Después de ocho meses de genocidio en Gaza y más de 37.000 muertos palestinos, son cada vez más las voces que llaman al boicot académico a las universidades israelíes. Ante el aumento de la presión, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) se comprometió el pasado 9 de mayo a “revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

Dos semanas más tarde respondía la contraparte israelí, Association of University Heads (VERA), con una carta de protesta que defendía el papel desempeñado por los centros educativos israelíes como instituciones “independientes” y “comprometidas con la paz” y con “la mejora de las vidas palestinas”.

La presión israelí influyó decisivamente en el inmovilismo inicial mostrado por muchas universidades españolas en la aplicación de lo apuntado por la CRUE. Sin embargo, las universidades israelíes, lejos de trabajar por el fin de la situación de segregación racial y ocupación de Palestina, han sido y continúan siendo indudables soportes del régimen de apartheid actual, de las violaciones del derecho internacional, así como del Ejército ocupante de Israel y sus acciones. Son una pieza fundamental en la legitimación del genocidio denunciado por la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese.

Desmontar los argumentos de las universidades israelíes

Este artículo busca desmentir los principales argumentos sobre los que se sustenta la carta emitida por VERA, que ignora deliberadamente la situación de ocupación ilegal bajo la que se encuentra Palestina. Las víctimas palestinas no son mencionadas en ningún momento: ni las producidas por la brutal ofensiva actual sobre Gaza, ni aquellas fruto de la violencia estructural que vive Palestina desde hace décadas. Tan sólo hace referencia a los secuestros perpetrados por Hamás el 7 de octubre, a las 1.200 víctimas mortales que dejó aquel fatídico día y al sufrimiento que esto ha causado en la sociedad israelí. Ni una palabra sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad denunciados este mismo mes de junio por la Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina de Naciones Unidas. Tampoco sobre el 'academicidio' que ha acabado con la vida de más de 5.000 estudiantes y 250 docentes, y dañando o destruido el 80% de las instituciones académicas gazatíes. Ninguna de las universidades firmantes ha pedido un alto al fuego en la Franja, mientras que cuatro de ellas han apoyado explícitamente la invasión militar de Gaza.

El primer argumento de la carta es que “las universidades israelíes han sido siempre bastiones de la democracia, la libertad de expresión, los valores liberales y los derechos humanos, incluidos los de los palestinos”. Como es sabido, la población palestina se enfrenta a un sistema de segregación y represión colonial que separa a palestinos de israelíes, ejerciendo sobre los primeros una amplia discriminación política, social y económica. Ya en 2022, la ONU no dudaba en calificar el sistema implantado de “apartheid”. Este sistema se reproduce también en las universidades, que han mostrado un apoyo sistemático al régimen israelí, contribuyendo a su legitimación.

Los palestinos, marginados en el ámbito académico

Los rectores israelíes tratan de probar su compromiso democrático, recordando en esta misiva cómo de sus campus “surgieron las voces más claras contra el intento de reforma judicial en Israel, que muchos temían que debilitara la democracia y los derechos de las minorías”. Aunque es cierto que la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Benjamín Netanyahu amenazaba la independencia del poder judicial, la calidad democrática de Israel es a menudo medida –y así lo entienden las universidades– de forma aislada al régimen de apartheid. El sistema jurídico civil no aplica a la población palestina de Gaza y Cisjordania.

Actualmente hay 9.500 presos/as palestinos/as, a menudo activistas y defensores de derechos humanos, que además se enfrentan a tribunales militares, nunca civiles. De ellos, un 37% está detenido sin cargos ni juicio, incluyendo 200 menores, con “evidencias secretas” que ni abogados ni acusados pueden consultar. Se calcula que un 20% de la población palestina de los territorios ocupados ha sido detenida alguna vez. El silencio de las universidades israelíes sobre estas injusticias resulta ensordecedor, también en esta carta.

El segundo argumento del escrito de VERA es que, “contrariamente a las falsas acusaciones, no castigamos a nuestros alumnos o miembros del personal por expresar opiniones propalestinas”. El estudiantado y profesorado palestino se encuentra claramente infrarrepresentado en las universidades israelíes. Mientras un 43% de la población del territorio es palestina, estos ciudadanos conformaban tan solo un 16% del estudiantado de licenciaturas en las universidades israelíes en 2021-2022, un 11% de matriculados en másters y un 8%, de doctorados. Y sólo suponían un 3,5% del personal docente e investigador.

