Los planes piloto tienen como objetivo poner en marcha una política pública a pequeña escala para evaluar su viabilidad y los efectos que produce y, así, generar conocimiento y aprendizajes antes de su aplicación definitiva. Su aplicación se realiza de forma controlada, de manera que la política se aplica a un grupo de individuos -grupo de tratamiento-, mientras que otro grupo no viene afectado por la misma -grupo de control. Este procedimiento permite hacer un seguimiento de los dos grupos y analizar la dirección y la magnitud de los posibles efectos diferenciales que la intervención pública produce en el grupo receptor de la política objecto de análisis.

La puesta en marcha de este tipo de pilotos es cada vez más frecuente en los países desarrollados. En Reino Unido o Estados Unidos se emplean, entre otros muchos sectores, en ámbitos como la salud, la educación, las políticas de innovación empresarial o las políticas de cooperación al desarrollo. De este modo incluso existen organizaciones como Nesta en el Reino Unido, que son financiadas mayormente por el gobierno del país para que lleven a cabo este tipo de programas piloto y analizar los pros y contras de las políticas de apoyo a las empresas y de fomento de la innovación social.

En el ámbito de las políticas de cooperación al desarrollo, los resultados de los pilotos llevados a cabo por el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) también han sido determinantes para decidir cómo el gobierno del Reino Unido destina los recursos en materia de cooperación al desarrollo. En Finlandia, por ejemplo, el Gobierno ha puesto en marcha la iniciativa Experimental Finland, a través de la que se han desarrollado diferentes pilotos en ámbitos estratégicos de las políticas en los diferentes niveles de gobierno, siempre con el objetivo de promover una cultura de experimentación que permita una mejora en la asignación de los recursos públicos.

En Barcelona se llevó a cabo con éxito el Programa BMincome, que combinaba el establecimiento de una renta mínima garantizada para las personas más vulnerables con la puesta en marcha de distintas políticas sociales en zonas urbanas desfavorecidas de la ciudad. La evaluación de este programa piloto permitió establecer cómo la percepción de una renta causaba una reducción del riesgo de pobreza y una mejora de la satisfacción vital de las personas y la cohesión social, produciendo al mismo tiempo un efecto negativo en los niveles de participación laboral de los beneficiarios.

En términos parecidos, en España se están realizando 18 proyectos piloto en diferentes comunidades autónomas en el ámbito del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de identificar y llevar a cabo las mejores prácticas que permitan la reducción de la vulnerabilidad de los colectivos más desfavorecidos.

En definitiva, puede afirmarse que, sin lugar a duda, la experimentación en políticas públicas permite generar conocimientos fundamentales sobre las políticas públicas y, más específicamente, medir los efectos que producen sobre la población objetivo de las mismas. El resultado de este proceso es que las administraciones son capaces de tomar mejores decisiones en asignación de los recursos públicos.

Por todas estas razones, creemos que sería muy preocupante que la reciente aprobación de una enmienda en el Parlamento de Catalunya para eliminar el Plan Piloto de la Renda Básica Universal (RBU) de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya se entendiera como un rechazo general al enfoque experimental como método de análisis de las políticas de los gobiernos.

El Plan Piloto de la RBU se planteó desde el inicio con el objetivo de recopilar la máxima información posible y facilitar el análisis de sus efectos a nivel individual, familiar y comunitario. Su diseño preveía aportar la mayor cantidad de luz posible sobre el impacto de una RBU en ámbitos tan diferentes como la efectividad de los sistemas de protección social y sus efectos en salud, educación o igualdad de género. Se preveía observar efectos en la reducción de la pobreza, la salud mental, la autonomía personal e identificar cambios en las pautas en el uso de los servicios públicos.

Aplicar el rigor científico al análisis y la evaluación de los programas de gobierno parece de una racionalidad incuestionable, y más en el contexto actual en el que, en un escenario postpandemia, las necesidades han evolucionado de forma muy rápida y en el que, con demasiada frecuencia, el desarrollo de los acontecimientos ha provocado que se hayan tenido que llevar a cabo políticas de forma más o menos improvisadas, a menudo desde una lógica sobre todo paliativa. Desde este punto de vista el Plan Piloto de la RBU se concibió con el objetivo de generar aprendizajes relevantes, no solo para Catalunya, sino para otras comunidades autónomas y también a nivel internacional.

Queremos pensar que el rechazo parlamentario al Plan Piloto de la RBU en Catalunya no supone en ningún caso una enmienda a la totalidad en lo que respecta al uso de los pilotos como instrumento para la necesaria evaluación de las políticas gubernamentales. Aun teniendo en cuenta sus condicionantes y limitaciones, los planes piloto constituyen una de las mejores herramientas para la necesaria mejora de las políticas públicas, puesto que permiten aunar la innovación con la minimización del riesgo que de la misma se deriva.

Por todo ello, creemos que su uso debería extenderse en todas las administraciones, especialmente para el caso de las políticas de mayor relevancia. Estamos convencidos de su contribución a la mejora de la gestión de los recursos públicos y, en definitiva, a la consecución de mayores niveles de bienestar de la ciudadanía.