Mi tío abuelo Antonio Llovet fue gaseado en 1940 en el castillo de Hartheim. No fue ejecutado en el propio campo de Mauthausen porque los nazis no contaban todavía allí con medios masivos de aniquilación humana, así que enviaban a los seleccionados en camiones hasta el castillo, situado a algo más de un kilómetro del campo, y los devolvían amontonados ya como cadáveres para ser enterrados en fosas.

Mi tío abuelo tenía entonces 31 años. Había huido de Alcazarquivir cuatro años antes porque el párroco informaba de los jóvenes sospechosos de ideas izquierdistas rompiendo así el secreto de confesión de sus novias. No era necesario que militaran en un partido ni se hubieran opuesto al golpe del ejército allí acuartelado. Mi tío fue hasta el cuartel para despedirse de mi abuelo, militar encerrado en el calabozo, y se despidió sin saber que era para siempre.

Gracias al gran trabajo histórico de Ángel Medina Linares (Gaditanos deportados a campos de concentración nazi, Tréveris, Ubrique, 2024), sus descendientes hemos conseguido una información sobre los últimos años de nuestro tío que nos ha sido prohibida primero por la dictadura y luego vedada por el Partido Popular en los años que gobernó. Sus descendientes podemos leer su libro publicado gracias a la Asociación de Memoria Histórica de Setenil de las Bodegas, a la colaboración del Gobierno de España y a la edición de Tréveris para reconstruir un espacio vacío de nuestra familia. No fue hasta mediados de los años sesenta que mi familia supo del desenlace de su exilio, de su alistamiento para la liberación de Francia; no fue hasta que el gobierno de la RFA informó de la fosa común donde estaba sepultado que conocieron que mi tío había sido asesinado por los nazis. Sus restos descansan en Gusen, el subcampo de Mauthausen.

Gracias a Ángel hemos sabido que se alistó a la 108 al acabar la Guerra Civil e hizo tareas defensivas en la Línea Maginot. Desde allí pudo escribir y enviar alguna foto. Luego, fue capturado y encerrado en el stalag XI-B de Fallingbostel (Alemania). En 1941 fue trasladado al subcampo de Gusen. A los pocos meses enfermó. Como el autor mismo reconstruye: “El proceso era sencillo: los oficiales de las SS (...) realizaban las selecciones de aquellos prisioneros que por enfermedad, debilitamiento o amputación ya no podían beneficiar económicamente al Reich (...) [Los prisioneros] subían a los camiones convencidos de que su destino era un sanatorio donde recuperarse”.

A pesar de que mi familia, como tantas otras, se repartía entre derecha e izquierda, jamás escuché un solo comentario que despreciara u ofendiera la memoria de mi tío abuelo. Al contrario, todos nos sentábamos sobre la alfombra de mi abuela gaditana para escuchar los pocos datos que ella tenía de su hermano, datos que con el tiempo mi madre recordaba, ayudando a extender la memoria, a pesar de que no era su familia ni nunca coincidieron en ideas políticas. Hoy mi madre y mi abuela se escandalizarían de la falta de humanidad de la derecha.

Cientos de familiares de aquellos gaditanos ahora podemos sentir que aquellas víctimas están hoy menos solas. Posiblemente se trata de eso, de sentir la paz que no pudieron sentir los más cercanos: padres, madres, hermanos... Tan poco y tanto como eso. ¿Con qué derecho pues el Partido Popular viene a decirnos que no podemos localizar y recuperar los restos de nuestros familiares? ¿Con qué derecho vienen a decirnos que las cosas han de quedarse como ellos las dejaron? ¿Qué autoridad creen que tienen sobre el resto de españoles? ¿Cómo se atreven siquiera a pronunciarse en contra?

Con la eliminación de los mapas de las fosas o la retirada de los fondos públicos para las excavaciones, su ley de concordia no es más que la siguiente palada sobre las fosas de las víctimas. La concordia es para ellos el mecanismo necesario para volver a impedir que se otorgue la dignidad que merecen las víctimas. No necesitamos argumentos, nos ha de bastar para ello que somos españoles y esta es nuestra tierra. No tenemos que pedir permiso, no nos tienen que conceder nada. No tenemos que pedirlo ni por favor ni menos aún darles las gracias.

