Ha salido a la luz, a través de informaciones periodísticas, que Endesa decidió abandonar su propuesta en el proceso de concurrencia competitiva en cuatro islas en un momento ya muy avanzado del mismo. Esta decisión está en concordancia con las últimas líneas estratégicas de su accionista mayoritario, Enel, que prioriza la asignación de capital a proyectos con seguridad financiera y retorno predecible, evitando inversiones en activos que no cumplan esos criterios. El hecho revela que incluso los operadores más capacitados perciben riesgos significativos en mantener un modelo basado en combustibles fósiles y evidencia la necesidad de replantear la estrategia energética del archipiélago.

La respuesta del Gobierno canario, pidiendo al Estado la convocatoria de un nuevo concurso para los grupos térmicos, carece de estrategia y es poco realista, y retrasaría aún más la transición imprescindible hacia un sistema más seguro y sostenible. Además, desaprovecha la oportunidad de un cambio de rumbo en las políticas energéticas, perpetuando soluciones que no resuelven los problemas de fondo y mantienen al archipiélago dependiente de combustibles fósiles volátiles.

La retirada de Endesa es una alerta clara: mantener o ampliar la generación fósil incrementa riesgos económicos, energéticos y geopolíticos, exponiendo a las islas a la volatilidad del gas y el diésel, tensiones internacionales y posibles restricciones de suministro. Los hechos recientes demuestran que estas contingencias no son hipotéticas: las subidas de precios y las interrupciones afectan directamente a la estabilidad del sistema eléctrico y a los costes energéticos de hogares y empresas.

Por el contrario, las energías renovables con almacenamiento, como fotovoltaica y eólica combinadas con bombeo y baterías BESS, ofrecen un modelo más seguro, flexible y autónomo. No dependen de mercados externos y permiten gestionar la generación intermitente de manera eficiente, asegurando potencia firme y continuidad del suministro. 

En conclusión, repetir concursos fósiles sería un error evidente. Canarias debe aprovechar las oportunidades de las energías renovables y el almacenamiento para garantizar seguridad energética, estabilidad de precios y sostenibilidad. Frenar la transición equivale a asumir riesgos innecesarios que comprometen la economía y el futuro del archipiélago.

No nos engañemos: infraestructuras y anuncios no bastan. Es imprescindible multiplicar el ritmo de implantación de energías renovables muy por encima del actual. En esa tarea nos encontrarán, junto a otros compañeros del ecologismo y de la política, perseverando —aunque no siempre seamos comprendidos— en la convicción de que esta es la senda correcta

La mayoría de las veces lo que sucede no conviene, pero hay ocasiones en que los acontecimientos, de manera virtuosa, terminan encadenándose con una coherencia inesperada, como si discretamente se orientaran hacia un desenlace favorable. 

Aunque todavía no contamos con la certificación oficial del Boletín Oficial del Estado —que, por cierto, se está haciendo esperar más de lo razonable—, la noticia se ha extendido ya por los medios: Endesa renuncia a ser titular de los futuros grupos térmicos en buena parte del archipiélago; dicho con formalidad, retira su candidatura en el proceso de concurrencia competitiva en gran parte de las islas.

No es ningún secreto que hemos recibido la noticia con satisfacción. Ya no se nos atemoriza con la interrupción del suministro. Sorprende, en cambio, el súbito cambio de registro de algunos responsables políticos. Tras dos años de advertencias sombrías, en las que se nos anunciaba poco menos que una hecatombe en forma de apagón inevitable si no se renovaban los grupos térmicos, asistimos ahora a una reacción mesurada. Incluso se desliza que los grupos actuales podrían operar más allá de los 25 años fijados en el Real Decreto 737/2015. No está mal que las certezas de ayer se conviertan hoy en matices.

Lo que ha seguido es, si cabe, más relevante: el anuncio por parte del consejero de medidas que parecían dormir en el cajón de los proyectos postergados y que, por fin, ven la luz. Da la impresión de que la agenda verde comienza a alzar el vuelo frente a la inercia fósil que hasta ahora marcaba el paso.

