Una fría tarde de invierno de 1999 yo estaba esperando un tren en la estación de Roma Termini cuando me fijé en una anciana que tenía problemas con sus maletas. “Signorina, afortunadamente, todavía hay jóvenes como usted”, me dijo con voz temblorosa cuando le ofrecí ayuda. “Estaba muy preocupada, esta estación está llena de atracadores albaneses, esto es una invasión”, añadió.

En ese momento no tuve el coraje de decirle que yo también era albanesa. Una de las afortunadas, porque estaba en Italia estudiando con una beca y no formaba parte del grupo de compatriotas que se dedicaban a la albañilería, la limpieza, los cuidados o el trabajo sexual. En aquella época éramos noticia en Italia. A veces, como el país de los contrabandistas, los proxenetas y los ladrones. Otras, como individuos fracasados, criados en un sistema de sociedad diferente y con dificultades para integrarnos. O como un pueblo corrupto y perezoso, incapaz de aplicar en su propio país la fórmula del éxito retransmitida desde el otro lado del Adriático por los canales de televisión de Silvio Berlusconi.

“Invasores” era solo una de las etiquetas posibles. Claro que, desde un punto de vista histórico, la única invasión ocurrió al revés. El 7 de abril de 1939, las tropas de Mussolini desembarcaron en Durrës, mi ciudad natal, y anexionaron el reino de Albania al de Italia, usándolo como base militar para la invasión posterior de Grecia, explotando su cobre y su cromo, entre otros recursos, y adornando con símbolos fascistas la bandera.

Desde que a principios de los años noventa terminó el régimen comunista en Albania, ningún político del país se ha atrevido a encarar al Gobierno de Italia con relación a su pasada relación colonial. Al contrario, lo más normal es celebrar la histórica y especial amistad entre las dos naciones, como con el reciente acuerdo para permitir al gobierno de Giorgia Meloni gestionar extraterritorialmente, en Albania, las solicitudes de asilo de personas rescatadas en el Mediterráneo. Después de todo, en Albania nos libramos de las armas químicas que Italia sí empleó durante la invasión de Etiopía. Y el incidente de marzo de 1997, en el que decenas de mujeres y niños albaneses murieron ahogados tras ser alcanzados por una patrullera italiana, ahora es considerado un accidente.

Pero un gobierno nunca es lo mismo que su gente. Muchos albaneses también sienten gratitud al recordar la hospitalidad con que fueron recibidos a partir de los años noventa. Durante mis años como estudiante en Roma conocí a decenas de italianos que me pedían disculpas por los insultos que a menudo tenía que escuchar en público y que me aseguraban que los extranjeros eran bienvenidos. Los italianos también habían sido emigrantes, me decían.

No eran los mismos que creían en el mito 'Italiani brava gente' [Italianos, buena gente], que había servido para normalizar y justificar el pasado de Mussolini. No eran los mismos que pensaban que la nación debía de estar por encima de todo. No eran los mismos que votaban a partidos como el de Meloni.

Altos cargos británicos, entre los que aparentemente figura el primer ministro Keir Starmer, han expresado su interés en lograr para el Reino Unido un acuerdo similar al albanés. No será Albania el país con el que lo firmen. En otras ocasiones el gobierno en Tirana ya revisó peticiones similares de las autoridades británicas y las rechazó, declarando que el país nunca se convertiría en un vertedero de Europa.

Claro que lo único que el Reino Unido necesita para lograr un acuerdo similar es una excolonia cuyo gobierno tenga buena memoria para las carreteras y edificios construidos por su amo en el siglo pasado, pero no tan buena para recordar a los seres humanos que explotó en las últimas décadas. Necesita a un pueblo con un pasado reciente tan traumático como para borrar de la memoria la historia un poco más distante, un pueblo gobernado por una élite política sumisa y complaciente con el orden liberal que repita, sin cuestionar jamás sus causas geopolíticas, el mantra de que todos debemos compartir las consecuencias de las migraciones.

Sin embargo, sería ingenuo criticar los esfuerzos de Starmer por abordar la migración moralizando sobre estas cuestiones, como tienden a hacer muchas personas de izquierdas. Cuando el argumento de que debemos “ser pragmáticos” es el primero que se pone sobre la mesa, los principios —la memoria, la responsabilidad, la atención a las personas vulnerables— ya han quedado en suspenso.