Estudios recientes muestran las múltiples barreras y dificultades estructurales a los que se enfrentan estos estudiantes, como la barrera lingüística con el hebreo, ataques racistas regulares de otros estudiantes o profesores, o su falta de consideración como ciudadanos de pleno derecho, pues, como sucede por ejemplo con el estudiantado palestino de Jerusalén Este, sólo cuenta con un estatus de “residencia revocable” y carece de la posibilidad de participar en el proceso político israelí.

Todo ello en un contexto colonial de ocupación, con estudiantes militares israelíes y en el que no existen espacios para la identidad palestina en los campus. De hecho, el estudiantado palestino tiene prohibido formar asociaciones de carácter político, al contrario que los israelíes, y sus actividades académicas son arbitrariamente suspendidas, en especial cuando tocan temas relacionados con la ocupación. En estas investigaciones se pone de manifiesto la existencia de un hondo sentimiento de alienación y exclusión, que agudiza traumas propios de la situación colonial. Otros estudios han identificado mecanismos sutiles de instrucción y castigo, como las narrativas que infravaloran al sujeto colonizado o el despliegue de diversos elementos de vigilancia y violencia simbólica dirigidos a normalizar el régimen colonial, impidiendo la crítica explícita a las políticas expansionistas y la situación de apartheid establecida.

Frente a eso, se respalda la actuación de asociaciones universitarias de extrema derecha, cuya pertenencia se premia en las universidades israelíes con créditos académicos. Estas asociaciones promueven directamente el control de docentes críticos. Una de ellas (Im Tirtzu) ha elaborado una lista pública de profesores y defensores de derechos humanos y críticos con el régimen, que permiten su supervisión, censura y opresión. Alon Harel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén señalado en esta lista, se muestra convencido de que este tipo de listas ha provocado la autocensura por parte de un gran número de académicos en Israel.

La investigación sobre el régimen colonial y de apartheid israelí se considera cada vez más, en el marco de las normas de las universidades israelíes, como algo “político”, no académico, por lo que es a menudo censurado como parte de una estrategia de “despolitización” de estas instituciones educativas.

Existen ya diversos casos particulares de represión directa desde las universidades contra profesorado crítico con el genocidio. Uri Horech, profesor judío israelí de lingüística, fue despedido del Achva Academic College tras acusar públicamente a Israel de cometer un genocidio. Warda Sada, profesora árabe-palestina del Kaye Academic College of Education, fue despedida por poner una bandera palestina en su página de Facebook y criticar la brutalidad del Ejército israelí. Más repercusión tuvo el caso de la académica árabe-israelí Nadera Shalhoub-Kevorkian, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en los traumas provocados en regiones militarizadas y colonizadas, suspendida primero de docencia y más adelante detenida por incitación a la violencia por haberse opuesto públicamente al genocidio.

Lazos con el Ejército y la Inteligencia

El tercer argumento afirma que “el mundo académico israelí es independiente del Gobierno y el Ejército”. A pesar de ello, se reconoce el desarrollo de proyectos de seguridad nacional en las universidades, que supuestamente “representan sólo un pequeño porcentaje de la investigación llevada a cabo”. En realidad sus lazos con el Ejército y los servicios de Inteligencia son tan amplios y profundos que son difíciles de imaginar. La evidencia disponible es abrumadora.

Como ha expuesto ampliamente Maya Wind en su obra Towers of Ivory and Steel, las universidades firmantes de la carta literalmente acogen bases militares en sus campus; fomentan la militarización de sus instituciones, permitiendo la presencia continua de soldados armados y de uniforme; patrocinan asentamientos ilegales violando el derecho internacional —dos de ellas, sin ir más lejos, están construidas directamente en asentamientos ilegales—; participan activamente en la formación de las fuerzas armadas; proporcionan becas a quienes han participado en anteriores invasiones de Gaza o, explícitamente, alientan la última ofensiva militar. Un ejército calificado, según la ONU, como “de los más criminales del mundo'”.

Hablamos de programas universitario-militares como Atuda (Reserva), Havatsalot (Lirio), Nahshon, Alfa, Erez o Talpiot, ampliamente presentes en las universidades firmantes. También de que el principal centro de la Universidad de Tel Aviv, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), se jacta de haber desarrollado la llamada Doctrina Dahiya, o doctrina de la fuerza desproporcionada, que exige “la destrucción de la infraestructura nacional y un sufrimiento intenso entre la población [civil]”.

