La transición energética es una realidad global, pero, a su vez, también local de cada región. Es una emergencia que se debe abordar con la mayor celeridad posible, y se debe hacer poniendo el foco en el territorio, entendiendo como tal también a quienes lo habitan, utilizan y defienden. Es el momento de exigir una gran sensibilidad empresarial, política y social para hacer posible el cambio de modelo en cómo abordar este tipo de proyectos. Es un reto de país que incumbe a políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Está en manos de todos llevarlo a cabo del modo más integrador posible y hacerlo en unos plazos que cada vez son más angustiosamente cortos.

Con la publicación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y el marco legal que regulará los criterios de los concursos públicos de los proyectos de eólica marina flotante, se tiene la oportunidad de que empresas y gobiernos no repitan los mismos errores del pasado y afronten la emergencia climática a la que nos enfrentamos con la mayor integración posible de todos los agentes locales. Deberá ser obligatorio que los criterios de los concursos que han de decidir qué proyectos se desarrollarán en nuestros mares, exijan a los promotores unos estándares que garanticen un acercamiento efectivo a los ciudadanos de los territorios afectados.

Para lograr poner el foco en los mismos y hacerles partícipes del desarrollo de los proyectos, la administración debe ser muy clara en la redacción de los criterios socioeconómicos de adjudicación. Se debe requerir a los promotores un ejercicio de transparencia que facilite el libre acceso a toda la información relativa al proyecto, una vía abierta de diálogo temprano llevado a cabo antes de la adjudicación del concurso, que garantice la interlocución entre todas las partes y que adquiera el compromiso de escuchar al territorio para incorporar, en la medida de lo posible, sus demandas.

Al tiempo, es imprescindible que los movimientos ciudadanos reflexionen sobre el impacto que la inacción frente al cambio climático puede tener -está teniendo ya- sobre los propios paisajes, ecosistemas y zonas agrícolas que se quieren proteger. Habrá quienes nieguen o prefieran ignorar el cambio climático, y mantengan que todo es una exageración o una conspiración capitalista. Con estos sectores, con opiniones muy respetables, será sin embargo imposible llegar a consensos, por mucho diálogo y transparencia que se pretenda. Ningún proyecto podrá avanzar. 

Por otra parte, quienes planteen vías alternativas, realizables a corto plazo y que sean capaces de suministrar la energía sostenible y accesible que todas las sociedades necesitan para subsistir y desarrollarse dignamente, deberán también presentarlas de forma práctica y clara, demostrando que la población está dispuesta mayoritariamente a asumir los esfuerzos y limitaciones que algunos planteamientos incorporan.

Garantizar la compatibilidad medioambiental de la eólica marina

La implementación de la eólica marina en España debe ser extremadamente respetuosa con el entorno y la biodiversidad, y su regulación debe ser especialmente estricta con la necesidad de minimizar efectos adversos sobre el medio ambiente.

Aunque la implantación de las energías renovables sea una herramienta totalmente necesaria para la descarbonización de nuestro modelo energético y contribuya a la conservación de los ecosistemas, evitando alguno de los de los efectos adversos de la crisis climática, se deben exigir todos los estudios medioambientales necesarios que aseguren el mínimo impacto posible de los proyectos y que garanticen un elevado nivel de compromiso por parte de los promotores. A pesar de la urgencia con la que se debe actuar, no es aceptable avanzar en el despliegue de la eólica marina sin lograr demostrar su sostenibilidad medioambiental y su baja afección a los diferentes ecosistemas de cada territorio. De otro modo se estaría incurriendo en prácticas y errores del pasado en el despliegue de algunos proyectos de energías renovables. El rigor en el análisis y las correcciones de los problemas detectados no deben llevar, sin embargo, a dilaciones inaceptables. La eficiencia burocrática y la diligencia de cada uno de los actores es imprescindible.

Por todo ello, tenemos la responsabilidad conjunta, como sociedad, de confeccionar normas que estudien meticulosamente cada una de las propuestas en base a estos criterios, logrando que los proyectos que consigan superar los requerimientos de la administración tengan también una voluntad sincera de diálogo con los actores implicados. Los proyectos que lleguen a buen fin deben integrar las demandas y sensibilidades del territorio, y hacerlo de una forma transparente. Solo deben pasar los filtros aquellos que estén más comprometidos con la sostenibilidad medioambiental. En definitiva, se debe determinar qué proyectos podrán aportar un mayor valor a la región, contribuir a frenar el cambio climático y hacerlo minimizando el impacto ambiental de todos sus elementos.

Este cambio de modelo no podrá tener éxito si no se sustenta en la obligación de demostrar, previamente a la adjudicación del concurso, resultados tangibles e informes contrastados que respondan a las exigencias de los criterios socioeconómicos de la convocatoria. Sólo se deberán considerar los proyectos que hayan avanzado considerablemente en esta materia y posean la voluntad real de transitar bajo los preceptos de este nuevo modelo.

Para hacer frente al gran reto de la emergencia climática se deben sumar esfuerzos como sociedad y actuar de forma conjunta, dejando atrás comportamientos que hagan tropezar con errores del pasado desde cualquiera de los frentes. El diálogo, la transparencia y la integración social y medioambiental deberán ser el motor que empuje la transición energética. El objetivo es común. Hay mucho en juego y queda muy poco tiempo para actuar.