La Palma vuelve a vivir un nuevo apagón total. Ya son tres ceros eléctricos en lo que va de año. Un hecho de esta gravedad no puede seguir abordándose con notas de prensa llenas de vaguedades o con promesas que nunca se materializan. Es hora de pasar de las excusas a las soluciones. Y las soluciones existen. Requieren valentía política, determinación técnica y, sobre todo, una visión que sitúe la seguridad de los palmeros por encima de los intereses corporativos.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno central tienen herramientas –ordinarias y extraordinarias- para actuar con contundencia. Si no las utilizan, la ciudadanía tendrá derecho a concluir que están permitiendo esta degradación deliberadamente. A continuación, algunas de las medidas urgentes y necesarias que pueden y deben tomarse, a juicio de Salto a la Transición Ecológica.

Emergencia energética insular

La primera decisión política valiente sería declarar La Palma en situación de emergencia energética, al amparo de las competencias autonómicas en materia de ordenación energética. Esta figura, más allá del titular, permitiría acelerar procedimientos, movilizar recursos extraordinarios y coordinar de forma directa a los equipos técnicos del Gobierno de Canarias con el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta isla no puede seguir esperando mientras se hunde en la oscuridad.

Declarar específicamente a La Palma en “situación crítica o prioritaria dentro de la emergencia energética existente” sí puede tener un valor técnico, político y estratégico añadido, con implicaciones claras.

Grupos electrógenos de respaldo ya

Dada la actual situación no hay excusas para que La Palma no disponga de grupos electrógenos móviles que puedan entrar en funcionamiento en caso de emergencia, como se hizo en La Gomera. Mientras tanto, en esta isla con tres apagones a cuestas, no se busca una solución a corto plazo a la altura de la gravedad de la situación ¿Dónde están los criterios objetivos? ¿Dónde está la planificación equitativa?

La propuesta más racional y ambiciosa sería:

Intervención temporal del sistema

Si la empresa concesionaria no puede garantizar el servicio, y los fallos se repiten de forma sistemática, el Estado o la Comunidad Autónoma debe intervenir. No estamos hablando de nacionalizar, sino de una gestión temporal y excepcional de las instalaciones críticas, hasta garantizar la seguridad del suministro. Si una planta de agua o un hospital fallara tres veces en seis meses, nadie dudaría en actuar. ¿Por qué aquí sí?

Auditoría externa independiente

La raíz del problema en La Palma no está solo en los motores envejecidos, sino en una red auxiliar precaria, obsoleta y mal mantenida: sistemas de protección anticuados, subestaciones deterioradas, transformadores con más de cuarenta años de servicio, líneas que se caen con el viento.

Es imprescindible una auditoría externa, profesional e independiente, encargada por una institución neutral como el IDAE o la CNMC. No puede seguir dándose crédito únicamente a los informes que presentan las propias empresas implicadas. Esta auditoría debe arrojar luz sobre las causas reales y establecer un plan de renovación estructural con plazos y presupuesto.

Inversión acelerada en infraestructuras

A través de fondos europeos o estatales, se puede articular un plan de modernización exprés para sustituir los elementos más críticos de la red. Se trata de intervenir quirúrgicamente en los puntos donde el fallo es más probable: servicios auxiliares, relés de protección, cuadros de mando, etc. No se puede permitir que la isla entera dependa de sistemas que ya deberían estar retirados hace décadas.

Comité de seguimiento con transparencia

La ciudadanía merece ser informada. Proponemos la creación de un comité de seguimiento técnico y ciudadano, con participación de profesionales independientes, representantes insulares y asociaciones vecinales. Este comité podría publicar informes mensuales, servir como canal de denuncia técnica y promover una cultura de responsabilidad y transparencia. El oscurantismo actual sólo genera desconfianza.

Un nuevo modelo energético para La Palma

A medio plazo, La Palma necesita algo más que parches. Necesita una estrategia de resiliencia energética insular: con renovables, almacenamiento distribuido, autoconsumo gestionado, redes inteligentes, capacidad de operación en isla y renovables firmes como la geotermia o el bombeo reversible. La transición energética no puede hacerse a costa de la seguridad del suministro, pero tampoco puede justificarse la inacción bajo el paraguas de la emergencia.

El silencio administrativo y la pasividad técnica ya no son aceptables. Si el Gobierno de Canarias quiere tener credibilidad, debe actuar hoy. No mañana. No después del próximo cero. Hoy. Porque lo que está en juego no es solo la luz, sino la dignidad de una isla que merece ser tratada como lo que es: parte esencial de Canarias.

Esta semana, el Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial lo que muchos temíamos en silencio: los puertos de interés general de Canarias quedan exentos, de forma temporal, del cumplimiento del reglamento europeo que obliga a reducir las emisiones contaminantes en el transporte marítimo. Una decisión que, aunque legalmente encuadrada en el concepto de región ultraperiférica, nos coloca, una vez más, en los márgenes de la ambición climática europea.

Los barcos de más de 5.000 toneladas que lleguen a nuestros puertos seguirán funcionando con motores fósiles incluso estando atracados, mientras en otros lugares de Europa, de norte a sur, de este a oeste, ya se les exige conectarse a la red eléctrica del puerto o emplear tecnologías de emisión cero. Aquí, en nuestras costas, seguirá escuchándose el murmullo constante y tóxico de los generadores quemando fuelóleo.

Y la pregunta que flota en el aire, como el humo de esos motores, es simple y amarga: ¿por qué?

Entendemos, por supuesto, las particularidades logísticas y económicas que supone operar en un territorio fragmentado, insular y alejado del continente. Pero no debemos confundir “excepcionalidad” con “excusa”. Canarias no puede permitirse quedarse rezagada en la lucha contra el cambio climático. No por razones ideológicas, sino por pura supervivencia.