Premisas equivocadas

¿Cómo oponerse, entonces? Tal vez, simplemente usando la lógica. Los acuerdos migratorios similares al que aparentemente está considerando el Partido Laborista del Reino Unido se basan en varias premisas: que la migración es un problema per se; que la mejor manera de combatir la migración irregular es imponiendo restricciones draconianas en la frontera; y que la detención extraterritorial puede funcionar como un elemento disuasorio.

Muchas investigaciones demuestran lo problemáticas que son cada una de esas afirmaciones. Pero incluso suponiendo que fueran válidas, hay tres cuestiones que cualquier político “pragmático” debería comprender.

Desde el punto de vista político, el modelo de Albania se presenta como una novedad en la gestión de flujos migratorios porque implica la cooperación entre un candidato a la Unión Europea y un Estado miembro de la UE. Dice estar inspirado en el deseo de encontrar una solución “estructural” al tema de la inmigración irregular, pero lo cierto es que hace exactamente lo contrario, ya que convierte en negociación bilateral un proceso que debería concernir a toda la UE. No solo eso: también crea un antecedente peligroso —y esto es especialmente relevante para el Reino Unido, que no tiene planes de reincorporarse a la UE—, en el que cada país busca por su cuenta la forma de gestionar su propio “problema” migratorio, alejando la posibilidad de un proceso verdaderamente coordinado en toda Europa.

En segundo lugar, el principio de no devolución (consagrado en 1951 por la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados) prohíbe la expulsión o devolución de personas a países considerados inseguros. Meloni insiste en que Albania es segura, justificándolo con la condición del país como aspirante a integrar la UE, ¿y por qué entonces las mujeres embarazadas, los niños y otras personas vulnerables no entran en el pacto?

Nos dicen que el gobierno de Starmer tiene un enfoque pragmático y se interesa por lo que funciona. ¿Pero cómo puede seguir considerándose "pragmática" una "solución" que desde el punto de vista político, jurídico y económico carece de lógica? Tal vez solo haya una respuesta verosímil y es que todo es propaganda.

En tercer lugar está la cuestión económica. Para cumplir con la legislación internacional, los inmigrantes deportados deben seguir siendo responsabilidad de Italia. Según el acuerdo entre Italia y Albania, Roma se hace cargo en su totalidad del coste de construcción y gestión de los dos centros, así como del personal de policía, medicina, enfermería y administración. Un gasto total que se ha estimado en 670 millones de euros. A Italia cada inmigrante irregular en Albania le cuesta lo mismo, o más, que si todos los trámites se hicieran dentro de su territorio. El único beneficio es volver invisibles a los inmigrantes. Como dice el refrán italiano, lontano dagli occhi, lontano dal cuore [comparable al 'ojos que no ven, corazón que no siente' del español].

Nos dicen que el gobierno de Starmer tiene un enfoque pragmático y se interesa por lo que funciona. ¿Pero cómo puede seguir considerándose “pragmática” una “solución” que desde el punto de vista político, jurídico y económico carece de lógica?

Tal vez solo haya una respuesta verosímil y es que todo es propaganda. Los laboristas saben que su mayoría es precaria, amenazada por políticos de extrema derecha clamando por los peligros de la inmigración. Es evidente que los laboristas piensan enviar al votante más a la derecha de sus bases el mensaje de que ellos también saben ser duros con los inmigrantes. El problema es que al hacerlo, están dando por sentado el apoyo de sus votantes liberales y de izquierdas.

Es posible que estos votantes pongan en suspenso sus principios y perdonen la retórica durante un tiempo. Pero las contradicciones políticas, jurídicas y económicas van a seguir estando ahí. Si el plan sigue adelante, van a empezar a preguntarse qué tipo de pragmatismo es ese que están apoyando.

Traducción de Francisco de Zárate

A esta tortuga indocumentada la vimos cruzar la frontera terrestre entre Albania y Grecia una madrugada de agosto, poco después de salir de una larga cola para que nos sellaran los pasaportes.

