Desde hace breves fechas está colgado para información pública en la web de la Secretaría de  Estado de Energía un documento denominado Propuesta de resolución por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Con este pomposo nombre se da la señal de salida para comenzar a sustituir los grupos de generación térmica de los territorios no peninsulares y, por tanto, del archipiélago canario. 

Mas allá de atender a una extemporánea y fuera de lugar emergencia energética que el Gobierno de Canarias se sacó de la manga o el clima de alarma social generado por la misma, este documento lo que viene a significar es que, en un periodo máximo de cinco años, vamos a tener mas de 1.170 MW de nueva hornada, que por supuesto, van a tener una vida útil regulatoria de 25 años, por lo que tendremos que sufrirlos al menos hasta 2053. 

Distribuidos por islas, serían: 

- Gran Canaria: 360 MW hasta 24 grupos 

- Tenerife: 500 MW hasta 33 grupos 

- Lanzarote: 80 MW hasta 16 grupos 

- Fuerteventura: 90 MW hasta 18 grupos 

- La Palma: 52 MW hasta 21 grupos 

- La Gomera: 2,5 MW hasta 2 grupos 

- El Hierro: 9 MW hasta 9 grupos 

Lo que hace un total de 123 grupos de diferentes potencias nominales, consumiendo, todo parece indicar, gas natural y, por tanto, contaminando nuestra atmósfera, al menos hasta el años 2053. 

A poco que se haya seguido los últimos avatares de la política energética canaria, se puede apreciar a todas luces que todo este planteamiento atenta contra todo lo planificado y legislado hasta el momento, ya que, por lo pronto, el objetivo de la descarbonización para el año 2040 del archipiélago ha sido borrado de un plumazo. 

Pero no solo contradice lo planificado y legislado en Canarias, sino también lo legislado a nivel nacional, ya que en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se especifica taxativamente lo siguiente: “Se desarrolla un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de la resolución de compatibilidad prevista en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, que será concedida teniendo en cuenta las necesidades de potencia puestas de manifiesto por el operador del sistema, las características técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas y la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

Se ha seguido a pies juntillas lo expuesto por el operador del sistema, pero los otros dos condicionantes no se han cumplido. En primer lugar, parece obvio que, si existe un estudio concienzudo en el que se basa el PTECAN y desarrollado por el Instituto Tecnológico de  Canarias, se debería haber tenido en cuenta para determinar cuáles son “las características  técnicas que sean más apropiadas para estos sistemas” y ni uno solo de sus postulados se han considerado. Por otro lado, dado la espiral de precios protagonizada en recientes fechas por el gas natural, los problemas geoestratégicos que ha causado este combustible del calibre a los sufridos por ejemplo por Alemania y la dependencia que crea en nuestro archipiélago, no parece que se cumpla el condicionante de “la opción económicamente más ventajosa para el conjunto del sistema”. 

En definitiva, un proceso viciado desde el primer momento y contra el que se deberían llevar a cabo todas las alegaciones posibles (hay fecha hasta el 30 de noviembre), porque entendemos  que no es de recibo que se nos pretenda colar por la puerta de atrás el perpetuar los combustibles fósiles en la generación eléctrica del archipiélago.

Las olas de calor del pasado octubre mostraron lo devastador que puede ser el cambio climático para la salud de todos y todas. Hay que felicitar a la Consejería de Educación por la rapidez con que ha reaccionado frente a los efectos de las mismas en la comunidad escolar, especialmente en el alumnado. Todos estamos preocupados por cómo afrontar los próximos episodios de este tipo en los centros escolares. 

Parece acertado por parte de los dirigentes de la Consejería distinguir entre medidas a tomar en el corto y en el largo plazo. En el corto, el anuncio de un protocolo de suspensión de clases cuando vuelvan los calores extremos, asimismo que desde los centros se empiece a trabajar en medidas tales como rincones de sombra, más árboles y mejor ventilación. Podríamos añadir algún punto como el que todos los alumnos puedan tener acceso gratuito al agua fresca, pero en general el espíritu de la iniciativa la consideramos buena.