El cambio climático no es un futuro hipotético para este archipiélago. Es una realidad diaria. Lo vemos en los incendios forestales más agresivos, en las sequías más prolongadas, en el estrés hídrico que se acentúa, en el calentamiento de nuestras aguas marinas que altera los ecosistemas de manera irreversible. Necesitamos actuar con más determinación, no con menos.

Una de las medidas más eficaces para reducir la huella ambiental de los puertos es el llamado cold ironing: permitir que los buques apaguen sus motores y se conecten a la red eléctrica terrestre. Esto no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la contaminación acústica y atmosférica en las ciudades portuarias. Imaginemos un puerto sin el zumbido constante del diésel, sin el olor acre del combustible, con un aire más limpio para respirar. Eso no es un lujo europeo, es una necesidad canaria.

Sin embargo, al quedar exentos de esta obligación, ¿qué incentivo tienen ahora nuestras autoridades portuarias para avanzar en la electrificación? ¿Quién invertirá en las infraestructuras necesarias si no hay una exigencia legal que lo respalde?

Algunos defenderán esta exención como una medida prudente, que protege la competitividad de nuestros puertos frente a sobrecostes que podrían derivarse de la transición. Pero debemos rechazar ese falso dilema. La transición ecológica no es un coste: es una inversión. Cada euro que se destina hoy a reducir emisiones es un euro que mañana no gastaremos en mitigar desastres, en tratar enfermedades respiratorias, en recuperar ecosistemas destruidos.

Además, el liderazgo ambiental también atrae inversión, talento y turismo de calidad. Ser un referente en sostenibilidad portuaria no es una carga: es una bandera que deberíamos querer ondear con orgullo.

La exención es, por ahora, temporal. Pero la experiencia nos dice que muchas medidas “temporales” se vuelven estructurales por inercia. Y eso es precisamente lo que no nos podemos permitir. El tiempo corre en nuestra contra. Cada año que retrasamos la descarbonización de nuestras infraestructuras es un año en que hipotecamos el bienestar de las generaciones futuras.

No podemos permitir que los motores sigan rugiendo por simple comodidad institucional o por temor a incomodar a los grandes operadores marítimos. No es justo. No es responsable. No es digno de un territorio que aspira a ser vanguardia en energías limpias.

Ojalá esta decisión no sea el fin del camino, sino apenas un desvío. Ojalá las administraciones públicas de Canarias, sus autoridades portuarias y su ciudadanía sepan ver más allá del BOE, y comprendan que el verdadero futuro, el que merecen nuestras islas, se construye con valentía, con visión y con respeto profundo por la Tierra que habitamos.

Porque el verdadero progreso no hace ruido. Es silencioso como un barco atracado que respira electricidad limpia. Y ese silencio, amigos, es el que deberíamos estar escuchando ya.

Este discurso de reducción de compras de gas natural no es coherente ni con su estrategia en Península ni mucho menos con la que pretende desarrollar en Canarias vistas sus ofertas al proceso de concurrencia competitiva. La filial de la empresa pública italiana Enel en España sabe perfectamente que la dependencia del gas natural como combustible que asegure el suministro eléctrico en Península va a aumentar como consecuencia del cierre nuclear. Y, con el mal planteado proceso de concurrencia competitiva en los Territorios No Peninsulares (TNP), también.

La eléctrica nos vende la idea de que está en plena transición ecológica, que su amor por el gas es cada vez menor y que la electricidad verde será la gran protagonista del futuro. Pero, mientras tanto, sigue defendiendo la entrada del gas natural licuado (GNL) en Canarias, ese territorio que podría ser un paraíso de las renovables pero que, gracias a estrategias como la suya y con el ya famoso proceso de concurrencia competitiva, sigue atado a combustibles fósiles. Parece que el discurso de la descarbonización avanza más rápido que los hechos.

El problema es que dejar el gas no es tan fácil cuando se han firmado contratos con cláusulas “take or pay”, lo que en términos coloquiales significa “o compras o pagas igual”. Endesa está atrapada en su propia estrategia: si la demanda de gas cae antes de lo previsto, tendrán que seguir pagando por un combustible que ya nadie quiere. Pero claro, para evitar este ridículo financiero, no hay nada mejor que intentar mantener el negocio a flote el máximo tiempo posible. ¿Y qué mejor lugar para ello que Canarias con su remuneración adicional que le aporta emolumentos extra?

La historia de la introducción del gas en Canarias es el ejemplo perfecto de cómo disfrazar el retraso de la transición energética con discursos llenos de eufemismos. En lugar de apostar de forma contundente por la energía solar, eólica y el almacenamiento, Endesa insiste en que el gas es “necesario” para garantizar la estabilidad del sistema. No mencionan, por supuesto, que instalar infraestructura gasista en las islas significa atarse durante décadas a un combustible que inevitablemente encarecerá los costes y retrasará la llegada de un modelo 100% renovable.

Pero si el panorama ya era preocupante, la dependencia del gas añade dos factores de riesgo aún mayores: uno, la incertidumbre geopolítica; dos, un potencial incremento muy significativo de los precios. Los contratos de Endesa están vinculados a proveedores en regiones con inestabilidad política, conflictos y cambios estratégicos impredecibles. Argelia, Nigeria, Qatar y Estados Unidos no son precisamente sinónimos de estabilidad en el suministro. Desde tensiones diplomáticas hasta conflictos abiertos, la continuidad del gas está sujeta a factores externos que pueden disparar los precios o incluso cortar el suministro de un día para otro.

En un mundo donde los conflictos energéticos han pasado de ser problemas lejanos a crisis globales, la apuesta de Endesa por seguir dependiendo del gas es poco menos que una ruleta rusa. Ya lo hemos visto con las tensiones entre Europa y Rusia, que provocaron un aumento sin precedentes en los precios del gas, afectando directamente a los consumidores. ¿De verdad queremos seguir jugando a este peligroso juego cuando tenemos el sol y el viento a nuestro favor? Más aún: ¿cuál es el coste de desviar inversiones desde las renovables hacia las infraestructuras y la potencia instalada de gas?

