Nos enfrentamos en todo el mundo a un combate caudal que definirá el futuro de nuestras sociedades, es decir, de todos y cada uno de nosotros. En esta pugna, la resistencia de la democracia se mide con la amenaza de la coalición del autoritarismo y la tecno-oligarquía.

La extrema derecha, nutrida por multimillonarios tecnológicos hostiles al interés público y a la esencia misma de la democracia, gana terreno exacerbando las dificultades económicas y las incertidumbres de la gente. Esta alianza persigue sin tapujos la demolición de derechos y libertades. Envenena a la opinión pública. Enarbola la bandera del negacionismo climático, pese a las abrumadoras evidencias científicas, y atiza nuevas hogueras donde carbonizar los derechos sexuales o los de las personas migrantes. Y esto es solo el comienzo.

La peligrosa liga gana posiciones culturales y mediáticas mientras cuestiona el derecho internacional y el propio sistema de libertades. El mundo asiste a un cambio inquietante que pretende la liquidación del multilateralismo y el hundimiento definitivo del fértil pacto social nacido de los escombros de la Segunda Guerra Mundial.

La situación es grave, mucho más aun para las minorías. Pero no hay lugar para el desánimo. No tenemos derecho al desfallecimiento. El progreso solo avanza a golpe de optimismo. No estoy hablando de un deseo vaporoso o ingenuo, sino de un optimismo comprometido, activo, constructor.

Demostrar la utilidad social de las instituciones democráticas y desplegar su poder transformador es la vía para defenderlas y fortalecerlas ante quienes las quieren frágiles o directamente mutiladas.

Las ciudades, en su doble naturaleza cercana y global, deben ejemplificar y visibilizar el camino. Es la hora de las ciudades, y es necesario que demos un paso al frente para conferirle sentido a nuestro papel en la escena global.

De lo global a lo local. ¿Qué papel pueden jugar las urbes ante este desafío mundial? Las ciudades brindan una gran capacidad de entendimiento y solidaridad, en contraste con las dinámicas más agresivas y de poder entre estados. Barcelona asume su responsabilidad porque entiende que le corresponde, porque forma parte de nuestra identidad como ciudad diversa y acogedora, baluarte de los derechos y las libertades.

La ciudad es la gente, la ciudad debe velar por la gente. A esto me refiero cuando digo que no tenemos derecho al desánimo, que debemos afrontar esta suerte de película distópica con una voluntad y un compromiso social renovados.

Velar por la gente es trabajar para garantizar el espacio público, también la seguridad, que en democracia es un auténtico valor social. Asegurar la equidad con un plan de barrios bien dotado, impulsar la ocupación, ampliar el bienestar social, luchar a favor del planeta con una ciudad más sostenible, defender férreamente el derecho a la vivienda…

Las políticas públicas progresistas que mejoran la vida de la gente, que impulsan la prosperidad económica y también social, la igualdad de oportunidades, la educación, la salud, el ocio, la convivencia, las libertades y los derechos; estas políticas son el muro en el que ha de estrellarse la desinformación fangosa del autoritarismo y la oligarquía tecnológica.

Hoy, defender el derecho a la vivienda es defender la democracia. Esta es la prioridad máxima de Barcelona. Hemos constituido una unión de once capitales europeas, de Lisboa a Atenas y de París a Budapest, y hemos pedido a la presidenta de la Comisión Europea mejor regulación y mayor financiación en vivienda.

Una política de vivienda progresista y efectiva es imprescindible para favorecer la promoción y la equidad sociales, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para dar valor a las instituciones democráticas, hoy zarandeadas con fuerza. Barcelona está comprometida en la construcción de 1.000 pisos protegidos cada año, la eliminación de todas las viviendas turísticas y la regulación de los alquileres temporales. Más pisos, mejor regulación y más ayudas. El camino que queda por delante es muy largo, negarlo sería una impostura, por eso mismo hace falta apresurarse y no desfallecer.

Las buenas políticas públicas pueden y deben frenar la ofensiva global y local de la derecha extrema aliada con la plutocracia tecnológica. Este es el camino que emboca Barcelona: impulsar la igualdad de oportunidades y ensanchar el bienestar colectivo y el horizonte de progreso de la gente. 

No pasa un día sin que haya que denunciar y deplorar nuevas muertes de civiles en Cisjordania. Ya sea en el curso de intervenciones del ejército israelí en ciudades y campos de refugiados o en asaltos “punitivos” de colonos contra la población palestina. 

El conflicto entre Israel y Palestina nos asoma al abismo. La formación del nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, con destacados líderes de extrema derecha, abiertamente racistas y abanderados de la colonización y de la anexión total de las “tierras bíblicas”, agrava el peligro de desembocar en un auténtico baño de sangre. Hay que poner toda la energía, pero también toda la inteligencia política, en evitar que se consume la anexión que se insinúa en el horizonte.

La sociedad civil catalana se ha mostrado muchas veces solidaria. Las calles de Barcelona se han llenado de manifestantes cuando las bombas caían sobre la asediada Franja de Gaza. Es más, el pasado mes de junio el Parlament de Catalunya aprobó – con los votos favorables del PSC, de ERC, de los comunes y de la CUP– una contundente resolución que denunciaba “la práctica de una política de apartheid sobre la población palestina por parte del Estado de Israel”. Una toma de posición que daba la medida de la sensibilización de un amplio abanico de fuerzas políticas, en tantos temas discrepantes, pero capaces de alcanzar un consenso en este punto. 

La agravación del conflicto aconsejaba dar nuevos pasos, y es normal que entidades comprometidas con la causa palestina los reclamasen de las instituciones. El convenio que nos hermanaba desde 1998 con Gaza y Tel Aviv permitía imaginar algunas iniciativas, aprovechando la proyección de Barcelona como capital mediterránea históricamente comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz. La unidad alcanzada en el Parlament garantizaba un amplio apoyo social a cuanto pudiese hacerse desde la diplomacia de las ciudades. 

Tel Aviv ha sido el epicentro de las masivas protestas contra la peligrosa deriva iliberal del gobierno de Netanhayu. Entre los sectores de la sociedad israelí más conscientes y activos contra tal deriva crecen las voces que la conectan causalmente con la misma ocupación de Palestina y el trato recibido por la población palestina. El alcalde laborista de Tel Aviv, Ron Huldai, ha llegado a declarar públicamente que Israel corre el riesgo de “convertirse en una teocracia fascista”. La evolución de los acontecimientos acabará por mostrar que no habrá democracia en Israel si no hay justicia para Palestina.

Nos parece que cortar las relaciones con la ciudad que está encabezando esta toma de conciencia manda señales confusas y no es lo más acertado.

La decisión de la Sra. Colau se tomó a sabiendas de que sólo su propio grupo municipal la compartiría. El gesto carece, pues, de la potencia del consenso. Más bien debilita y resquebraja la unidad de acción del conjunto de la izquierda catalana respecto a este conflicto, una unidad construida desde el diálogo y el respeto, por lo que siempre hasta ahora se ha procurado evitar hacer electoralismo a su costa. 

Barcelona no es una ciudad-estado pero, por su prestigio y logros previos, dispone de una cierta capacidad de tender puentes y ejercer informales buenos oficios. Hay que reconstruir la capacidad de actuación de nuestra ciudad en la arena internacional, poniéndola al servicio de la defensa y promoción de la paz, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Este es el mejor servicio que nuestra ciudad puede prestar a una solución justa para Palestina. Esta es nuestra convicción y, por ello, nuestro compromiso.