Mi agradecimiento es a Ángel Medina por su trabajo de acercamiento de los familiares a sus víctimas, un trabajo que nunca se habría realizado de gobernar el Partido Popular. Las nuevas generaciones entienden que hasta que la última víctima haya sido recuperada de la última fosa, España tiene una deuda consigo misma que nunca será condonada.

Hay que recordar que nuestra diputada se vistió de chaqueta verde hace ahora un año: en cuanto supo que el PP ya no contaría más con sus impagables servicios, y tras cuatro liándola parda como concejal delegada de Luis Barcala. Su primera intervención en el pleno del Ayuntamiento fue para tratar de ignorantes al resto de ediles porque ella, al parecer, era especialista en Educación. Su supuesta expertise educativa provenía de haber sido presidenta de una asociación ultraconservadora de madres y padres de escolares, un cargo que utilizaba la mayor de las veces, dicen, para amenizar con chispeantes opiniones xenófobas. Lo primero que dijo cuando agarró el acta de diputada es que se pedía para ella la conselleria de Educació, un nombramiento entonces más probable que un conseller de Cultura torero y franquista muy fan del fascista Mussolini.

El alcalde de Alacant había sorteado semanalmente las minas que la señora iba poniendo (todo sea dicho, del todo inconscientemente) contra su propio gobierno, o corregía consuetudinariamente las siempre impagables decisiones políticas de su edil, defendiéndola tras la crisis empalagosamente. “Qué bien mete la pata hasta la ingle mi concejal” podrían haber concluido sus notas institucionales. Fue famosa por confundir en un colegio telas de diversos colores que delimitaban la burbuja covid-19 con la bandera de la II República, por salir najando de su despacho para personarse en un centro educativo porque allí la bandera de España no estaba -según ella- en el orden que Dios manda (habrase visto), o asegurar mediante refrán que los vecinos más vulnerables no tenían más razón en sus demandas porque ladraran. Pero lo cierto es que aquellos que la escuchábamos en la bancada de enfrente no tardamos mucho en darnos cuenta pronto de la realidad: la señora es lo contrario del refrán “parecía pobre y llevaba levita”. La señora, ni era pobre, ni llevaba levita y Barcala tenía un problema.

Y tanto, porque aseguran que el alcalde popular se lamentaba en estricta intimidad de los despropósitos de la concejala, un iceberg por lo gélida y hierática, pero también porque las torpezas que mostraba eran un diez por ciento de las que atesoraba a buen recaudo. La semana pasada, en fin, esta misma diputada volvía a aparecer en una intervención digna del personaje más siniestro de Carroll o Dahl sin pasar por el filtro woke.

Con personajes así, los ultras se han ido convirtiendo en la farándula política del PP con derecho propio. Los populares tienen un problema, porque han dejado de manejar el género político por una forma simbólica de representación. Es un modo de expresión que intenta mover al espectador desde lo impulsivo e irracional, por lo que no tiene narrativa propia. Alude al desprecio hacia el otro y la emoción irracional. Y siempre es pesimista. Es cierto que el PP se deja arrastrar en esa forma gritona e inflada, de esa letanía pesimista sin demasiados aspavientos. En dramaturgia, esta forma simbólica de representación es un instrumento provocador llamado farsa. La extrema derecha pues -sea española, argentina, italiana o francesa- no se puede permitir otro marco. Puede que encuentre rédito en un electorado contracturado por sucesivas crisis a corto plazo. Pero las contracturas no suelen ser permanentes. Antes o después la audiencia se cansa de una política apocalíptica y la cambia por una política que defienda la alegría como un principio. El pesimismo no ha sido nunca un buen socio para gobernar. 

Estos millonarios patrióticos es una asociación creada en 2010 que se siente orgullosa de pagar impuestos y no teme el prejuicio que se tiene contra los millonarios. A partir de la pandemia de 2020 parece que han sido más activos, y sueñan con volver a los felices setenta, cuando la contribución al erario de los millonarios era mucho mayor, cuando Nixon pronunció aquel “ahora soy keynesiano”, y en eso llegó Reagan y se jodió el Perú. Ustedes recordarán la desregularización que llevó a Estados Unidos a una crisis económica a mediados de los ochenta. La “reaganomía” se basaba en bajar impuestos y reducir el tamaño de la actividad gubernamental. También en la reducción del impuesto sobre la renta. Dice John Kolmos que “los males eran reales; los remedios amargos y su éxito dudoso”. Y tan dudoso: el resultado es una evidencia empírica no debatible: fue un rotundo fiasco, arrastró a economías como Japón, y Reagan tuvo que corregir su flamante plan de bajada de impuestos durante ese mismo mandato para que no lo embrearan y emplumaran.