Queremos hacer algunas reflexiones tanto sobre estas medidas a corto plazo como las nuevas inversiones que se contemplan a largo plazo. La priorización de las actuaciones de adaptación al cambio climático en los centros escolares no puede depender solamente de la diligencia o no de los equipos directivos en presentar proyectos para sus centros. La Dirección de Infraestructuras en el caso de los centros de  Bachillerato y Secundaria y las Concejalías de los Ayuntamientos que correspondan en el caso de los colegios públicos son las instancias que tienen que diseñar la secuenciación de las inversiones a llevar a cabo en función de variables objetivas que midan el riesgo del alumnado a sufrir los aumentos de temperatura. Nos referimos a variables tales como la ubicación de los centros, su diseño arquitectónico, la existencia o no de instalaciones de climatización y la calidad de su construcción, esto es lo que debiera marcar la urgencia de las obras a llevar a cabo. En cuanto a la ubicación parece razonable iniciar las obras de adaptación a la crisis climática en los centros ubicados en el sur de las islas, teniendo en cuenta sus temperaturas más altas.

La época de la COVID demostró que para los niveles educativos de los que hablamos la enseñanza a distancia tiene muchos inconvenientes, las clases telemáticas o la reducción de la jornada escolar  afectan severamente a la formación del alumnado, se pierde la función de socialización que juega la presencia escolar en la vida de los jóvenes. Además ante las olas de calor  los hogares de una  gran parte del alumnado no están mejor preparados climáticamente que los colegios para soportar las altas temperaturas, y a esto se le suma la necesidad de conciliación familiar donde muchos padres y madres no pueden hacerse cargo de sus hijos en periodo escolar. Todo ello redunda en  la necesidad de imprimir celeridad a estas inversiones de adaptación.

Desde los centros educativos, podemos plantear las consecuencias del cambio climático como una oportunidad de aprendizaje donde los alumnos y alumnas pueden aprender por ejemplo, medidas de monitorización del clima, concienciación en el respeto al medio ambiente, ahorro energético, etc. Podemos plantear proyectos de centro mediante modelos de aprendizaje  donde se enseñe a fomentar el ahorro del agua y de las energías y medidas para paliar las consecuencias del cambio climático que supongan un beneficio para el propio centro y para la sociedad.

Por otro lado, casi todos los centros cuentan con amplias azoteas, canchas al aire libre y aparcamientos que se pueden techar con paneles fotovoltaicos generando energía para los necesarios sistemas de climatización y cubrir los servicios del propio centro. Los excedentes energéticos producidos, pueden ser compartidos con la sociedad mediante comunidades energéticas, dedicando parte de los beneficios a reducir los gastos e inversiones en el propio centro.

Esta pionera iniciativa de la Consejería de Educación en Canarias tiene que extenderse a otras administraciones e instituciones, para que se tomen medidas del mismo calado para proteger a la población en otros ámbitos, tales como las instalaciones sanitarias, los lugares de trabajo, los espacios públicos y zonas residenciales.

No podemos acabar sin recordar la causa primera de esta crisis climática, la quema de combustibles fósiles, por lo que el principal esfuerzo inversor de la sociedad tiene que llevarse a cabo en la implantación de renovables. Es en este proceso de descarbonización donde nos jugamos el futuro.  

Con la entrada del nuevo gobierno autonómico, vuelve a ponerse  sobre la mesa la entrada del gas en Canarias, al menos en lo que se refiere a la generación eléctrica. Esta nueva apertura del debate acerca de este combustible no es baladí, responde a toda una concepción estructurada que tienen determinados sectores políticos sobre las fuentes energéticas que deben sostener la economía canaria.

Desde nuestro modesto punto de vista, si se pretende modificar algún sistema, energético en este caso, debe  ponerse sobre el tapete los puntos débiles del mismo, y acto seguido plantearse como superar esos puntos débiles, y diseñar la modificación planteada. Por ello y siendo fieles a nuestro razonamiento vamos a desarrollar lo expuesto.

El sistema eléctrico canario, mejor dicho, los sistemas eléctricos de Canarias, porque en realidad son seis, uno por isla, salvo Lanzarote y Fuerteventura que están unidos por un cable submarino, presentan los siguientes déficits fundamentales:

Vistas las debilidades veamos si la entrada del gas aportaría soluciones a estos problemas:

Creemos que los argumentos son contundentes, la entrada del gas en los sistemas de generación eléctrica de Canarias no viene a solucionar ninguno de los problemas endémicos que arrastran nuestros sistemas energéticos, sino más bien los empeora. Es por esto por lo que toda la ciudadanía debería plantearse el por qué de  ese empeño en introducir un combustible que no suma sino todo lo contrario, resta y mucho, sobre todo porque si se hace una inversión de las dimensiones necesarias para quemar gas en el archipiélago, significará que las instalaciones construidas estarán en producción por más de treinta años y por tanto no habrá hueco para las renovables.

