El pasado 17 de octubre, la cadena británica Channel4 emitió en primicia un documental que revelaba las condiciones laborales en las que se producen las prendas de ropa del gigante de moda online Shein. No es ninguna novedad que el modelo de negocio de moda rápida se basa en la producción masiva a bajo coste en países con regulaciones laborales laxas, ni que esto comporta graves vulneraciones de derechos humanos, así como importantes impactos medioambientales. Basta con recordar el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, donde murieron más de 1.000 personas que trabajaban en la confección, días después de que los jefes de las fábricas desestimaran las solicitudes de desalojar el edificio por riesgos de seguridad, amenazando con una reducción de sueldo si las trabajadoras y trabajadores no acudían a la fábrica. 

Los resultados de la reciente investigación sobre Shein muestran que las condiciones laborales en el sector textil ‒uno de los más contaminantes y con mayor impacto medioambiental‒ no han mejorado sustancialmente: jornadas laborales de hasta 18 horas diarias y solo un día de descanso al mes, salarios abusivamente bajos y presiones de reducir hasta dos tercios el sueldo si se comete algún fallo en las 500 prendas que debe producir cada persona al día. Estas son algunas de las situaciones que han desvelado las periodistas británicas al infiltrarse en dos fábricas de Shein en China. 

Ante estas acusaciones, la empresa ‒conocida por ofrecer unos precios increíblemente bajos y valorada en más de 100.000 millones de dólares‒ ha declarado su desconocimiento de la situación en las fábricas, al tratarse de empresas subcontratadas. Además, a través de un vídeo publicado en redes, alega tener un Código de Conducta de la Cadena de Suministro donde se establece un compromiso con el respecto a los derechos humanos y el medio ambiente y se describen los estándares mínimos que los proveedores y distribuidores deben cumplir. Sin embargo, los hechos demuestran que este tipo de mecanismos unilaterales y voluntarios son insuficientes: ¿cómo puede asegurar Shein que sus proveedores respetan los derechos humanos, laborales y ambientales, si decide no tener ningún tipo de control sobre la cadena de suministro? Su propia respuesta revela que no está en condiciones de hacerlo.

Precisamente este es el núcleo de las propuestas de regulación en materia de empresa y derechos humanos que se han impulsado durante la última década: exigir una responsabilidad a las empresas matrices por las vulneraciones que se puedan cometer a lo largo de toda la cadena de suministro o en las filiales en otros países. Se trata de una medida decisiva, ya que, según los últimos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad 50 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud moderna ‒índice que se ha disparado desde la pandemia‒ y la mayor parte de los trabajos forzosos se producen en los primeros eslabones de la cadena de suministro. 

En vista de esta situación, en el Parlament de Catalunya se está tramitando una proposición de ley que establece la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos con capacidad de recibir denuncias e investigar las posibles irregularidades en la actividad exterior de las empresas que operan en Catalunya. Si la ley se aprobara tal como está redactada ahora, para el caso de Shein, la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos implicaría la existencia de un organismo público independiente al que las víctimas o las entidades sociales podrían dirigir sus denuncias. A partir de esta queja formal, el Centro podría requerir información a la empresa Shein, que opera en Catalunya, para esclarecer los hechos y presentaría un informe elaborado por expertos del ámbito jurídico, laboral y de la defensa de los derechos humanos. Además, en caso de que la empresa se negara a responder las solicitudes del Centro, o lo hiciera de forma insuficiente o inadecuada, el organismo tendría capacidad para imponer sanciones económicas.

Por lo tanto, la aprobación de la Ley de creación del Centro ‒que fue aceptada a trámite por la totalidad del pleno del Parlament‒ situará a Catalunya como pionera en materia de regulación en el ámbito de Empresa y Derechos Humanos, en línea con los esfuerzos que se están impulsando desde organizaciones internacionales como la ONU. De hecho, desde 2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaja en la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a exigir responsabilidades a las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, desde la Unión Europea, el Congreso de los Diputados y en países como Francia, Suiza o Alemania se han o se están tramitando normativas a nivel de diligencia debida, que también buscan establecer obligaciones para ciertas empresas en cuanto a prevención de riesgos, mitigación y reparación por vulneraciones de derechos humanos y ambientales. 

En Catalunya la proposición de ley ha sido presentada por el Eje Catalán de Empresa y Derechos Humanos, agrupación formada por Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, y ha contado con el apoyo de más de 8.000 entidades y cooperativas, así como con un amplio apoyo parlamentario. Por lo tanto, si la ley se aprueba antes del fin de esta legislatura, gracias al impulso de la sociedad civil estaremos en mejores condiciones para garantizar la actuación responsable de todas las empresas catalanas y para avanzar en el objetivo de poner fin a la impunidad de las grandes corporaciones transnacionales.