Wall Street dijo hace tiempo que ya no sabe en qué década está. Ni siquiera sabe en qué el milenio, porque Aristófanes ya contaba en Lisístrata que las mujeres se encerraron en la Acrópolis para protestar porque la Guerra del Peloponeso había acabado con la fortuna adquirida… en las Guerras Médicas.

Desde el cambio de gobierno autonómico venimos escuchando esa misma melodía una y otra vez: reducir impuestos, bajar el IRPF o “quitar grasa” a la Administración. Por el momento, poco más que bajar un impuesto a unos orcentaje irrisorio y suprimir agencias que al fin y al cabo no tenían actividad. Es decir, el discurso cargado de semiótica, para contentar a los de siempre y tocar el tamboril mientras Ayuso canta su jota. Pero para semiótica, yo solo quiero saber si Pikolino’s o Panama Jack le han enviado ya a Pedro Sánchez un par de zapatos para que le hagan juego con el abrigo de Joma. Cuanto antes, por favor.

Aquí no parece haber millonarios patrióticos, ni millonarios por la humanidad, por lo que no habrá contestación como en Davos. Más bien al contrario, los empresarios valencianos dicen que se sienten más cómodos ahora, sin más explicaciones. Al fin y al cabo, nadie las necesita. 

González y Guerra requieren de sendos dispositivos para que les traduzcan estos tiempos, tiempos que también han ayudado a crear para bien y para mal. Fue Felipe quien nos pidió contemporizar en los ochenta igual que Raúl Alfonsín pedía tomar convicciones. Ahora Felipe nos pide que no contemporicemos. Habría que aconsejar a González que recuerde a Alfonsín. El presidente de Argentina en aquellos años de felipismo, aunque fuera preguntado después de su mandato, decía: “Yo también tengo ideas, pero prefiero callarlas”. Alfonsín, vicepresidente de la Internacional Socialista, coautor intelectual de Mercosur, uno de los pocos oponentes a la Guerra de Las Malvinas, proyector del Juicio a las Juntas de la Dictadura o del Tratado de Paz con el Chile de Pinochet, considerado por muchos el padre de la democracia moderna argentina. El año que Felipe aplaudía a Alfonsín cuando el Rey le concedía el premio Príncipe de Asturias, apretaba el botón del juicio contra Videla et alii. Convendrá recordarlo ahora que Milei hace esos viernes trece en las calles de Buenos Aires.

Aunque Felipe es Generación Silenciosa, parece más bien boomer. En mi caso, que soy Generación X, me siento como Joseph Roth: preguntándome qué país me ha tocado con esto del hundimiento del imperio. Y Roth se sentía Generación Perdida aunque fuera Generación Grandiosa. Está claro que siempre hay que oponerse a la generación que a uno le corresponde. Esto podría ser un aviso a los mileniales: seguir la corriente de tu generación a pies juntillas te lleva al adanismo.

Ahora recuerden lo que le dijo Guerra a Jorge Semprún a la entrada de un Consejo de Ministros a tenor de los convenios para fondos museísticos en Catalunya. Verán que no difiere mucho de lo que decían algunos ministros del Partido Popular sobre Catalunya cuando la famosa OPA alemana sobre Endesa. Entonces se extrañarán poco de lo que ha dicho Guerra sobre el hermoso tiempo disfrutado en una peluquería. Un lugar perfecto para reflexionar sobre política y no sobre individuos, que diría Borges.

Pero reconozco que la derecha tiene razón cuando dice que España se hunde, se rompe. Opino lo mismo. En lo que parece que discrepo con la derecha, con Felipe, con Guerra y otros compañeros (?) es cuál de ellas, si la del mapa político, el mapa mudo o el mapa físico. Porque hay cierta España que debería hundirse. Quebrarse en pedazos como la luna de un coche. Y desde hace mucho tiempo. Un murciano me dijo una vez si los españoles coincidimos en la idea de España. Yo le respondí que seguro que todos los españoles coincidíamos en la idea de Murcia. No se alegren en Alicante, estamos a una vuelta de manzana de arrebatarle a Murcia los chistes dedicados.