Pero no se preocupen, que para 2040 habrán roto del todo con el gas. O al menos eso dicen. Hasta entonces, seguirán exprimiendo al máximo esta relación, intentando convencernos de que el gas es solo un mal necesario y que su compromiso con las energías limpias es incuestionable. Y mientras tanto, Canarias y otros territorios seguirán pagando las consecuencias de una transición que se vende como ejemplar pero que, en la práctica, sigue anclada en el pasado.

A este ritmo, cuando Endesa finalmente decida “romper” con el gas, el resto del mundo ya habrá pasado página hace mucho tiempo. Estaremos a merced de fondos soberanos que descuentan que Europa (y, entre los diferentes países, España) incrementará su dependencia de los combustibles fósiles. Solo queda esperar que, para entonces, la sociedad no haya caído en la trampa de otra historia de amor tóxica con un nuevo combustible “de transición”.

No es de recibo que en los medios de comunicación se venda que existe una isla en Dinamarca que ha conseguido la descarbonización a base de aerogeneradores terrestres y marinos y placas fotovoltaicas, por muy participativo que sea el sistema, y se obvie la parte más importante de todas, que esta isla está conectada eléctricamente con el continente. Está muy bien que la isla, la mayor parte del tiempo tenga excedente y utilice esta conexión para evacuarlo, pero lo que se omite es que la gestionabilidad necesaria, así como la necesaria inercia y corrientes de cortocircuito del sistema las proporciona la red continental. En otras palabras, si desconectamos el cable con el continente el sistema no podría funcionar, así de crudo, así de sencillo.

Si las informaciones publicadas fueran ciertas, a lo largo de 2025 podríamos escribir un artículo similar para la isla de La Gomera, dado que con el enlace submarino que va a tener con la isla de Tenerife y los 12 MW que ya tiene instalados de eólica terrestre y que están por encima de la punta necesaria de la isla, le va a permitir en muchas ocasiones, evacuar excedentes hacia Tenerife, con lo cual y siguiendo los cánones de los periodistas que han escrito sobre la isla danesa, tendríamos una isla autosuficiente en buena parte del tiempo.

La cuestión es que los 12 MW ya están perfectamente operativos, pero sin embargo la realidad actual hace que La Gomera no los pueda aprovechar por una sencilla razón, que es la necesaria gestionabilidad que no proporcionarían esos 12 MW conectados a la red. En cambio, cuando esté conectada a Tenerife todo cambia absolutamente.

Pues exactamente lo mismo ocurre con Samsø: si quitamos el enlace con Dinamarca, el sistema se torna insostenible.

Por lo tanto, está bien estudiar el sistema participativo de los daneses, está bien analizar sus no inhibiciones para colocar energía eólica terrestre, también su no inhibición para instalar energía eólica marina, tan denostada en Canarias, pero poco más se puede aprovechar, porque lamentablemente La Palma no está conectada eléctricamente con un sistema mayor, ni se espera que lo esté ni a corto ni a medio plazo.

Nos consta la buena voluntad de las instituciones palmeras, así como de sus movimientos sociales en pos de la búsqueda de una solución para su descarbonización, pero modestamente, desde nuestro punto de vista, se miran en los espejos equivocados.

Todo sistema eléctrico y, sobre todo, si es aislado como es el caso de La Palma, debe de cumplir tres requisitos fundamentales:

Lamentablemente, con un sistema basado únicamente en eólica, fotovoltaica y baterías solo podríamos intentar cumplir, y no adecuadamente, el primer requisito. Los otros dos se quedarían sin cumplir porque no se tendrían los medios para ello.

Por lo tanto, a la Palma solo le quedan dos opciones:

Con la segunda opción se consigue tener un sistema eléctrico 100% renovable, con los excedentes necesarios para fabricar el hidrógeno verde a partir del cual se puede generar el combustible necesario para la movilidad, tanto terrestre como marítima y aérea.

Entendemos que la decisión pueda ser complicada, pero el problema es que ya no hay tiempo. Ya hemos alcanzado el grado y medio de aumento de la temperatura, por lo que ya estamos tardando en disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y lo tenemos que hacer absolutamente en todos los territorios, por muy pequeños que nos sintamos y por poco peso que pensamos que tenemos en los azares del planeta.

Nadie cuestiona que estos nuevos motores son mucho más eficientes que la media del parque térmico instalado en Canarias tanto en términos de consumo de combustible como en materia de emisiones de CO2, NOx, SOx y partículas. Habrá que examinar el detalle de los proyectos que la Consejería de Transición Ecológica resuelva como ganadores en materia de impactos medioambientales, sociales y territoriales, pero su teórica transitoriedad no será tal. Nadie se puede creer que una inversión total de no menos de 200 millones de euros se desmonte dentro de tres años teniendo en cuenta las dificultades que cada vez pone más el mercado de fondos prestables para la financiación de actividades que son netamente emisoras (la taxonomía europea de finanzas sostenibles).

Éste no es el debate. Colocarlo ahí es un error o, más bien, una maniobra de distracción. La cuestión fundamental es por qué ahora se facilita con la construcción de una “autopista regulatoria” una nueva generación fósil cuando en los últimos años se ha obligado a ir a la nueva generación renovable y la descontaminación de la demanda (especialmente industrial y turística) por una senda tortuosa plagada de dilaciones, retrasos administrativos y multitud de procedimientos garantistas mientras las emisiones GEI seguían creciendo. Para que nos hagamos una idea: Canarias incrementó sus emisiones GEI en un 49% entre 1990 y 2022 según el Observatorio de Sostenibilidad publicado en 2023.