Alguien debería recordar que ahora mismo la prioridad es la lucha contra el cambio climático antropogénico y la UNICA posición posible para ello es un cambio acelerado a una economía descarbonizada. Los tiempos de las transiciones lentas han quedado muy atrás.

Nada más comenzar el artículo se lanza un torpedo a la misma línea de flotación de la profesionalidad de las personas encargadas del asesoramiento del equipo que estaba a cargo de las instituciones en la legislatura pasada: “Una transición energética mal concebida y peor gestionada, basada no en criterios técnicos, económicos o ecológicos sino, única y exclusivamente, en criterios políticos e ideológicos, nos está conduciendo de forma inexorable hacia el ‘gran apagón’”. 

Queremos creer que estas aseveraciones se basan más en un desconocimiento de lo que hay detrás de todo lo que se denomina “transición energética” que de un conocimiento cierto acerca de esta realidad, porque en caso de ser lo contario preferimos ahorrarnos los calificativos que corresponderían.  

Esos criterios a los que se califica de “no técnicos” son los desarrollados por los ingenieros y técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que en el marco de 8 estrategias llevan a cabo un desarrollo sistemático, laborioso y sin parangón de todo lo que acontece en el sector energético canario tanto desde el punto de vista técnico, como económico, social, territorial y por supuesto y ante todo desde el punto de vista ecológico, pues la lucha contra el Cambio Climático Antropogénico es lo que está detrás y justifica todo este desarrollo, siempre y cuando se esté en las tesis del 90% de la comunidad científica y no se sea un negacionista climático. 

Es precisamente este estudio, que sirve de base para el desarrollo del PTECan, el que plasma de una manera pública y notoria ya en febrero de 2021, el hecho ineludible de que existe una buena proporción de equipos en la generación canaria que ya han cumplido con creces su vida útil regulatoria y que otros muchos la cumplirán en breve. En la estrategia “Estrategia de la generación gestionable de Canarias” se lleva a cabo un desglose muy completo y pormenorizado de lo que se está exponiendo. 

Otra frase lapidaria que se escribe en el escrito del señor decano es la siguiente: “Si nos proponemos, por ejemplo, realizar un cambio en el sistema eléctrico establecido con la intención de obtener una mejora (técnica, económica y/o ecológica), debemos conservar, debidamente mantenido y fiable, el sistema antiguo hasta que las pruebas de funcionamiento del nuevo hayan demostrado su viabilidad y el logro de los objetivos propuestos”. En este caso la frase es certera y acierta de pleno en el meollo de la cuestión: “debemos conservar debidamente mantenido y fiable el sistema antiguo”. El hecho de que un equipo este fuera de su vida útil regulatoria no implica que tenga que fallar, pero para ello el mantenimiento, tanto predictivo, como preventivo y como correctivo tiene que ser más exigente si cabe, precisamente por la circunstancia en la que se encuentra. Intentar exculpar a Endesa por su responsabilidad en el “cero” de La Gomera, aduciendo que los equipos, por los que cobra pingues beneficios exactamente igual que si acabaran de salir de fábrica, son obsoletos, no solo es falta de profesionalidad sino moralmente inasumible. 

Según tenemos entendido el incendio en la central de la Gomera no se produjo en la sala de máquinas, sino que tuvo su origen en la sala de servicios auxiliares, es decir, no donde están las bancadas con envolturas, pistones y demás, sino donde están todos los mecanismos y electrónica que permite funcionar y controlar esos grupos. Evidentemente si estos componentes que son perfectamente actualizables y renovables continúan siendo los mismo de cuando se montaron los grupos, lo extraño no es que se hayan incendiado, lo extraño es que funcionen. 

El tema de los servicios auxiliares de los grupos obsoletos tiene más importancia que la que se le ha prestado y alguien, con responsabilidad en la administración debería platearse seriamente una auditoría del estado ya no solo de los grupos sino también de esos servicios auxiliares. 