España se agota, se hunde, se rompe “y a mí me parece muy bien”, me contesta un señor de la edad de Felipe González, pero con pensión no contributiva. “espero que sea la España del paro, la del desprecio por la amenaza climática, la del centralismo y la de los países castellanos, la desigual, la injusta, la sectaria, la condescendiente con las ventajas de la Iglesia Católica, con las condonaciones al fútbol macho-patrio, con las privatizaciones de las grandes empresas, e impasible ante las desventajas de las pensiones ridículas, la que niega el terrorismo machista, la del abandono de los barrios desfavorecidos, la de la explotación, la de la ausencia de vivienda y de un futuro a la generación que ya está aquí, que también son españoles”.

El lector conoce muy bien la frase de Gramsci: “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no nace”. Abro el diario Pueblo y leo los titulares: Arias Navarro entrega un premio a Amaral, Manuel Fraga hace una queimada con Yolanda Díaz; Adolfo Suárez estrecha la mano en las escaleras de la Moncloa a Pedro Sánchez; Aznar saluda despeinado en Azores a Aznar; Tarancón besa la mano de Irene Montero, todo mientras Guerra torna de escudero del hidalgo Felipe González y tuitea aliviado: “Españoles, Felipe ha muerto”.

Hace unos días, un diario nacional publicaba los datos de inversión municipal per capita en los municipios españoles. Entre la veintena de indicadores, lo que cada municipio invierte en Cultura. Alicante se encuentra en el penúltimo puesto en inversión cultural de las 31 capitales españolas más turísticas. Las dos capitales que menos invierten son las mismas dos que compiten en atracciones turísticas de Navidad: Alicante y Vigo. No obstante, si Vigo gana en iluminación, Alicante le gana en belén más alto del mundo. Pero no cantemos victoria, alicantinos: no ganamos ni en el belén más ancho ni el más largo (Xàtiva se lleva esa gran distinción). Necesitamos una reacción rápida: si ganamos en altura pero perdemos en anchura, podemos ganar en densidad y masa: no nos rindamos, podemos tener el mejor belén del mundo dentro de la peor ciudad de España.

Volviendo al caso de ese informe exhaustivo en datos, se pueden extraer unas conclusiones que desmontan, además, algunos mitos y leyendas. La primera de ellas, archisabida, es que no hay relación entre el PIB de Alicante y su inversión cultural. Seguimos siendo la quinta provincia con mayor PIB. Me dirán, con razón, que la inversión depende del presupuesto: a mayor presupuesto, más capacidad inversora. Pero los datos no dan la razón a esa lógica: Dénia dobla en inversión per capita a Alicante en Cultura, por citar un municipio también de costa, también turístico de nuestra provincia con un presupuesto cuatro veces menor al nuestro.

La segunda conclusión es que los municipios con más inversión en Cultura no están entre los cinco primeros de mayor afluencia turística. El primero en afluencia turística se coloca el 20 de 31 en inversión cultural por habitante (Madrid). Podría argumentarse que los municipios con menos capacidad turística necesitan buscar otros alicientes, pero tampoco los datos responden a esa lógica: hay municipios que ni una cosa ni la otra, pero tienen un PIB superior a Alicante (Santander).

La tercera conclusión es el falso mito de Málaga. La ciudad está a mitad de la tabla en inversión y por debajo de Santander. Ustedes, lectores atentos, dirán que la población de Málaga es muy superior a la de Santander, por lo que tocan a menos, pero con esa misma atención descubirmos que el presupuesto de la primera (casi mil millones) cuadruplica al de la segunda.

La cuarta conclusión es el axioma de que Cultura es reclamo turístico. No se demuestra en los datos. Las cinco grandes capitales con recursos culturales no están entre los primeros puestos de atracción turística, a pesar del Kursaal, del Guggenheim y de la fascinante gastronomía de las ciudades donde residen. Ninguna de esas ciudades necesita tampoco poner de excusa al Turismo para convertirse en una capital que invierte en su propia ciudadanía. Ese argumento empieza a ser un triste meme.

La quinta y última conclusión es que estos indicadores nos demuestran que seguimos sin entender que la Cultura es uno de los componentes naturales de la edificación mental de la ciudad, del concepto sociológico de “imaginario de ciudad”. El imaginario de Alicante se ha ido devaluando hasta ofrecernos una idea mucho peor de lo que Alicante es, por eso quizá esa imagen de que Alicante atesora infinitas oportunidades perdidas.

