El Congreso ha aprobado la Ley de Cooperación con un apoyo del 90% de los diputados, una gran noticia en un contexto en el que los acuerdos políticos parecen cada vez más difíciles. Esta Ley establece el camino para lo que debería ser un cambio de rumbo que ponga en el centro la defensa de los derechos humanos y la justicia global. Un paso muy importante que nos permite aferrarnos a la esperanza y continuar remando, junto al Gobierno y los partidos políticos, hacia una cooperación que esté a la altura de los enormes retos que afrontamos como humanidad.

Este importante momento coincide con el terremoto en Siria y Turquía; la tierra se abrió de cuajo y golpeó de lleno a una población ya afectada por crisis de enormes dimensiones. Millones de personas que vivían en situación extrema eran arrastradas al abismo. ¿Cómo es posible que pueda acumularse tanto dolor sobre las heridas constantes de pueblos olvidados?

La nueva Ley de Cooperación tiene mucho que ver con lo que allá está ocurriendo. Si echamos la vista 13 años atrás, encontramos una sequía pertinaz en Siria que, entre otras cosas, tuvo mucho que ver con los movimientos sociales que, al arropo de las primaveras árabes, exigían pan, trabajo y libertad. Las movilizaciones fueron reprimidas, la violencia -la guerra- se instauró en la zona y millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a emprender una huida en la que aún continúan atrapadas muchas de ellas. En estos años, los intereses políticos y estratégicos, la venta de armas, el cambio climático (al que contribuyen sobre todo los países ricos), el olvido internacional y las barreras impuestas al derecho al refugio han arrasado con la vida.

La Ley aprobada en el Congreso incluye un enfoque ecologista, feminista y de derechos humanos que debería servir de referencia al resto de políticas del Estado; lo que ahora llaman “una política palanca”. Es decir, debería marcar el paso a decisiones políticas que condicionan la vida de quienes vivimos aquí, pero también de personas en todo el planeta. Ese es uno de sus grandes potenciales y debe ser aprovechado al máximo.

Nueva etapa con importantes retos

Durante años, España ha ejercido una cooperación muy por debajo de las necesidades de millones de personas afectadas por la pobreza y las desigualdades; una cooperación muy alejada de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa y de los espacios multilaterales desde los que dar respuesta a los problemas globales. La aprobación de esta Ley debería suponer un cierre definitivo a esta etapa para comenzar otra en la que se refuerce esta política pública; un nuevo periodo en el que sus valores marquen la dirección del resto de políticas.

Esta Ley establece una senda clara e inexcusable para que los fondos destinados a la cooperación alcancen el histórico -y nunca cumplido- 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030. Además, refuerza las capacidades instituciones y pone en el centro las necesidades reales de las personas con quienes cooperamos. Y todo ello lo hace con una marcada apuesta por la mirada feminista, porque sin ella es imposible cambiar un modelo depredador que acaba con la vida.

Es, por tanto, un momento de celebración: tras una década de enorme debilitamiento tomamos aire y comenzamos una nueva etapa. Nos espera un año de mucho trabajo en el que concretar a través de reglamentos, reformas y decisiones todo lo que la Ley contempla.

Más allá del papel, los hechos

Las leyes son mucho más que artículos y disposiciones, tienen consecuencias sobre la vida de las personas y sobre el planeta. Por eso su concreción es vital para la construcción colectiva de un mundo en el que vivir valga la pena. Un mundo en el que las sequías no agoten la producción de alimentos; un mundo en el que la paz sea la norma y el respeto a los derechos humanos, incuestionable.

Este será un año de elecciones locales y autonómicas. Es conocido el compromiso de nuestros pueblos y ciudades con la solidaridad internacional, por eso confiamos en que, en coherencia con el apoyo mostrado a la nueva Ley de Cooperación, los partidos políticos la contemplen en sus programas y los nuevos gobiernos, en sus presupuestos; esto demostraría una verdadera voluntad de cambio.

Las personas muertas por el terremoto en Turquía y Siria superan ya las 15.000 y se suman a todas las que han muerto en la zona en la última década. Las víctimas de la guerra, el olvido y el sinsentido más cruel se cuentan por millones. Nadie debería pasar por un sufrimiento de tales dimensiones y las políticas públicas deberían evitarlo. Tienen el deber de hacerlo. Ojalá que esta nueva Ley pueda marcar el paso, abrir brechas por las que avanzar hacia políticas de Estado que garanticen vidas dignas, entornos saludables y en paz en todo el planeta. Ojalá… Quién sabe. Como dijo Mandela, “todo parece imposible hasta que se hace”.