Entre esas medidas destaca el inicio de la tramitación de la central de bombeo reversible de Güímar, en Tenerife, así como los primeros pasos de otro bombeo en La Palma, previsiblemente en la zona de la Laguna de Barlovento. Es exactamente lo que deseábamos escuchar. La experiencia de Gorona del Viento y el intenso debate suscitado por Salto de Chira nos enseñan que no son proyectos sencillos. Pero también que constituyen herramientas decisivas para que la transición energética deje de ser una declaración retórica y se convierta en realidad material.

Que la sociedad canaria decida adentrarse sin ambages en este camino envía una señal inequívoca a quienes aún contemplan el horizonte fósil como un negocio duradero: sus beneficios serán necesariamente transitorios. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una magnífica noticia.

A ello se suma la expectativa de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para abordar la retribución del almacenamiento en baterías grid-forming, pieza clave para estabilizar el sistema eléctrico y reducir aún más la dependencia de la potencia térmica rodante.

Si añadimos la próxima interconexión Tenerife–La Gomera y la futura conexión entre Gran Canaria y Fuerteventura, el panorama empieza a dibujar condiciones propicias para acelerar la instalación de renovables y avanzar con decisión en la descarbonización del archipiélago.

Pero no nos engañemos: infraestructuras y anuncios no bastan. Es imprescindible multiplicar el ritmo de implantación de energías renovables muy por encima del actual. En esa tarea nos encontrarán, junto a otros compañeros del ecologismo y de la política, perseverando —aunque no siempre seamos comprendidos— en la convicción de que esta es la senda correcta.

Tal vez estemos ante un punto de inflexión. Y, esta vez, puede que lo que sucede realmente convenga.

Estamos conociendo datos sensibles y de gran trascendencia social no por vías institucionales, sino a través de filtraciones o declaraciones indirectas

¿Cuántos grupos térmicos se crearán en cada isla, con qué combustible se alimentarán, cuál será su ubicación?; ¿se va a desmantelar la central de Las Salinas en Fuerteventura, y Candelaria en Tenerife? ¿Se va a reforzar, sin embargo, la central de Jinámar? ¿Qué peso tienen las restricciones urbanísticas en cada lugar? No son detalles menores.  

Durante la última semana, la ciudadanía canaria ha visto cómo los principales periódicos de las islas publicaban información fragmentada e incompleta de la adjudicación a las empresas seleccionadas en el proceso de concurrencia competitiva para la instalación de grupos térmicos alimentados de combustibles fósiles, todo ello acompañado de la opinión del Gobierno canario. Es un tema de enorme trascendencia, no sólo por saber qué territorios y núcleos de población van a ser los damnificados por estas instalaciones contaminantes, sino también por una cuestión que nos alarma a muchos: que mientras avanza el cambio climático, Canarias no encuentre otro camino que el de reforzar sus equipos térmicos alimentados por combustibles fósiles. Persisten múltiples interrogantes sin respuesta oficial.

Se puede justificar que, al ser el proceso de concurrencia competitiva un procedimiento administrativo, conlleva una serie de pasos reglados con limitaciones informativas, y que ahora toca las alegaciones de las empresas adjudicatarias, y son las ellas las que deben disponer de la información que les afecta directamente. Vale que la prensa haya obtenido estas informaciones y las airee, es su papel; vale que el Gobierno canario tenga su opinión al respecto y la filtre. Pero, y la opinión pública, ¿en qué papel queda? Es como si de repente desaparecieran los derechos de información para la mayoría y los poderes fácticos, empresas, Gobierno y prensa se adueñaran de un proceso que nos atañe a todos, y la ciudadanía se ve relegada a espectador de un proceso decisivo para el presente y el futuro del archipiélago. 

Estamos conociendo datos sensibles y de gran trascendencia social no por vías institucionales, sino a través de filtraciones o declaraciones indirectas. Esta situación revela un problema de fondo: falta de transparencia en un asunto que marcará la vida de las islas durante décadas. Un grupo térmico no es una infraestructura inocua ni comparable a un simple emplazamiento industrial: implica emisiones, impacto acústico, efecto sobre la salud de las comunidades cercanas y condiciona la planificación territorial. Por ello, la ubicación exacta, su concentración por islas, su proximidad a áreas pobladas o su integración en centrales existentes son factores decisivos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. 