Dice el profesor colombiano Armando Silva que esos imaginarios de ciudad no son manipulables. Por eso Luis Barcala fracasa en su intento de ofrecer el imaginario de Alicante limpia. El imaginario de Bogotá cambió drásticamente cuando cambiaron los indicadores culturales. Ese constructo social de ciudad cambió porque la política cambió. Colombia cuenta desde 1997 con una ley de derechos culturales que va mucho más allá de las artes.

El investigador colombiano Óscar Hernández Salgar se pregunta con acierto “de qué van a hablar los guías a los turistas cuando no conocemos nuestra historia y no hemos podido averiguar en qué consisten nuestras culturas y en dónde radican nuestras diferencias”. Se puede aplicar perfectamente a Alicante: una ciudad que asumió un crecimiento demográfico exponencial por migración económica hace sesenta años sin ofrecer garantías de bienestar a los nuevos residentes, con dos lenguas y diferentes comunidades regionales, europeas e incluso iberoameriocanas, todas distantes entre sí.

Las artes, la política, el pensamiento, los saberes, las creencias... no son más que materiales de construcción, no el edificio. El edificio es diseñado por el estado mental común y aceptado de utilizar esos materiales para crear un imaginario de ciudad próspera en todas sus dimensiones (social, económica, cultural, medioambiental, etnológica...). La dimensión cultural es el índice sintomático que se requiere. En Alicante, es el índice imprescindible para obtener por fin un imaginario de ciudad aspiracional y no la pesadilla de las oportunidades perdidas.

*Francesc Josep Sanguino fue candidato a la alcaldía de Alicante, director del Teatre Principal d’Alacant, miembro del Consell Valencià de Cultura y vicepresidente de la Academia Española de Artes Escénicas.

Ascensión, de 91 años, fue rescatada por los bomberos deshidratada unos meses antes. Murió en el hospital. Solo la intercesión de la entonces concejala María Ángeles Goitia evitó que sus restos acabaran en una fosa común y descansa hoy en un nicho del cementerio. Nunca recibió asistencia por parte del Ayuntamiento.

Francisco, septuagenario, consiguió una vivienda porque fue ingresado en el Hospital de San Vicente. El hospital se encargó de mediar para conseguirlo, pero lamentablemente murió al poco tiempo. Tampoco el Ayuntamiento de Alicante hizo nada por él.

Blanca Rosa y José Miguel, de 90 años, fueron encontrados en su domicilio semanas después de haber fallecido, también en Colonia Requena, al inicio de la pandemia. El confinamiento causó que dejaran de percibir la única asistencia que tenían, que no era otra que la de sus propios vecinos. La noticia fue de alcance nacional.

No es comprensible que estos casos sucedan en Colonia Requena cuando, a pesar de ser uno de los más pobres de España, es el barrio con el Índice de Dependencia de Mayores (IDM) más bajo de la ciudad (11%). Y es menos comprensible cuando el Ayuntamiento no cursó por estos casos u otros una de las noventa plazas que dispone en DomusVi (antes Novaire) en la Avenida Condomina. Sí, han leído bien: es allí donde contamos desde 2004 con plazas gratuitas para casos de emergencia social y bajo expediente pertinente de la Concejalía de Servicios Sociales gracias a la concesión que disfruta la empresa de suelo público durante 45 años. Pero durante todos estos años la Concejalía no ha adjudicado ninguna.

En octubre de 2018, en el periodo de María Ángeles Goitia, la Junta de Gobierno Local llevó a deliberación la variación de las “condiciones de la concesión de una parcela municipal en la Avenida Condomina para SACOVA en 2004”. SACOVA había firmado aquel año unas “mejoras” de la concesión, esto es: doscientas estancias del centro de día durante los dos primeros años y cien durante los 43 años siguientes, todas ellas para casos de emergencia social.

En 2008, la Jefa de Servicio de Acción Social reconoció que “esas mejoras nunca se pusieron en práctica”. Mejoras que, entendemos, sirvieron para decantar a favor la concesión de la parcela pública. El 5 de agosto de 2009 el Ayuntamiento suscribe un convenio que convierte esas 100 plazas de día en 90 “estancias residenciales anuales temporales” para “situaciones de emergencia social”. Pero el caso es que el propio documento de 2018 dice que “no consta que tal convenio fuese aprobado por ningún órgano municipal” (en concreto, el Pleno, que fue quien había otorgado la concesión en 2004).