Por todo ellos más que buscar responsables en las administraciones o achacar a una supuesta innecesaria transición a las energías renovables, que esa crítica si tiene un profundo cariz ideológico y político, deberíamos empezar, para explicar el cero de La Gomera, por buscar en lo obvio y en lo más cercano. Se debería comenzar por pedir explicaciones a la empresa que las puede dar y que no es otra, sino que Unelco Generación SAU, filial de Endesa y a todas luces propietaria de las centrales de Canarias.

Autores: Antonio Hernández Rodríguez (abogado) y Rafael Hernández González (ingeniero). Miembros de Salto a la Transición Ecológica.

El 6 de mayo de 2014 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden IET/728/2014, de 28 de abril, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se resuelve aceptar la renuncia presentada por UNELCO a la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira - Soria e imponerle la obligación de transmitir al Operador del Sistema Eléctrico el Proyecto y, en su caso, las instalaciones de la referida central.

En virtud de lo establecido en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, y en la citada Orden Ministerial IET/728/2014, el 23 de enero de 2015 UNELCO y Red Eléctrica de España formalizaron un acuerdo para la transmisión del citado proyecto a REE que, a partir de ese momento, inició la adaptación del proyecto transmitido a lo requerido en el artículo 5 de la Ley 17/2013, esto es, que en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, las instalaciones de bombeo cuya titularidad corresponda al Operador del Sistema Eléctrico, deben tener como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables.

El 17 julio 2015 la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria adoptó acuerdo por el que acepta la subrogación como concesionaria de REE en la Concesión Administrativa de las “Aguas Embalsadas y Vaso de la Presa de Chira con fines Hidroeléctricos”. El 15 octubre 2015 se celebró el acto de firma de la cesión por parte de UNELCO a REE ante el CIAGC.

Ya en el 5 de junio de 2019 se aprueba la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. En esta directiva en su artículo 54, en el apartado 1 se dice: “Los gestores de redes de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía”.

Este es el famoso redactado al que se acogen los detractores del proyecto para decir que es ilegal y así sería si no fuera porque existe un apartado 2 que expone: “Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar a los gestores de redes de transporte a poseer, desarrollar, gestionar o explotar instalaciones de almacenamiento de energía, cuando sean componentes de red plenamente integrados y las autoridades reguladoras hayan concedido su aprobación…”.

Conviene hacer ver en este punto que la norma no habla de que los estados miembros pidan autorización a Europa para que se les conceda estas excepciones, sino que les otorga directamente esta capacidad.

Obviamente esta cuestión se podría prestar a interpretaciones y en una de ellas, se podría concluir que como la directiva es posterior a la Ley de 2013 y es de rango superior, la deroga. Pero afortunadamente la propia información de la directiva, nos remite a lo que considera su transposición y que es el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Pues bien, en el Título II, artículo 4 titulado: Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se recoge en el apartado tres el siguiente literal:

“Se añaden tres epígrafes h), i) y j) al apartado 1 del artículo 6, con el siguiente tenor literal: «h) Los titulares de instalaciones de almacenamiento, que son las personas físicas o jurídicas que poseen instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica.

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y de la posibilidad de que los sujetos productores, consumidores o titulares de redes de transporte y distribución puedan poseer este tipo de instalaciones sin perder su condición...“.

Recordando que el artículo 5 de la Ley 17/2013 dice: “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares las instalaciones de bombeo tendrán como finalidades principales la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. En estos casos, la titularidad de las instalaciones de bombeo deberá corresponder al operador del sistema”.

Por tanto, a día de hoy la titularidad de REE en el Salto de Chira está consagrada legalmente por el RD 23/2020 con el que se traspone la Directiva 2019/944 y en el que se salvaguarda y ratifica lo expresado en la Ley 17/2013.

Por si todo esto fuera poco, el pasado viernes 20 de enero pudimos conocer la noticia de que  el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) otorga una ayuda de 90 millones de euros al Operador del Sistema para la financiación del proyecto Salto de Chira, de almacenamiento energético en Gran Canaria, lo que supone un reconocimiento de facto de un proyecto que no solo es emblemático en si mismo, sino que no deja resquicios a ninguna duda sobre su solidez legal.