La falta de información, en este caso, se suma a un proceso tardío y con muchas dudas sobre su idoneidad, que muchos pensamos que nunca debió empezarse, por ser un torpedo en la línea de flotación de la transición energética canaria.  

Así, la información que llega no incluye la explicación de cómo estos grupos van a compatibilizarse con el avance imprescindible de las renovables, mucho nos tememos que el Gobierno canario está improvisando sobre esta cuestión ¿Se está considerando la entrada en funcionamiento de Salto de Chira para ajustar el número de nuevos grupos previstos en Gran Canaria? ¿El Gobierno canario ha tirado la toalla sobre la posibilidad de nuevas centrales de bombeo?¿Cómo se pretende compatibilizar estos grupos con las decenas de baterías stand alone previstas instalar en las islas? ¿Resolverán estos grupos el problema actual de un 16% de los vertidos de renovables? Cada una de estas cuestiones tiene profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas. 

La transición ecológica que necesita Canarias no puede construirse sobre decisiones opacas ni sobre una narrativa donde la sociedad aparece ante hechos consumados. La planificación energética es una cuestión estructural: determina la calidad de vida, el tipo de desarrollo económico, el uso del territorio, la salud pública y la orientación real del cambio de modelo. 

Por ello, exigimos que se haga público el contenido completo de esta fase de adjudicación del proceso de concurrencia competitiva. Esta asimetría informativa no sólo es injusta: contradice los principios de participación y transparencia que deberían guiar cualquier política energética moderna. 

Si queremos una transición ecológica socialmente legitimada, el primer paso es simple y urgente: transparencia. La opinión pública canaria merece conocer con exactitud qué se está decidiendo en su nombre.

Gran Canaria no es ajena a la improvisación del Gobierno canario ante los cambios que requiere el sistema eléctrico para hacer frente al cambio climático. Pero a diferencia de otras islas, el Cabildo insular se ha implicado en este proceso, en dos apartados fundamentales, la extensión en la implantación de las renovables y el ya avanzado desarrollo de una gran central de bombeo reversible, Salto de Chira. Estos dos elementos unidos podrían dar muchas alegrías en un futuro próximo, pasando la penetración de renovables del actual 24% a entre un 50 y un 70% , lo cual en una isla poblada como esta sería un hito mundial. Con Salto de Chira, Gran Canaria hace frente a un parque de generación térmica que envejece de forma limpia, aunque es ineludible la necesidad de una segunda central de bombeo para dejar definitivamente en un segundo plano la necesidad de energía fósil.

Pero lo anterior por sí solo no es suficiente, el resto de las administraciones tienen que cumplir con su parte y no es el caso. Ya se sabe el problema que existe en todas las islas con el mal estado de las redes y las instalaciones, competencia del operador, Endesa Distribución, y en última instancia del Gobierno canario, este problema junto a la falta de cumplimiento de los protocolos son la causa principal de los apagones. Esta situación se agravará en Gran Canaria a medida que se acerca la entrada en funcionamiento de Salto de Chira, pues al igual que la central de Juan Grande, se encuentra en el sur de la isla. Por tanto, la prioridad de Gran Canaria es el fortalecimiento de las redes de transporte y distribución, concretamente repotenciando el doble circuito de 220 KV, que tal y como refleja el informe de REE de 2021, en determinadas circunstancias no cumple el n-1“. 

Pero en lugar de tomar medidas para resolver este crucial problema, el Gobierno canario intenta paliar sus consecuencias y se ha metido en la aventura de las medidas de emergencia, y la medida estrella en Gran Canaria es el atraque de una central eléctrica flotante, o powership, en nuestro puerto.

¿Es este barco la solución que necesitamos o un costoso parche que compromete nuestro futuro? Desde Salto a la Transición Ecológica lo tenemos claro. Se trata de un atajo peligroso, un caballo de Troya que, bajo una apariencia de solución inmediata, introduce una dependencia a largo plazo de los combustibles fósiles y frena la verdadera transición energética.