Otros ejemplos incluyen la empresa de capital riesgo de la misma Universidad de Tel Aviv, TAU Ventures, que presume de invertir en Xtend, una compañía que proporciona sistemas para desplegar enjambres de drones armados que se han utilizado en el genocidio israelí en Gaza. El Instituto de Tecnología Technion, también firmante de la carta, ha desarrollado por su parte el bulldozer remoto D9 –que el Ejército utiliza habitualmente para demoler los hogares palestinos–, el blindado Eitan y hasta un sistema de ciencia ficción, The Scream (sistema acústico que alcanza niveles sonoros insoportables a distancias de hasta 100 metros, provocando lesiones graves, pánico e infartos). “Esta arma de control de multitudes se utiliza principalmente para reprimir manifestaciones pacíficas en los territorios palestinos ocupados”, afirma el mismo Instituto.

El Weizmann Institute of Science fue y sigue siendo la incubadora del programa de armamento nuclear israelí, mientras la Universidad de Haifa desarrolla un programa de propaganda que niega la discriminación hacia la población palestina.

Llamamientos al boicot

La misiva finaliza con un cuarto argumento sorprendente: “Debilitar el mundo académico israelí no haría sino socavar los cimientos democráticos de Israel, así como a la propia comunidad que lucha por proteger los derechos humanos y establecer una sociedad más integradora. ¿Quieren las universidades españolas debilitar esta fuerza para el bien en la región en lugar de apoyarla?”.

Probablemente, no sea preciso aclarar que las universidades israelíes no son “una fuerza para el bien”. No están ejerciendo una labor en defensa de los derechos humanos palestinos, ni fomentado su inclusión en el Estado de Israel, ni lo han hecho históricamente. Al contrario, las universidades israelíes han sido una fuerza activa en la legitimación y mantenimiento de un sistema de segregación que ha sido considerado equivalente al apartheid sudafricano. Ahora mismo son colaboradores necesarios en el genocidio en curso.

Las llamadas al boicot académico internacional han sido recurrentes en los últimos 20 años y la respuesta de las universidades ha sido la misma: defender su legitimidad, sin criticar la insoportable opresión colonial de Palestina y sin alzar la voz en defensa de los derechos palestinos. Como afirma la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), el objetivo de ese boicot no es castigar, sino promover el respeto del derecho internacional. Su objetivo trasciende el actual conflicto armado y persigue la descolonización de los territorios ocupados de Palestina y el respeto del derecho internacional y las múltiples resoluciones de la ONU que regulan su territorio. El ejemplo del boicot al régimen de apartheid sudafricano como herramienta crítica para su desarticulación sigue siendo un referente legítimo.

El boicot no está dirigido contra los intelectuales israelíes, sino contra las instituciones académicas que han sido instrumentos centrales para el mantenimiento y ejecución de las políticas racistas de Israel, correas de transmisión a la hora de limitar la libertad de expresión en las aulas y herramientas en la aplicación de un régimen de apartheid contra la población palestina.

Por todo lo expuesto, las universidades españolas deberían romper todos sus convenios con las universidades israelíes. No se trata únicamente del papel de las universidades israelíes ante la ofensiva actual. El fin de la guerra no traerá un modelo de paz, justicia y compromiso con el derecho internacional. El último informe de Albanese señalaba que el genocidio que Israel está perpetrando en la actualidad no hubiese sido posible sin las condiciones previas en las que se encontraba la población palestina. Se trata de cortar los lazos con todo aquello que haya contribuido al genocidio en Gaza y facilitar los necesarios cambios estructurales para una paz y justicia duraderas en la región.

Se cumple poco más de un año de la publicación de la carta de Pedro Sánchez en la que expresaba sin ambages el apoyo español a la iniciativa diplomática marroquí de un plan de autonomía para el Sáhara. Aunque con un trabajo político mucho más amplio, lo inesperado de la carta parecía subrayar el elemento contextual de la misma y su objetivo de poner fin a la crisis diplomática que había caracterizado las relaciones entre España y Marruecos el año anterior. No en vano, la carta venía precedida por un año de tensiones diplomáticas, provocadas por la decisión de conceder asistencia sanitaria a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, y la consiguiente llamada a consultas de la embajadora marroquí.

La publicación de la carta tuvo consecuencias inmediatas, principalmente el restablecimiento de las relaciones con Marruecos y, sin embargo, el estallido de una nueva crisis diplomática, esta vez con Argelia. Este reequilibrio de relaciones da cuenta del complicado escenario regional que presenta el norte de África, marcado por la ruptura de relaciones entre Argelia y Marruecos.

Un año más tarde, este escenario diplomático permanece inalterado.

¿Se ha pagado un coste demasiado alto?

