El pasado 24 de abril el Ejecutivo regional murciano anunció que va a sustituir el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) por un único 'Comisionado Especial de la Transparencia' que, además, asumirá las competencias del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. 

De esta manera, el Gobierno regional consuma uno de los puntos del pacto de gobierno con Vox accediendo a dar a este partido de ultraderecha las competencias en esta materia, nombrando asimismo la figura del Defensor del Pueblo, que, como se ha conocido, recaerá también en la misma persona. 

El vicepresidente del Ejecutivo regional, José Ángel Antelo, propuso en enero refundir el Consejo de la Transparencia con la institución del Defensor del Pueblo para crear un nuevo órgano con competencias regionales y municipales, que actúe como “un elemento de crítica constructiva”. Por su parte, esta misma semana, el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, insistió en que con esta decisión “se gana en eficacia y en responsabilidad”, y que el modelo “pretende ser más ágil en la resolución de los expedientes”.

Ahora, con la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, formulada conjuntamente por PP y Vox, no sólo desaparecerá el Consejo de la Transparencia y se transformará en el Comisionado de la Transparencia, sino que además el Pleno de la Transparencia se sustituirá por una Comisión de Transparencia, compuesta por el comisionado y cuatro funcionarios. 

Sin duda, estamos ya acostumbrados a las actitudes cínicas y autoritarias del Gobierno regional murciano, pero en este tema han llegado a un nivel tan extraordinario como preocupante. En una Región en la que el Partido Popular gobierna desde hace la friolera de 31 años, en la que se siente seguro para comprar voluntades y escaños o despreciar a sus socios de gobierno porque sabe que los puede absorber cuando quiera. El PP culpa a los demás -partidos, comunidad científica, gobiernos- de su gestión, ya sea económica, ecológica o turística, de forma que se desprende de cualquier responsabilidad, como si no fuera el partido que se supone que debe gobernar. Eliminar el Consejo de la Transparencia es una nueva vuelta de tuerca para convertirnos en una comunidad en la que el derecho a la información pública va a ser también eliminado.

Es tal la desfachatez en este tema por parte de Vox y PP que, después de que los primeros calificaran en sesión parlamentaria el CTRM de “chiringuito”, una fórmula cómoda y simplona de nombrar algo que no te interesa o que no puedes controlar, será precisamente Vox quien elegirá a la persona que se pondrá al frente del comisionado, es decir, otro puesto a dedo, otro cargo que no hará nada cobrando mucho o que seguirá fielmente las directrices de sus jefes. 

De hecho, hay que señalar en este punto que el CTRM estaba formado por personas de la sociedad civil que no cobraban sueldo por su trabajo, profesionales acreditados que eran incómodos para el Gobierno regional porque no los podían controlar, una circunstancia insoportable para el mismo debido a su carácter censor; mientras que, como hemos señalado anteriormente, el nuevo comisionado, a sueldo, podrá contratar personal eventual dentro del límite de gasto presupuestado y, además, tendrá a su servicio una Comisión de Transparencia formada por otras cuatro personas. Eso sí, la excusa, reconocida por el Partido Popular, es que esta propuesta de comisionado tendrá que ser refrendada por la Asamblea, con mayoría de PP y Vox, es decir, será elegido “por una mayoría cualificada en este Parlamento”.

Se puede decir que la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia ha muerto. En su preámbulo, esta ley señala que “los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios de la acción de gobierno (...) son los auditores de la misma, del buen desempeño de la Administración y de los servicios públicos que se les proporcionan. (...) Desean conocer cómo se ejecutan las políticas públicas y la acción de sus respectivos gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que integran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas que sufragan con sus tributos…”. Pues bien, con la certeza que proporcionan los años de gobierno del Partido Popular con sus diferentes socios, ya sean Ciudadanos o Vox, todas estas cuestiones no serán más que papel mojado, no significarán absolutamente nada.

