decir que no encuentran candidatos entre los cinco mil jueces y magistrados españoles que reúnan las condiciones necesarias (lo cual es insulto para estos), se ha pasado a otras consideraciones sobre cada uno de los candidatos que se han ido conociendo en un eterno, vacío y dañino retardo.

La decisión del Tribunal Constitucional es llamativa y controvertida por muchas cuestiones. Es llamativa porque no hay precedente de una decisión de este tipo. Nunca antes se pidió y se concedió tal medida. Es controvertida porque se adopta por un Tribunal Constitucional partido en dos y porque paraliza la tramitación de una ley sin que la misma se haya aprobado, lo cual no deja de ser la anticipación de las decisiones que sobre la misma puedan adoptar los órganos competentes para ello. Supone un juicio de proporcionalidad que tiene una inevitable trascendencia política y constitucional. Supone una determinación unilateral del campo de las relaciones entre las cámaras y el tribunal. Veremos qué ponderación nos dice el Tribunal Constitucional que ha hecho.

Otra de las cuestiones más llamativas es que sobre la paralización de dicha reforma se hayan pronunciado dos magistrados cuya posición se ve directa e inmediatamente afectada por su aprobación. Si la misma resulta aprobada, es decir, si no se paraliza, los magistrados Trevijano y Narváez dejarán de ser, casi de inmediato, magistrados del Tribunal Constitucional. A fecha de hoy no se han publicado los autos que contienen la decisión ni tampoco los votos particulares de la minoría. Desde luego es difícil sostener para un observador imparcial que no hay una afectación objetiva por tal hecho que pueda generar dudas a cualquier observador imparcial que es el canon de aplicación para apreciar la imparcialidad o su falta, que es lo que con la recusación se protege. Las apariencias importan y en materia de Estado de Derecho y Justicia, más. Veremos por qué el Tribunal ha decidido que no concurren en él tales dudas.

Dentro de toda la vorágine de afirmaciones, manifestaciones y declaraciones que se vienen realizando, no se puede olvidar el origen del problema. Las instituciones están paralizadas desde hace cuatro años sin que exista un motivo para ello, por lo que parece una estrategia política de apropiación por una parte de lo que es de todos. Hay una propuesta de candidatos a vocales por parte de todas las asociaciones y jueces no asociados y nada se ha escuchado sobre ellos. No es ese el problema. Desconocemos igualmente por qué las Cámaras paralizan el proceso al no convocar las sesiones necesarias. 

Dentro de todo este triste panorama no puede dejar de verse la lógica en que la acción de unos ha provocado la reacción de los otros. Quizá esta no es todo lo pulcra que debería con el procedimiento. La democracia es también, en esencia, procedimiento, como decía Bobbio. También los derechos de las minorías parlamentarias deben ser respetados y merecen atención. La respuesta a un comportamiento indecente no puede ser privar de los derechos que una persona tiene. La democracia debe estar por encima de aquellos que la hieren. Solo la pulcritud democrática restaurará el sistema. Frente a los problemas de la democracia, más democracia. Frente a los problemas del Estado de Derecho, más Estado de derecho. La ley nos protege a todos. También a quien la incumple. 

Es por ello que conviene una seria reflexión sobre la situación de la democracia española. Cabe preguntarse cuál es su ruta. Pareciera que algunos se regocijan de una dirección hacia el precipicio por la irresponsabilidad de quien bloquea una renovación sin que exista motivo alguno para ello. No los hay. Nunca los hubo. El daño al Estado de Derecho es insostenible y nos va a traer consecuencias desastrosas a medio plazo. La irresponsabilidad del bloqueo va a trascender las lógicas partidistas y ya va camino de generar una crisis constitucional de consecuencias impredecibles mientras el ciudadano ve perplejo como la justicia queda al pie de los caballos perdiendo la confianza en quienes debiéramos ser garantes de la misma.