Contextualicemos:  en aquel 2008, Francisco Camps anunciaba un aumento colosal del 40% de plazas en centros geriátricos según el convenio que tenían con... sí, lo han adivinado, con Novaire. Son los años negros de las escuchas policiales, de las tramas, de la visita del Papa y de la inauguración del circuito de Fórmula 1.

Todo esto se arregló finalmente mediante aquel Acuerdo de 2018 porque la Junta de Gobierno Local se determinó competente para ello, entre otras causas, porque la concesión tenía “una justificación de interés público”. Interés público que, por cierto, no se había llevado a cabo durante todos esos 14 años: concesión de suelo público a cambio de ningún interés público ni social. Barcala ya es alcalde, su Junta aprueba las noventa plazas “fantasma” y el nuevo convenio que tiene que recogerlas, cuyo borrador está puesto sobre la mesa de las y los miembros de la Junta antes de entrar. Et voilà: en mes y medio el Ayuntamiento firma con Novaire. 

Novaire no tiene responsabilidad sobre este asunto, obviamente, es el Ayuntamiento el que tiene que aprobar esas plazas y enviar a los beneficiarios. A uno se le vienen a la cabeza unas cuantas preguntas: ¿Cuántas propuestas ha llevado el Ayuntamiento para cubrir esas noventa plazas en estos últimos cinco años de renovación de convenio? ¿Cuántos expedientes acreditando la emergencia social y a quiénes? ¿Cuál ha sido su seguimiento oficial? ¿En cuántos órganos se pudo dar cuenta y no se hizo? ¿Cuándo se va a incorporar toda esa información en el Informe Anual Social? Porque nada de eso ha sucedido. Si el Ayuntamiento reconoció que no se cumplieron las “mejoras” firmadas, ¿por medio de qué garantías vamos a pensar que sí se han cumplido las, en puridad, “mejoras de las mejoras” de 2018? 

Sobre todo, porque no encontramos información pública alguna del Ayuntamiento sobre el grado de cumplimiento de este convenio: una vez leídos todos los informes anuales sociales de 2018 a 2021 (el de 2022 no ha sido hecho público a fecha de este artículo), no encuentro ninguna referencia documental de cuántos expedientes se han tramitado para envío a la concesionaria, cuántos servicios, pues, se han realizado de manera derivada, porque eso es también servicio municipal. Tampoco consta ninguna información en el apartado de residencias y alojamientos de esos mismos informes, inespecíficos.

Según consta en la Cláusula Quinta de ese convenio, la regulación de las estancias “tendrá como interlocutor el Programa de Mayores, Dependencia y Diversidad del Ayuntamiento”, que trabajará “con el Director (sic) de Comunicación [de Novaire]”. Sin embargo, tampoco consta en la sección de Dependencia de la web de la Concejalía Servicios Sociales información alguna sobre este convenio, como no consta en la web de Novaire (ahora DomusVi) que tengan suscrito convenio alguno con nuestro Ayuntamiento.

Como mínimo, hay una falta clara de transparencia municipal con respecto a esas noventa plazas que, en primer lugar, habrían ayudado en algún grado a paliar la situación de vulnerabilidad que vivieron Eusebia, Francisco, Ascensión, Blanca Rosa y José Miguel, y en la que viven muchos mayores de nuestra ciudad, y en segundo lugar, compensan la cesión que se hizo en 2004 por 45 años de ese suelo público. Por consiguiente, se debe exigir cumplida información pública de cuántas plazas se han adjudicado en estos 19 años, de si hemos alcanzado el límite o no, de las razones de su aprobación y a qué personas. No se debe dar lugar a ningún abandono inconsciente de información. Y mucho menos consciente.

Son pues necesarios tanto un tratamiento de transparencia por parte de la Concejalía de Acción Social, como, seguramente, una comisión de seguimiento de aquella concesión y convenio de 2004 y del convenio de 2018 con Sacova, heredada por Novaire y DomusVi. Y hasta la redacción de un nuevo convenio contemporizado, si es preciso. La responsabilidad de ceder suelo público a empresas privadas requiere de una exquisita atención al rendimiento de cuentas. Más que nada con el fin de no repetir todos esos años en los que el Partido Popular abandonó las responsabilidades sociales sobre esa concesión que ellos idearon y firmaron en un contexto histórico de casos gravísimos de corrupción y malversación de lo público.