A primera vista, un barco que llega y genera electricidad suena bien. Sin embargo, la realidad económica es muy diferente. Estos contratos no son una inversión en un activo propiedad de la isla, sino un alquiler que transfiere ingentes sumas de dinero fuera de Canarias. Precedentes internacionales muestran que el alquiler de estas barcazas se cifra en cientos de millones de dólares por periodos de apenas 18 meses.

Este modelo crea un grave riesgo de bloqueo fósil (lock-in). Al firmar un contrato plurianual, nos atamos financieramente a un generador contaminante, desincentivando y compitiendo directamente con la inversión en las soluciones definitivas que ya están en marcha.

La instalación de una central de estas características en el Puerto de Las Palmas, un núcleo ya castigado por las emisiones industriales, tendría consecuencias directas de contaminación atmosférica, acústica y térmica (la operación continua generaría un ruido considerable y descargaría agua caliente, alterando el ecosistema marino local). Además, no podemos ignorar que el historial operativo de estas centrales flotantes está marcado por controversias ambientales y legales en países como Sudáfrica, donde las autoridades denegaron los permisos por evaluaciones de impacto ambiental “fundamentalmente defectuosas”.

Gran Canaria no se enfrenta a una elección entre un barco contaminante y la nada. La isla ya tiene en marcha un portafolio de soluciones tecnológicamente superiores, limpias y diseñadas a medida para resolver nuestros desafíos energéticos de raíz. Además de Salto de Chira, con el que alcanzaremos el fin de los vertidos de renovables, además de ser una contribución valiosa a la estabilidad para la red, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) son una tecnología madura que ofrece una respuesta casi instantánea para el control de frecuencia y el almacenamiento a menor escala. Ya en Gran Canaria se están instalando sistemas BESS. Hay proyectos en marcha en San Bartolomé de Tirajana (600 kWh) y Vega de San Mateo (430 kWh) y otro previsto en el Puerto de Las Palmas. Además, el Gobierno de España y el IDAE están promoviendo activamente el almacenamiento a gran escala con cientos de millones de euros en ayudas. 

Pero como decíamos al principio, la inversión invisible pero crítica es modernizar la red. Debemos asegurar que los sistemas automáticos de protección, como el deslastre de cargas que falló en el pasado, funcionen a la perfección.

En conclusión, para Salto a la Transición Ecológica, la central flotante es un desvío que nos aleja de nuestro destino, un sistema energético descarbonizado, resiliente y 100% canario.

En su día no se dijo que esto era prioritario y que debería estar instalado en un plazo de un año para solucionar provisionalmente la famosa “emergencia energética”, debido a que la integridad de los sistemas eléctricos de Canarias corría serio peligro. 

Pues bien, ya ha pasado cerca de un año, y no solo no están instalados los famosos grupos de emergencia, sino que ni siquiera hay la más mínima información acerca de las empresas elegidas, las características de estos grupos o las ubicaciones de estos y por supuesto ni un solo síntoma de que haya que preocuparse por la eficacia de los sistemas eléctricos, más allá de lo consabido acerca de ser altamente contaminante, altamente costoso y altamente dependiente del exterior.

Por otro lado, los interesados en la materia, hemos podido seguir las vicisitudes de una empresa, Totisa Holding, que desde mucho antes de hablarse de estas cuestiones, ya planteaba una infraestructura para el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a los barcos y una central eléctrica, en pleno muelle de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. 

Pero no solo planteaba en estos términos su propuesta, sino que había conseguido la autorización de la Autoridad Portuaria y había realizado los trámites con la presentación de su proyecto y del estudio de impacto ambiental, en un alarde de oportunismo empresarial sin precedentes, dadas todas las regulaciones del sector.

En su día ya hubieron dos organismos que se opusieron frontalmente a la parte de la central eléctrica, por un lado, el Cabildo de Gran Canaria, y por otro, la Consejería de Sanidad, que argumentando todos los problemas medioambientales que acarrearía para la ciudad de Las Palmas, había solicitado que el estudio de impacto ambiental fuera el ordinario y no el simplificado que se había presentado.