Lo que hoy es “urgente” a juicio de los gobernantes nacionales y canarios es, fundamentalmente, responsabilidad suya. Si sus esfuerzos se hubieran concentrado en un despliegue rápido de las instalaciones renovables, el bombeo reversible y los gases renovables, hoy no estaríamos llamando “urgente” a lo que es claramente un paso atrás en la transición energética. Tampoco habría hecho falta crear el relato de la “emergencia energética” a partir del apagón de La Gomera del verano pasado cuyo origen no tiene nada que ver con el estado de los grupos de generación, de hecho ninguno de los grupos de emergencia se instala en esa isla. 

Los resultados entre 2022 y 2023 han sido pírricos. Mientras en la Península 2023 ha sido un año histórico en incorporación de nueva potencia renovable (la potencia instalada de solar fotovoltaica ha aumentado en 5.594 MW y la potencia eólica en 661 MW, las mayores cifras desde que se cuenta con registros), en Canarias apenas ha aumentado en 2 puntos porcentuales la potencia instalada de renovables con respecto al total, pasando del 25% al 27%. Sin embargo, en términos de cuota de consumo de electricidad procedente de fuentes renovables, la realidad es aún peor: apenas un 19% frente al 50,3% de la Península.

En paralelo, la ejecución de los 467 millones de euros del Plan de Recuperación asignados a Canarias atestigua hasta qué punto las cosas no han ido a la velocidad que se necesitaba. La decisión de gestionar los fondos europeos no como planes de inversión sino como expedientes administrativos ordinarios ha llevado a que no se haya resuelto prácticamente nada relevante tanto del monto de inversión transferido por el Gobierno central como por los propios recursos del Gobierno de Canarias. Están atascados los proyectos de eficiencia energética, almacenamiento, gases renovables, comunidades energéticas o descarbonización de puertos, entre otros.

Por consiguiente, no nos podemos extrañar de que ahora hablemos de “emergencia” cuando no se ha hecho ningún esfuerzo eficiente para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Después de este primer paso de los grupos d emergencia nos pretenden abocar al siguiente que sería la apertura del proceso de concurrencia competitiva para grupos de generación “A” donde, como mínimo, veríamos algún progreso en 2027. Los mismos que acusaban a los bombeos reversibles de ser lentos y caros son los que ven “razonable” que se ponga en marcha la maquinaria de la concurrencia para invertir en teóricas tecnologías aún no existentes.

No podemos dejar de señalar el papelón para la posterioridad de un sector del movimiento ecologista canario que ha priorizado una supuesta amenaza al paisaje de las renovables e instalaciones de almacenamiento sobre la urgencia de la descarbonización y también la negativa de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante la necesidad de avanzar en la instalación de renovables en sus territorios, todos ellos no han estado a la altura de lo que está en juego, la amenaza a la vida en las islas por el uso de los combustibles fósiles. 

Hoy es perfectamente legítimo sentirse engañados tanto por la Administración central como la regional por tantos años perdidos en dilaciones administrativas, falta de planificación real, discursos grandilocuentes y huidas hacia adelante. La situación técnica insostenible del sistema eléctrico canario es conocida desde hace muchos años, a la par que la situación económica mientras seguía creciendo sin control efectivo la partida de extra costes de generación para alegría de Endesa.

Años en los que los esfuerzos realizados tanto por actores privados como públicos para acelerar la descarbonización de la demanda y la implantación de renovables gestionables han supuesto un durísimo desgaste económico, financiero y social. Pese al desánimo que causan las imposiciones políticas, es el momento para seguir perseverando en la transición y la reivindicación ciudadana de que hay otra forma de hacer las cosas, y que esta forma es mejor que la realidad actual.

 En resumen, con la propuesta aprobada y publicada el día 10 de mayo en el BOE ni el Gobierno de España, ni el Gobierno canario anterior ni el actual han cumplido con su obligación de velar por la protección de la población canaria frente a los efectos adversos del calentamiento global que ya se sufre en las islas, por lo que seguiremos reclamando en este sentido. Hacemos un llamamiento a la cordura de todos los actores en esta coyuntura, cordura que  ahora significa tomar la senda de la implantación acelerada de las renovables.  

Sin embargo, ésta no es una ocasión donde merezca la pena perder el tiempo con visiones  voluntaristas o pesimistas del ritmo al que la comunidad internacional va para frenar los efectos  negativos del cambio climático. Una lectura del documento acordado que sea concienzuda y que  tenga en cuenta todos los aspectos de entorno, agentes implicados y estrategias de cada uno de  ellos, genera una conclusión que no es evidente. Ayudándonos del viejo aforismo latino ‘cui  prodest’, podemos concretar qué hay realmente detrás del acuerdo de Dubái: la prórroga por 50  años más del dominio de la energía global por los petroestados. 

Primero vayamos a las formas y después al fondo ya que, en determinadas ocasiones, las formas  son tan importantes como el fondo. Después de más de 25 ediciones celebrándose en países  occidentales o próximos al bloque occidental, los petroestados han capturado la organización de  las COP, primero el año pasado en Egipto como paso previo y este año directamente en UAE. No parece muy razonable que, si como indican todos los estudios científicos disponibles hasta la fecha, el grueso de las consecuencias negativas del cambio climático se debe a la acción del hombre y sobre todo a la quema de combustibles fósiles, una conferencia que pretende luchar contra ese cambio climático antropogénico se celebre en un país donde el petróleo es su principal fuente de ingresos  y el componente esencial de su Producto Interior Bruto (PIB).  

Tampoco parece muy razonable que dicha conferencia sea presidida por el director general de la principal petrolera emiratí que se permite el lujo de aseverar que “no hay ciencia” que avale que  una eliminación de los combustibles fósiles limitaría el calentamiento global a 1,5ºC. Menos aún  parece muy razonable que según las publicaciones de la BBC, Emiratos Árabes Unidos planeaba  aprovechar las reuniones en el contexto de la Conferencia de las Partes para promover acuerdos de la industria petrolera y gasista con gobiernos extranjeros. Y ya definitivamente imposible si  tenemos en cuenta que la próxima COP (la 29) será en Azerbaiyán, el país gasista por excelencia de  Asia Central y bajo una profunda influencia rusa. 