El pasado mes de diciembre el Ministerio de Industria y Comercio publicó la Orden que incentiva a pequeñas y medianas empresas para que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral, y mantengan este plan durante al menos dos años, sin reducir el salario de sus empleados. Por su parte, la Comunidad Valenciana también estableció el año pasado un programa de ayudas públicas a empresas que reduzcan su jornada laboral un 20%, o bien a 32 horas semanales, es decir, semanas laborales de 4 días, también sin que se vean afectados los salarios del personal.

En el primer caso, el proyecto piloto está dotado con un presupuesto de 10 millones de euros y el gobierno subvencionará con 150.000 euros a las pymes que reduzcan su jornada laboral. En el segundo, la Generalitat Valenciana ofrece a las empresas que voluntariamente se acojan a este programa 9.600 euros por cada empleado al que se aplique la jornada de 32 horas. En los dos, el objetivo es aumentar la calidad de vida y la motivación de los y las trabajadoras, hacer descender las bajas laborales y gastar menos en desplazamientos, sin que la productividad se vea afectada. 

Productividad y reducción de jornada, son dos términos tradicionalmente antagónicos pero que en este caso van unidos. Aumentar la motivación y la calidad de vida del personal, es decir, que sean más felices, es una cuestión fundamental en un momento en el que la salud mental en los entornos laborales, después de la pandemia, se ha degradado alarmantemente, y en el que los datos sobre consumo de ansiolíticos sitúan a España entre los países que más consumen estas sustancias. Hablar con alguien que trabaja en un centro de salud, en un centro para discapacitados o de mayores, o un centro educativo, por poner tres ejemplos, es oír historias de estrés e imposibilidad de conciliar vida personal y familiar.

Como señalamos, en los dos casos la medida va dirigida desde la Administración pública a la empresa privada. En el sector público, por el momento, no se contempla ninguna medida similar, y menos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De hecho, las ocasiones en las que se ha planteado el asunto con representantes de la Dirección General de Función Pública siempre se nos ha trasladado que una reducción de la jornada conllevaría ineludiblemente una reducción del salario, es decir, implicaría un componente sancionador, circunstancia, por otra parte, muy común y socorrida en nuestra Administración regional murciana.

Pongamos el ejemplo de otra medida que, a mi modo de ver, mejoraría la conciliación de la vida laboral y familiar del personal empleado público: el teletrabajo. Desde la Intersindical Región Murciana, por ejemplo, venimos defendiendo un sistema de trabajo que creemos que puede cubrir, si se emplea de la forma correcta, las necesidades del servicio con las de  conciliación y protección de la salud del personal de la Administración regional. Así se demostró durante los meses más duros de la pandemia por la Covid-19, en los que el personal de la CARM puso su empeño en sacar en condiciones complicadas su trabajo adelante, y los responsables de centros públicos vieron cómo los niveles de productividad se incrementaron, incluso sacando trabajo atrasado adelante.

Además, si atendemos a la Estrategia para la Transformación de la Función Pública Regional, publicada en 2021, se supone que es el propio Gobierno Regional el que debería “fomentar las necesarias acciones y medidas de transformación (también en materias como el teletrabajo) que debe afrontar la Administración General de la CARM en los próximos años, en el ámbito del personal de Administración y Servicios”. ¿O es que no quieren transformar nada? 

Es necesario recordar que han pasado 11 años ya desde la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 por el que, entre otras cuestiones, se suprimió la jornada de 35 horas que estaba fijada para el conjunto de las administraciones públicas. Una vez más, mientras que en algunas comunidades autónomas ya se ha revertido ese recorte, caso de Andalucía, en la Región de Murcia el consejero de Hacienda se ha limitado a señalar que aquí se hará “de forma progresiva”, para luego advertir de la “inviabilidad de aplicar esta medida de manera inmediata por los costes económicos que supone”. Es decir, que ni se aplicará la medida ni se revertirá el recorte, ni de forma progresiva ni de una sola vez.

Los planes de modernización de la Administración regional deberían ir por este camino, se trata de replantear el sistema de trabajo fijado desde hace más de 100 años, superar la cultura del presentismo. Las 40 horas repartidas en cinco días no se han puesto en cuestión en años y es necesario reconsiderar esta opción. No se trata de echar más horas, sino de producir más y hacerlo mejor.