Recientemente hemos recibido informaciones de que Totisa ha vuelto a retomar su proyecto inicial, esta vez con la connivencia del gobierno autonómico y estaría en la fase de limar asperezas con los dos organismos opositores. 

Ante todo lo expuesto no cabe sino preguntarse si la decisión del Gobierno de Canarias sobre los grupos de emergencia no se estará demorando lo justo para que Totisa llegue a tiempo para presentar su candidatura a la invitación cursada.

Creemos que cualquier ciudadano de Gran Canaria en general y de Las Palmas en particular podrá comprender fácilmente que una central eléctrica, con sus respectivos motores quemando gas natural, no produce sino perjuicios para sus habitantes y contradice totalmente el modelo de descarbonización por el que apuesta el Cabildo de Gran Canaria y dice apostar el Gobierno autonómico.

Sin embargo, ésta no es una ocasión donde merezca la pena perder el tiempo con visiones  voluntaristas o pesimistas del ritmo al que la comunidad internacional va para frenar los efectos  negativos del cambio climático. Una lectura del documento acordado que sea concienzuda y que  tenga en cuenta todos los aspectos de entorno, agentes implicados y estrategias de cada uno de  ellos, genera una conclusión que no es evidente. Ayudándonos del viejo aforismo latino ‘cui  prodest’, podemos concretar qué hay realmente detrás del acuerdo de Dubái: la prórroga por 50  años más del dominio de la energía global por los petroestados. 

Primero vayamos a las formas y después al fondo ya que, en determinadas ocasiones, las formas  son tan importantes como el fondo. Después de más de 25 ediciones celebrándose en países  occidentales o próximos al bloque occidental, los petroestados han capturado la organización de  las COP, primero el año pasado en Egipto como paso previo y este año directamente en UAE. No parece muy razonable que, si como indican todos los estudios científicos disponibles hasta la fecha, el grueso de las consecuencias negativas del cambio climático se debe a la acción del hombre y sobre todo a la quema de combustibles fósiles, una conferencia que pretende luchar contra ese cambio climático antropogénico se celebre en un país donde el petróleo es su principal fuente de ingresos  y el componente esencial de su Producto Interior Bruto (PIB).  

Tampoco parece muy razonable que dicha conferencia sea presidida por el director general de la principal petrolera emiratí que se permite el lujo de aseverar que “no hay ciencia” que avale que  una eliminación de los combustibles fósiles limitaría el calentamiento global a 1,5ºC. Menos aún  parece muy razonable que según las publicaciones de la BBC, Emiratos Árabes Unidos planeaba  aprovechar las reuniones en el contexto de la Conferencia de las Partes para promover acuerdos de la industria petrolera y gasista con gobiernos extranjeros. Y ya definitivamente imposible si  tenemos en cuenta que la próxima COP (la 29) será en Azerbaiyán, el país gasista por excelencia de  Asia Central y bajo una profunda influencia rusa. 

Por consiguiente, las formas delatan una buena parte de lo que está en el fondo. Por un lado, los  petroestados enfrentan un reto de corto-medio plazo como es la reducción de la demanda  industrial de combustibles fósiles en Occidente, a lo que se suma el incremento de los costes de  exploración y extracción de petróleo (cada vez más offshore y a profundidades mayores). Sin  embargo, aunque la demanda total fósil se reduzca, la dependencia del gas natural es cada vez  mayor tanto para el sistema eléctrico (garantía de suministro) como para la demanda térmica en  industria, transporte y edificación, sectores altamente presionados por la legislación  anticontaminación.  

Este proceso irá a más conforme la demanda industrial se recupere y se vaya viendo hacia 2035- 2040 que no es posible cumplir con los objetivos de reducción de emisiones GEI. Los petroestados apuestan claramente por el fracaso de las políticas climáticas europea y americana, lo cual les sitúa en una posición privilegiada de control del mercado energético mundial a través del gas  natural y, también, del petróleo. La frase introducida en el acuerdo de la COP28 que establece el  “principio del fin” de los combustibles fósiles para 2050, lejos de ser algo por lo que debamos  congratularnos en Occidente, es en toda regla un precio futuro del petróleo, de manera que el  precio del último barril de crudo extraído no tenderá a cero sino a infinito, porque tendrá que ser  necesariamente consumido. 