Por consiguiente, las formas delatan una buena parte de lo que está en el fondo. Por un lado, los  petroestados enfrentan un reto de corto-medio plazo como es la reducción de la demanda  industrial de combustibles fósiles en Occidente, a lo que se suma el incremento de los costes de  exploración y extracción de petróleo (cada vez más offshore y a profundidades mayores). Sin  embargo, aunque la demanda total fósil se reduzca, la dependencia del gas natural es cada vez  mayor tanto para el sistema eléctrico (garantía de suministro) como para la demanda térmica en  industria, transporte y edificación, sectores altamente presionados por la legislación  anticontaminación.  

Este proceso irá a más conforme la demanda industrial se recupere y se vaya viendo hacia 2035- 2040 que no es posible cumplir con los objetivos de reducción de emisiones GEI. Los petroestados apuestan claramente por el fracaso de las políticas climáticas europea y americana, lo cual les sitúa en una posición privilegiada de control del mercado energético mundial a través del gas  natural y, también, del petróleo. La frase introducida en el acuerdo de la COP28 que establece el  “principio del fin” de los combustibles fósiles para 2050, lejos de ser algo por lo que debamos  congratularnos en Occidente, es en toda regla un precio futuro del petróleo, de manera que el  precio del último barril de crudo extraído no tenderá a cero sino a infinito, porque tendrá que ser  necesariamente consumido. 

Los protagonistas del mercado energético desde hace 70 años saben perfectamente que hay  reservas de petróleo y gas suficientes y que la idea del peak oil sigue siendo quimérica. Pero para  poder retener el control del mercado es necesario crear una restricción artificial a sabiendas de  que la demanda de combustibles fósiles seguirá existiendo y con relevancia dentro de 25 años. 

Para eso se introduce este “principio del fin” de los fósiles. Crear condiciones de incertidumbre en  la oferta conforme nos vayamos acercando a 2050. 

Por otro lado, además del control de los combustibles fósiles, para mantener el poder energético  global, los petroestados están obligados a diversificar su cartera de inversión en tecnologías no  emisoras de CO2 que, además, les proporcione una rentabilidad atractiva. Aprovechándose de las  necesidades tanto financieras como tecnológicas de los occidentales, los fondos soberanos árabes  y orientales fijan su atención en las renovables, la hidroeléctrica y la nuclear. Por ello, el texto de la  COP28 en cuanto al objetivo de renovables y eficiencia energética satisface tanto a demandantes  como oferentes. Es un interés común y forman parte de un circuito cerrado: los unos necesitan a  los otros, y los otros a los unos. De esta forma, los capitales árabes y asiáticos se imponen a los  institucionales americanos y europeos (con la excepción del fondo soberano de Noruega) en la  posición más destacada para promover las nuevas tecnologías no emisoras. 

Hasta incluso se permiten el lujo de atender demandas fundamentalmente occidentales con  elementos muy discutibles desde el punto de vista químico, físico y termodinámico como es la  captura de CO2 bajo tierra o el transporte y empleo de hidrógeno renovable como fuente primaria  de energía. Blanquear el consumo de gas natural bajo una tecnología novedosa, pero traicionera, como la captura de CO2 bajo tierra es una bomba de relojería como los residuos nucleares. 

Éstas son las claves que conforman una cierta paradoja entre una mayor presencia de un  combustible fósil como es el gas natural y, al mismo tiempo, una mayor potencia instalada de  renovables. Y todo ello como ariete para la lucha contra el cambio climático y la transición  energética. Para ejecutar un plan como éste, es normal que en la resolución final de la COP28 haya  pocas referencias a hitos, metas a alcanzar por países o periodos límites. Merece la pena resumir  cuáles son los asuntos acordados para casarlos con el análisis realizado más arriba. 

- Triplicar la capacidad mundial de energía renovables y duplicar la tasa media anual mundial  de mejora de la eficiencia energética para 2030. 

- Acelerar los esfuerzos en todo el mundo hacia sistemas energéticos de emisiones netas cero, utilizando combustibles de baja o nula emisión de carbono mucho antes o alrededor de mediados de siglo. 

- Abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia. 

- Acelerar las tecnologías de emisiones cero y bajas, incluidas, entre otras las energías  renovables, la energía nuclear, las tecnologías de reducción y eliminación, como la 

captura, utilización y almacenamiento de carbono, especialmente en sectores difíciles de  reducir, así como la producción de hidrógeno verde. 

- Acelerar y reducir sustancialmente las emisiones de gases distintos del dióxido de carbono a escala mundial, incluidas en particular las emisiones de metano, de aquí a 2030. 

- Acelerar la reducción de las emisiones del transporte por carretera por diversas vías, entre  ellas el desarrollo de infraestructuras y el rápido despliegue de vehículos con cero o bajas emisiones. 

- Eliminar lo antes posible las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no  abordan la pobreza energética ni las transiciones justas. 

- Reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, cifrando las  necesidades económicas de la adaptación de los países en desarrollo en cantidades que oscilan entre 215.000 y 387.000 millones de dólares anuales hasta el 2030.  

- En lo referido a las finanzas se estima que se necesitará una inversión en renovables, alrededor de 4,3 billones de dólares anuales hasta 2030 y aumentar hasta los 5 billones de dólares anuales hasta 2050 con el objetivo de alcanzar las emisiones cero en ese año.

En la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento de Canarias de 1 de diciembre de 2023 se formuló una pregunta muy pertinente por parte de la diputada Doña Alicia Vanoostende del grupo socialista y que textualmente decía: “¿Por qué si el apagón de la Gomera da lugar a esta emergencia energética no aparece La Gomera en la licitación? La respuesta del señor consejero, Don Mariano Hernández Zapata fue altamente esclarecedora: ”Porque la Ley de energía no lo permite“.