La publicación de la carta ha logrado, sin duda, aplacar la crisis diplomática entre España y Marruecos. Es más, la nueva postura publicada presenta una cierta continuidad con la política mantenida por España en los años anteriores, que reconocía los “esfuerzos serios y creíbles de Marruecos” en la búsqueda de una solución al conflicto del Sáhara (no hay más que consultar las declaraciones de las Reuniones de de Alto Nivel -RAN- de los años anteriores, e incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2007). La carta, sin embargo, iba más allá y, por primera vez, apoyaba de manera explícita la propuesta marroquí de autonomía. Ese “giro”, que ha generado un gran disenso entre la clase política, rompe con la tradicional postura española de equidistancia (al menos en teoría) en torno al conflicto. La decisión adopta una posición con respecto a la posible resolución de la cuestión saharaui que difícilmente podrá ser revocada.

Cabe señalar que no se trata de un giro únicamente español, sino que se enmarca en una tendencia internacional de alineamiento con las tesis marroquíes en torno al Sáhara. En los últimos años, una veintena de países han establecido una representación consular en este territorio, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio en diciembre de 2020, y, recientemente, la propuesta marroquí ha recibido un impulso europeo de la mano de países como Alemania, Países Bajos o España.

Aún parece pronto para realizar un balance de las repercusiones que este apoyo explícito a Marruecos puede tener. Por el momento, parece que lo fundamental era lograr una distensión con el país vecino y abrir una ventana de oportunidad a la mejora de las relaciones entre ambos países. El presidente Sánchez ha hablado de una “nueva etapa” en las relaciones hispano-marroquíes. Lo cierto es que la celebración de la RAN en febrero de 2023 –el mayor hito logrado en el último año, que retoma una iniciativa estancada desde el año 2015– abre un campo de amplias posibilidades de colaboración para los años venideros, que puede permitir profundizar en el tradicional “colchón de intereses” entre ambos países. Sin embargo, también mantiene muchas incertidumbres, entre ellas, la fecha definitiva de apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, qué ocurrirá si (como parece probable) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalida definitivamente los acuerdos comerciales con Marruecos para el Sáhara Occidental, o el propio alcance que tendrán las medidas sobre las que se están negociando.

La persistencia de la suspensión de las relaciones comerciales con Argelia contribuye a aumentar la percepción del coste de la decisión tomada por España y la incertidumbre sobre el futuro.

La asertividad de la política exterior marroquí

Este cambio de postura con respecto a la resolución del conflicto saharaui parece ser una condición sine qua non para mantener buenas relaciones con Marruecos. En noviembre de 2021, en el aniversario de la Marcha Verde, el rey Mohamed VI dejó clara su decisión de no comprometerse “en ninguna actividad económica o comercial que excluya al Sáhara marroquí”. Las acciones diplomáticas antes enumeradas a favor de la iniciativa marroquí con respecto al Sáhara parecen reflejar la voluntad de sus socios de aceptar este filtro, priorizando preocupaciones económicas, migratorias o securitarias a la búsqueda de una resolución conjunta para los territorios del Sáhara.

Sin embargo, por muy grande que sea la dependencia de Marruecos en estos ámbitos, este país también necesita a sus socios europeos. Entre otras cosas, para hacer frente a su deteriorada situación económica y para desarrollar los ambiciosos proyectos anunciados en los últimos años. Sin ir más lejos, el acuerdo de cooperación alcanzado en marzo entre la Unión Europea y Marruecos permitirá a este último impulsar una reforma de la administración que los gobiernos marroquíes llevan prometiendo desde hace varios años. Esta medida constituye una de las grandes líneas propuestas por el “nuevo modelo de desarrollo de Marruecos”, en el que el reino basa sus expectativas de mantener la estabilidad política del país.

Esto significa que, en la construcción de ese colchón de intereses, todos los socios pueden obtener ganancias e imponer condiciones. Una postura menos transigente por parte de los socios europeos puede conducir a mayores concesiones, sea un impulso a las políticas que afectan a Ceuta y Melilla, sea una exigencia de mayor respeto de los derechos humanos.

La mención los derechos humanos no es baladí. No solo por la reciente condena por parte del Parlamento Europeo de la vulneración de derechos humanos que se vive en el país, también porque la propuesta marroquí de resolución del conflicto del Sáhara se basa en el reconocimiento de un estatuto de autonomía para estos territorios. Un proceso de regionalización avanzada de Marruecos formulado desde hace años y que, sin embargo, a día de hoy y con la restricción de derechos y libertades políticas existente, carece de sentido.