Los protagonistas del mercado energético desde hace 70 años saben perfectamente que hay  reservas de petróleo y gas suficientes y que la idea del peak oil sigue siendo quimérica. Pero para  poder retener el control del mercado es necesario crear una restricción artificial a sabiendas de  que la demanda de combustibles fósiles seguirá existiendo y con relevancia dentro de 25 años. 

Para eso se introduce este “principio del fin” de los fósiles. Crear condiciones de incertidumbre en  la oferta conforme nos vayamos acercando a 2050. 

Por otro lado, además del control de los combustibles fósiles, para mantener el poder energético  global, los petroestados están obligados a diversificar su cartera de inversión en tecnologías no  emisoras de CO2 que, además, les proporcione una rentabilidad atractiva. Aprovechándose de las  necesidades tanto financieras como tecnológicas de los occidentales, los fondos soberanos árabes  y orientales fijan su atención en las renovables, la hidroeléctrica y la nuclear. Por ello, el texto de la  COP28 en cuanto al objetivo de renovables y eficiencia energética satisface tanto a demandantes  como oferentes. Es un interés común y forman parte de un circuito cerrado: los unos necesitan a  los otros, y los otros a los unos. De esta forma, los capitales árabes y asiáticos se imponen a los  institucionales americanos y europeos (con la excepción del fondo soberano de Noruega) en la  posición más destacada para promover las nuevas tecnologías no emisoras. 

Hasta incluso se permiten el lujo de atender demandas fundamentalmente occidentales con  elementos muy discutibles desde el punto de vista químico, físico y termodinámico como es la  captura de CO2 bajo tierra o el transporte y empleo de hidrógeno renovable como fuente primaria  de energía. Blanquear el consumo de gas natural bajo una tecnología novedosa, pero traicionera, como la captura de CO2 bajo tierra es una bomba de relojería como los residuos nucleares. 

Éstas son las claves que conforman una cierta paradoja entre una mayor presencia de un  combustible fósil como es el gas natural y, al mismo tiempo, una mayor potencia instalada de  renovables. Y todo ello como ariete para la lucha contra el cambio climático y la transición  energética. Para ejecutar un plan como éste, es normal que en la resolución final de la COP28 haya  pocas referencias a hitos, metas a alcanzar por países o periodos límites. Merece la pena resumir  cuáles son los asuntos acordados para casarlos con el análisis realizado más arriba. 

- Triplicar la capacidad mundial de energía renovables y duplicar la tasa media anual mundial  de mejora de la eficiencia energética para 2030. 

- Acelerar los esfuerzos en todo el mundo hacia sistemas energéticos de emisiones netas cero, utilizando combustibles de baja o nula emisión de carbono mucho antes o alrededor de mediados de siglo. 

- Abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia. 

- Acelerar las tecnologías de emisiones cero y bajas, incluidas, entre otras las energías  renovables, la energía nuclear, las tecnologías de reducción y eliminación, como la 

captura, utilización y almacenamiento de carbono, especialmente en sectores difíciles de  reducir, así como la producción de hidrógeno verde. 

- Acelerar y reducir sustancialmente las emisiones de gases distintos del dióxido de carbono a escala mundial, incluidas en particular las emisiones de metano, de aquí a 2030. 

- Acelerar la reducción de las emisiones del transporte por carretera por diversas vías, entre  ellas el desarrollo de infraestructuras y el rápido despliegue de vehículos con cero o bajas emisiones. 

- Eliminar lo antes posible las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no  abordan la pobreza energética ni las transiciones justas. 

- Reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, cifrando las  necesidades económicas de la adaptación de los países en desarrollo en cantidades que oscilan entre 215.000 y 387.000 millones de dólares anuales hasta el 2030.  

- En lo referido a las finanzas se estima que se necesitará una inversión en renovables, alrededor de 4,3 billones de dólares anuales hasta 2030 y aumentar hasta los 5 billones de dólares anuales hasta 2050 con el objetivo de alcanzar las emisiones cero en ese año.