Dejando a un lado el hecho de que “La Ley de Energía” no existe en el ordenamiento legislativo español, el señor consejero se refiere al Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, que en el artículo 59 establece que en los casos en los que el Operador de Sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en el corto plazo, la comunidad autónoma afectada podrá adoptar medidas para la garantía del suministro.

La cuestión está en que el operador del sistema solo ha puesto de manifiesto que existe riesgo a corto plazo en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura y por lo tanto siendo rigurosos, tan solo se podría hablar de “emergencia energética” en estas tres islas y no en todo el archipiélago.

Por tanto se pone de manifiesto, una vez más, la tesis que se viene manteniendo desde Salto a la Transición Ecológica de que aprovechar el cero de la Gomera para ser el detonante de la justificación de una extemporánea y fuera de lugar declaración de emergencia energética, carece de total fundamento y que deja a las claras el no querer afrontar las verdaderas causas de este cero pidiendo explicaciones al único responsable de toda la cuestión que no es otro sino la empresa propietaria de la central implicada.

Pero es que, además, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” podemos generar una alarma social infundada con la obsolescencia de los grupos de generación que nos permita tomar una serie de medidas, que de otra forma sería muy complicado de aceptar por la ciudadanía, como por ejemplo la introducción del gas en la generación eléctrica de Canarias.

Lo de la alarma infundada lo evidencia los informes del Operador del Sistema que no considera que a corto plazo haya riesgo en las islas de Lanzarote, La Palma, La Gomera y el Hierro, a pesar de que estas islas también tienen entre sus instalaciones de generación eléctrica unidades con su vida útil regulatoria vencida. Así por ejemplo Lanzarote tiene 7 de los 13 grupos vencidos, La Palma 6 de los 11, La Gomera 5 de los 9 y el Hierro 6 grupos de los 11 existentes con su vida útil regulatoria caducada. La cuestión estriba en que la vida útil regulatoria se fija por ley en 25 años, tiempo durante el cual la unidad puede recibir bonificaciones, subvenciones o retribuciones adicionales, pero que no tiene nada que ver con la vida útil real que el fabricante recomienda para ese grupo. Tanto es así, que, en la misma isla del apagón, La Gomera, el Diesel 13 finalizó su vida útil regulatoria en el 2012 y en el listado de 2019 aún seguía estando operativo y produciendo energía.

Una vez más se pone de manifiesto como se utiliza la confusión y las medias verdades para manipular el sentir de la ciudadanía para inducirlos a aceptar medidas que van en contra de sus propios intereses y en este caso, en contra de su propia existencia, porque todo lo que sea renovar instalaciones basadas en combustibles fósiles, supone un retroceso en la consecución de sistemas cien por cien renovables.

Javier Santacruz, economista / Antonio Aleman Gil, profesor retirado

Por otro lado, han salido voces abogando por la sustitución de los grupos obsoletos, no solo en La Gomera sino también en el resto de las islas, por grupos nuevos, pero continuando con la dependencia de los combustibles fósiles, esgrimiendo la falacia de que hoy por hoy las centrales térmicas son insustituibles y los sistemas 100% renovables son una quimera. 

Es lamentable cómo los detractores de las renovables insisten en que la total descarbonización de nuestra economía es imposible, contradiciendo los criterios de España y Europa que ya han puesto fecha de caducidad a las economías basadas en combustibles tremendamente nocivos para el medio ambiente. 

Para más inri, se menosprecia el estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que tasa el fin de los combustibles fósiles en nuestras islas para el 2040. 

Este estudio, que no solo abarca el sistema eléctrico de las islas, sino también la movilidad terrestre, marítima y aérea, entre otros sectores económicos, consigue cerrar el círculo, concatenando todas y cada una de las diferentes tecnologías sostenibles, en un perfecto constructo que, funcionando al unísono, consiguen lograr el fin buscado. Así y concretamente para el sistema eléctrico de La Gomera se plantea: 

A todo esto, hay que añadirle 15 MW de generación de categoría “A” qué bien pudieran ser centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro como por ejemplo la que se podría realizar entre la presa de El Quebrandon y E. La Encantadora que podría tener una potencia nominal de 45 MW y una capacidad de almacenamiento de 562,73 MWh. El círculo perfecto del sistema eléctrico de La Gomera quedaría cerrado con la doble interconexión de 66 kV con Tenerife, la cual ya está en construcción. 

Es muy importante subrayar que sólo instalar fotovoltaica y eólica sin que haya un sistema de almacenamiento no sirve para dar estabilidad a la red y garantizar el suministro. Si bien es cierto que en determinadas horas del día la generación renovable supera a la convencional, el reto no es que haya este tipo de “picos” de generación, sino que haya una constancia y estabilidad a lo largo de todo el día. Sólo de esta forma habrá una descarbonización total, se podrán sustituir completamente los grupos de generación fósil y no será necesario traer nuevos combustibles como el gas natural, ahorrándonos consiguientemente las cuantiosas inversiones que serían necesarias.

La generación fotovoltaica o eólica no tienen inercia, una de las cualidades físicas imprescindibles para hacer funcionar cualquier sistema eléctrico. La inercia la dan generadores síncronos, donde se encuentra no sólo la tecnología fósil sino también el bombeo. Por eso es importante el bombeo y más aún si es con carácter reversible para que funcione como sistema de almacenamiento.

En resumidas cuentas, estamos todos de acuerdo que La Gomera necesita medidas urgentes para paliar un sistema eléctrico deficitario. En lo que diferimos es en las medidas a aplicar. Por un lado, están los que apuestan por trasladar el auténtico problema, una economía sostenible, a un futuro incierto dependiente de combustibles fósiles; y, por otro, los que queremos aprovechar la coyuntura actual para dar un golpe de timón y a la vez que se da una solución segura, solvente y duradera al sistema eléctrico de La Gomera, se transita por la senda correcta del mayor reto al que nos enfrentamos, el Cambio Climático Antropogénico.