“Aquí donde veis la bandera roja con el águila, está Albania”, les explicaba a mis hijos. “Y allí”, añadí señalando la otra bandera, azul con rayas blancas, a unos cientos de metros, “está Grecia”. 

“Pero, ¿dónde estamos ahora?”, preguntó mi hijo de seis años. La tortuga se arrastraba lentamente detrás de nosotros, por lo que a veces se denomina terra nullius, una porción de territorio que no pertenece a ningún Estado y que suele delimitar dos jurisdicciones limítrofes.

Durante los 45 años de régimen comunista en Albania, cualquier ciudadano que hubiera sido sorprendido haciendo lo mismo que esta tortuga habría sido fusilado. El tramo de tierra divisoria estaba custodiado por soldados a ambos lados, y eran pocos los vehículos que cruzaban la frontera. Ahora, el paisaje ofrece una extraña mezcla de vida salvaje y civilización, una síntesis de naturaleza y artificialidad. El sonido de los grillos se ve interrumpido por los coches que frenan bruscamente en los respectivos puestos de control. Fuera de los caminos marcados, la tierra es estéril y nadie cuida la vegetación. Estamos rodeados de montañas, que tienen nombres distintos a cada lado de la frontera.

En el pensamiento político moderno, el concepto de terra nullius, es decir, una porción de tierra que no tiene propietario legal, fue crucial para la defensa del colonialismo. La soberanía territorial se justificaba invocando la necesidad de un uso eficiente de la tierra que presumiblemente no había sido reclamada previamente por nadie. “Si en el territorio de un pueblo hay alguna tierra desierta o improductiva”, escribió Hugo Grocio, el padre fundador holandés del derecho internacional del siglo XVII, “es un derecho de los extranjeros tomar posesión de esa tierra”. Reflexionando sobre los orígenes de la propiedad privada, el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau escribió que la primera persona que cercó una parcela de tierra y dijo “esto es mío” - y que encontró personas lo suficientemente “simples” como para creer esta ficción - fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Algo parecido podría decirse del territorio estatal. 

“¿Pero de dónde viene la tortuga?”, preguntó mi hijo de seis años. “¿Adónde va? ¿Es griega o albanesa?”. “Las tortugas no tienen país”, le contesté. “Viven en el estado de naturaleza”.

Políticas antinaturales

La justificación de la autoridad política, incluido el derecho de los estados a vigilar sus fronteras, reside en su presunta superioridad sobre el reino animal. Thomas Hobbes explicaba que, en el estado de naturaleza, la competencia por unos recursos escasos y la guerra de todos contra todos hacen que incluso los más fuertes teman por su vida. El Estado, y solo el Estado, es capaz de garantizar una verdadera libertad basada en los derechos, frente a la anarquía de la naturaleza.

Este argumento me parecía plausible en el pasado, pero cada vez lo veo con más escepticismo. Unas semanas después de que se tomara esta foto, 92 migrantes fueron rescatados en la frontera norte entre Grecia y Turquía. Todos estaban desnudos y muchos presentaban lesiones corporales. No está claro cómo perdieron la ropa, pero Grecia culpó a las autoridades turcas. La ONU pidió una “investigación en profundidad” y denunció “un trato tan cruel y degradante”. De repente, las normas establecidas por los Estados parecían aún más crueles que las llamadas leyes de la naturaleza.

Por las mismas fechas, unos albaneses indocumentados que viajaban a Reino Unido fueron objeto de un despiadado ataque verbal por parte de la ministra del Interior, Suella Braverman. Se les tachó de invasores, aunque en el fondo lo que habían hecho no difería en nada de la tortuga: cruzar una frontera. Sin embargo, se nos ha enseñado a considerar el mero acto de desplazarse a través de una frontera artificial como un tipo de delito, porque hemos aceptado como naturales convenciones políticas profundamente antinaturales. 

Y es por este motivo que he vuelto una y otra vez a esta foto: la imagen de una tortuga que se sentía a sus anchas en un mundo sin pasaportes.

* Lea Ypi es profesora de Teoría Política en la London School of Economics y autora de Free: Coming of Age at the End of History.

Traducción de Emma Reverter