Evidentemente el hecho de que sucedan apagones totales en las islas no responde a cuestiones circunstanciales sino a un fenómeno sistémico en el diseño de los sistemas eléctricos insulares, pensando más en la eficiencia económica que en la seguridad energética.

Los sistemas eléctricos de Canarias han sido diseñados de una forma radial, en la que suele existir un solo punto de generación importante y de ese punto salen todas las líneas que proporcionan el servicio a las islas. De esta forma tenemos las centrales de Guinchos en La Palma, Llanos Blancos en El Hierro, El Palmar en La Gomera, Las Salinas en Fuerteventura y Punta Grande en Lanzarote que responden exactamente a este esquema. Mientras que en Tenerife y Gran Canaria se comenzó con Candelaria y Jinámar, se diversificó después con Granadilla y Barranco de Tirajana, pero se está volviendo al sistema radial al potenciar enormemente estas últimas en detrimento de las primeras.

No cabe duda de que el ahorro de costes y eficiencia económica es importante, pero también el riesgo que se asume no se puede obviar. Cualquier incidente más o menos grave en una de estas centrales, condena a la isla que alimenta a un apagón prolongado en el tiempo. Los “ceros” energéticos pasados de Tenerife y La Palma han devengado sanciones por importe de 31,66 millones de euros contra Endesa-Unelco, pero todas ellas están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Obviamente el plan que se tiene de renovar grupos en las centrales actuales no soluciona el problema, sino que persiste en él de una manera denodada y pone en tela de juicio la racionalidad de quienes están tomando esas decisiones. Persistir en la “centralización” de la generación perjudica también a la transformación del mix de generación hacia renovables, las cuales se hacen completamente dependientes de las centrales de generación fósil si no existe almacenamiento que regule firmeza, tensión y frecuencia en el sistema.

Naturalmente la solución pasa por una generación descentralizada, donde tengamos muchos aportes de generación en distintos sitios de tal forma que una incidencia en uno determinado de ellos es rápidamente suplida con la acción de los demás. Si a esto le sumamos utilizar generación con recursos autóctonos, tenemos la piedra filosofal de la seguridad energética para nuestros sistemas eléctricos.

Si además enunciamos la enorme sorpresa de los habitantes de La Gomera al verse sin electricidad y sin embargo comprobar cómo los eólicos y muchos autoconsumos conectados a red no podían funcionar, por necesitar la referencia de una red troncal, tenemos los argumentos necesarios para abogar por la solución idónea para estos problemas.

Esta solución pasa necesariamente por utilizar las energías renovables no gestionables como la eólica y la fotovoltaica que ya proporcionan la necesaria generación distribuida. Pero también por dos cuestiones fundamentales: la necesaria gestionabilidad aportada por las centrales hidroeléctricas reversibles y por la más que recomendable interconexión de aquellos sistemas que se pueden interconectar. 

Huelga decir que, si el doble circuito submarino de 66 KV que se está construyendo entre Tenerife y La Gomera hubiese estado operativo, el “cero” no hubiese tenido lugar. Esto da visión de la necesidad de desarrollar cuanto antes las infraestructuras de red de alta tensión que están en la Planificación de la Red de Transporte actual, pero también para acelerar las futuras en la medida que el actual marco regulatorio permite (con problemas relevantes como tiempos muy prolongados de tramitación).

En resumidas cuentas, los ceros energéticos no son una cuestión del pasado ni mucho menos, por eso solo queda esperar a ver dónde tiene lugar el siguiente. Más de la mitad de los grupos térmicos que están funcionando en este momento ya han rebasado su vida útil (25 años). Por ejemplo, en La Gomera, 10 de los 18,7 MW de potencia neta han rebasado con creces esta vida útil. Y en términos globales tanto de grupos térmicos como ciclos combinados y las instalaciones de producción, el 66,2% del valor de los activos está amortizado según las últimas Cuentas Anuales de Unelco correspondientes a 2022.

Pero renovar estos equipos que están fuera de su vida útil tampoco es la solución, sino prolongar el problema hacia el futuro.

No hace falta decir que el gas natural es un combustible fósil. No hace falta decir que el metano, su principal componente, tiene un grado de efecto invernadero de 80 veces el CO2. No hace falta decir que este combustible contamina en su extracción, en su transporte y en su utilización. Pero sobre todo no hace falta decir que esto contradice clamorosamente la reciente Ley del Cambio Climático que fija la descarbonización de las islas para el 2040, porque hay infraestructuras del gas natural que tienen una vida regulatoria de 50 años, por lo que hasta 2076 no podremos, por ley, dar de baja esas instalaciones.

Históricamente las instalaciones de generación eléctrica han sido muy longevas. La Central térmica de las Caletillas comenzó su servicio en 1967 con los Vapores 1 y 2, ya dados de baja. A fecha de hoy siguen como disponibles grupos cuya puesta en marcha se produjo en 1972. La Central térmica de Granadilla comienza en 1989 con el Gas 1, teniendo en la actualidad grupos disponibles con puesta en marcha en 1995. La primera turbina de la Central térmica de Jinamar data de 1972, teniendo en la actualidad disponibles grupos que comenzaron a operar en 1973. Por último, la Central térmica de Barranco de Tirajana tiene su comienzo en 1992 con el Vapor 1, teniendo hoy en día grupos en condición de disponibles de ese año.

Teniendo en cuenta la realidad descrita y la normativa existente, ¿alguien puede pensar que las empresas que inviertan en la renovación acordada, van a acatar sin ningún problema, que grupos con 14 años de vida útil, sean delegados al ostracismo de dejar de funcionar y por tanto de recibir los sustanciosos emolumentos que significa la generación en Canarias?

Desde Salto a la Transición Ecológica, que venimos abogando por una Transición acelerada a las renovables y que ponemos en el centro de esa transición acelerada a las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro, por su capacidad de gestionabilidad y ser generadores tipo A, y a la eólica Offshore, por su elevado factor de capacidad que triplica a la eólica en tierra, nos preguntamos abiertamente si la parálisis administrativa que están sufriendo estas dos tecnologías, no ha sido una maniobra calculada para conseguir que la entrada del gas en las islas, sea un hecho incontestable por no tener alternativas viables.

No nos cansamos de decir que el estudio llevado a cabo por el ITC y encargado por el Gobierno de Canarias, en las estrategias que acompañan al PTCAN, es de una calidad, brillantez y solvencia, fuera de toda duda, pero por todo lo indicado en este artículo, dudamos de la valentía de la clase política para ponerlo en práctica.

Ojalá que en este lance histórico solo nos jugáramos el valor de unos representantes políticos, pero la realidad es que con el Cambio Climático Antropogénico que ya tenemos encima, está en juego la propia continuidad de la especie humana y al menos cuando las generaciones venideras pregunten que hizo nuestra generación para intentar remediarlo, encuentren que algunos lo intentábamos.

Esta estrategia de introducir el gas natural en las islas está enfocada principalmente en dar una vía de salida a más de 2GW de potencia instalada que trabaja con combustibles fósiles, los cuales suponen el 74% de todo el parque de generación eléctrica de las islas según los datos de cierre de 2022 de REE. Haciendo uso de un razonamiento demasiado simple y completamente fuera de cómo se está moviendo realmente el mercado energético, nuestros reguladores han decidido que la única alternativa es abrir la puerta al gas natural licuado, aunque esto suponga un importante volumen de inversión.

Envolviéndose en la bandera de la garantía de suministro, se recurre al viejo acrónico thatcheriano de ‘tina’: ‘no hay alternativa’. Sin embargo, desde luego que sí las hay y precisamente una apuesta relevante en materia de gas puede perjudicar la consecución real de la descarbonización de las islas haciéndola compatible con la garantía de suministro. No conviene abandonar demasiado pronto la apuesta sin fisuras por las renovables y el almacenamiento hidroeléctrico. De hacerse, se estaría reconociendo que no es posible cambiar los combustibles fósiles por nuevas energías limpias, cosa que no es así. 

Es más, existe una declaración política por unanimidad del Parlamento de Canarias en la que participamos activamente que llama a la confección de un Plan de desmantelamiento de las centrales térmicas en junio de 2021. Parece una broma de mal gusto que la respuesta a esta petición de la soberanía popular sea abrir la puerta al gas y, en cuanto pasen unos meses más, la concesión de dinero público para cubrir los costes de inversión a las empresas gasistas.

Llegados a este punto, a finales del mes del pasado mes de diciembre, se ha aprobado por parte del Gobierno central la Orden TED/1315/2022  de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas.

Esta nueva norma, en su articulado, refleja una nueva situación que es, bajo nuestro punto de vista, altamente dañina para las islas, al recoger en su artículo 3, el siguiente literal: 

“Se aprueba el empleo del combustible gas natural en grupos generadores ubicados en los territorios no peninsulares de Canarias y Melilla a efectos del régimen retributivo adicional establecido en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio”.

Con este redactado se le da el espaldarazo necesario para que la generación eléctrica que use como combustible el gas natural, se convierta en un negocio altamente lucrativo, al verse beneficiado por el denominado “régimen retributivo adicional”, que básicamente consiste en percibir, además de los emolumentos propios del negocio eléctrico, unas cantidades extras por las dificultades añadidas de generar electricidad en los territorios no peninsulares.

En definitiva, con esta Orden el gas natural se convierte de facto en un combustible más de las islas, dando el pistoletazo de salida, para hacer buenos todos aquellos proyectos que estaban en la recámara, pendientes de esta norma, tanto sean de nueva creación, como de existentes que se adecuen al nuevo combustible. Estos proyectos aguardan que se clarifique por completo el marco normativo y, sobre todo, esperan que exista una retribución regulada por la inversión, previo cambio o excepción explícita con el operador mayoritario al que el mismo RD 738/2015 impide invertir cuando ha sobrepasado la cuota de mercado del 40% en generación.

Ahora que esta cuestión es ya una realidad, creo que los habitantes del archipiélago estamos completamente legitimados para exigir las responsabilidades oportunas a los titulares de tremenda tropelía. Pero cuando se empieza a enfocar estas responsabilidades, el panorama es desalentador. Por un lado, tenemos a los miembros del gobierno autores de la norma, en este caso PSOE y Unidas Podemos, por otro tenemos al PP y CC que en múltiples ocasiones han manifestado sus fervientes deseos de introducir el gas en las islas, por lo que habrán aplaudido la medida hasta la extenuación. Por último, tenemos a NC y ASG que tampoco han realizado una oposición franca a esta medida.

Ya sabemos todos lo que va a pasar. Esta norma dormirá el sueño de los justos hasta que pasen las elecciones de mayo y una vez que esto ocurra se dinamizará de una manera inusitada la instalación de todos estos proyectos, aprovechando que quedan 4 años de legislatura y los votantes olvidan con facilidad.

Lo lamentable de todo esto es que existe alternativa y esa alternativa la ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias con el desarrollo del PTECAN y sus estrategias. Esta alternativa consiste en una transición acelerada a las renovables, a la tecnología del hidrógeno verde y todo conducido por las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro.

Lástima del PTECAN y de la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada por el Parlamento canario que preveía la descarbonización del archipiélago en el 2040, porque teniendo en cuenta los trámites y los tiempos de construcción, ¿alguien piensa que se van a hacer infraestructuras gasísticas en las islas para desmantelarlas en diez años? ¿Esto supondrá un desvío de fondos desde los que se iban a invertir en renovables a este nuevo combustible? No se ha hecho una reflexión seria de hasta qué punto la garantía de suministro está más amenazada hoy que en unos pocos años donde, si todo va bien, las renovables serán mayoría en el mix energético.

*Javier Santacruz es economista y Rafael Hernández, ingeniero. Ambos son miembros del colectivo Salto a la Transición Ecológica